Cara o Cruz

El agua es la kryptonita de Evo Morales. Así como ese exótico mineral es lo único que logra quitarle el poder a Súperman, en nuestro medio podríamos decir que lo mismo ocurre entre el agua y su relación con el Presidente.

 Y como Súperman debe alejarse lo más rápido posible de la kryptonita para evitar un agravamiento de sus efectos, Mortales está intentando, también raudamente, solucionar la falta de agua que sufren millones de personas en Bolivia, tanto en La Paz y El Alto como en otras ciudades capitales y decenas de municipios rurales. Hasta ahora, con nulo éxito.

 El agua es la kryptonita de Morales puesto que su falta, al contrario de lo que señalan en el Gobierno, se debe a las deficiencias de su régimen, que la ciudadanía identifica con claridad. En primer lugar, por haber nacionalizado EPSAS y llenado a esa empresa de gente inepta como parte del plan de entregar cuotas de poder a los grupos de presión afines al oficialismo. En segundo lugar, porque la crisis del agua hace ver con claridad cómo prioriza Morales sus decisiones: alienta la construcción de onerosos palacios, de absurdos estadios, de inútiles tinglados y aeropuertos que llueven por dentro, en vez de obras necesarias para dotarle a la población de los servicios más básicos, en este caso nada menos que el agua. Y tercero, porque el Presidente, que en general se coloca como la persona que resuelve todos los problemas, todos los conflictos, todos los desafíos, resulta que revela con cada vez mayor frecuencia que no sabe sobre los problemas que más conmueven al país. No sabía si su hijo nació o no, no sabía de la corrupción del Fondo Indígena, no sabía que el lago Poopó se estaba extinguiendo, no sabía…

 El cambio climático explica gran parte de lo que pasa ahora en el país, pero ése es un fenómeno global, que está siendo mejor o peor enfrentado por los distintos gobiernos con medidas de prevención y de otro tipo. Aquellos que politizaron todo y no tomaron medidas técnicas de previsión, ahora están, aunque parezca paradójico, con el agua hasta el cuello. Pero aparte de la politización, a la falta de previsión y la errónea jerarquización de prioridades, está un asunto de mayor profundidad: el desprecio que Morales, el vicepresidente García Linera y otras autoridades sienten por las ideas de los ambientalistas. La indecorosa frase de que Bolivia no será “guardabosques del imperio”, lanzada por el Vicepresidente, demuestra este punto, que el Gobierno no entiende: si queremos tener agua debemos cuidar a la naturaleza. Si no queremos ser guardabosques y se deforesta sin control para aumentar la frontera agrícola o se alientan megarrepresas en la Amazonía, entonces se rompe el ciclo de la lluvia. ¡Sorpresa! ¡Los árboles ayudan a la lluvia porque retienen humedad en sus hojas y en el suelo!

 Por eso, el agua, o su ausencia, ha puesto en entredicho todo el modelo de desarrollo del Gobierno actual, un modelo que sirvió mientras los precios de las materias primas estaban altos, pero que ahora que ello ha cambiado demuestra sus grandes falencias. No había sido suficiente solo perforar campos gasíferos y socavones para generar desarrollo de largo plazo.

Durante años el Gobierno de Evo Morales tenía los astros alineados. Todo lo que hacía le resultaba bien. Parecía un Presidente hecho de teflón, que nada lo dañaba. Pero en política llega el momento en que los astros también pueden “desalinearse”: lo que se vio como una gran medida, el hecho de que la ONU declarara al agua, a pedido de Bolivia, como un derecho universal, ahora cobra factura. Y se da algo así como un efecto dominó: la ciudadanía resiste cada vez más las obras faraónicas, cuya construcción en algún momento respaldó o por lo menos no rechazó, y se pregunta ahora para qué Morales quiere gastar 250 millones de bolivianos en un nuevo palacio si no puede dar agua a los vecinos de cinco ciudades capitales o erogar Bs 2.100 millones más en un centro de investigación nuclear cuya necesidad, en estas circunstancias, es prácticamente nula. Para no citar a la planta de San Buenaventura, que está fracasando, la planta separadora de líquidos que no tiene gas suficiente, una planta de urea ubicada en el peor lugar posible y decenas de empresas estatales deficitarias.

