Surazo

Luis Ramiro Beltrán Salmón era un hombre extraordinario a quien debo admiración y gratitud. Sin su ayuda, la investigación que mereció el Premio Nacional en Historia del Periodismo, convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz, no hubiera tenido ese resultado. Él iluminó ese trabajo y le dio un norte. Y eso que hizo conmigo lo repitió con miles de periodistas no solo mediante guía directa sino a través de sus publicaciones.
Por ello, creo justiciero que se haya tomado la fecha de su natalicio, 11 de febrero, para instaurar el Día del Comunicador Social Boliviano.
Recuerdo que, en las muchas charlas que tuvimos, don Ramiro hacía énfasis en la diferencia entre comunicación y periodismo y así justificaba el por qué se definía a sí mismo como comunicador.
Comunicador es el que comunica o sirve para comunicar. Comunicar es poner en común, transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. En términos más sencillos, comunicar es transmitir un mensaje.
La mayoría de los seres vivos tenemos la capacidad de comunicar. Así, el bebé que llora está comunicando que tiene hambre, le duele o molesta algo. En el mundo animal existen infinitas y diversas formas de comunicación, desde la emisión de señales de apareamiento, imprescindibles para la supervivencia de la especie, hasta mensajes tan sencillos como el sentido de apropiación del alimento. El perro que gruñe cuando come, por ejemplo, está comunicando que no permitirá que le quiten la comida sin ofrecer resistencia.
El periodismo, en cambio, es el proceso de recoger, procesar y difundir informaciones; la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Como proceso, es un conjunto de fases sucesivas y está sometido a un procedimiento técnico más adecuado para las habilidades de los seres humanos que para las de los animales.
Por tanto, el periodismo es comunicación pero la comunicación no necesariamente es periodismo.
El Concilio Vaticano II discutió sobre la importancia de la comunicación y, por considerar que se refería a “los maravillosos inventos de la técnica” que la hacían posible, la apellidó social porque creyó que solo era inherente a los seres humanos. Y aunque desde entonces se utiliza el apelativo “comunicación social”, muchos comunicólogos, incluido Erick Torrico, advierten que es una redundancia porque “la comunicación no puede ser sino social, lo que la convierte no solamente en un producto de la misma sino, además, en uno de sus fundamentos”.
Por tanto, hay diferencias entre comunicación y periodismo pero estas tienen con ver con su esencia, no con distinciones académicas. Hoy en día, se ha hecho común llamar, hasta peyorativamente, “comunicador social” a una persona a la que no se le quiere reconocer el atributo de “periodista”.
Don Luis Ramiro era periodista pero su autoproclamaba comunicador, quizás porque el adjetivo sirve, también, para quien descubre, manifiesta o hace saber, para aquel que enseña, transmite conocimientos.
Y Beltrán fue un verdadero maestro, tanto del periodismo como de la comunicación, así que merece no solo el reconocimiento de los estudiosos de la comunicación sino de la prensa en general.

