Surazo

El escaso estudio de su pasado y hasta de sus figuras históricas no es la principal falla del periodismo boliviano.
Para la mayoría de la sociedad boliviana, la defensa que los periodistas hacen de ese instrumento legal es una actitud destinada a cubrir sus actos con un manto de impunidad. Falso. La Ley de Imprenta no sólo es el resultado de un largo proceso histórico sino que, más allá de proteger a los periodistas, garantiza que el público esté bien informado sobre la conducta de sus autoridades y el manejo de los bienes y recursos estatales. ¿Cómo?... mediante el secreto de la fuente.

Gracias al denominado secreto de imprenta, establecido en los artículos 8 y 9 de la referida ley, cualquier persona que desee denunciar ilegalidades o actos irregulares puede hacerlo ante la prensa sin temor a sufrir represalias. Si se anulara ese mecanismo, la ilegalidad crecería debido a que ya no estaría sujeta a denuncia pública. Debido a ello, el secreto de la fuente no es una garantía para el periodista sino para la sociedad en general.

Por la importancia de esa y otras instituciones, los periodistas defienden la Ley de Imprenta pero, al hacerlo, muchas veces incurren en el anacronismo de no permitir que se toque ni siquiera una de sus letras.

Desde que la Ley de Imprenta fue promulgada al presente ya pasan más de 88 años. Dinámico como es por su naturaleza, el periodismo ha cambiado mucho desde entonces así que es necesario actualizar su ley. El primer problema es que los periodistas no quieren que se la toque porque saben que, si lo permitieran, los políticos promulgarían una a su medida. La solución, entonces, es que sean los propios periodistas quienes elaboren un proyecto de ley para presentarlo al Órgano Legislativo.

Eso no es lo único que se debe cambiar.

Una verdad que no parece comprenderse es que en Bolivia no se puede pedir un buen periodismo cuando el periodismo no se enseña en las universidades. Las carreras que existen en relación a esta actividad humana no son de periodismo sino de Ciencias de la Comunicación debido a que todas estas se basaron en el modelo de la Universidad Católica San Pablo.

Cuando la Católica abrió la carrera de Comunicación Social, lo que estaba haciendo es aplicar el Inter Mirifica, uno de los nueve decretos conciliares aprobados en el Concilio Vaticano II, que señalaba que “todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado, según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar, anticipándose así a las iniciativas perjudiciales”. Para ponerlo claro, el Inter Mirifica recomendaba que la Iglesia maneje los medios masivos y, para ello, era preciso que también forme periodistas. Empero, a tono con el decreto, no abrió una carrera de periodismo sino de “comunicación social” en la que, más que informadores profesionales, se forma a cientistas sociales con capacidades no sólo para el periodismo sino para otras áreas de la actividad humana.

Por tanto, en Bolivia no hay más periodistas profesionales que los que consiguieron un título en provisión nacional conforme a decreto. Los demás son licenciados en Ciencias de la Comunicación que, o bien pueden ser periodistas o bien relacionistas públicos y hasta diplomáticos.

Conscientes de esta falla, algunas universidades privadas ya abrieron carreras de periodismo pero, como aún no tienen titulados, no se puede opinar sobre sus resultados.

Sobre la base de esa experiencia, es imperioso transformar las carreras de Ciencias de la Comunicación o, si se quiere evitar problemas, se debe abrir carreras de periodismo con el fin de que las futuras generaciones de periodistas no adolezcan de las fallas que ya podemos notar en las actuales.

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(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

El Estado es la casa común y, como toda casa, necesita dinero para mantenerse. Esa es la explicación más simple para la existencia de los impuestos o tributos que no son otra cosa que los pagos que hacemos los habitantes de la casa común para mantenerla.

Si las cosas fueran así de sencillas, ningún país tendría problemas con los impuestos pero, dada la naturaleza de cada uno de ellos, existen lógicas variantes.

Pero más allá de esas diferencias, existen normas generales que, por lo mismo, son aplicables a todos y una de ellas es la universalidad del tributo; es decir, la obligación que tenemos todos los estantes y habitantes de un país de pagar impuestos.

¿Cómo se justifica esa universalidad? Mi ex catedrático de Derecho Tributario, Carlos Araníbar, me lo recordó así: todos somos deudores del Estado y pagamos nuestra deuda a través de los impuestos. ¿Y qué pasa si alguien no paga impuestos? La respuesta es igual de sencilla: es un evasor.

Sí. Hasta aquí todo parece claro pero, como en todo, otra cosa es con guitarra… o con calculadora.
El caso de Bolivia es particular. Como en la mayoría de los países, el pago de impuestos es diferenciado pero no en función a los ingresos que percibe cada habitante sino al capital declarado. La diferencia en el capital y un elemento más, la condición socioeconómica, dio origen al régimen tributario simplificado; es decir, una categoría especial en la que sus beneficiarios —porque son tales— están exentos de obligaciones que son comunes a los demás contribuyentes, incluida la de emitir factura o nota fiscal.

