Tinku Verbal

Recientemente, me enteré que hay hombres que se mantienen en sus fuentes laborales sólo por haber embarazado a sus esposas gracias al artículo 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala la “inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.

Sin embargo, no se percatan que la misma CPE limita aquella previsión en el artículo 64.I: “los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender (…) el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores (…)”.

La primera referencia constitucional protege al trabajador, la segunda lo obliga a cuidar su fuente laboral para garantizar la educación y formación integral de su descendencia.

Ambas demuestran que la inamovilidad laboral no es absoluta, lo que significa que no puede ser abusada por un padre irresponsable, que incumple su contrato o abandona su trabajo, como sucede en algunos casos. Si abusa, viola el artículo 64.I y desconoce su deber de asegurar el “desarrollo integral” de sus hijos, tal y como establece el artículo 59.I de la Constitución.

Es más, ignora un principio esencial del Estado Plurinacional establecido en el artículo 8.I de la Carta Fundamental: ama quella (no seas flojo). Con mayor razón y por la responsabilidad que tiene con sus hijos e hijas un padre o progenitor no puede ser un flojo.

De ese contexto jurídico deducimos que el trabajo no sólo es un derecho, sino un deber y un medio para garantizar el buen vivir de hijos e hijas. Obviamente, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones socioeconómicas para la creación de fuentes laborales, pero el empleado tiene el deber de buscar las oportunidades y conservar su fuente laboral con honestidad y lealtad.

El trabajo no busca a una persona, la persona busca al trabajo, y el Derecho del Trabajo o Laboral protege al que lo merece e invoca por vulneración en sus derechos. Por tanto, se presupone que un progenitor debe ser un buen trabajador y no violador de derechos de sus compañeros o de la persona jurídica que la emplea, pues, si bien la CPE prohíbe el despido injustificado, mas no el justificado. 

Aunque en el Ministerio de Trabajo aún creen que el progenitor “es intocable”, la Constitución no admite que se premie el progenitor abusivo y el Tribunal Constitucional (SC479/2006) lo interpretó en ese sentido porque no es justo que se premie al padre abusivo y se sancione a la persona jurídica que cumple con la ley.

La lógica jurídica es sencilla: para preservar el derecho al trabajo hay que preservar la fuente laboral y para ello hay que cumplir a cabalidad el contrato laboral.

Un juez o una autoridad jurisdiccional o administrativa no puede aplicar la letra muerta de la ley en desmedro de la misma CPE; para evitar la irracionalidad jurídica y las injusticias tenemos la obligación moral y constitucional de interpretar el derecho según las circunstancias de cada hecho.

De otro modo, se entendería también de manera absoluta el artículo 48.II de la Constitución, que establece la “inversión de la prueba a favor de la trabajadora o el trabajador”. Una cosa es la “inversión de la prueba” y otra la mentira. Empero, algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo piensan que este principio loable es para garantizar al trabajador a mentir y calumniar. Lo peor es que toman en cuenta sólo esa palabra falsa y no las pruebas reales del empleador.

Y no es ni debiera ser así, porque la misma Ley Fundamental prohíbe la mentira (ama llulla) en el artículo 8.I. Es más, señala que una persona no debe ser floja ni mentirosa ni ladrona, por el contrario debe trabajar para lograr el suma qjamaña (vivir bien) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Por ello es sorprendente escuchar a algunos servidores públicos insinuar que un progenitor puede abusar de su “mérito” de haber embarazado, mentir todo lo que quiera y ser flojo cuando quiera. ¿Cuál el argumento jurídico para razonar de este modo? Ninguno más que creer que esa cartera de Estado está para defender al “empleado” así éste sea un delincuente. Bajo ese razonamiento, en realidad, estarán defendiendo a flojos, mentirosos y ladrones y no a trabajadores.

Menos mal que en Bolivia nos regimos por la CPE (Art. 410) que está por encima de funcionarios y malos juristas que creen que el derecho es la mera aplicación rígida de la ley, cuando en realidad es la aplicación del derecho a cada hecho.

