Ojo al Charque

El Organismo Electoral Plurinacional intensifica la campaña de información para que los electores asistan a las urnas el 3 de diciembre a la elección de los magistrados. Por su parte la oposición desarrolla otra cruzada pidiendo que la ciudadanía vote nulo. Asimismo, el oficialismo condena y minimiza la actitud de la oposición señalando que se atenta contra de la democracia y que no se quieren cambios en la justicia.

El Organismo Electoral hace uso de la radio, la televisión y los medios impresos para motivar por elvoto válido y no hacen referencia a La Ley de Régimen Electoral que reconoce tres tipos de voto: válido, blanco y nulo. Será la ciudadanía que asuma la decisión de elegir una de las tres alternativas, sin presiones que después sirvan de argumento para minimizar o maximizar los resultados a favor de uno.

Por lo que se percibe en la campaña de información, al Tribunal Supremo Electoral no interesa tanto los candidatos que se postulan a las Elecciones Judiciales, su interés estácentrado para que el elector vote válido, independientemente de los cuestionamientos que surgen de la sociedad civil y la sociedad política, además de la ausencia de control social que reciba las actas electorales y legitime una elección transparente, que no dé lugar a observaciones que invaliden el proceso electoral.

La oposición hace uso de su derecho democrático para hacer campaña en el espacio público: Plazas, calles avenidas, parques, medios de comunicación, además de las redes sociales para exhortar por el voto nulo, porque los 96 candidatos que aprobaron el proceso fueron elegidos por la Asamblea de Senadores y Diputados oficialistas, a funcionarios públicos, militantes del Movimiento Al Socialismo y candidatos vinculados con el Gobierno.

El oficialismo por su parte promueve el sufragio por el voto válido, porque según ellos, se trata de cambiar la justicia, de incentivar la elección de magistrados para impulsar la democracia en el país, dejando de lado la “dedocracia” del pasado y que la ciudadanía elija a las autoridades judiciales, después de un proceso de elección de candidatos al que defienden a “capa y espada”.

Por su parte la ciudadanía continúa en la incertidumbre, porque no se conoce a los candidatos por los que debe votar en las elecciones judiciales, pero también porque se sospecha que los magistrados elegidos garantizarán la reelección del presidente y del vicepresidente, pese a que en el referéndum del 21 de febrero de 2017 dijeron no a la modificación de la Constitución Política del Estado.

Las redes sociales constituyen también un espacio donde la ciudadanía que no tiene nada que ver con la oposición ni el oficialismo, manifiestan sus percepciones sobre este proceso viciado por el mismo Gobierno, del que quieren sacar ventaja para que el soberano avale con su voto, la elección de candidatos seleccionados en función del partido de gobierno que quiere eternizarse en el poder.

Ante estas posiciones divergentes, lo que esta claro es que los magistrados serán elegidos con un mínimo de porcentaje de votos válidos como ocurrió el año 2011, por el descontento de los bolivianos a todo un proceso cuestionado desde su inicio. Los magistrados tendrán legalidad, pero no legitimidad.

Todo apunta a que voto nulo, será la expresión de un descontento más o menos generalizado de los bolivianos, por la actitud del Gobierno de imponer su criterio a raja tabla. Si el 2011 el voto nulo fue del 60%, ahora se estima que el porcentaje será superior, aunque se quiera minimizar y restarle valor y declarar que se trata de un atentado a la democracia o que es inmoral.

El autor es periodista y docente universitario

Villa Rivero, pueblo donde se encuentra el Gobierno Autónomo Municipal de la Segunda Sección de Punata (El Valle Alto de Cochabamba), hace ya dos gestiones consecutivas está en manos de Alcaldes y Concejales que provienen de la comunidad de Aramasi. Asumen el Gobierno Municipal tras ganar las Elecciones con el Movimiento al Socialismo (MAS) en menoscabo del propio lugar que no se favorece con obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mueleños.

Aramasi, distante a 3 kilómetros de Villa Rivero, cuenta con 3.740 habitantes debido a un proceso de urbanización, en el cual, a pesar de no vivir en la comunidad, se inscriben en el padrón electoral para ejercer su derecho al voto en la misma, a la que se trasladan días antes de la Elección y retornan a sus lugares de origen transcurrido el conteo de votos.

En cambio en Villa Rivero, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del total de población de 8.135 (Censo 2012) cuenta hoy solo con 671 habitantes, debido a la migración de los mueleños hacia otras latitudes del país, por razones de trabajo, estudio, nueva residencia, tienen menos posibilidades de lograr espacios de poder en la Alcaldía.

