Surazo

La palabra “patriarcalización” no existe en el idioma español y, aun así, es utilizada por los autores dedicados el estudio de la equidad de género. La definen como una forma de dominación del género masculino sobre el femenino pese a que “patriarcal” viene de “patriarca” que significa “persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad”. Puede que esa definición, tomada del Diccionario de la Real Academia Española, tenga una connotación machista pero, precisamente por eso, es mejor emplear el nombre “machismo” que es aquella “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”.

Y, si tomamos el caso de Bolivia, tendremos que rendirnos ante la evidencia de que, más que patriarcal, la nuestra es una sociedad machista. Solo así podemos explicar que en instituciones como la Policía Boliviana se degrade a una generala que ejercía el cargo de subcomandanta general para transferirla a las funciones de Directora Nacional de Educación y rectora de la Universidad Policial. Los motivos para el cambio son puramente machistas: el nuevo comandante general no se siente cómodo trabajando con una mujer.

No es el único caso, no es el primero ni será el último. Lamentablemente, pese a la vigencia de leyes contra la discriminación y violencia contra la mujer, en el país subsiste una mentalidad machista hasta en las propias mujeres.

Si duda de esa afirmación, nada más hojee las páginas de un periódico o escuche lo que las mujeres periodistas, radialistas o presentadoras de televisión dicen en los espacios informativos.

La clave está en los sustantivos. Existen sustantivos comunes en cuanto al género que no pueden utilizarse como masculinos o femeninos. Por ejemplo, “profesional” no puede convertirse en “profesionala” o bien “conferencista”, que tiene tendencia femenina, no puede utilizarse como “conferencisto”. Pero el idioma también ha evolucionado con las sociedades y, por ello, muchos sustantivos comunes que solo podían emplearse en masculino ahora admiten uso femenino. Los grados militares son el mejor ejemplo: la Real Academia Española ahora admite la utilización de generala, coronela y hasta soldada cuando el sujeto del que se habla es mujer.

Pese a ello, en las informaciones en las que se habla de la generala Rosario Chávez, afectada por el machismo en la Policía Boliviana, muchos medios de comunicación, incluso las mujeres que tratan el tema, se refieren a ella como “la general Rosario Chávez”.

Y ejemplos como esos abundan en los medios. Yo escucho a las presentadoras mujeres decir “la fiscal” al referirse a la fiscala departamental de Potosí, WillmaBlazz, mientras que una concejala de este municipio, que además es periodista, se refiere a sí misma y a sus colegas como “la concejal” cuando es admisible “la concejala”.

Es un problema de mentalidad. Las estructuras mentales de bolivianas y bolivianos están dominadas por el machismo y por eso se piensa en función masculina en una sociedad en la que lo femenino también existe y, por tanto, merece un lugar propio.
Y hasta ahora no se conoce de una ley que cambie mentalidades.

Es tan evidente la corrupción en el fútbol profesional que, cuando quise documentarme para escribir este artículo, encontré tantos sobre el tema en el archivo de mi columna que no supe cuáles utilizar como referencia.

Y es que esa corrupción estuvo ahí, a la vista de todos, cuando algunos árbitros no pitaban una falta clarísima o se inventaban infracciones en contra del equipo chico que enfrentaba al grande. En marzo de 2002, por ejemplo, los potosinos fuimos testigos de la deplorable actuación del árbitro ecuatoriano Pedro Senatore Ramos en el partido entre Real Potosí y Peñarol por la Copa Libertadores de América. Cuando le pregunté al entonces presidente del equipo lila, Samuel Blanco, si se impugnaría la actuación del colegiado, él me respondió que no porque eso significaba enfrentarse a un poderoso monstruo corporativo contra el que nada podía hacerse.

En ese entonces, la FIFA era una fortaleza inexpugnable cuya impunidad se replicaba en sus afiliadas. El blindaje que la cubría era sencillo: si algún gobierno intentaba inmiscuirse en el manejo de sus federaciones y/o asociaciones, el país involucrado sería desafiliado. Con esa amenaza, no sólo se arreglaba partidos sino campeonatos enteros; las sedes se asignaban a cambio de sumas estrambóticas que, en su parte no auditada, iban a parar a manos de los jerarcas quienes, luego de embolsillarse su jugosa tajada, repartían las sobras entre sus subordinados. Así también se arreglaban reelecciones como las que mantuvieron en el poder a hombres como Joseph Blatter, Julio Grondona o Carlos Chávez.

