OEP

Política
El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, sostuvo que hablar de fraude es “absurdo”, puesto que en los procesos electoral rige el principio de preclusión, por el cual el conteo de votos que se toma en cuenta se realiza en las mesas electorales, con presencia de delegados de partidos.
Política
Destacó la capacitación del personal desafectado y, por el otro lado, cuestionó la capacidad y habilidad de las personas designadas.

Los peores

Juan José Toro Montoya

Las autoridades del Órgano Judicial que están a punto de cesar en sus funciones pasarán a la historia por haber sido las primeras elegidas por el voto popular y por los pésimos resultados de su gestión.

 

El problema de fondo fue la limitación técnica. Como los candidatos para las elecciones judiciales de 2011 fueron previamente elegidos por el parlamento, privilegiando el interés partidario —o de las organizaciones sociales— por encima de la meritocracia, los elegidos fueron abogados con capacidad de administración de justicia más bien escasa. Debido a que no eran dechados de conocimientos, debieron contratar hasta ocho asesores que se repartieron su trabajo. Eso aumentó tiempo a la resolución de causas e incrementó la posibilidad de coimas. Si alguien quería asegurarse el resultado de un proceso, y no lograba llegar al magistrado, podía “charlar” con el asesor que, al final de cuentas, era el que redactaba los autos o sentencias finales.

 

Cada instancia del Órgano Judicial observó limitaciones pero, en algunos casos, los males eran comunes. Ese fue el caso de las permanentes peleas por las presidencias. Ninguna mantuvo su institucionalidad. El afán por llegar a la presidencia llegó al punto de procesar a magistrados, provocar la renuncia de otros… en fin… en el Consejo de la Magistratura se llegó al extremo de que hasta todos los elegidos como suplentes llegaron a desempeñar la titularidad.

 

Y mientras las presidencias eran objeto de encarnizadas batallas, el Poder Judicial —llamado Órgano a raíz de las reformas a nuestra legislación— comenzó a perder sus dependencias. Se le arrancó la tuición sobre el notariado y por el mismo camino va la administración del Registro de Derechos Reales. Lo propio podría ocurrir con la Escuela de Jueces.

 

Se vive un proceso de transición que, legalmente, debió durar seis meses pero ya se ha extendido por seis años.

 

En medio de toda esa falta de institucionalidad, incluida la patética actitud de magistrados que llegaron a disfrazarse para justificar su condición de indígenas u originarios, el que destacó, por la cantidad de escándalos que tuvo, fue el Tribunal Constitucional.

 

El ganador de las elecciones para ese tribunal fue Gualberto Cusi pues obtuvo el 15,70 por ciento de los votos válidos en una elección en la que los nulos fueron mayoría. A poco de haber asumido funciones, el magistrado provocó polémica —en la primera de muchas veces— al afirmar que, para emitir sus resoluciones judiciales, recurría a la lectura de la coca.

 

Y mientras Cusi aparecía en las páginas de periódicos, incluso hasta después de perder su condición de magistrado, algunos de sus colegas, como Ruddy Flores y Neldy Andrade, eran la comidilla de las redes sociales por supuestamente haber aprovechado viajes al exterior con fines personales. Los dos estaban a bordo del automóvil que atropelló a un motociclista en el camino Potosí-Sucre. El motociclista falleció pero Flores, que fue el principal acusado, quedó a salvo de la acción de la justicia.

 

Por si los escándalos fueron poco, el Tribunal Constitucional cierra su gestión con un fallo sobre la reelección presidencial que desafía la lógica jurídica dividida en derecho interno y Derecho Internacional.

 

Que la retardación en los trámites no se haya eliminado ni siquiera con las leyes promulgadas para el efecto y el común de la gente perciba que no existe una correcta administración de justicia es el balance general del Órgano Judicial elegido mediante el voto: las autoridades que se van son, hasta ahora, las peores que tuvo ese poder del Estado boliviano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

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Cualquiera

Juan José Toro Montoya

Las elecciones judiciales de octubre de 2011 no fueron distintas a las celebradas este diciembre.