Y en el medio de las malas noticias, la más inesperada: un avión cae en las cercanías de Medellín y el hecho mata a 71 personas, resultando que la aeronave no debió haber viajado debido a su insuficiente autonomía de vuelo. El hecho ha causado conmoción internacional y ahora las miradas se dirigen a una repartición del Gobierno de Morales, la DGAC, para preguntar por qué se le permitió volar a ese avión. No será fácil para el Gobierno explicar aquello ni por qué se le dio permiso de trabajo a una oscura línea aérea que, en su versión venezolana, no pudo iniciar operaciones en ese país.

Como he sostenido antes, el ciclo de Evo Morales y su Gobierno están en su fase final. Las encuestas demuestran que perdería las elecciones de 2019 (y eso que no tiene derecho a postularse una vez más). Si Evo, con su kryptonita a cuestas, no pudiera torcer la ley para repostularse y el candidato del oficialismo fuera otro, la derrota sería aún más grande.

Comentario de Jorge Edgar Zambrana, Ingeniero, desde Bolivia :

A todo ello, añadiremos que la anterior crítica no es nueva ya que toda esa ineptitud es característica de todos los gobiernos de Bolivia, habidos y por haber.  De todos modos, en América Latina, en general, suceden parecidos problemas y los gobiernos son más o menos ineptos como los de Bolivia. Sin embargo, la aptitud de los gobiernos de USA y Europa se centra en su interés en dominar y esclavizar al resto del mundo. Se avecina una época de crisis mundial con el nuevo gobierno del Trump, quien, a nuestro parecer, será peor que el de Bush hijo, quien ha empeorado el mundo con su contribución al decaimiento climático que causa las sequías, sin mencionar los bombardeos de Irak, Afganistán y Siria, más los atentados al World Trade Center de New York, donde descaradamente han demostrado su verdadero carácter de imperialistas.

 Bolivia y el mundo deberían tomar consejo del modo de ser del antiquísimo pueblo de Tiwanaku, donde todo era paz, progreso y solidaridad.

Dos encuestas dieron como resultado que Evo Morales podría perder una elección presidencial contra Carlos Mesa. La de Página Siete dio como resultado que Mesa obtendría 40% de los votos, mientras que Morales alcanzaría 35%, con un 25% de indecisos. Otra encuesta, de la red ATB, dio un resultado similar: 44% para Morales, frente a 43% de Mesa y 13% de personas que no respondieron.

Obviamente estos sondeos tienen varios problemas, por ejemplo que ninguno de los dos líderes políticos ha asegurado que será candidato (de hecho, Morales no puede serlo, pero no hay duda de que está dispuesto a torcer otra vez la ley para lograrlo), y que todavía faltan tres años para las elecciones. Pero esas encuestas tienen un valor: demuestran que el ciclo político nacionalista y estatista puede estar ingresando en su fase final.

Nunca en 11 años de Gobierno del MAS una encuesta había mostrado que Morales pueda resultar perdedor. El oficialismo construyó su estrategia sobre la idea de que Evo es “invencible”. Y resulta que ahora con esta nueva etapa que se inicia podría marcar que el fin del Gobierno es “inevitable”.

Otros países de la región están viviendo también el cambio de ciclo, con presidentes (as) de tendencia estatista que perdieron sus cargos y dieron paso a posiciones más liberales y tolerantes. Incluso en Ecuador, donde el candidato oficialista Lenín Moreno tiene posibilidades de vencer, éste muestra un estilo y unos objetivos muy distintos a los del presidente saliente, el irascible Rafael Correa. Está también Nicolás Maduro, que conduce un régimen quebrado y antidemocrático y que se mantiene en el poder solo por la fuerza de las armas y las dudas que presentan los líderes opositores. Si en Bolivia tuviéramos en Palacio de Gobierno un personaje como ése, que no puede garantizar a su pueblo medicinas y alimentos básicos, además de hacerle sufrir los mayores índices de inseguridad ciudadana del mundo, abandonaría el poder de manera rápida.

Suponiendo que la oposición venezolana logra retirar a Maduro y convocar a elecciones libres, ya no quedará ningún presidente propiamente ligado al ALBA en Sudamérica, excepto Evo Morales. El otro dirigente nacional-estatista de la región sería solamente Daniel Ortega, en Nicaragua. Ortega, me parece, tiene mucho que sugerirle a Evo en su deseo de mantenerse en el poder.

