Cara o Cruz

El Vicepresidente está en una franca campaña contra la república. Todo lo que ocurrió antes, dice García Linera, no tiene valor. Le achaca a los gobiernos previos todos los males. En sus recientes discursos ante públicos diversos señala cosas como: “en el pasado, los gobierno deseaban mantener a la gente en la pobreza, en la miseria, no quería que los niños se sanen y querían regalar todo a los gringos”.
Es más grave lo que hizo hace poco frente a dirigentes interculturales al explicar la causa marítima ya que se lanzó especialmente contra “los doctores” para insistir en que fue un “campesino” (Evo Morales), el que logró el éxito en La Haya. Al atacar a los “doctores”, una forma de retratar a las élites bolivianas del pasado, García Linera está atacando a toda la estrategia jurídica boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. En su esfuerzo por lograr la reelección suya y la de Evo a toda costa,  en el nuevo modo en el que está, en el que adora hablar por horas y horas, el Vicepresidente no logra reprimirse y, así, afecta la argumentación nacional. Justamente la estrategia del país ha sido construir sobre lo que los “doctores” hicieron en 136 años de historia, en muchas veces complejas, agotadoras y descorazonadoras negociaciones con Chile. Precisamente allí está la fuerza del planteamiento boliviano (y debilidad chilena), en recordar el pasado y haber convertido esta lucha en una política de Estado.
Pero no yerra García Linera del todo. Es correcto que fue Evo, “un campesino”, quien decidió emprender, en una carrera inicialmente un poco a ciegas, el proceso judicial internacional. Se debe reconocer que su intuición, aunque no hubiera sabido todavía, cuando hizo el anuncio en 2011, qué pasos seguirían después, acaba de implicar un gran triunfo internacional como es el reciente fallo de La Haya. Es un inicio de un proceso largo que podría desembocar en la consolidación de una nueva etapa de la historia boliviana.
¿Pero y los “doctores”? ¿Por qué negar su aporte? No solo los del último siglo, de esa república con fallas que el gobierno intenta desacreditar más de lo que merece, sino también los de ahora. No hay más representación de “doctores” que dos personajes claves en este asunto, como son Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa, además de excancilleres como Armando Loaiza, hoy de capa caída, y Gustavo Fernández y Javier Murillo, en este éxito. Todos ellos tienen una línea ideológica contraria al gobierno y todos fueron cruciales para el resultado obtenido. La inteligencia y pragmatismo del gobierno hizo que fueran convocados. El patriotismo de los mencionados los hizo aceptar el desafío pese a sus claras diferencias con el gobierno. Y si es así, ¿por qué el Vicepresidente se regodea en atacar a los “doctores”? ¿O algún “masista genuino” podría haber tenido, por ejemplo, la solvencia que mostró Mesa en el canal estatal chileno? No hay ninguno de ese nivel. ¿Qué hubiera hecho García Linera en ese set? ¿Hablar de comunitarismo y marxismo-leninismo? Y, a propósito, el menos “doctor” de todos ellos, el canciller David Choquehuanca, “otro campesino” para seguir con la etiqueta del Vicepresidente, es hoy el más aislado de los políticos que tienen que ver con este tema. (No vale la pena comentar el dislate de la ministra Marianela Paco de insinuar que Mesa es un “antripatriota” porque dijo que votará No a la reelección de Evo).
Tras casi un siglo desde el fallido intento boliviano de llevar el tema a la Liga de las Naciones, Bolivia estuvo en un callejón sin salida. El tratado de 1904 era como un sino ineludible. Todo había sido zanjado, creíamos. Pero otro de los “doctores”, Ramiro Orías, empezó a fines de los 90 a mascullar la idea de que se podía llevar a Chile ante un estrado internacional eludiendo el Tratado de 1904. Orías, un abogado internacionalista, ha debido sentir que araba en el desierto, durante años, mencionando su idea. “Bolivia debe procesar a Chile”, decía, “usando el concepto de ‘actos unilaterales de los Estados’”, que generan una obligación de éstos. Los Estados, asegura esta relativamente nueva concepción del derecho internacional, no pueden, así nomás, prometer cosas a otros. Su palabra empeñada debe traducirse en hechos.
Orías, que era consultor de Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX) de la república que tanto odia García Linera, presentó en 2000 su documento, en el que propuso dejar de lado la estrategia de intentar afectar la vigencia del Tratado de 1904 y a cambio plantea “iniciar una nueva negociación jurídica internacional para acordar una salida libre y soberana a las costas del Pacífico, tal como Chile ha ofrecido de manera expresa y formal en 1895, 1920, 1923, 1926, 1950, 1953, 1961, 1975 y 1987”. Y esa idea fue el centro de la argumentación boliviana en La Haya.
Con su proverbial modestia, Orías, a quien el gobierno actual le negó participar del proceso debido a que es un supuesto “neoliberal”, le dijo a Isabel Gracia de ANF hace unos meses: “me alegra que lo que yo propuse haya contribuido a la presentación de la demanda, aunque me hubiera gustado tener un rol como asesor”. Hoy trabaja en EEUU. El “Estado Plurinacional” de García Linera tiene el raro privilegio de haber alienado a uno de los actores cruciales del éxito diplomático más importante en décadas.