 

Hace seis años, como ahora, el voto nulo fue mayoritario y, para cada uno de los tribunales, superó el 42 por ciento. Entonces, como ahora, no existió un factor gravitante como aparentemente fue la decisión del Tribunal Constitucional que habilitó al presidente Morales para una nueva reelección.

 

Y eso se debe a que, con ínfulas democráticas o no, el Judicial es el poder más técnico de todos y, por lo tanto, no puede someterse a una votación popular.

 

Es técnico porque requiere, ineludiblemente, la exigencia de un título profesional específico, el de abogado. Mientras en los demás poderes podría ser (pero no siempre es) suficiente tener a asesores para entender temas complejos, como muchas veces son los jurídicos, en el Judicial no solo se necesita formación académica sino, fundamentalmente, mucha experiencia en el foro y en la atención de las diferentes causas que se presentan en los tribunales de justicia.

 

Debido a ello, llegar al Poder Judicial era, en la mayoría de los casos, el corolario de una larga carrera no solo de administrador de justicia (muchos comenzaron como oficiales de diligencias y terminaron siendo magistrados) sino de estudios de posgrado, investigación plasmada en textos y tratados y docencia universitaria. Por eso, los magistrados eran, generalmente, abogados de gran experiencia y avanzada edad.

 

Por esas y otras razones, todas ellas técnicas, resultaba inviable elegir por voto a las autoridades del Poder Judicial.

 

Esa fue mi primera reacción cuando supe que la Constitución Política del Estado introdujo la figura del sufragio universal para la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial que, al igual que los otros —incluido el Electoral— pasó a llamarse “Órgano” del Estado.

 

Sin embargo, pesó el argumento democrático. Si un ciudadano que cumple con los requisitos mínimos puede ser elegido presidente del país, ¿por qué no proceder de la misma forma con el Poder Judicial? La respuesta —técnica— es que para ser autoridad de ese poder del Estado es necesario ser abogado y ahí ya se rompe la propuesta democrática. Solo los abogados pueden postularse… no existe la supuesta horizontalidad que caracteriza a los demás poderes.

 

Pero había que darle una oportunidad a la democracia y así lo hice en 2011. Me informé sobre los candidatos y ahí surgió la primera gran desilusión: la mayoría eran desconocidos con méritos insuficientes como para manejar, a través de sus respectivos tribunales, al muy técnico Órgano Judicial. Aun así, voté y esperé los resultados. El país sabe que fueron desastrosos porque tuvimos el peor Poder Judicial de nuestra historia.

 

Esos pésimos resultados me convencieron de que el Órgano Judicial no debe someterse a voto salvo para casos que no tienen que ver con nombramientos. En Japón y algunos Estados de Estados Unidos hay plebiscitos para ratificar jueces o removerlos del cargo.

 

El método anterior, en el que el Congreso elegía a las autoridades del Poder Judicial, no era bueno porque estaba sometida a una evidente partidización pero el actual es peor, como se ha visto sobradamente.

 

En los 29 años que llevo de periodista me convencí de que las autoridades del Poder Judicial estaban sometidas a la política partidaria pero… ¡por Dios!.. por lo menos existía ciertos elementos de meritocracia, necesaria para un Órgano como el judicial.

 

Hoy las elecciones judiciales están más partidizadas que nunca y, aunque con título de abogado, cualquiera puede ser magistrado. Y cualquiera es el resultado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

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Legitimar la elección de magistrados

Constantino Rojas Burgos

El Organismo Electoral Plurinacional intensifica la campaña de información para que los electores asistan a las urnas el 3 de diciembre a la elección de los magistrados. Por su parte la oposición desarrolla otra cruzada pidiendo que la ciudadanía vote nulo. Asimismo, el oficialismo condena y minimiza la actitud de la oposición señalando que se atenta contra de la democracia y que no se quieren cambios en la justicia.