El franquismo controló en España por cuatro décadas la televisión, la radio, los periódicos, escribe Ignacio Ramonet. Es decir, cuatro generaciones crecieron durante la presidencia del dictador Franco. Sin embargo, en las primeras elecciones democráticas, el partido franquista no llegó ni al 1% de votos. ¡Vaya sorpresa! ¿Cómo se explica que tanta propaganda y casi durante medio siglo no haya logrado controlar la realidad y menos las mentes de esas cuatro generaciones? Algo falló. El Franquismo controló los medios, pero no las mentes, diríamos parafraseando la ecuación huxleyana.

En Bolivia, durante casi 20 años los partidos llamados de la corriente neoliberal dominaron y controlaron casi la totalidad de medios. Algunos de sus militantes tenían hasta media docena de frecuencias de radios y canales de televisión. Empero, sus candidatos no llegaban ni al 40%  de votación, incluso sumando entre todos sus votos. Y si había cierta confianza en la eficacia propagandística de esta maquinaria mediática se diluyó cuando fue derrotada, en 2005, junto a sus candidatos por un partido y un candidato que no controlaba un solo medio. ¿Qué pasó? El neoliberalismo controló medios, pero no la decisión del electorado.

Entre 1981 y 1989, el dictador polaco W.W. Jaruzelsky llegó a controlar absolutamente todos los medios del país. No quedaron ni los muros para pintar graffitis fuera del alcance del régimen. Confiado en que con esta ventaja iba a ganar con más del 74% de votos convocó en 1989 a elecciones. Pobre Dictador, casi se murió de rabia cuando se entera que de 100 escaños en el Senado, apenas logró uno, los 99 restantes los consiguió la oposición, que no tenía ni siquiera una radio pirata para emitir sus mensajes.

Un caso más cercano para no irnos tan lejos con nuestros ejemplos, Chile, donde el tirano Pinochet controló desde 1973 todo el sistema de comunicación. Armó, en alianza con sus partidarios, medios “influyentes”, entre ellos periódicos. Pinochet creyó que gobernaba el país gobernando los medios. Entonces, organizó un plebiscito en 1988 para darse un baño de democracia. Perdió como en la guerra, el 56% le dijo NO y sólo el 43%  sí. La oposición no tuvo posibilidades de hacer campaña, apenas logró una concesión de 15 minutos diarios en la televisión.

Algo más reciente. Cuando Hugo Chávez se enteró en 2010 que sólo el 5.4% de la audiencia miraba los canales de televisión controlados por su gobierno y que el 94,6% de la audiencia se informaba a través de medios que no eran oficialistas (61,4% canales privados y 33,1% cable), vehiculizó la expansión del principal canal estatal (VTV), creando cuatro más (TVES, Vive TV, TV Catia, Asamblea).

La presión política, la no renovación de licencias, la compra de acciones de medios privados, la cooptación y una reforma a la Ley de Contenidos, que faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) reglamentar (controlar) los aspectos técnicos y los mensajes, fotos y vídeos difundidos por la web, arrinconaron a los medios no oficialistas, sin embargo no lograron arrinconar el descontento popular, que se manifestó en las elecciones que apenas ganó su heredero Nicolás Maduro (50.66% frente a 49.07% de Capriles) pese a todo el aparato que tenía. Ni el voto póstumo funcionó ni las sospechas de fraude se disiparon. El régimen controló los medios, pero no las mentes, hoy apenas sobrevive.

¿Qué pasa? ¿Por qué el totalitarismo cree que controlando los medios va a controlar a la opinión pública? Los medios no cambian las opiniones, solo las refuerzan porque los públicos contrastan la realidad mediática con la suya. Además, sintonizan o leen aquellos con los cuáles se identifican, por ello, generalmente los medios gubernamentales tienen poca audiencia, pues, carecen de diversidad, se dirigen sólo a los convencidos, cansan con la imagen del gobernante y desprecian la inteligencia de la sociedad que no acepta divinidades.