¿Cuándo se acaba una democracia? Excepto que ello ocurra a través de un golpe de Estado, ¿existe un momento preciso en el que se puede decir que un país ya no vive bajo un régimen plenamente democrático? ¿O ello ocurre tan lentamente que, de repente, la sociedad despierta y se da cuenta que la democracia es cosa del pasado?
¿Y en Bolivia, cómo estamos? Pienso que sí, que todavía vivimos en democracia y uno de las pruebas es que esta columna pueda ser publicada libremente. ¿Pero esa democracia goza de buena salud? ¿Y en qué grado de “mala salud”, puede decirse que ya no es tal?
En 2025, cuando el gobierno de Evo Morales esté ingresando a su año número 20 ¿qué democracia tendremos? Para entonces habrá escasos medios independientes, si acaso quede alguno, no habrá fundaciones y ONG críticas, el Defensor del Pueblo será un militante probado del MAS, los partidos opositores estarán destruidos y no existirán sindicatos al margen de los del oficialismo (ya ahora están cooptados o fueron divididos cuando presentaron resistencia).
¿Puede haber democracia si un candidato-presidente tiene 6.000 millones de dólares en inversión pública para hacer obras e inaugurarlas a un ritmo de tres por día mientras los otros están al margen? ¿Cómo se entiende la democracia si el candidato-presidente tiene a disposición un lujoso avión para hacer campaña, guardias de seguridad que le amarran los guatos, viáticos para él y todo su equipo, medios de comunicación para transmitir sus discursos en directo, grupos de choque para hacer el coro y organismos internacionales que le hacen claque, mientras los demás solo pueden mirar de palco?
¿Qué sentido tiene la democracia si los alcaldes y gobernadores no pueden emitir un criterio sobre los referendos autonómicos? ¿Si el Tribunal Constitucional está bajo control directo de la Vicepresidencia? ¿Si los jueces responden al Ministerio de la Presidencia y están atemorizados de emitir fallos contrarios al oficialismo? ¿Si las FFAA son un partido político aliado al oficialismo? ¿Si los empresarios prefieren callar antes de que Impuestos Nacionales les quite un buen trozo de sus utilidades?
La democracia tiene a la participación, y dentro de ella, al voto, como requisito central. Pero no es el único. A parte de sufragar, también se necesita que exista un Estado de Derecho, que se refleja en una justicia independiente, el hecho de que todos estén bajo el mandato de la ley y que se asegure la alternancia en el poder a través de darle a todos los actores igualdad de condiciones. En ese sentido, Bolivia es cada vez menos democrática, porque la justicia es controlada por el oficialismo a su antojo, no hay igualdad de condiciones y se viola con toda tranquilidad a la propia Constitución (por ejemplo declarando “irregulares” a las ONG disidentes, lo que afecta el derecho de libre asociación). Metieron preso a Carmelo Lens, el más reciente de la lista, solo ante la denuncia de un corrupto exfuncionario, y no pasó nada. Sigue ahí, a la sombra, soportando esta muestra de abuso de poder del MAS en el Beni. Cada vez habrá más Carmelos Lens, y en cada ocasión, nadie protestará.
¿Puede haber una democracia si no hay nadie que le diga al Presidente que no debe hacer un reactor nuclear, que es estúpido construir estadios que alberguen a tantos espectadores como la publicación total de la localidad, que necesitamos eludir el extractivismo para generar un verdadero desarrollo, que en vez de construir canchas debe invertir en hospitales? (“Pero, en ese caso, ¿dónde voy a jugar fútbol?”, debe preguntarse el Presidente. “¿En el pabellón de pediatría?”).
La alternancia en el poder es sabia porque tiende a evitar la corrupción (como un determinado político sabe que se irá, entonces se inhibe de robar ante posibles represalias de los que lleguen al poder después de él); genera ideas frescas y renovadoras (por ejemplo no hacer reactores nucleares o inundar el Madidi con una represa); activa la competencia política y así los electores tienen más donde escoger; evita la concentración de poder y, en ese caso, se respetan los derechos humanos y garantías básicas (en los gobiernos antes de Evo hubiera sido una locura cerrar ONG o meter presos indefinidamente a los opositores).
¿Y cuándo Evo cumpla 25 años en el gobierno, en 2030, qué país tendremos? ¿Estaremos como Zimbabue, que tiene a su eterno  Mugabe, que lleva 27? ¿O como Guinea Ecuatorial, en el que Obiang gobierna ya por 36 años? ¿O como Uganda, en el que Museveni está en el poder 29? ¿O como Camerún, que tiene a Biya en el gobierno desde hace 33 años? Advertencia: todos ellos ganan elecciones cada cuatro o cinco años y se vuelven a postular “a pedido del pueblo”. Advertencia número 2: todos esos países están sumidos en la pobreza, la corrupción y la violación de derechos. / Raúl Peñaranda es periodista