El Organismo Electoral hace uso de la radio, la televisión y los medios impresos para motivar por elvoto válido y no hacen referencia a La Ley de Régimen Electoral que reconoce tres tipos de voto: válido, blanco y nulo. Será la ciudadanía que asuma la decisión de elegir una de las tres alternativas, sin presiones que después sirvan de argumento para minimizar o maximizar los resultados a favor de uno.

Por lo que se percibe en la campaña de información, al Tribunal Supremo Electoral no interesa tanto los candidatos que se postulan a las Elecciones Judiciales, su interés estácentrado para que el elector vote válido, independientemente de los cuestionamientos que surgen de la sociedad civil y la sociedad política, además de la ausencia de control social que reciba las actas electorales y legitime una elección transparente, que no dé lugar a observaciones que invaliden el proceso electoral.

La oposición hace uso de su derecho democrático para hacer campaña en el espacio público: Plazas, calles avenidas, parques, medios de comunicación, además de las redes sociales para exhortar por el voto nulo, porque los 96 candidatos que aprobaron el proceso fueron elegidos por la Asamblea de Senadores y Diputados oficialistas, a funcionarios públicos, militantes del Movimiento Al Socialismo y candidatos vinculados con el Gobierno.

El oficialismo por su parte promueve el sufragio por el voto válido, porque según ellos, se trata de cambiar la justicia, de incentivar la elección de magistrados para impulsar la democracia en el país, dejando de lado la “dedocracia” del pasado y que la ciudadanía elija a las autoridades judiciales, después de un proceso de elección de candidatos al que defienden a “capa y espada”.

Por su parte la ciudadanía continúa en la incertidumbre, porque no se conoce a los candidatos por los que debe votar en las elecciones judiciales, pero también porque se sospecha que los magistrados elegidos garantizarán la reelección del presidente y del vicepresidente, pese a que en el referéndum del 21 de febrero de 2017 dijeron no a la modificación de la Constitución Política del Estado.

Las redes sociales constituyen también un espacio donde la ciudadanía que no tiene nada que ver con la oposición ni el oficialismo, manifiestan sus percepciones sobre este proceso viciado por el mismo Gobierno, del que quieren sacar ventaja para que el soberano avale con su voto, la elección de candidatos seleccionados en función del partido de gobierno que quiere eternizarse en el poder.

Ante estas posiciones divergentes, lo que esta claro es que los magistrados serán elegidos con un mínimo de porcentaje de votos válidos como ocurrió el año 2011, por el descontento de los bolivianos a todo un proceso cuestionado desde su inicio. Los magistrados tendrán legalidad, pero no legitimidad.

Todo apunta a que voto nulo, será la expresión de un descontento más o menos generalizado de los bolivianos, por la actitud del Gobierno de imponer su criterio a raja tabla. Si el 2011 el voto nulo fue del 60%, ahora se estima que el porcentaje será superior, aunque se quiera minimizar y restarle valor y declarar que se trata de un atentado a la democracia o que es inmoral.

 

El autor es periodista y docente universitario

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ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Ilse Miranda

Ya se constituyó el Tribunal Supremo Electoral y conocimos ya las primeras declaraciones de su Presidenta, Katia Uriona.

Según una entrevista publicada por La Razón en Julio 29 del año en curso, “La nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral considera que otras formas de democracia que no son representativas también deben ser democratizadas al incluir a las mujeres y los jóvenes”.

Dado que a lo ancho y largo del planeta, la crisis de representación es un factor que se le viene criticando al proceso moderno de construcción de lo político vigente,  toda forma social que va generando representación política, necesariamente debe democratizarse. Afortunadamente, las declaraciones citadas denotan haber tomado nota de la necesidad de profundización democrática.

Dado el trabajo interpoblacional, intersectorial y multidimensional de desarrollo en mi experiencia de producción de inclusión social, entiendo que mi percepción de aquello que podríamos definir como procesos de democratización difiere en varios aspectos de aquellas que se articulan en partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, entendidas dentro de éstas, los movimientos sociales, las organizaciones, las representaciones sectoriales, etc.,que son las instancias activas y potentes de promoción de actores y actoras políticos y sociales y que, justamente por ello, son las instancias con las que entidades como el Órgano Electoral, debaten la pertinencia de sus decisiones y acciones.

Coincido con la percepción de Katia Uriona, en sentido de que todas las instancias citadas deben necesariamente democratizarse. Que la perspectiva de esa democratización se visualice como la inclusión de mujeres y jóvenes me parece desesperanzadoramente insuficiente. Sería una oportunidad de diversificación perdida, no promover decididamente la participación de la diversidad de bolivianas y bolivianas, que es lo que demandan las crisis actuales, incluyendo sus necesidades de desarrollo entre las necesidades de las bolivianas y bolivianos que ya participan en dichos espacios.

Constituye una necesidad recuperar el sentido inicial de la representación a la que aluden las democracias liberales, incorporando a la participación y al voteo, una articulación real y equilibrada entre necesidades de desarrollo particulares y necesidades sociales de los grupos sociales, incluyendo aquellas, que por efectos de la exclusión que debilita voces, invisibiliza existencias y genera ausencias, no encuentran debida y potentemente representadas sus necesidades de desarrollo en el proceso de toma de decisiones.

El estado, en tanto producto político síntesis de las articulaciones de la base social, tiene como necesidad, en el sentido de mandato y esencia, una búsqueda activa del equilibrio: regular a los ya potentes para que los procesos de desarrollo no se constituyan en universalizaciones arbitrariasde necesidades y visiones de particulares, ampliar las voces débiles, visibilizar presencias devaluadas, eliminar las ausencias y establecer horizontes de desarrollo en perspectiva de la realización de necesidades, esta vez sí, del pueblo: las mujeres, las y los jóvenes, las trabajadoras y los trabajadores, las personas con capacidades diferentes, las personas con diferentes construcciones de género y sexualidades, y un largo etc. poblacional que alude a la base social de todo estado en toda su diversidad.

Sin embargo, para polemizar sobre necesidades, el primer trabajo fundamental es salir del horizonte de la demanda inmediata, articular las vivencias particulares en un horizonte de desarrollo próximo, no solamente en el sentido de un proyecto económico, o social, o cultural específicos, sino fundamentalmente, dentro de un proyecto de humanización, porque, humanas y humanos somos y así nos vamos haciendo. Existiendo diferentes proyectos de humanización y concepciones sociales en el horizonte, el Estado, como síntesis de esa diversidad de visiones, debe profundizar del debate, abandonando cualquier tentación doctrinaria, porque ello constituye la esencia de haber sido forjado como síntesis de las representaciones.

En dicha perspectiva, la búsqueda de equilibrio trasciende el ámbito cuantitativo en el cual parece haberse estancado la democracia vigente, en tanto la correlación mayoría-minoría parece haberse agotado como alternativa de soluciones. Impele otorgarle alguna relevancia a la articulación entre necesidades y horizontes de desarrollo. En dicha perspectiva, la inclusión social, cómo nuevo horizonte de desarrollo, de repensar lo humano, sus devenires y sus perspectivas, asumen una dimensión paradigmática que también se expresa en lo político, ya no como la práctica que conocemos, sino como estrategia de realización de necesidades en un universo atiborrado de diversidades.

