Surazo

TRABAJADORES Y PERIODISMO

Juan José Toro Montoya

Quien diga que la Ley de Imprenta solo favorece a los empresarios de los medios de comunicación demuestra una tremenda ignorancia en torno al periodismo y sus funciones.
Para empezar, es preciso recordar que la Ley de Imprenta en actual vigencia es el resultado de un largo proceso histórico que comenzó durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre. Fue él quien promulgó la primera Ley de Imprenta, el 7 de diciembre de 1826, que, contrariamente a lo que se pueda creer, era draconiana y castigaba con cárcel y destierro los supuestos delitos cometidos en los impresos. Desde entonces, los periodistas lucharon por flexibilizar esa ley. Las primeras peleas fueron en el gobierno de Andrés de Santa Cruz quien cambió la pena de destierro por sanciones pecuniarias. Aprovechando su popularidad, el presidente José Ballivián promulgó una ley, el 13 de noviembre de 1844, que reponía el carácter excesivamente punitivo de la de Sucre y hasta introdujo otras figuras que, según él, también merecían sanciones. Mediante ley del 15 de agosto de 1861, José María Achá reconoció el ejercicio de la libertad de imprenta pero fijó la obligación de que los editores registren previamente los nombres de los autores de las notas a ser publicadas.
El proceso llegó hasta 1925, cuando el gobierno de Bautista Saavedra elevó a rango de ley el Reglamento de Imprenta que había sido promulgado por la Junta de Gobierno el 17 de julio de 1920. Solo fue posible llegar hasta ese punto debido a que el país atravesaba una crisis que hizo que los políticos bajen la guardia momentáneamente. Conscientes de que, si tenía la posibilidad, la clase política podía modificar la ley a su conveniencia, los periodistas decidieron cerraron filas en torno a la que había sido promulgada el 19 de enero de 1925. Por ello, la prensa no permite que la norma se toque, ni siquiera para actualizarla. Las declaraciones de principios de todas las organizaciones periodísticas tienen como base la defensa de la Ley de Imprenta.
La esencia de esta ley es el secreto de la fuente; es decir, la obligación que tienen los periodistas de no revelar los nombres de quienes les proporcionan información a menos que sean compelidos por un jurado de imprenta. Ese deber está descrito en el artículo 8 que señala que  “el secreto en materia de imprenta es inviolable” mientras que el 9 establece que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente (el jurado de imprenta), es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.
Cada vez que alguien se siente incomodado por una publicación periodística, lo primero que intenta es averiguar quién proporcionó la información. Si se levantara el secreto de la fuente, como intentaron los anteriores gobiernos y pretende el actual, nadie se animaría a proporcionar información y el principal afectado sería el público.
Desde 1925 al presente, la estructura laboral de la prensa ha cambiado de tal manera que los trabajadores son la mayoría y la única garantía para el desempeño de sus funciones es la Ley de Imprenta. Los propietarios se han limitado a la función de gerentes y a veces ni eso porque prefieren contratar a un periodista para que se desempeñe como director y se repliegan a sus sillones a esperar las posibles ganancias de su empresa.
El propietario siempre podrá cambiar de rubro pero el periodista solo puede ser periodista. Por eso será el principal damnificado por cualquier acción en contra de la prensa.