Aparte de las encuestas mencionadas, el fin de ciclo en Bolivia se nota en otros indicios, como que dos tercios de las ciudades capitales y de una decena de ciudades intermedias rechazan las políticas de Gobierno y descreen de la palabra del Presidente. Con excepción de El Alto, donde de todas maneras Morales ha bajado su respaldo, el mundo urbano boliviano es hoy marcadamente antimasista.

El otro indicio observable es que el oficialismo enfrenta cada vez mayores dificultades para que la opinión pública se trague sus mensajes y retórica. Casi 11 años después de iniciado el Gobierno, el cansino discurso de que el país vive una “revolución” y que “todo lo que sucede hoy es mejor a lo que se vivía en el pasado” ya no tiene el mismo efecto, peor aún cuando cientos de miles de bolivianos no tienen agua en sus casas. El discurso presidencial se limita a la repetición mecánica y artificiosa de algunas frases hechas, y pare de contar. Más bien en filas opositoras se nota una mayor renovación de ideas, desde la necesidad de proteger el medioambiente hasta una profundización sobre el sentido de democracia y de derechos ciudadanos, pasando por ideas concretas de cómo diversificar la economía y aminorar el extractivismo.

La idea de abandonar el poder es siempre traumática para muchos políticos. Pero hay casos y casos. En los países en los que existe mayor fortaleza institucional, como Perú, Colombia, Chile o Uruguay, cada traspaso de mando es pacífico, ordenado y desprovisto de tensiones mayores. También Correa desistió de su idea de forzar un nuevo cambio constitucional para reelegirse nuevamente (aunque la oposición asegura que lo hizo porque no tenía chance alguna de ganar).

Los de Evo, Maduro y Ortega son casos distintos. Estos simplemente no desean abandonar el poder. Venezuela podría estar a puertas de una crisis política mayor, pero Nicaragua ha logrado doblegar a la oposición de manera “pacífica” usando solamente la justicia y la corte electoral. Tan brillante (y silenciosa) ha sido su estrategia, que Ortega eliminó a sus contendientes y fue candidato único en los recientes comicios, nada menos que con su esposa como candidata a la Vicepresidencia. Por supuesto que ganó holgadamente.

Las furiosas acciones del vicepresidente Álvaro García Linera contra dos dirigentes opositores, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, podrían tener en mente el ejemplo nicaragüense: anular legalmente a todos los posibles candidatos opositores. La razón para hacerlo es que en su mente, y en la mente de las máximas autoridades de Gobierno, está que el 2020 no puede ser el año de su salida del poder. Creen que están predestinados a seguir encaramados en el Gobierno indefinidamente. Evo fue muy claro hace unos días cuando dijo: "Yo no estoy preparado para irme a casa”.

El pequeño detalle es que Morales y, peor, otros líderes del oficialismo, perderían los comicios de 2020, dicen las encuestas. Eso explica por qué el Gobierno está actuando con la desorientación y autoritarismo de los últimos meses.

/ Raúl Peñaranda es periodista.

Twitter: RaulPenaranda1

El Gobierno cree que actúa bien desarrollando su cacería de brujas contra los supuestos responsables del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. Ya hay una docena de detenidos, algunos de los cuales eran dirigentes, por estos sucesos. Para atrapar al último de ellos, el primo de un minero que murió por disparos de bala durante las protestas de agosto, la Policía tuvo que realizar un operativo propio de épocas dictatoriales, con allanamientos en medio de la noche, heridos con balines, cortes de electricidad y señal telefónica y allanamientos sin orden judicial.

No es que quienes asesinaron a Illanes no deban ser sancionados: éste fue efectivamente torturado y muerto de una manera atroz y su crimen no tiene que quedar impune.

Pero lo que se observa es a un Gobierno que parece sediento de venganza por esa muerte y, de paso, satisfecho de haber descabezado al movimiento cooperativista, lo que logró con la detención de los dirigentes, a quienes se acusó de ser los “autores intelectuales” de la muerte del viceministro.