Hace un par de años, cuando esta columna comenzó a publicarse en el diario La Palabra del Beni, un dirigente de esa región se quejó ante la directora de ese periódico por el contenido de uno de mis artículos. Le dije que lo ignorara pero yo no pude seguir mi propio consejo cuando otro dirigente me llamó para protestar por el enfoque que se dio a la noticia de la última reelección de Chávez. En una larga conversación telefónica, el ofendido me dijo que el país no reconocía lo que el reelecto presidente de la FBF había hecho por el fútbol boliviano. Fue cuando tuve la sospecha de que el quejoso también formaba parte del esquema.

Hasta el 27 de mayo de este año, creí que la impunidad sería eterna pero los hechos volvieron a demostrarme que la justicia tarda pero llega. Altos dirigentes de la FIFA fueron detenidos en una investigación encabezada nada menos que por la fiscala general de Estados Unidos pero la principal cabeza, la de Blatter, seguía en su sitio.

La reacción de la Federación Boliviana de Fútbol fue la que podía esperarse. En un comunicado oficial colgado en su cibersitio el 29 de mayo, la institución rechazó las sospechas contra Chávez con un argumento contundente: “(Chávez) no aparece siquiera mencionado en el informe de la Fiscal estadounidense Loretta Lynch”. Fueron suficiente horas para que su nombre se involucre en el manejo de hasta 7,5 millones de dólares.

En el momento de escribir este artículo, Blatter había sido reelegido y renunciado a su cargo mientras que Chávez rechazó las acusaciones. La Fiscalía General de Bolivia anunció una investigación en contra del presidente de la FBF pero todavía no había rodado ninguna cabeza.

Pero el dedo ya está en la llaga. Ha llegado la hora de extirpar el pus del fútbol boliviano.

Decir que la muerte del bebé Alexander conmovió al país es redundante e innecesario. Todos nos estremecimos al conocer la noticia y nuestras reacciones fueron más o menos las mismas. Como consecuencia, un denominador común es la exigencia de modificar la legislación penal para evitar que hechos similares se repitan. ¿Será la solución?

Lo que queda más que claro es que la actual legislación penal es insuficiente. El 25 de marzo de 1999, cuando se promulgaba el Código de Procedimiento Penal impulsado por el entonces ministro de justicia, René Blattman, se dijo que estábamos dando un paso adelante en la materia. Teóricamente era cierto. La tendencia de entonces —que se mantiene hoy— es que la legislación debe humanizarse. La justicia penal tendría que ser preventiva y debería evitar los procedimientos inquisitoriales heredados de la colonia española. La intención era buena pero los resultados —que los estamos viendo ahora— son catastróficos.

Gracias a las leyes Blattman, existen miles de acreedores que no pueden cobrar deudas, se multiplicaron las estafas y, debido a que no se les puede detener más de ocho horas, muchos delincuentes huyeron y evitaron el castigo a sus fechorías. En contrapartida, la tasa de criminalidad se ha disparado. Delitos que antes se producían esporádicamente se han multiplicado y ahora no existen límites para los delincuentes. Los límites son los que pone la ley y, al haberse flexibilizado esta, actúan con mayor impunidad que antes.

La conclusión a todo esto es que nuestra sociedad no estaba preparada para una legislación avanzada. ¡Qué pena! (¡y qué vergüenza!)
Bajo esas luces, es lógico que la gente pida endurecer las penas.

La pena de muerte, abolida en la mayoría de los países del mundo, es una de las exigencias. El problema que trae la pena capital es que, por una parte, la historia ha demostrado que no es lo suficientemente intimidatoria para frenar el delito. Cuando un asesino tiene que matar, mata porque, a la hora de cometer su crimen, no razona ni considera los alcances legales de su acción. Simplemente actúa, generalmente impelido por pasiones bajas y malsanas. El otro gran problema es la falibilidad humana. ¿Qué pasa si el hombre al que se ejecuta por un crimen es inocente? Son muchos los casos —el más célebre es el de Caryl Chessman— en los que se descubre que el ejecutado era inocente de los crímenes por los que fue ajusticiado. ¿Qué se hace si se comprueba que se ejecutó a un inocente? Nada ni nadie logrará devolverle la vida.