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EN DEFENSA DE CORREOS

Juan José Toro Montoya

Hace poco más de un año intentamos averiguar cuáles eran las causas para la crisis que afectaba a la Empresa de Correo de Bolivia (Ecobol) y la gerenta regional de entonces nos dijo que sus únicos ingresos eran los paquetes que muy rara vez les llevaba la gente ya que ni siquiera las empresas públicas tomaban sus servicios para el traslado de su correspondencia.
Las instituciones públicas tienen un gran movimiento de correspondencia. Son remitentes de un enorme volumen de cartas, especialmente a los órganos del Estado, y destinatarias de cantidades similares. En cuanto a efectos jurídicos, también están sujetos a cumplimiento de plazos y reciben propuestas para convocatorias públicas, particularmente las referidas a proyectos que deben ejecutarse con recursos fiscales.
Por razones que no se justifican legalmente, la Gobernación y la Alcaldía de Potosí no utilizaban los servicios de Ecobol para el envío y recepción de correspondencia. Esa omisión está en contra del artículo séptimo del Decreto Supremo 22616, elevado a rango de ley el 29 de enero de 1993, que prácticamente otorgó la exclusividad en el servicio de correspondencia a la Empresa de Correos de Bolivia. El referido artículo señala textualmente que “queda exclusivamente reservada a la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) la admisión, transporte y entrega de: - Las comunicaciones manuscritas, impresos, grabados o realizadas por cualquier otro procedimiento técnico, expedidas en sobre abierto o cerrado o al descubierto, que tenga para el expedidor y el destinatario, o para uno de ellos, el carácter de correspondencia actual y personal. - Todo otro pliego o sobre cerrado, provisto de dirección, cualquiera fuere su contenido”.
El decreto, ahora ley, no solo establece la exclusividad en el envío y recepción de correspondencia a favor de Ecobol sino que señala, en el artículo 8, que esta empresa puede delegar ese servicio a terceros pero solo con resolución de su directorio.  “Los terceros autorizados deberán abonar a la Empresa de Correos por cada envío canalizado a través de sus servicios”, dice el precepto que también impone el uso de los sellos postales por parte de los servicios privados de correspondencia, mejor conocidos como “courier”.
¿Por qué las empresas públicas prefieren usar los “courier”? La inmediatez o efectividad no son argumentos válidos. Ecobol cuenta con el servicio de correo denominado Express Mail Service (EMS) que tiene un servicio similar o mejor que los privados ya que es provisto nada menos que por la Unión Postal Universal.
La única explicación para el uso del “courier” privado, aún en contra de la ley, es que alguna o algunas personas recibieron —o reciben— beneficios por mantener contratos con las empresas que proveen ese servicio. Si no es así, pueden demostrarlo fácilmente al aplicar el artículo 7 del decreto 22616; es decir, comenzando a utilizar los servicios de la estatal Empresa de Correos de Bolivia.
Ecobol no es simplemente una empresa de transporte de carga y encomienda. Al ser una empresa pública, con representantes de tres ministerios y un viceministerio en su directorio, y formar parte de la Unión Postal Universal, constituye un fedatario del Estado; es decir, que da fe de ciertos actos de las personas jurídicas o colectivas. Para ponerlo más sencillo, el cómputo de plazos toma en cuenta la fecha del sello de correos de la correspondencia enviada.
Por lo apuntado, y mucho más que queda en el tintero, Ecobol no debe cerrarse sino salvarse. Si me preguntan cómo, mi primera respuesta es “cumpliendo la ley”.

 

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MÁS AMANTES Y PRESIDENTES

Juan José Toro Montoya

Existe una larga lista de mujeres que jugaron papeles decisivos en la historia de Bolivia pero es menos conocida aquella en la que figuran las que influyeron en los acontecimientos de su época al convertirse en amantes de los presidentes.
Para Carlos Hugo Molina, el romance entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar habría sido determinante en la autorización del libertador para el surgimiento de Bolivia. Un caso más fácil de probar es la relación que Antonio José de Sucre tuvo con la tarijeña Manuela Rojas pues habría sido la razón para que Casimiro Olañeta, que también pretendía a la dama, desatara una feroz campaña contra el mariscal de Ayacucho, movido por el despecho.
Otro caso digno de estudio es el de Juana Manuella Gorriti, la escritora y feminista argentina que es más conocida en nuestro país por haber sido la esposa de Manuel Isidoro Belzu.
Según Mariano Baptista Gumucio, Gorriti conoció a José Ballivián cuando este era presidente y ya estaba rodeado por el aura gloriosa de la batalla de Ingavi. Ambos se enamoraron pese a estar ya casados, aquella con Belzu y el mariscal con Mercedes Coll. La relación que surgió entre ambos habría sido descubierta por el futuro “Tata” quien llegó al extremo de agredir al presidente en Palacio de Gobierno y ganarse un arresto por ello. Como consecuencia de ese triángulo amoroso, Belzu se convertiría en el más enconado enemigo de Ballivián y el país se dividiría en dos bandos que protagonizaron una guerra civil de baja intensidad.
El de Juana Manuela es un caso relevante no solo por sus efectos sino por la personalidad de aquella mujer que, más allá del adulterio, se destacó por sí misma, por su cultura, personalidad y talento, y ahora forma parte de la galería de mujeres célebres de Argentina. Es muy distinto del de otra Juana, la Sánchez Campos, que, como publiqué en febrero de este año, fue la amante que ejerció influencia notable en Mariano Melgarejo.
En el artículo de febrero, titulado “Amantes y presidentes”, describo más la conducta de Melgarejo frente a sus amantes que la de Juana, a quien el tirano llamaba “Juanacha”. En la nota recuerdo que el tirano del sexenio se creía un elegido de Dios y estaba convencido de que había llegado a la presidencia por designio divino. Además, les hacía costosos regalos a sus amantes con dinero del erario nacional. Muchos de los que leyeron el comentario encontraron paralelos entre Melgarejo y Juana Sánchez con dos protagonistas de nuestra coyuntura.
Yo no me atrevo a hacer comparaciones porque, para ello, necesitaría ilustrarme más sobre Juana Sánchez, pero es indudable que la fama que ha cobrado Gabriela Zapata la superpone, por lo menos temporalmente, a la que fue la amante del tirano del sexenio. Un paralelo notable, por ejemplo, es que esta mujer no tenía ningún problema en pasearse desnuda por Palacio de Gobierno, aún con gente presente, y, como sabemos, la Zapata difundió fotos íntimas suyas a través de algunos medios y las redes sociales. Las fotos parecen ser la debilidad de la ex gerente de CAMC y eso la hace diferente a su predecesora ya que, en su tiempo, no existía la cámara fotográfica.
Entre febrero y junio han pasado muchas cosas, incluso diariamente, y entre las pocas que quedan claras está el hecho de que el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata sostuvieron un romance. Ese es el vínculo entre ella y él y solo una justicia independiente podría determinar que es una de la bases para el tráfico de influencias.
Que Zapata haya tenido, además, otros amantes, es más de interés histórico que jurídico. Solo demuestra que superó, de lejos, a la “Juanacha”.