A propósito, habría que recordar que Evo Morales fue acusado de ser precisamente “autor intelectual” de la muerte de uniformados en el año 2000, incluidos los esposos Andrade, en circunstancias similares a la que falleció Illanes, es decir secuestrados, torturados y asesinados. Pero aún con sus similitudes existen algunas diferencias entre ambos eventos, como el hecho de que los cocaleros mataron en 2000 a cuatro personas (los mineros a uno), demoraron 45 días en entregar los cadáveres y jamás fueran acusados. La explicación es sencilla: en el año 2000 el Chapare era una zona que no estaba bajo control estatal y no había juez o fiscal, y menos policías, que pudiera hacer lo que el Gobierno ordena hoy contra los mineros. Las otras diferencias que se deben hacer notar son que mientras Illanes fue velado y enterrado como un héroe, los uniformados asesinados por cocaleros hace 16 años apenas tuvieron cristiana sepultura. Sus familiares, amedrentados, hicieron los entierros entre gallos y medianoche. Tampoco prosperó el juicio contra Morales como supuesto “autor intelectual” de los hechos.

También es sorprendente la eficiencia de la Policía para detectar a los supuestos autores de los asesinos de Illanes y la nula capacidad gubernamental para poder identificar a quienes dieron muerte, a tiros, a cuatro mineros que protestaban en las manifestaciones. Todo indica que los responsables son uniformados, según ha señalado el Defensor del Pueblo, por el calibre y tipo de balas que acabaron con la vida de los manifestantes. Pero hasta ahora no ha pasado nada. Una docena de detenidos por la muerte de Illanes, identificados gracias a borrosos videos y, como han dicho algunos detenidos, con información sacada por la fuerza de la tortura, mientras que en el lado policial no existe convocatoria ninguna para que los jefes den las listas de cuáles de sus efectivos estuvieron en los lugares donde murieron los cuatro mineros.

Paralelamente está la responsabilidad política. Se dejó ir a un desprotegido viceministro a un operativo de alto riesgo y, una vez secuestrado, no se dio la orden real de repliegue de la fuerza policial, que hubiera ayudado a salvar su vida. Esto está demostrado en que, en la tarde de ese día, es decir varias horas después de la captura de Illanes y sus suplicantes llamadas telefónicas, la Policía seguía en la zona y arremetía contra los manifestantes. En una de esas arremetidas, un cuarto minero murió con un disparo de bala, lo que enardeció los ánimos y derivó en la muerte de Illanes. No es una justificación, pero sí es una explicación de lo sucedido. Lo insólito es que esa responsabilidad política, que recae obviamente en el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no ha generado sanción ninguna. Como se sabe, todos se aferrarán a sus cargos con uñas y dientes.

A mí me parece que la ciudadanía está perpleja ante este despliegue enorme de poder estatal, que ordena detener a supuestos sospechosos de un solo lado, y lo hace en la noche, abusando a los familiares y allanado casas. Aparte de redistribuir uno que otro meme, esa ciudadanía no puede hacer más por ahora excepto reflexionar sobre el desequilibrio del uso de la fuerza  y el control del Ministerio Público, que castiga a unos y libera a otros.

La suma de los abusos, como mandar a detener a la exnovia del presidente Evo Morales y no proceder de la misma manera con sus supuestos cómplices en el Gobierno; apresar a los dirigentes involucrados en el Fondo Indígena, pero no a las altas autoridades que autorizaron el método irregular de entrega de recursos; perseguir y acosar a autoridades regionales opositoras, como a la alcaldesa Soledad Chapetón, alentando a los grupos de choque del oficialismo, etc., genera una creciente sensación de desamparo, malestar y, obviamente, temor. Esos ciudadanos esperarán con paciencia la próxima vez que puedan votar. Se puede asegurar que si en el referéndum de febrero el oficialismo obtuvo el 49% de los votos, hoy obtendría 5% menos, en cifras que seguirán cayendo con el paso de los meses y años. Es que no se apaga el fuego con más fuego.

/ Raúl Peñaranda U. es periodista.

Twitter: RaulPenaranda1

La Cumbre de Justicia de Sucre tuvo por lo menos dos cosas inesperadas: una, que los movimientos sociales no hayan aceptado el plan gubernamental de eliminar el voto popular para la elección de magistrados. Ello hubiera significado abrir la Constitución, algo que aparentemente el oficialismo busca para, en caso de ser necesario, meter de contrabando la reelección de Morales y García Linera para un cuarto mandato.