La trampita está, precisamente, en ese régimen. Aquel que quiera liberarse de ciertas obligaciones tributarias se refugia en aquel y buenas noches los pastores.

Surge, entonces, una desigualdad pues unos pagan impuestos de una forma y otros de otra. ¿Atenta esto contra la universalidad del tributo? Para responder a esa pregunta, primero hay que entender que, por una parte, están los impuestos propiamente dichos, aquellos que debemos pagar todos, y, por otra, está el impuesto al consumo, que en nuestro país está definido como el IVA, aquel que se paga cuando se realiza cualquier tipo de transacción.
Los que no pagan impuestos confunden las cosas. Creen que al pagar el IVA ya están cumpliendo sus obligaciones tributarias y eso no es cierto. Lo que tiene que hacer, al margen del IVA, es pagar su aporte o cuota estatal en función a sus ingresos.

El detalle es que todas estas cuestiones básicas colapsan en Bolivia y entran en crisis debido a un detalle importante: no tenemos cultura tributaria. Debido a esa incultura, la mayoría de los contribuyentes busca la manera de pagar lo menos posible y esa es la explicación por la que el régimen tributario simplificado subsiste hasta nuestros días pese a que cuando se puso en vigencia se estableció que tenía carácter transitorio.

Cuando el Estado toca el asunto de los impuestos, los afectados saltan, bloquean calles y carreteras, se declaran en estado de emergencia y anuncian que llevarán sus acciones “hasta las últimas consecuencias”. Más aún, llegan a extremos como en Potosí donde los cooperativistas mineros llegaron a incendiar el edificio de impuestos cuando se intentó introducir modificaciones al IVA diferenciado que paga ese sector.

Todos vivimos en la casa común pero no nos da la gana de aportar para su mantenimiento. ¡Y todavía tenemos el cinismo de exigir servicios y prestaciones!  

Como la mayoría de los bolivianos y peruanos, yo era un admirador del incario, aquella forma de gobierno que se estableció en un extenso territorio conocido como Tawantinsuyu y cuyas normas morales eran repetidas en las escuelas y colegios como paradigma de la sociedad perfecta.

Mi desencanto fue progresivo pero no por eso menos traumatizante. No puedo precisar cuándo comenzó —quizás fue cuando encontré incoherencias como el proclamado equilibrio entre runas (hombres) y warmis (mujeres) y la poligamia de los incas— pero sí sé que se refrendó cuando leí estas líneas que eran el resumen del primer capítulo de un libro de Liborio Justo: “El Tahuantinsuyu: un horrendo régimen de esclavitud en beneficio, gloria y esplendor de una minúscula casta dominante”.

El descubrimiento de cuál fue, en realidad, la forma de gobierno practicada por los incas comprobó que, en efecto, la lectura hace luz en las tinieblas y permite que uno tome conciencia sobre su realidad en incluso sobre su pasado. Quizás por eso, fue un inca, un gobernante del Tawantinsuyu, quien ordenó la desaparición de la escritura mucho antes de la llegada de los españoles.

La lectura que más me abrió los ojos fue la del Memorial de Charcas, el documento colonial sobre el que escribí la semana pasada y cuya mención motivó la curiosidad de muchos de mis lectores, tanta que recibí varios mails pidiéndome que amplíe el tema.

Lo que no pueden entender los consultantes es cómo fue que hubo indios que, como revela el referido documento, tenían privilegios en una sociedad colonialista en la que se supone que sólo había esclavos y esclavizadores. La respuesta es que, en realidad, la sociedad colonial española fue opresiva en todos los sentidos de la palabra pero no esclavista.

Cuando llegaron los españoles, encontraron un Estado, el Tawantinsuyu, dividido por una guerra civil protagonizada por dos hermanos, Waskar y Ataw Wallpa, pero también encontraron varias sociedades o culturas que estaban sometidas por el incanato ya que habían sido asimiladas mediante conquistas militares.

Como bien apunta Justo, la sociedad incaica era elitista puesto que la mayor parte del producto del trabajo de la tierra se destinaba a mantener al inca, a su familia —generalmente numerosa por efecto de la poligamia— y a la nobleza.

La nobleza incaica siguió siendo tal aún después de la llegada de los españoles. Muchos de ellos, como los mencionados en el Memorial de Charcas, pactaron con los conquistadores a cambio de mantener sus privilegios. Los indios nobles debían pagar tributo, como lo hacían durante el incario, pero no estaban sometidos a los conquistadores europeos. Es más, existen muchos y célebres casos de matrimonios entre nobles españoles e indios como, por ejemplo, el de la hija de Sayri Tupaj, Beatriz Clara Coya, con Martín García Óñez de Loyola, rico descendiente del fundador de la Orden de la Compañía de jesús, San Ignacio de Loyola.