En medio de la guerra de medios aparecieron artículos que alertan sobre los riesgos que corren los gobiernos denominados “progresistas” frente a una conspiración que estaría promovida, ¡cuando no!, por los Estados Unidos.
Los artículos identifican como el teórico de la conspiración a Gene Sharp, un político, profesor y escritor que fundó la “Institución Albert Einstein” a la que se acusa de estar detrás de las “revoluciones de colores”; es decir, a aquellas revueltas en contra de gobiernos supuestamente autoritarios.
A decir de algunos de los articulistas, Sharp sería el autor de un “Manual del golpe suave” que, según Laura Bécquer Paseiro, es “todo un libreto a seguir para tumbar a presidentes en el siglo XXI” pero no a cualquier gobernante sino a los “progresistas”. Más aún, el manual propondría cinco pasos para alcanzar tal objetivo:
1) Realizar acciones para generar un clima de malestar. 2) Desarrollar campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos. 3) lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales mediante el uso de manifestaciones y protestas violentas. 4) Operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”. 5) Forzar la renuncia del presidente a través de una intensificación de las revueltas callejeras.
Ese resumen, tomado del resumen de varios autores, parece encajar como un molde en el caso de Venezuela y así es planteado por los articulistas: un siniestro plan, acuñado por imperialistas, destinado a tumbar al gobierno “progresista” al que, además, se etiqueta con rótulos como “populista” y “autoritario”.
De paso, los áulicos de la prensa nacional toman prestada la receta y afirman que también se aplica en Bolivia para tumbar el régimen “progresista” de Evo Morales. Aprovechando la coyuntura, usan el manual, el molde, para decir que la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos es parte de la conjura.
Leyéndoles así, sin más, ni más, podemos creerles pero una revisión de la obra de Sharp permite encontrar varias incoherencias. Para empezar, ni en los tres tomos de “La lucha política noviolenta” ni en el muy difundido “De la dictadura a la democracia” aparece manual alguno ni se habla de cinco pasos específicos para tumbar gobiernos. Puede que los estudiosos hayan encontrado en los libros hasta 198 métodos para derrocar gobiernos pero en ningún lado se habla de cinco pasos específicos para tal fin.
Quizás lo que los politólogos hicieron fue interpretar a Sharp y, así, crearon el manual pero lo que no dicen, o por lo menos nosotros no leemos en lo que dicen, es que esos cinco pasos no son más que acciones obvias que, de manera inconsciente u organizada, asumen los gobernados cuando los gobernantes hacen cosas que aquellos rechazan.
Tome usted los famosos cinco pasos y aplíquelos a lo que fue el derrocamiento de un gobierno conservador, neoliberal y proimperialista como el de Sánchez de Lozada. ¿Acaso las masas no actuaron conforme a ese molde?
Mas aún, los métodos de Sharp fueron inicialmente aplicadas contra la dictadura de Pinochet como él mismo lo explica en su último libro. Por tanto, aquí no hay recetas ni siniestras conspiraciones contra los “progresistas”. El pueblo actúa cuando siente que tiene que actuar y punto. Lo demás son pajas.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) usa para su beneficio los medios estatales como Bolivia TV, la red Patria Nueva, el periódico Cambio y la Agencia Boliviana de Información. Por si eso fuera poco, destina recursos públicos a campañas de propaganda en contra de los sectores que le enfrentan, como todavía ocurre con la movilización del pueblo potosino.
Para colmo, y según confesó el vicepresidente del Estado, ese dinero, que no es del MAS sino del pueblo boliviano, se distribuye sobre la base de criterios discriminatorios. El propio García Linera dijo que no se da dinero —es decir, no se contrata publicidad— a los medios que mienten y actúan como “para-partidos”.
Para demostrar que un medio miente habría que presentar pruebas de que falsea la verdad. Lo curioso es que hable de mentir precisamente el Gobierno que llegó a decir que detrás de las demandas potosinas estaban “unas cuentas personas” cuando hasta cinco marchas convocadas por el Comité Cívico Potosinista contaron con la participación de un promedio de 200.000 personas.
Ahora bien, cortar la publicidad a un medio bajo el argumento de que hace labor “para-partidaria” es reconocer, expresamente, que se incurre en una actitud de discriminación que el artículo 5 de la Ley 045 define como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia” fundada en una lista de razones enumeradas en ese mismo precepto. Tres razones por las que se puede incurrir en discriminación son la “ideología, filiación política o filosófica”.
Eso equivale a decir que si se hace distinciones o preferencias, si se excluye o restringe la publicidad a un medio porque supuestamente hace labor “para-partidaria”, se está discriminando. Además de inmoral, esa “distinción, exclusión, restricción o preferencia” constituye un acto de discriminación que la Ley 045, que modificó varios artículos del Código Penal, ha convertido en delito. Más aún, el delito de discriminación es sancionado por el artículo 281 ter del Código Penal “con pena privativa de libertad de uno a cinco años”.
Por tanto, a la luz de esos artículos, el Gobierno no puede ni debe discriminar en la repartición de la publicidad estatal.
Encontrarse con esa nueva situación jurídica plantea muchos desafíos pero probablemente el más importante sea la administración de ese tipo de publicidad. Si el dinero que se utiliza para pagarla es de todos los bolivianos, es justo que se le exija al Gobierno una repartición más justa, sin criterios de discriminación. Una solución sería crear un sistema de monitoreo oficial cuyos resultados técnicos darían parámetros de cómo se debe repartir los recursos.
Otro desafío es el cumplimiento de la ley. Ya hemos visto cómo los criterios de discriminación se enmarcan en el artículo 5 de la Ley 045 y constituyen actitudes que incluso merecen la pena de cárcel pero no ingresamos a los terrenos constitucionales donde se puede hablar de vulneración de otros derechos como el de la libertad de expresión e información.
En resumidas cuentas, se está violando la ley y las recientes declaraciones del vicepresidente son una admisión de ello. A confesión de parte, relevo de prueba.