Y cuando todo parecía estar listo, los movimientos sociales dijeron No, cosa extraña considerando su aparente total dominio respecto del oficialismo; incluso uno de sus dirigentes calificó como “descabellada” la idea del procurador Héctor Arce, que propuso que Su Excelencia nombre a 22 de 33 magistrados, eliminando así el voto popular. Habría que recordar que fue Arce quien propuso primero, en 2008, la impresentable idea de que los jueces fueran elegidos por voto (aseguró que sería un “aporte boliviano” a la filosofía jurídica internacional). Una vez que su idea se comprobó como una de las peores de la historia reciente referidas a reformas estatales, no fue sancionado políticamente. Por el contrario, fue promovido por el Presidente, quien le dio la responsabilidad de conducir de facto la demanda marítima en La Haya además de ser Procurador del Estado. Pero esta vez, en la Cumbre de Justicia, por suerte, no lo escucharon.

Entonces, tras el No de los movimientos sociales, que habrá que seguir analizando, el Vicepresidente sacó de su chistera una propuesta que ni siquiera se había mencionado en las precumbres departamentales, pero que cumple el mismo objetivo: abrir la Constitución. Pidió que se apruebe la cadena perpetua contra los violadores de niños. Como si eso resolviera el problema. Hoy esos delincuentes obtienen 30 años de cárcel sin derecho a indulto. ¿Realmente el Vice cree que con cadena perpetua las cosas mejorarán? Bolivia es el país donde más violencia contra menores de edad existe en el continente y el segundo en cuanto a violencia contra la mujer. Ese problema tiene raíces sociales, históricas y culturales profundas, empezando por la misoginia y el machismo de las máximas autoridades, y por lo tanto no se resuelve aumentando las penas de cárcel. Sí es verdad que es una medida popular, que la mayoría de la gente respalda.  

Pero el Gobierno no sabe todavía cómo actuar. Perdió el referéndum del 21 de febrero de manera inesperada, cuando solo 18 meses antes el Presidente había ganado su tercer mandato con 61%. Lo hizo también después del histórico fallo de La Haya contra Chile y cuando casi el 70% de los bolivianos consideran que la gestión presidencial es positiva. Pero una pésima campaña oficialista y la negativa del ciudadano a que una persona (dos, en realidad) se eternicen en el poder, entre otros factores, los hizo perder.

Entre los “otros factores” está, obviamente, el caso Morales-Zapata. Y ahora que las cosas están un poco más claras, y que existe evidencia de que la exnovia de Morales mintió abundantemente en este tema, aparentemente ayudada por numerosas personas, el Gobierno sigue evaluando si llamar o no a un nuevo referéndum. Yo preví, cuatro días después del 21F, que el oficialismo lo intentaría. Pero las dudas gubernamentales son evidentes. Se preguntan si es razonable pensar que el Gobierno volvería a perder. Me parece que sí. La primera encuesta realizada sobre el tema, publicada por la revista Poder y Placer y realizada por la Captura Consulting, señala que si un referéndum se repitiera, el Sí perdería otra vez, casi con los mismos resultados de febrero. O sea que la idea del Gobierno de que perdió por “una mentira” (la del hijo de Morales) no ha cuajado. Por lo menos hasta ahora.

¿Entonces qué? Entonces hay más peligro. Como Morales y García Linera no están dispuestos a abandonar el poder democráticamente, ni siquiera ante la posibilidad de que otro candidato del oficialismo pueda ganar las próximas elecciones, el país está marchando hacia un callejón sin salida. Ellos no se consideran inquilinos del Palacio de Gobierno, creen que son dueños. Por eso Morales-García Linera no se irán, no está en su ADN admitir que la democracia implica que el poder tiene límites y alternancia en el poder. Simplemente, con el apoyo de muchos tirasacos que los impulsan a quedarse para seguir medrando del poder, creen que están predestinados a gobernar por siempre. Como los Castro en Cuba. Como Mugabe en Zimbabue.

Por lo tanto, si las encuestas demuestran que podrían perder futuros referendos, el binomio Morales-García Linera intentará otras vías, todas inconstitucionales, para quedarse en el poder. Una opción es declarar, por decreto, que Morales pueda ser candidato en 2019. Otra es que el Tribunal Constitucional establezca, mediante consulta, que aquello es legal. La tercera es que el Legislativo se declare como un Poder Constituyente y reforme nuevamente la Constitución. Pueden haber más opciones. Pero estos dos amigos, por las buenas, no se irán. / Raúl Peñaranda U. es periodista. Twitter: RaulPenaranda1