La construcción de representatividad legítima que se demanda desde la crisis moderna tiene varios retos. A manera de ejercicio y tomando como ejemplo los dos grupos poblacionales citados por Uriona, efectivamente es necesarioampliar la participación y la valorización de sectores como los de las mujeres. Pero ahí no acaba la cosa. Esta recuperación de la participación debe superar el que representaciones que surgen desde lo particular, es decir desde vivencias y horizontes particulares que configuran necesidades particulares que pueden ser de partido, de cultura, de clase, generacional, etc., adquieran, vía acceso al poder, connotaciones universales en la gestión de políticas públicas.Es necesario generar condiciones de ejercicio de la política  que orienten estas representaciones hacia la tarea de responder a las necesidades de desarrollo de la diversidad de mujeres que constituyen la bolivianidad de hecho: algunas ya incluidas y seguramente por ello elegidas representantes o en proceso de ser elegidas como tales, otras en procesos de inclusión y por lo tanto sus voces presentes en partidos, agrupaciones, organizaciones, etc. y, demasiadas aún,invisibilizadas por la exclusión social pero no por ello inexistentes o su participación innecesaria.

La misma lógica puede aplicarse a todo proceso de constitución de representación y de participación política, se encuentren éstas establecidas ya o sean procesos emergentes. Este cambio, que implicaría reposicionamiento en tanto posibilidad de ampliación de los horizontes de vida, antes limitados por la particularidad de la experiencia específica, demanda un estado que produzca y provea información, sobre todo sobre las necesidades de desarrollo de aquellas voces que no se oyen en lo cotidiano, de las presencias que participan devaluadas o de las ausencias que generan vacío. Un estado que asuma que el origen de toda representación, en el horizonte mayoría-minoría, nunca es universal ni es deseable que lo sea.

La función del Estado de proveer información abarca también nutrir de otra manera los horizontes de desarrollo y las decisiones de las y los representantes: información sobre las vicisitudes, aconteceres, ventajas y desventajas de los horizontes de desarrollo a los que pueden orientarse las decisiones de las y los representantes. Seguramente, ellas y ellos vendrán ya, sobre todo las representaciones potentes, con sus propios horizontes de desarrollo, económicas, políticas, culturales… El Estado no puede constituirse en un promotor de los proyectos particulares de aquellas y aquellos a quienes se ha delegado representatividad, en tanto esto sería usar el poder del estado para universalizar particularidades, algo que ya le ha sido ampliamente criticado a la modernidad occidental.

Insisto, las personas en cuya inclusión me involucro, existen. Sin duda viven en cada barrio de cada uno de los municipios que constituyen nuestro mapa político. Sin embargo no son convocadas para conocer, debatir o tomar decisiones y sus necesidades no están incluidas en las demandas barriales o municipales. A muchas de ellas les han demandado el voto y ellas lo han dado, pero sus necesidades han desaparecido en las decisiones articuladas, en los presupuestos asignados, en las obras entregadas.

Junto a los grupos excluidos, existe un enorme conjunto poblacional, que en tanto no vota, no participa en estas articulaciones de necesidades que tienen un tufo adulto-centrista: La infancia y la adolescencia. Las reglas del estado moderno condicionan su ausencia y callan sus voces. Esas mismas reglas dicen que el mundo adulto es responsable de ellas y por ello le ha delegado la responsabilidad de su desarrollo. La calidad real de las condiciones de realización de las necesidades de las niñas, los niños y las y los adolescentes, dice mucho y mal sobre la irresponsabilidad con que el mundo adulto opera esta representación. Otro reto.

Parece ser que en el mundo entero, los grupos políticamente potentes no tienen interés real en conocer sobre las necesidades de desarrollo globales de los estados o las necesidades de las y los excluidos. No superan los límites de sus articulaciones endógenas, sean estas partidarias o sectoriales, dos maneras de decir lo mismo pero de otro modo.Y esto ocurre pese a que toda organización social tiene un alto porcentaje de integrantes que son atravesados por la exclusión social propia o de allegados. Pero no lo perciben así, y si logran percibirlo, no valoran la inmensidad de su importancia. Tal vez porque los movimientos internos no generan retos de desarrollo, se limitar a plantear demandas de atención. Esta fractura perceptualen las posibilidades de plantear horizontes de desarrollo que superen lo particular, debiera considerarse cuando se piensa profundizar los procesos de democratización.