“La primera víctima de una guerra es la verdad”, dijo el barón de Ponsonby y, cada vez que un conflicto decanta las aguas de la información hacia uno u otro lado, la sentencia se hace realidad.

El ejemplo actual es el conflicto potosino. Y, aunque tengamos la referencia, uno se confunde cuando lee este avance de Telesur: “Gobierno reitera diálogo con organismos de la derecha”. Tras leerlo, uno se pregunta a qué se refiere. ¿Hay alguna conversación pendiente con el MNR, ADN o la UCS? Pero entonces uno lee el texto de la noticia y se sorprende al leer que la nota se refiere al Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Durante todo el conflicto, TeleSUR fue particularmente agresivo con Comcipo al que no sólo adjetivó como “derechista” sino que antepuso el adverbio “ultra” en la nota titulada “Bolivia llama al diálogo a comité de la ultraderecha en Potosí”.

Como cualquier periodista sabe, solo se debe publicar las afirmaciones que se puede probar. Para calificar de “derechista” a una organización hay que tener una base mínima de sustento y peor si se le llama de “ultraderecha” porque esta ya denota extremismo. Incluso hoy en día, solo se puede considerar de ultraderecha a partidos ya desaparecidos como el nacionalsocialista de Adolf Hitler o los fascios italianos de combate de Benito Mussolini.

Por lo que pude averiguar, TeleSUR nunca se contactó con los dirigentes de Comcipo para entrevistarlos o realizarles preguntas que les permita saber si, en efecto, son ultraderechistas.

Lo que pasa es que TeleSUR no es un medio periodístico sino de propaganda. Fue fundado por el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y es financiado por los gobiernos de ese país, de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.

La propaganda no es periodismo. Sus fines son propagar doctrinas y atraer adeptos. Su estrategia es la repetición con el objetivo de influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición. Se basa en la famosa fórmula del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels: “Si una mentira se repite las suficientes veces, acaba convirtiéndose en la verdad”.

Durante el conflicto potosino, TeleSUR no hizo periodismo sino propaganda. Defendió a uno de sus financiadores, el Gobierno boliviano, mediante la repetición de mensajes tendenciosos y falsos que buscaban que su público acepte la verdad del Gobierno boliviano.

Tras ver la forma en la que esa red televisiva falseó la verdad y la repitió descaradamente, habrá que reconocer que algunos medios del Estado boliviano no llegan a esos extremos. Si bien están inclinados al lado del Gobierno, el diario Cambio y la agencia ABI por lo menos ofrecen textos bien redactados que respetan algunas normas periodísticas. Los masivos, como Bolivia TV y las emisoras de la red Patria Nueva se disparan, gracias a la impericia de los conductores de programas, y caen fácilmente en la mentira.

Pero el Gobierno de Evo Morales no solo dispone de medios estatales, muchos de los cuales fueron adquiridos bajo su administración, sino de una importante cantidad de medios paraestatales; es decir, medios supuestamente independientes que, en realidad, tienen la tarea de defenderlo.

Esos medios son los que reprodujeron la propaganda del gobierno durante el conflicto y en algunas ocasiones hasta llegaron a atacar a Comcipo y al pueblo potosino.

Así, de manera desigual, se libró la guerra mediática en la que Potosí terminó perdiendo cuando no jugó de local.