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DE JUANAS Y LOCAS

Juan José Toro Montoya

Los certámenes de belleza son parte de un debate que ni siquiera se ha instalado como tal. Por ello, prefiero apartarme del tema tomando solo como referencia la inclusión de una “Miss Juana Azurduy” en el certamen Miss Chuquisaca.
Si lo que se buscaba era despertar el interés de la historia en ese tipo de acontecimientos, la intención es buena y merece respeto pero era preciso cuestionarse la pertinencia en el uso de las figuras históricas.
Juana Asurdui (pues así se escribía su nombre) estaba en la antípoda de lo que hoy son los certámenes de belleza. La heroína participó en la Guerra de la Independencia por razones que iban más allá de la liberación del yugo español ya que, como mujer, le tocó enfrentar una sociedad machista y discriminadora. Por ello, doña Juana peleó no solo por la libertad sino, también, en contra de la discriminación. Por ese solo hecho, su figura es incompatible con las selecciones públicas que buscan coronar a “la más bella”.
Usar a la generala fue un error agravado por las imprecisiones cometidas al momento de presentar a la muchacha que recibió el título. La señorita apareció en público con un uniforme militar estilizado, a tono con algunas pinturas contemporáneas que repiten el error de recrear a la heroína con vestimenta parecida a la de los libertadores.
El error es común. El Estado lo cometió durante años, mientras estuvo vigente el billete de 1.000 Bolivianos de color plomo en el que la figura de doña Juana aparece con uniforme militar. Aprovechemos, entonces, la polémica para recordar que nuestra guerrillera nunca vistió uniforme por el sencillo hecho de que no tenía grado militar cuando combatía. El nombramiento de teniente coronela fue decidido en Buenos Aires, luego de valorarse su aporte a la guerra, pero la noticia del nombramiento le llegó cuando ella había dejado de combatir. Mas aún, algunos historiadores afirman que ella murió sin conocer su nombramiento.
La figura de Juana Asurdui tiene que difundirse masivamente por su invalorable aporte a nuestra historia pero, al hacerlo, se debe evitar cometer los errores de siempre.
Chuquisaca tiene su cuota parte en ello porque debe aprender a aceptar las verdades históricas que emergen de investigaciones recientes. Una de ellas es que la heroína que todos conocemos no se llamaba Juana Azurduy Bermúdez ni fue bautizada el 12 de julio de 1780 sino Juana Asurdui Llanos y recibió el sacramento el 26 de marzo de ese año.
Al parecer, en 1780 hubo más de una bautizada con el mismo nombre y apellido de Juana y, cuando los historiadores ubicaron la partida de bautismo de Azurduy Bermúdez, creyeron que se trataba de la esposa de Padilla. Sin embargo, los datos de la partida no concordaban con los del acta de matrimonio donde el apellido es Asurdui, con “s” e “i”, y se lee que los padres de la contrayente eran Isidro Asurdui y Juliana Llanos.
El investigador Norberto Benjamín Torres encontró la partida de bautismo de Juana Asurdui Llanos, la heroína, la que se casó con Asencio Padilla y peleó en la Guerra de la Independencia, y evidenció que recibió óleo y crisma en el templo de San Pedro de Tarabuco el 26 de marzo de 1780. El acta dice que, para entonces, la niña tenía dos meses, era “mestiza, hija legítima de Isidro Asurdui y de Juliana Llanos”.
Por tanto, es hora de admitir la verdad y fijar, así sea convencionalmente, que Juana Asurdui de Padilla nació el 26 de enero de 1780. A partir de ahí, podemos ir descartando lo que no es cierto y agregando lo que falta por saber. Y lo primero que hay que descartar son las imágenes en las que viste uniforme militar.