En el proceso de su integración a la sociedad, algunas personas de poblaciones en situación de exclusión social asumen representaciones partidarias o sectoriales. En muy raras ocasiones esta estrategia es asumida por los partidos políticos desde una visión de desarrollo incluyente. Generalmente la asumen desde una perspectiva pragmática: cuando alguna influencia positiva tendrá en el conteo de votos.Así y todo podría ser una oportunidad incluyente, si en la gestión de representación, vivencias particulares de cómo vivió la persona elegida la exclusión o su integración no pretendieran convertirse en norma, ley, política social, esto es, nuevamente articulando como universal, algo que corresponde a la dimensión particular de existencia.

Este movimiento, la pretensión de convertir lo particular en verdad universal, que ocurre no solo en las realidades de grupos construyendo su inclusión social y que tanto le hemos reprochado al eurocentrismo, corroe una representación diversificada de las necesidades de la base social.

Utilizando otro grupo citado por Uriona, diré que somos pues efectivamente el algo iguales, siendo jóvenes por ejemplo, pero las vivencias de juventud son muy diversificadas: no es la misma la vivencia de ser joven urbano o ser joven rural, o joven camba o tarijeño, o joven mujer o varón, o joven ciega que joven con síndrome de Down, o joven con enanismo o joven viviendo violencia o migración... El reto de la representatividad entonces, trasciende la acción de traer a los jóvenes a las decisiones, porque algunas y algunos llegarán con sus horizontes particulares. Hay que traer además la diversidad de las necesidades de las juventudes e ir trayendo a las jóvenes y los jóvenes que personifican esas diversidades.

También hay retos cuantitativos. Tanto se alude al pueblo. El TSE se encuentra en la posibilidad de visibilizar y transparentar para el pueblo, la base social real que se mueve en cada partido, en cada organización, en cada movimiento, en cada sector, así como los mecanismos reales con los que gestiona, y sostiene, la representación. Obviamente, es necesario regular los procesos electorales internos, así como los procesos de toma de decisión, en tanto no son lo mismo y en tanto constituyen procesos de formación o deformación política de hecho. También para darle un lugar real a la representación que cada partido u organización proclama, a mi juicio, de manera en exceso inflada y mediante mecanismos políticamente insalubres. Tal vez así las diferentes formas de organización social se preocupen efectivamente de ampliar y diversificar sus bases sociales y sus horizontes de debate y toma de decisiones.
Queda otro reto mayúsculo vigente, en el cual no voy a profundizar en esta oportunidad por lo complejísimo que es, lo profundamente que está arraigado en la cultura política y la forma ya legítima en que se ha establecido en las prácticas: el clientelismo en la generación de representación, de propuesta y de acción política, que ha convertido los votos en mercancía, las decisiones en capital y al estado, en mercado.

No sé si a “actoras y actores políticos” con quienes el TSE dice que se reunirá para buscar soluciones a las crisis, les interesen estos temas o los consideren relevantes.En el momento actual en el que se encuentran, por lo menos intuyen que los mecanismos por los cuales lograron representación se encuentran en crisis y tal vez optensolamente a pasar el temporal con la ilusión que el agua no pasará del pecho. Tengo fundadas dudas de que se encuentren en predisposición de asumir cambios sustantivos.

La inclusión de lo político en la política, la discusión de la relación entre necesidades y producción de representaciones, decisiones y acciones, es posible desde varios lugares y en diversos momentos. No son oportunidades lo que falta. Hasta ahora han faltado visiones y voluntades.

Me ha sido esperanzador leer que la sala plena se plantea tareas emergentes, inmediatas y coyunturales sin perder de vista el momento histórico en que les toca atender dichas coyunturas, un momento histórico que demanda calidad de participación y representación, cantidades reales y diversificación de la participación de manera complementaria, tomándose esto de la profundización democrática con la seriedad que demandan las crisis actuales. Que el universo les sea propicio.

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