El problema no es que las autoridades municipales procedan de la comunidad de Aramasi, el inconveniente está en que todo el personal técnico que trabaja en el municipio viene de la misma comunidad o de lugares aledaños al Valle Alto y los mueleños que viven en el lugar, no tienen posibilidades de trabajar en dependencias de la Alcaldía.

Por otra parte, la dificultad está en el presupuesto irracional que se destina para construir obras en Aramasi. Al extremo que en el pueblo, con motivo del 102 aniversario del cambio de nombre de Muela a Villa Rivero, el 12 de octubre pasado, el gobernador Iván Canelas ofreció por tercer año consecutivo la construcción de un museo en honor a Gualberto Villarroel y a la fecha, no pasa nada.

Adicionalmente, de Villa Rivero se trasladan materiales de construcción: piedras, cascajo y arena para ejecutar obras en Aramasi, a vista y paciencia de los habitantes que viven en el pueblo y que no reaccionan ante esta actitud de menosprecio del Alcalde David Siles Herbas y sus concejales, que no participan de las actividades que organizan las Unidades Educativas, la Junta Administradora de Agua Potable y la Junta Vecinal, con quienes mantienen distancia.

En la reunión de la Junta del Agua del sábado 28 de octubre pasado, se informó que el Alcalde pone trabas para la instalación de gas en Villa Rivero que cuenta con la aprobación de Yacimientos para el año 2018. Sin embargo, Aramasi ya dispone de la planimetría y el presupuesto para recibir la dotación de este servicio. Lo paradójico es que la matriz de la tubería de gas debe pasar por Villa Rivero, pero no contará con el servicio sino hasta después que haya sido instalado en Aramasi. Los socios insistieron en tomar medidas de presión para que Villa Rivero sea el primero en recibir el servicio.

Villa Rivero está convertida en la cenicienta del municipio, frente a la indiferencia y apatía de los residentes mueleños en Cochabamba, que ni asisten a las reuniones y que necesitan un cambio de actitud para con su pueblo.

El autor es periodista y docente universitario

Culpabilizar a otros por las obras que el Gobierno construye y que se caen porque Celima Torrico — Ex ministra de Gobierno, dice que están “qhenchachadas por la oposición”, es un argumento que no tiene valor y que se cae en el vacío al igual que dichas obras. Se caen puentes, edificios, tinglados, carreteras, canchas deportivas donde se invirtió una millonada de dinero del Estado, que no cumplen una función social y para colmo quedan inutilizados como el puente de la Avenida Independencia y 6 de agosto en Cochabamba.

La palabra quechua qhenchachasqa, quiere decir desdichado, contaminado de mala suerte y de maldiciones. Además se refiere a las relaciones sociales entre las personas a quienes se puede dar un trato despectivo, por ser malvado, perverso, inclinado a las malas costumbres. No tiene nada que ver con las obras que implican uso de materiales, equipamiento, infraestructura  y recursos humanos que pueden dar consistencia a la obra que se construye.

Por tanto, las obras no se caen porque están maldecidas o porque tienen mala suerte, se caen por diversos factores que inciden en la duración y la resistencia a largo plazo. Por ejemplo, la  calidad de materiales de construcción, la solidez del suelo, el peso del edificio.  En el caso del Cercado de Cochabamba, se dispone de un suelo húmedo e inestable y se aconseja que no se construyan edificios altos.

Depende también de la conciencia de los contratistas y de los albañiles que cometen errores de cálculo y mezcla, usar materiales de baja calidad por ahorrar y equilibrar ingresos, además cubrir el “diezmo” que dicen que se estila pagar en todas las licitaciones de obras de las entidades públicas, que son también un riesgo para que las obras no estén garantizadas en cuanto a calidad, resistencia y duración.

Por otra parte, la tradición nos enseña que antes de construir, se aconseja q’oar y ch’allar el inicio de la obra, para alejar la mala suerte y los malos espíritus que podrían intervenir en un ánimo negativo entre los trabajadores. Esta tradición está presente en todos los confines de nuestra patria boliviana.

Señalar que las obras del Gobierno “están maldecidas por la oposición” implica que no se asume conciencia del daño que se provoca en la ciudadanía, siendo el control y la supervisión su plena responsabilidad, de aquellas obras que se encaran con recursos del Estado, que a veces, se gastan sin que responda a una necesidad, solo para favorecer a sus militantes que se benefician de la licitación de obras.