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AMANTES Y PRESIDENTES

Juan José Toro Montoya

Un presidente es un ser humano y, por lo tanto, está expuesto a las mismas tentaciones que los demás seres humanos. La diferencia entre uno y otros es que, por el poder que ostenta, un presidente puede tener lo que se le antoja con más facilidad que los demás seres humanos.

La historia de la humanidad está plagada de casos de gobernantes involucrados con mujeres que, generalmente, se enredaban con aquellos por los beneficios que obtenían. Los ejemplos van desde Cleopatra y sus amoríos con Julio César y Marco Antonio hasta Marilyn Monroe y sus romances con los Kennedy.

Bolivia no es la excepción. Por el contrario, el machismo y la misoginia que imperan en nuestra sociedad dieron lugar a que varios presidentes aprovecharan su poder para tener acceso a muchas mujeres, algunas incluso casadas.

El caso más representativo de mezcla de sexo y poder es el de Mariano Melgarejo que pasó a la historia por un gobierno caracterizado por sus excesos, soberbia, despotismo, violaciones a la ley y un alto grado de autoritarismo. Aunque casado con Rosa Rojas, Melgarejo fue un mujeriego empedernido que, según se dice, tuvo varios hijos ilegítimos. Entre sus muchas amantes se incluye a Gertrudis Antezana, esposa de José María Achá.

Ignorante, promiscuo e impío, este hombre estaba convencido que había nacido para gobernar Bolivia y hasta atribuía su fecha de nacimiento, que fue un Domingo de Resurrección, a un designio divino. Decía que Dios lo había escogido justo cuando resucitaba. Por ello, creía que él era el único que podía gobernar el país y no tenía intenciones de dejar el poder. Tantos fueron sus excesos que varios autores se ocuparon de ellos. Caudillista y rodeado de zalameros que lo alentaban a hacer lo que hacía, Melgarejo creía que podía hacer cuanto se le antoje y eso incluía tomar a cualquier mujer, sin importar su condición o edad.

Tuvo muchas mujeres y a casi todas las hacía espléndidos regalos para premiar sus favores sexuales. 

La amante más conocida que tuvo Melgarejo fue Juana Sánchez Campos, peruana y hermana del capitán José Aurelio Sánchez quien había sido condenado a muerte por actos de rebeldía. El tirano la conoció precisamente cuando ella, con apenas 18 años, fue a verlo a rogar por su vida. Diversas versiones históricas dicen que la muchachita tenía una belleza brutal y el presidente se impactó tanto con ella que no solo perdonó a su hermano sino que lo incorporó al ejército boliviano en el que, gracias a los favores presidenciales, llegó hasta el grado de general.  

La relación de Melgarejo con Juana Sánchez fue tan pública como el súbito enriquecimiento de la familia peruana. Por años, los Sánchez tuvieron influencia y recibieron múltiples favores del gobierno hasta poco antes de la caída de su protector. 

Los excesos del presidente fueron tales que el pueblo boliviano no pudo más. En 1870 se levantó Potosí y, aunque Melgarejo aplastó la revuelta con violencia, otras ciudades siguieron su ejemplo poco después. El 15 de enero de 1871 fue derrocado por el pueblo paceño y tuvo que huir hacia Chile.

Cuando se enteró que su examante vivía en Lima fue a buscarla en secreto.

La ubicó en una lujosa vivienda y, al percatarse de ello, se alegró pensando que podría recibir ayuda de aquella familia que tanto le debía. Golpeó a la puerta y el que le abrió fue José Aurelio Sánchez, aquel a quien perdonó la vida e hizo general del ejército boliviano. Preguntó por Juana e intentó entrar pero el exgeneral le dio el mayor agradecimiento por sus favores: un balazo.   