Por tanto, había diferentes tipos de indios y los pertenecientes a la nobleza eran los privilegiados. Sus hijos se educaban en establecimientos especiales denominados colegios de caciques e incluso uno de esos fue fundado por Carlos IV, en 1792, en la mismísima España.

Cuando los españoles incumplían los compromisos que habían adquirido con los nobles indios, estos reaccionaban de diversa manera, a veces dirigiendo quejas directas al rey, como el Memorial de Charcas, o bien promoviendo sublevaciones.

A propósito, una de las figuras del indigenismo, José Gabriel Condorcanqui, era un noble indio descendiente de Tupaj Amaru I y, por ello, cuando se sublevó, tomó el nombre de su antepasado. Gustavo Adolfo Otero escribió lo siguiente sobre ese hecho: “Inglaterra habría estimulado esta rebelión, inclusive por medios de organizaciones de tipo masónico”.
 
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

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Una de las facetas más risibles del Gobierno es su enorme desconocimiento de la historia o, peor aún, el manejo tergiversado que hace de ella.
El presidente, por ejemplo, llegó a afirmar que los incas combatieron contra los romanos y, durante el dilatado conflicto orureño por el nombre de su aeropuerto, algunos asambleístas hicieron el ridículo al intentar descalificar a Juan Mendoza.

Confieso que hasta antes del conflicto yo no sabía nada sobre Mendoza (aprendí algo sobre él gracias a lo que se publicó en los medios) pero, cuando intentaban desprestigiarlo, los asambleístas orureños no sólo parecían conocerlo a profundidad sino que, en su afán de justificar el cambio del nombre, parecía verdaderas autoridades en el tema.

A tono con anteriores conflictos, el adjetivo que más utilizaron fue el de “oligarca”. Según ellos, Mendoza pertenecía a una clase privilegiada que explotaba a los humildes en Oruro así que era válido retirar su nombre del aeropuerto para reemplazarlo por el de Evo Morales.

Precisamente “oligarca” es uno de los términos más frecuentes en el vocabulario masista. Se lo usa generalmente para referirse a las élites orientales, particularmente cruceñas, y, quizás por su excesivo empleo, casi se ha convertido en sinónimo de “camba”.
¿Será justo llamar “oligarcas” a los habitantes del oriente boliviano? Según el Diccionario de la Real Academia Española, “oligarca” es “cada uno de los individuos que componen una oligarquía” y, a su vez, “oligarquía” es “gobierno de pocos” o una “forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social”.
Es probable que Santa Cruz haya estado gobernada por una oligarquía hasta hace poco pero, como todos sabemos, el asalto al hotel “Las Américas”, hace ya casi tres años, fue el inicio de su desmantelamiento.

Los que no todos saben es que el imperio incaico, que el MAS considera un modelo a seguir, fue una oligarquía muy distante de la utopía socialista sublimada por Franz Tamayo.

Era oligarquía porque el gobierno estaba a cargo de unos pocos, el inca y su familia, que, además, acaparaban no sólo los privilegios sino el producto del trabajo. En “Bolivia: la revolución derrotada”, el argentino Liborio Justo apunta que “las tierras del ayllu, bajo el Imperio de los Incas, estaban divididas en tres partes: una cuyo producto se destinaba al Sol, es decir, al culto; otra al Inca, y la tercera se dejaba para usufructo de la misma comunidad. Los miembros del ayllu, o ‘hatunruna’, tenían la obligación de cultivar la totalidad de esas tierras. Así era como la masa de la población sostenía con su trabajo a la casta dominante, personificada por el Inca, la cual, aunque desempeñaba labores de administración, se hallaba exenta de todo trabajo productivo y estaba constituida por los ‘orejones’ (llamados así por los españoles por la deliberada deformación que practicaban en sus orejas, lo cual era un signo distintivo como clase); los curacas o caciques, y los sacerdotes”.

El sometimiento del pueblo llano hacia su gobernante, el inca, era tal que no sólo Justo sino otros autores, como William Prescott, no dudan en calificarla como “esclavitud”. Por ello, el autor argentino incluso llega a introducir este resumen en la carátula de la primera parte de su libro, titulada “El Tahuantinsuyo”: “un horrendo régimen de esclavitud en beneficio, gloria y esplendor de una minúscula casta dominante”.

Los incas era, entonces, verdaderos oligarcas y existen pocos motivos para admirar su forma de gobierno que, además, se implantó mediante fórmulas como la desaparición de la escritura y la elaboración de una historia a gusto de ellos.
¿Será que el MAS admira el Tawantinsuyo por lo poco que sabe de él o, por el contrario, sabe bastante y su propósito es emularlo para ejercitar un gobierno autocrático como el de los incas?

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo.