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Durante años, los cocaleros gritaron “kawsachun coca, wañuchun gringos” (viva la coca, mueran los gringos). Desde este año no hay un solo gringo antidroga en el país para quien exigir muerte. Pero hay mucha coca y muchos cocaleros y se calcula al menos 17.000 comerciantes que compran y venden al mes 6.000.000 de libras de la hoja. Encima, Apolo demostró que la coca no solo causa muerte cuando es cocaína, sino en su estado natural.
Desde el 2006, esa “arenga de guerra” se fue deslegitimando porque los cocaleros pasaron de ser las víctimas a mimados del poder, por no decir poderosos. Entonces, comenzaron a reproducir los errores de sus antecesores, los neoliberales, que empezaron a despertar bronca popular cuando dictaron normas a la medida de sus empresas, militantes y cuando usaron el Estado para proteger sus turbios negocios.
La historia se repite desde el 2006, cuando el MAS decide aprobar un caparazón constitucional para los cocaleros, a través del artículo 384 de la Constitución que dice: “El Estado protegerá a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
Este artículo es un pegote paradójico entre la biodiversidad, áreas protegidas y recursos forestales. En la vida real la coca se va comiendo la biodiversidad y las áreas protegidas y el gobierno, al igual que el MIR, ADN, MNR, no logra resolver este problema.
El 2011, la ONU estableció que el 94% de la coca del Chapare se va al mercado ilegal. Dicho de otro modo, casi toda la hoja producida en esa región, a excepción de los catos de Evo Morales y de unos cuantos más, va al narcotráfico. El gobierno sabe que es así, pero deja hacer y deja pasar, rayando en una peligrosa complicidad.
El 2007 el gobierno convenció a la Unión Europea hacer un estudio para determinar la cantidad de hectáreas que requiere Bolivia para uso tradicional. La investigación debió terminar en 18 meses, es decir el 2008, pero recién lo acabaron el 2010, hace tres años, sin embargo, no lo publican hasta hoy. ¿Por qué? Según fuentes extraoficiales, la investigación establece apenas seis mil hectáreas. Obvio, si difunden esos datos, la conciencia pública exigirá, automáticamente, la erradicación de las 21.200 hectáreas innecesarias (en este momento, hay 27.200). Esto significaría para el MAS la erradicación de sus bases.
A esos tres privilegios se suma la cantidad de dinero destinado a esa región. Sólo el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) invirtió, entre el 2006 y 2012, Bs116.018.332,59. Estados Unidos puso, entre 1983 y 2008, a través de Usaid, $us250 millones. Irán otorgó un crédito para dos plantas de la empresa estatal de Lácteos Bolivia (Lacteosbol), en Ivirgazama y Villa 14 de Septiembre. Otra agencia estatal opera una procesadora de palmito en Shinahota. La planta de urea y amoniaco, ubicada en esa zona, tiene un costo de $us844 millones. No hay que olvidar Papelbol, edificado sobre la desaparición de $us13 millones, en Villa Tunari. Por si fuera poco, Morales comprometió en julio de 2012 una inversión de más de $us12 millones para la construcción de una planta industrializadora de miel y $us8 millones para una segunda procesadora de cítricos. A esta danza millonaria, se suman los proyectos Evo Cumple, materializados en mercados, coliseos. Y si faltara algo más, están los proyectos termoeléctricos y de carreteras. En este último rubro existe una inversión congelada para la vía que partirá en dos el TIPNIS.
¿Quién puede decir que los cocaleros no son poderosos? Llegan a su zona dineros legales e ilegales. Estos privilegios comienzan a despertar bronca popular como contra los neoliberales. Por ello, ya se balbucea, una nueva arenga: “Kausachun Bolivia, wañuchun cocaleros”. (Viva Bolivia, mueran los cocaleros). Pero, Morales está a tiempo de evitarlo.
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