 

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

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CARNAVAL TRIBUTARIO

Juan José Toro Montoya

El transporte pesado ha alborotado el país con un bloqueo precarnavalero que protesta contra las injusticias tributarias. La medida de presión ha paralizado medio país y provocado fallecimientos en distintas circunstancias. Existe un millonario daño económico que crece conforme pasan los días y podría afectar seriamente al sector turístico si las vías no se despejan antes del carnaval y se evita que los visitantes lleguen a destinos ya consolidados como Oruro y Santa Cruz.
El presidente acusa a los transportistas de movilizarse para pagar menos impuestos y esa es una explicación muy simplista a un problema de fondo que no solo afecta a ese sector. Recuérdese que otros sectores, como el de los comerciantes gremialistas, ya se han pronunciado en contra de las políticas tributarias.
El verdadero problema del contribuyente en general, no solo de los transportistas y gremiales, es que tiene al frente a un Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que, en lugar de alentar la universalidad del tributo, se ha convertido en un órgano casi represivo cuyo objetivo es recaudar lo más posible y, para ello, aplica multas y sanciones por doquier.
El contribuyente es el que el SIN tiene registrado en su base de datos y, por tanto, es fácil de ubicar. Puede hacerle seguimiento y, si se atrasa con el pago de sus impuestos o se equivoca en el llenado de algún formulario, es sancionado implacablemente.
Debido a ello, son muy pocos los ciudadanos que se interesan en obtener su Número de Identificación Tributaria porque saben que, al hacerlo, se vuelven visibles para el SIN y sus multas. Frente a eso, es mejor permanecer en el anonimato y, consiguientemente, no pagar impuestos. Por ello se dice que el Estado no alienta el pago de tributos sino, por el contrario, espanta a los potenciales contribuyentes. Y por eso, también, son cada vez más los sectores que hablan de la existencia de un “terrorismo tributario”.
La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores ha estado trabajando en una modificación del Código Tributario desde antes que estallaran los problemas. En esa labor ha identificado irregularidades como vulneraciones al debido proceso y usurpación de funciones.
El debido proceso es aquel en el que el acusado por la presunta vulneración a una norma es juzgado para ver si es culpable o inocente. Antes de dictar sentencia, se escucha al acusado para conocer sus razones y descargos. Las sanciones que aplica diariamente el SIN atentan contra ese derecho porque, sin escuchar al acusado, se le aplica directamente la sentencia; es decir, la multa.
La usurpación de funciones es aquella actitud en la que habría incurrido el SIN al actuar sobre la base de resoluciones normativas de directorio que, aparentemente, buscaban llenar los vacíos de la legislación tributaria. La comisión senatorial entiende que esa actitud es usurpar funciones propias del Órgano Legislativo que es el que elabora y aprueba las normas que luego son promulgadas por el Ejecutivo.
Con esos razonamientos, la comisión ha presentado una petición de informe a la que debe responder el presidente del SIN. Habrá que esperar los resultados de esa acción fiscalizadora y, entretanto, el conflicto con los transportistas está con diagnóstico reservado.
La comisión tiene una propuesta para atender no solo las demandas de los transportistas sino de todos los contribuyentes: un nuevo Código Tributario. Resta esperar que el Ejecutivo viabilice, de esa manera, una solución al conflicto.

 

 