Honorio recuerda que la primera vez que su padre recibió dinero del Estado, de forma directa, fue el Bonosol ($us250 al año) en 1997, durante el gobierno neoliberal del MNR. Don Leandro cumplió el mes pasado 85 años. Su esposa, doña Alejandrina, celebrará 69 en enero. Ambos hoy reciben mensualmente la llamada Renta Dignidad, que consiste en Bs140 mes para cada persona mayor de 60 años. 

Honorio tiene dos hijos, quienes ya van a la escuela, y su esposa Victoria está embarazada otra vez, lo que significa que viene el tercero. A ella el Estado le paga el bono Juana Azurduy, que se traduce en Bs200 por las cuatro revisiones prenatales (Bs50 por cada una), Bs120 por el parto y Bs125 por cada control médico que tenga el niño hasta que cumpla dos años. Por si faltara dinero a algún miembro de la familia, sus niños reciben desde hace dos años el bono Juancito Pinto (Bs200 anuales cada niño). Es decir, el Estado entrega a esta familia de manera directa alrededor de Bs4.580 al año.

¿Hay algo para Honorio? Claro, el año pasado se benefició con una vivienda financiada por el Estado, él sólo puso la mano de obra. Además, recibió una bomba de agua, un molino y un tractor para su comunidad y tiene la posibilidad de acceder al seguro agrícola si golpea una granizada o una helada sus sembradíos. En resumen, como nunca antes, todos los miembros de esta familia que vive entre el área rural y una población suburbana se benefician con recursos del Estado.

El Estado, que había excluido a gente como Honorio durante siglos, hoy es su principal benefactor. Él mismo se considera ahora Estado o parte de él. Este viaje histórico comenzó en cierto modo con sus abuelos en Abril de 1952, (con la Revolución Nacional) cuando quedó “constatado” que la tierra, el voto, el país también eran suyos, pero no el Estado, por lo que lo resistieron y declararon su enemigo ideológico, político y cultural durante años. La larga lucha prosiguió en el Estado Neoliberal, donde, finalmente, se convencieron que la democracia liberal sirve para tomar el poder.

Dadas estas circunstancias, ¿cómo actuará esta familia en las elecciones nacionales de 2014? ¿Cuántas familias como ésta hay en el país? ¿Quién será su candidato preferido? La primera respuesta está en la punta de la lengua: votarán por el MAS y su candidato Evo Morales, aunque en política nada está cerrado ni definido hasta el último voto.

¿Tiene los mismos beneficios una familia de clase media que vive en una ciudad? Probablemente familiares de la tercera edad y niños y niñas reciban los bonos correspondientes, pero a papá y mamá no les llegue nada en directo. Sin embargo, reciben algunas cosas indirectas que los toman como obligación de cualquier gobierno, por tanto no retribuible, lo que significa que a la hora de votar opten por candidatos y partidos diferentes.

¿Cuál la causa para que esta familia no razone igual que la primera? Sus valores. Éstos lo inducen a comprender la democracia como espacio de convivencia, respeto a la Constitución, alternancia en el poder, transparencia, interculturalidad real, justicia, pluralismo. No es que la primera familia no tenga valores, sencillamente, ella está estrenando la democracia económica, social, cultural y se declara satisfecha por ahora.

En cambio, la segunda huele en el régimen benefactor de la primera el peligro de totalitarismo, arbitrariedad, uniformización de pensamiento, control aplastante de los poderes, abuso de poder, hipocresía, vinculación indirecta de sus bases con la ilegalidad (narcotráfico, contrabando, evasión impositiva), incoherencia entre lo que dice y hace.

En medio de estas dos familias hay otra que, definitivamente, se siente desplazada por el Estado Plurinacional y sufre en carne propia lo que antes sufrían los miembros de la primera: exclusión.