No es solo su limitada visión económica la que impulsa al Vicepresidente Álvaro García Linera a impulsar casi exclusivamente tareas extractivistas para lograr crecimiento económico. Su estrecha mirada, en la cual (casi) solamente ingresan opciones como perforar yacimientos gasíferos o mineros además de construir represas, tiene también un transfondo político.

Pero vayamos por partes: la tragedia boliviana se llama el extractivismo. Somos el país más pobre de Sudamérica, entre otras cosas, porque hemos basado nuestro desarrollo casi exclusivamente en extraer minerales o petróleo (o depender de la goma). Durante casi 300 años de colonia y 200 de república a eso hemos apostado, y así nos ha ido. En la última década, con precios altos de las materias primas, no se ha hecho más que enfatizar ese modelo de desarrollo.

El Vicepresidente es el principal defensor de esa política. Acaba de decirlo en una charla magistral en Chile: “si solamente te dedicas a proteger a la Madre Tierra ¿con qué alimentas a la gente?” ha señalado con una sorprendente mezcla de ingenuidad y cinismo. O sea que él no concibe otro camino para alcanzar el desarrollo. La elocuencia de esa declaración es entristecedora, sobre todo porque la literatura económica demuestra que los países que hacen depender su desarrollo de la extracción de materias primas son también, casi siempre, los más pobres. El caso boliviano lo confirma.

El gobierno desea avanzar ahora a otros ámbitos, cercanos al extractivismo: la construcción de represas para generar electricidad. Ya ha firmado un contrato con una empresa italiana para construir una represa en el estrecho de El Bala, en el río Beni. En un año estará listo el informe y luego, ha señalado García Linera, se empezará a construir la megaobra. Una estimación señala que la represa tiene un precio exorbitante, de unos 7.000 millones de dólares, para producir 4.000 megavatios de electricidad, que se exportaría a los países vecinos. Podrían obtenerse al año unos 1.600 millones de dólares para el fisco, un 13% del total de las exportaciones.

No solo es descomunal el costo económico, evidentemente. Lo es más el costo medioambiental. El precio que hay que pagar para que se cumpla este capricho gubernamental es, nada menos, inundar el Madidi, el parque natural más importante de Bolivia y uno de los lugares más bellos del mundo. Es de terror.

¿Vale la pena? ¿Invertir 7.000 millones de dólares para exportar 1.600 millones al año? ¿A costo de inundar el Madidi y verse obligado a trasladar a unas 300 comunidades indígenas? ¿E infligir un daño irreparable al medio ambiente?

Lo lógico sería, en un lugar de hermosura privilegiada como es el Madidi y todo la Amazonía boliviana, alentar otras tareas, como el turismo. Tal vez no captaría esa cantidad de divisas pero su efecto beneficioso es que generaría mano de obra intensiva y ayudaría ampliamente al desarrollo ya que demanda innumerables servicios y productos, entre otros la compra de alimentos. Es mejor que vender electricidad.

¿Y por qué el gobierno no opta por esta otra vía? ¿Por qué insiste en abrazar políticas que ponen a la naturaleza en serio riesgo? Como decimos líneas arriba, por razones políticas: el ecoturismo genera una riqueza que se distribuye en muchas manos, por ejemplo comunidades indígenas, guías turísticos y propietarios de hoteles y albergues, además de los que proveen los servicios directos e indirectos. El dinero del turismo se queda en el país, genera bienestar y podría ayudar a producir un círculo virtuoso del desarrollo. Pero le quita al gobierno la posibilidad de obtener recursos fiscales para manipular a la ciudadanía, chantajear a los votantes y mantener un centralismo secante. Mil millones de dólares distribuidos entre miles de personas dedicadas al turismo, por seguir con ese ejemplo, no es lo mismo que 1.000 millones de dólares en la caja chica del gobierno para construir canchas de fútbol y hacer microinauguraciones todo el año. En todo caso, las microinauguraciones son mejores que las macro. El gobierno insiste en construir el Batán, un estadio para 60.000 personas a un costo de 80 millones de dólares, pese a que el actual campo, el Félix Capriles, pasa vacío todo el año. Esa y otras decenas de obras, como un aeropuerto “internacional” en Oruro que no tiene vuelos, un estadio en Chimoré con tanta gente como habitantes posee esa localidad y fábricas de papel que arrojan pérdidas. El malgasto galopante se debe a que los caprichos del Jefe no tienen freno.