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DAÑO PERMANENTE

Juan José Toro Montoya

No imagino cuánta enajenación necesita un ser humano para quitarle la vida a otro.
Jorge Clavijo, por ejemplo, estaba borracho cuando le asestó quince puñaladas a Hanalí Huaycho. Era la misma embriaguez, aunque no en la misma medida, que corría por el sistema nervioso de William Kushner cuando asesinó a Andrea Aramayo.
El alcohol es un alucinógeno así que puede privar de juicio al que lo consume. Solo así se explica que Clavijo haya destrozado a Hanalí en presencia de su hijo. Solo así se explica que Kushner no haya tenido ningún reparo en aplastarle la cabeza a Andrea con su automóvil.
¿Y qué pasa con aquellos que matan sin motivaciones? Pienso, por ejemplo, en ese ser humano que aguarda en las sombras que algún incauto se acerque para robarle la billetera. Cuando cae una víctima, el asaltante forcejea y, pese a que ya tiene el dinero en la mano, no duda en hundir su puñal en la humanidad del asaltado. Ya había logrado su propósito… ¿por qué, además, tuvo que matar?
Pero si el asaltante o violador homicida causan asco y repugnación, otro tipo de asesino pulula ahora en nuestras calles: el tratante.
Aunque la jerga policial todavía no incorpora el adjetivo, el tratante es aquel que está inmiscuido en la trata y tráfico de personas. Su actividad consiste en secuestrar seres humanos con el fin de venderlos, enteros o por partes.
El tratante vende un ser humano entero para la prostitución. Si vende a su rehén con fines sexuales, tendrá que entregarlo completo. La venta por partes es el tráfico de órganos. En este caso, hay que matar al o la secuestrada para vender sus partes a quienes pueden pagar por ellas.
La trata y tráfico de personas ha convertido al ser humano en burda mercadería. Los tratantes se olvidan que detrás de cada persona hay una familia, otras personas que sufren y se preocupan por ella.
Cuando una persona desaparece, el sufrimiento de su familia es inmenso. La incertidumbre es un monstruo que puede consumir la vida de una persona con más rapidez que cualquier otra preocupación. De pronto, la rutina diaria se interrumpe con el aviso de que uno de los miembros de la familia, una hija o un hijo, no aparece. Salió a tal hora… iba a encontrarse con tal… las indagaciones son familiares porque la Policía es tal solo de nombre porque, si se trata de esclarecer un crimen, el boliviano debe bancarse solito. Pero él o ella no aparecen. ¿Dónde estará?, ¿qué habrá pasado? Y los segundos se vuelven minutos… y los minutos se vuelven horas… y las horas pueden volverse días… ¿Dónde está?, ¿qué ha pasado?
Las respuestas pueden ser múltiples. A veces, el o la desaparecida no aparecen nunca más. Ahí está el caso de Zarlet, agigantado por la actitud pantagruélica de la Policía que se burla de su madre, o ahí está el caso de Varinia que aparece pero no como persona sino como cadáver… un despojo…
Está pero no está. Es su cuerpo pero no es ella… ella se ha ido para nunca más volver.
Pero, al final de cuentas, si el o la desaparecida aparecen o no ya resulta irrelevante. Si aparece muerta o muerto, se acaba la incertidumbre pero prosigue la pesadilla. Se la extrañará siempre porque partió de pronto, sin despedirse, sin coronar sus proyectos de vida…
Si aparece con vida, la historia no tendrá final feliz porque la secuestrada y su familia tendrán que lidiar con las secuelas que inevitablemente deja el secuestro… Su cuerpo está vivo pero mataron su alma…
No hay daño colateral sino permanente. Por eso es que la trata y tráfico de personas no es un delito sino la suma de muchos y así debe ser combatido.

 