¡Basta ya de decir que la oposición es la culpable de todos los desastres que ocurren en el país! Si las obras se construyeran con seriedad y responsabilidad, el mismo Gobierno saldría fortalecido en el imaginario colectivo, incluso de la oposición, que no tendría argumentos para cuestionar el accionar de sus obras, si se trabaja con criterio técnico y administrativo, que ahora perjudica al erario nacional.

Sería recomendable que las autoridades gubernamentales dejen de expresar ideas inconexas y faltas de sentido, que solo buscan la censura y generan el repudio de la ciudadanía, que no tiene más remedio que aguantar lo que dicen y hacen nuestras autoridades en función de poder. Mariano Melgarejo, el ex presidente de la República de Bolivia, con sus dichos y hechos,  se queda pequeñito frente a tantas lenguas sueltas que ahora existen en el proceso de cambio.

El autor es periodista y docente universitario

El Defensor del Pueblo David Alonzo Tezanos Pinto, definitivamente, resultó ser funcional al gobierno, porque en todas sus presentaciones públicas no hace otra cosa que defender los intereses de un partido político en función de poder. El gobierno logró cooptar y controlar al Defensor en detrimento de la imagen y del cargo que este detenta, por el voto y la confianza de la Asamblea Plurinacional que le puso en el cargo, tras una elección y entrevista pactada de antemano.

Es tan evidente esta disociación entre el Defensor del Pueblo y la ciudadanía que acude  en busca de protección y defensa de sus derechos vulnerados, que la respuesta es de evasión, falta de criterio, silencio, indiferencia y una defensa descarada de las instituciones gubernamentales que permanentemente son cuestionadas por el pueblo y que para el Defensor no tiene importancia, porque asume una actitud de sometimiento, de obediencia, lealtad y servilismo con sus padrinos que le permitieron acceder al cargo.

Ahora la Defensoría del Pueblo, controlada por el gobierno, perdió la confianza y la credibilidad forjada desde el año 1988, cuando Ana María Romero de Campero fue nombrada por el Congreso Nacional para defender los derechos universales. Hasta el año 2003 defendió a cocaleros, trabajadoras del hogar, mineros rentistas, presos de las cárceles, indígenas, asumió la defensa de la democracia, las redes de proxenetismo, trata y tráfico de personas, pero siempre en un tono reflexivo y conciliador cumpliendo el mandato constitucional, al extremo que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sintió incomodidad frente a las intervenciones de Campero en busca de respeto de la dignidad de las personas.

Waldo Albarracín, quien sucedió a Romero Campero como Defensor del Pueblo en diciembre de 2003, con su larga experiencia de la Defensa de los Derechos Humanos desde la presidencia de la Asamblea Permanente, siguió la misma actitud de independencia y de distancia de las esferas del poder, siendo portavoz de las quejas y reclamos de la ciudadanía frente a los abusos de poder, que le dieron credibilidad y confianza, por la claridad y la valentía con que asumía el cargo, en beneficio de la población afectada por las autoridades de gobierno.

Esa credibilidad en el Defensor del Pueblo siguió intacta con la elección de Rolando Villena, un obispo de la Iglesia Metodista y también presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Al gobierno del MAS le salió el tiro por la culata, porque se pensó que Villena le sería funcional y servil, pero a lo largo de cinco años resultó ser dificultoso para las autoridades en función de poder por su posición intransigente de la defensa de los derechos humanos y que prácticamente concluyó su gestión en medio de cuestionamientos y de entredichos con las esferas de poder.

Después de 18 años de contar con un Defensor del Pueblo fortalecido institucionalmente, con un nivel de confianza y credibilidad elevada de parte de la población boliviana, a partir de mayo de 2016, con la elección de Tezanos Pinto como Defensor del Pueblo, se fue desmoronando de a poco y dejando de lado el horizonte que le asigna la propia Constitución Política del Estado Plurinacional que señala que la “Defensoría del pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”.

El Ombudsman (Suecia 1809) bajo el cual se inspira El Defensor del Pueblo se constituye en portavoz de quejas, recoge los reclamos de la población frente a los abusos del poder e interviene para que sean corregidos por las autoridades que infringen la ley. Nada de eso ocurre ahora. Nosotros, el pueblo nos quedamos sin Defensor del Pueblo.

El autor es periodista y docente universitario