Por esos espacios donde viven Honorio y los suyos y los otros circulan bonos y votos. En unos pesará el candidato, los beneficios directos; en otros, el programa, valores e instituciones de la democracia.

Durante años, los cocaleros gritaron “kawsachun coca, wañuchun gringos” (viva la coca, mueran los gringos). Desde este año no hay un solo gringo antidroga en el país para quien exigir muerte. Pero hay mucha coca y muchos cocaleros y se calcula al menos 17.000 comerciantes que compran y venden al mes 6.000.000 de libras de la hoja. Encima, Apolo demostró que la coca no solo causa muerte cuando es cocaína, sino en su estado natural.

Desde el 2006, esa “arenga de guerra” se fue deslegitimando porque los cocaleros pasaron de ser las víctimas a mimados del poder, por no decir poderosos. Entonces, comenzaron a reproducir los errores de sus antecesores, los neoliberales, que empezaron a despertar bronca popular cuando dictaron normas a la medida de sus empresas, militantes y cuando usaron el Estado para proteger sus turbios negocios.

La historia se repite desde el 2006, cuando el MAS decide aprobar un caparazón constitucional para los cocaleros, a través del artículo 384 de la Constitución que dice: “El Estado protegerá a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Este artículo es un pegote paradójico entre la biodiversidad, áreas protegidas y recursos forestales. En la vida real la coca se va comiendo la biodiversidad y las áreas protegidas y el gobierno, al igual que el MIR, ADN, MNR, no logra resolver este problema.

El 2011, la ONU estableció que el 94% de la coca del Chapare se va al mercado ilegal. Dicho de otro modo, casi toda la hoja producida en esa región, a excepción de los catos de Evo Morales y de unos cuantos más, va al narcotráfico. El gobierno sabe que es así, pero deja hacer y deja pasar, rayando en una peligrosa complicidad.

El 2007 el gobierno convenció a la Unión Europea hacer un estudio para determinar la cantidad de hectáreas que requiere Bolivia para uso tradicional. La investigación debió terminar en 18 meses, es decir el 2008, pero recién lo acabaron el 2010, hace tres años, sin embargo, no lo publican hasta hoy. ¿Por qué? Según fuentes extraoficiales, la investigación establece apenas seis mil hectáreas. Obvio, si difunden esos datos, la conciencia pública exigirá, automáticamente, la erradicación de las 21.200 hectáreas innecesarias (en este momento, hay 27.200). Esto significaría para el MAS la erradicación de sus bases.

A esos tres privilegios se suma la cantidad de dinero destinado a esa región. Sólo el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) invirtió, entre el 2006 y 2012, Bs116.018.332,59.  Estados Unidos puso, entre 1983 y 2008, a través de Usaid, $us250 millones. Irán otorgó un crédito para dos plantas de la empresa estatal de Lácteos Bolivia (Lacteosbol), en Ivirgazama y Villa 14 de Septiembre. Otra agencia estatal opera una procesadora de palmito en Shinahota. La planta de urea y amoniaco, ubicada en esa zona, tiene un costo de $us844 millones. No hay que olvidar Papelbol, edificado sobre la desaparición de $us13 millones, en Villa Tunari. Por si fuera poco, Morales comprometió en julio de 2012 una inversión de más de $us12 millones para la construcción de una planta industrializadora de miel y $us8 millones para una segunda procesadora de cítricos. A esta danza millonaria, se suman los proyectos Evo Cumple, materializados en mercados, coliseos. Y si faltara algo más, están los proyectos termoeléctricos y de carreteras. En este último rubro existe una inversión congelada para la vía que partirá en dos el TIPNIS.

¿Quién puede decir que los cocaleros no son poderosos? Llegan a su zona dineros legales e ilegales. Estos privilegios comienzan a despertar bronca popular como contra los neoliberales. Por ello, ya se balbucea, una nueva arenga: “Kausachun Bolivia, wañuchun cocaleros”. (Viva Bolivia, mueran los cocaleros). Pero, Morales está a tiempo de evitarlo.