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PRENSA MALDITA

Juan José Toro Montoya

El 24 de mayo de 2007, el presidente Evo Morales recibió las conclusiones del Quinto Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad realizado en Cochabamba.
El encuentro se realizó bajo la frase “En defensa de la verdad y contra la manipulación mediática” y sentó las bases de la conducta que observaría el gobierno del MAS frente a la prensa. El aviso más claro lo dio el propio jefe de Estado al declarar a los asistentes a la reunión que “el primer adversario que tiene mi presidencia, mi gobierno, son algunos medios de comunicación”.
Y claro que no era cierto. La prensa independiente, aquella que no está alineada ni con el gobierno ni con la oposición, no tiene enemigos pero, en contrapartida, tampoco debería tener amigos. Si un medio simpatiza demasiado con algún gobierno, es lógico que su público sospeche de sus contenidos pero tampoco tiene credibilidad aquel que solo se dedica a atacar a los gobernantes, así sea sin motivo.
La asepsia del periodismo es necesaria debido a que una de sus tareas fundamentales es la fiscalización de los gobiernos, sin importar que estos sean de izquierda, del centro o de la derecha.
El mismo Evo Morales se benefició de esa labor fiscalizadora cuando era dirigente cocalero y férreo opositor a los gobiernos neoliberales. La paliza de muerte que recibió de efectivos de la lucha antidroga lo convirtió en figura pública gracias a la cobertura mediática que tuvo.
El gobierno sabe que la prensa no debe alinearse pero finge ignorarlo. Desde Venezuela, desde los tiempos de gloria de Hugo Chávez, se trazó la estrategia de desprestigiar al periodismo con el fin de debilitarlo.
Es posible comprar medios, generalmente a través de terceros, como pasa en Bolivia, pero es imposible abarcar todos así que hay que atacarlos tan repetidamente que el mensaje se quede grabado en la mente del público inadvertido: los medios mienten o, como dijo recién el presidente, los medios son de la derecha.
Se trata de un obvio extremismo pero bien aplicado. “Si no estás conmigo estás en mi contra”, dijo más de una vez el presidente y de manera pública. La misma lógica se aplica a los medios. En la lógica del gobierno, la prensa no debería informar sobre hechos negativos, mucho menos ocuparse de casos de escandalosa corrupción como el del desaparecido y desbancado fondo indígena. A lo que debería limitarse el periodismo es a echarle flores al jefe de Estado, alabarlo, tratarlo como el elegido, el iluminado, el único capaz de conducir al país por la senda del desarrollo. Quiere que todos los medios sean como los estatales cuyos periodistas no puede escribir contra sus empleadores. Como hay medios que no caen en esa bochornosa conducta, entonces los ataca, los desprestigia: dice que son de la derecha.
“Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad”, sentenció Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, y los gobiernos del “socialismo del siglo XXI” aplicaron exitosamente la fórmula. Rafael Correa convirtió la mentira en una realidad y consiguió promulgar en Ecuador una ley de medios casi sin oposición alguna porque la gente cree que los medios son de la derecha y buscan desestabilizarlo.
Si el gobierno de Evo Morales no sacó una ley similar de la manga es porque todavía tiene un proceso electoral pendiente, el referendo del 21 de febrero. Una vez que pase, volverá a su estrategia hasta contar, por fin, la ley que le permita controlar a esa prensa maldita que no le deja gobernar a su gusto.

 

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YA NO VUELVE SEBASTIANA

Juan José Toro Montoya

El 21 de mayo de este triste año que se termina, el inescrutable rostro de Sebastiana Kespi volvió a aparecer en la prensa boliviana.
Volvía Sebastiana. La mujer chipaya que con solo diez años de edad protagonizó la película antropológica por excelencia de Bolivia había llegado a La Paz para recibir la medalla al mérito cultural entregada por una comisión de la Cámara de Diputados con un nombre tan largo que pocos pueden recordarlo completo. 
En algunas imágenes, Sebastiana aparece llorando y la prensa oficialista, aquella que pinta de rosado hasta las imágenes más negras de los gobiernos, afirmó que era de “evidente emoción”. El periodista y escritor Alfonso Gumucio Dagron, que habló con la mujer, reveló que lloraba de pena por el destino de su pueblo, el chipaya, que sigue sumido en la extrema pobreza 63 años después del estreno del documental que lo sacó del anonimato.
“Vuelve Sebastiana. No importa cuán dura sea nuestra vida, algún día la luz también brillará para los chipayas. Vuelve sebastiana, a tus espaldas y hacia el porvenir los siglos te están aguardando”, dice parte del libreto de “Vuelve Sebastiana” que fue escrito y grabado por el entrañable Luis Ramiro Beltrán y quizás ese mensaje caló tan hondo en ella que volvió y se quedó en su comunidad hasta envejecer y tener nietos.
Los años pasaron y se grabaron en su rostro pero el porvenir soñado, aquel en el que el pan y la quinua no iban a faltar en la comunidad chipaya, nunca llegó. Por el contrario, los collas —aquellos a los que se llama aymaras— volvieron a hostigarlos, como en el pasado, y los arrinconaron todavía más con el objetivo de copar más tierras para la siembra de la quinua cuyo precio la ha convertido en un motivo de codicia en el altiplano boliviano.
Cuando hizo su famoso documental, Jorge Ruiz no eligió a la comunidad chipaya por casualidad. El antropólogo y etnobotánico canadiense Wade Davis afirma que “un estudio de más de 5.000 culturas en el mundo reconoce a los chipaya como el pueblo más antiguo y aún vivo de América Latina”. Por su parte, el historiador y antropólogo francés Nathan Wachtel agrega que “los chipayas forman parte del último grupo de los urus sobrevivientes hoy”. Por tanto, los urus son los americanos más antiguos y su historia se plasma en su vestimenta en la que el color azul simboliza el agua de la que dependen para vivir.
En marzo de 2013, los urus de Vilañique y Llapallani marcharon a La Paz denunciando que sus tierras eran avasalladas por los aymaras y el lago Poopó se estaba secando. No les hicieron caso. Quizás porque los denunciados eran aymaras o quizás porque los urus son pocos y no representan un buen bolsón votante.
En este triste 2015 que se termina, el lago Poopó se secó y puso fin al milenario ciclo histórico de los urus, los americanos más antiguos del continente, los qas soñi, los hombres del agua que son el tronco común de chipayas, muratos e irohitos.
Con el Poopó muerto, los urus perdieron su principal sustento y tendrán que quitar el azul de la vestimenta que ellos mismos confeccionan porque ya no hay agua a la que puedan hacer referencia. Con el Poopó muerto, es difícil que la luz brille para los chipayas que, aunque no dependen directamente de él, forman parte de su ecosistema.  Con su enorme medalla que no le sirve para nada, Sebastiana ya no tiene motivo para volver porque, en aquella tierra milenaria que supo derrotar a los siglos, los urus no solo perdieron su pasado y presente sino también su futuro.