Por tanto, la medida no ayuda a avanzar y, por el contrario, es un retroceso.

¿Qué se hace entonces? Algunos diputados electos, abogados de profesión, ya anticiparon que propondrán modificar la legislación penal con el fin de cambiar al sistema acumulativo. Me explico: el actual sistema es el de la máxima pena; es decir, si una persona es acusada de varios delitos, sólo se le aplica la que corresponde al más grave. En el sistema acumulativo, la sentencia es por cada uno de los delitos así que se va sumando los años de cárcel. Así, la pena máxima ya no sería 30 años sino que, por efecto de la suma, la privación de libertad sería mayor.

¿Será la solución? Si tampoco eso resulta, nuestra sociedad requerirá una cirugía cerebral.

García Márquez no fue el primero en desmitificar a Bolívar pero sí en colocarlo en un plano humano nunca antes abordado.

“El general en su laberinto” es una novela y, como tal, está cargada de ficción pero es la más histórica de las obras del Señor de Macondo. Para escribirla, tuvo que investigar a fondo al Libertador y, al igual que otros que lo precedieron en esa tarea, encontró datos sorprendentes.

En el libro encontramos a Bolívar en el final de su vida, envejecido a sus 47 años, mortalmente enfermo y prácticamente desterrado en la quinta San Pedro Alejandrino, prestada como todo lo que le rodeaba entonces. De su pasada gloria sólo quedan recuerdos y afuera, en un mundo del que sus enemigos se habían apoderado, está un creciente sentimiento anti-bolivariano que sólo es comparable con el odio.

En medio de sus dolores, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, apenas consigue alivio para sus achaques liberando los gases que atormentan a su estómago.

Muchos se indignaron con la visión que el Gabo ofreció del augusto Libertador de seis naciones pero nadie se atrevió a contradecirle históricamente. Años después, un periodista e historiador argentino, José Ignacio García Hamilton, recorrió los 67.000 kilómetros que Bolívar cubrió a caballo en sus campañas contra los españoles y acopió suficiente información como para hacer un cuadro humano del prócer. El resultado de ese trabajo fue la biografía intitulada simplemente “Simón” que, por una parte, confirma las referencias históricas de García Márquez y, por otra, aporta nuevos datos sobre el hombre, aquel a quien olvidamos por centrarnos en su figura de semidiós, omnipresente en las escuelas y colegios del país que lleva su nombre.

El libro de García Hamilton confirma que Bolívar fue bajo de estatura y el color de su piel correspondía al de un zambo. Su verdadera imagen está lejos de aquel hombre alto, blanco y espigado que vemos en el retrato que corona la cabecera del salón principal de la Casa de la Libertad, en Sucre, y del que el mismo Libertador dijo que fue pintado con “la más grande semejanza”. Confirmamos que, pese al eterno dolor por la muerte de su esposa María Teresa, fue un mujeriego empedernido entre cuyas amantes figuran hasta niñas de 14 años pero no existen suficientes pruebas que ameriten que haya tenido descendencia.

Como todo ser humano, Simón Bolívar estuvo lleno de defectos y tenía muchas limitaciones pero su gran mérito es que logró imponerse a estas con el fin de alcanzar la mayoría de sus objetivos. Sólo así se explica que, entre tantos masones que conspiraron para lograr la expulsión de los españoles, haya sido él quien lo haya logrado.

Su gran sueño era la integración americana, la formación de un gran Estado sobre la base de los territorios liberados, pero no lo logró porque en estos existían caudillos locales que no estaban dispuestos a perder sus privilegios —Casimiro Olañeta es el más repugnante ejemplo— y, para rematar su destino, rompió involuntariamente con la masonería en 1830, dos años después del atentado urdido en su contra, y así comenzó un declive que degeneraría en su muerte el 17 de diciembre de ese año. 

El martes se cumplieron 183 años de aquel deceso pero nadie lo mencionó, ni siquiera el gobierno que lo ha convertido en el icono de una revolución que poco tiene que ver con el verdadero pensamiento bolivariano.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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