El extractivismo estatista tiene una explicación ulterior: mantenerse en el poder por el mayor tiempo posible, de manera indefinida.

Chau democracia.

Ahora que el Gobierno está entusiasmado con la posibilidad de introducir reformas en la Constitución Política del Estado se podría empezar por cambiarle el nombre el país. En vez de Estado Plurinacional propongo Estado Pluri-fiscal, considerando el gran poder que han adquirido estos personajes, que junto a jueces, policías y ciertos abogados han conformado redes de corrupción y de violación de derechos humanos que parece que nadie puede enfrentar.

El último caso es el del periodista Carlos Quisbert, de El Diario, quien fue enviado a San Pedro por el malhadado informe del fiscal Marco Antonio Vargas y la inopinada decisión de la jueza Lorena Camacho. Quisbert entró en el penal de Qalauma sin identificarse como periodista y le entregó a una detenida del denominado Caso del bebé Alexander dos notas manuscritas de otra involucrada en el que le pide que converse con el reportero y que le ayude a éste a identificar la verdad de los hechos.

Ninguna de las dos cosas es ilegal, deberían saberlo el fiscal y la jueza mencionados. Los periodistas tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, de ingresar en los centros de reclusión y los internos tiene derecho a hablarles si así lo desean. Es una bobada gigantesca decir, como ha afirmado Vargas, que lo que Quisbert estaba haciendo era “obstruir” el trabajo de la justicia. Y la jueza no se queda atrás: decir que había “riesgo de fuga” del periodista y que por eso ordenó su internación en San Pedro no tiene base alguna. Quizás el problema está en el tema que estaba investigando Quisbert: la trágica muerte del bebé Alexander en noviembre pasado, que demuestra la chapucería e ineficiencia de los fiscales que, tras haber realizado ocho detenciones y decenas de entrevistas todavía no saben si quiera con precisión las causas de la muerte del infante. Menos aún quien fue el homicida, si existe alguno.

La fortuna de Quisbert es ser periodista. La ciudadanía se ha movilizado, lo mismo que el gremio de comunicadores, para ayudarlo. Incluso el ministro de Gobierno ha interpuesto sus buenos oficios. La campaña de presión está bien encaminada y Quisbert podría salir en libertad pronto (cuando se escribe esta columna seguía detenido). Pero es un solo caso. El drama de Bolivia es que las cárceles están llenas de “carlos quisberts”, inocentes que se cruzaron en un mal día con el trabajo indolente, deshumanizado, caprichoso y corrupto de algunos de los centenares de jueces y fiscales que trabajan en el país. A la Defensoría del Pueblo llegan decenas de esas denuncias. Una madre que implora ayuda porque a su hijo le robaron un celular y que el ratero luego cometió un delito. ¿Quién va a la cárcel? El pobre inocente a quien le sustrajeron el teléfono, no el verdadero delincuente. Un pobre vecino de una barrio paceño que fue denunciado por un malhechor y que el ente “fiscales-jueces-policías-abogados” lo metió a él a la cárcel, presiones y sobornos de por medio. La tragedia se multiplica por cientos y llega a todos los rincones del país.

El ente “fiscales-jueces-policías-abogados” comete barbaridades como las que encabezó el exfiscal Humberto Quispe, destituido (pero no aprehendido) gracias a una campaña realizada por los medios de comunicación. Ese ente quita vehículos a ciudadanos que cometen hechos de tránsito y luego exigen sobornos para devolverlos. Realiza volteos de drogas. Roba joyas. Coordina sus trabajos con grupos de delincuentes organizados. Ordena chantajes. Instruye detenciones irregulares. Y hasta acepta que se cometan torturas.

Por eso es que fue tan errada la pretendida reforma judicial boliviana, que se basó en la elección popular de los jueves. El gobierno creía que eligiendo a una veintena de nuevos magistrados en la cúpula de la pirámide se resolvía un problema que está en la base, justamente en operadores de justicia como Vargas y Camacho. Allí es donde debería enfocarse la reforma, además de en la simplificación de la norma y en la instalación, en cada barrio del país, de “jueces de paz”, que resuelvan los casos con prontitud, evitando así que el sistema judicial se parezca cada vez más a la Hidra de la mitología griega, esa que tenía la virtud de crear dos cabezas nuevas por cada una que se le cortaba. Mientras tanto, sólo me queda solidarizarme con los miles de bolivianos y bolivianas que hacinan las cárceles y que no saben cuándo saldrán libres. Muchos de ellos son inocentes.

Raúl Peñaranda U. es periodista