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SIN PAZ NI AMOR

Juan José Toro Montoya

Por su esencia, las familias que deseen reunirse en la Nochebuena tendrán paz y amor por el solo hecho de estar juntas. Lamentablemente, esos sentimientos no pueden extenderse a un país que termina el año más dañado que cuando comenzó.
Sí. Hay estabilidad económica y los reportes del FMI y el Celam dan cuenta que el desempeño de Bolivia fue mejor que el de la mayoría de los países de la región, incluido el gigante Brasil, pero ni siquiera ese indicador positivo nos permite hablar de paz y amor cuando el ambiente en el que vivimos está repleto de violencia y odio.
Culpar al Gobierno es hacerle el juego a la escuálida oposición que se frota las manos creyendo que el declive en el apoyo al MAS permitirá un relevo del poder a mediano plazo. Si hablamos de violencia, esa que es ejercida contra la mujer y cuyo rostro más deleznable se mostró en el caso del suspendido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, es justo recordar que denuncias de esa naturaleza también afectaron a los opositores.
La violencia contra la mujer no tiene ideología y se manifiesta de igual forma entre oficialistas y opositores. Ni siquiera una ley de avanzada, y a veces hasta radical, como la 348, puede cambiar la mentalidad de un país machista en el que todavía se cree que la mujer debe vivir bajo la tutela del varón, aunque eso signifique soportar maltratos y humillaciones.
En estos días previos a la Navidad conocí un caso de esos, el de una mujer que vivió 24 años bajo el mando de un hombre golpeador que no le dejaba trabajar ni salir a la calle. En un aparente intento de tenerla encadenada al hogar, procreó seis hijos con ella. Ahora, cuando, cansada de los golpes, decidió dejar al marido, no faltan parientes que le aconsejan volver con él, para no quedarse sola con tantos hijos. Esa es, más o menos, la misma mentalidad que hizo que la mujer golpeada por el asambleísta paceño vuelva con él de manera pública.
Entonces, no puede haber paz en un país tan afectado por la violencia que el 80 por ciento de sus víctimas mujeres desisten de sus denuncias cuando se atrevieron a presentarlas ante las autoridades. ¿Y la violencia invisible, aquella que no se denuncia?
El otro factor de malestar es el odio, opuesto al amor que debería primar en estas fechas.
Aunque nos duela, debemos reconocer que en el país existe una ola de odio motivada principalmente por un Gobierno cuyas principales figuras más parecen vengadores de agravios del pasado.
El odio se percibe cuando nuestros gobernantes aprovechan los micrófonos para denostar a la oposición, insultarla y llenarla de calificativos. Y se percibe cuando se pasa de las acciones a los hechos y se persigue al que piensa distinto y hasta se lo encarcela. Ese odio se advirtió hace años, cuando el presidente Evo Morales maltrató públicamente a un periodista del diario La Prensa por una nota que se había publicado en ese medio y no le gustó al Gobierno. En las fotos del incidente se puede ver el odio en los ojos del jefe de Estado mientras miraba al informador que, para colmo, ni siquiera era el autor de la nota.
Pero la oposición no está lejos de esas acciones porque, aprovechando la impunidad de las redes sociales, también se dedica a destilar odio no solo criticando la gestión de Gobierno sino recurriendo al insulto, a la descalificación y al racismo.
Por ello, es probable que tengamos paz y amor en nuestras familias pero será difícil encontrarlos afuera.

 

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