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El Defensor del Pueblo hace un trabajo decente. Ante la fortísima presión gubernamental, Rolando Villena ha logrado mantener la independencia de su institución, una de las pocas entidades estatales que escapa al control del oficialismo. Sus acciones ayudan a mantener ciertos derechos de los ciudadanos afectados por arbitrariedades e injusticias.
Pero el país tiene una segunda Defensora del Pueblo, Amalia pando, la periodista de radio Erbol. En las últimas dos semanas ha demostrado toda su valentía e influencia cargando contra un siniestro grupo de fiscales que extorsionaba, mandaba torturar y robaba a pobres ciudadanos que no tenían a quien acudir. Una de esas fiscales no pagaba el alquiler del departamento en el que vivía. Claro, en un país en el que campea la impunidad, a Patricia Santos, nada menos que presidenta de la Corte de Distrito de La Paz, simplemente no había como forzarla a que cumpla con sus responsabilidades. Hasta que la Defensora del Pueblo alterna hizo su trabajo y la forzó a salir de ese departamento y, además, pagar la deuda de más de 12.000 dólares que tenía con la propietaria de la vivienda. Lo hizo rápidamente, para evitar que el escándalo siguiera. ¡Así que tenía la plata!
Entre otros fiscales que han sido investigados por la Defensora Pando está también Humberto Quispe. Página Siete, con reportajes firmados por Daniela Romero, y Erbol lograron destapar otro caso que la justicia se negaba a atender. Los afectados del fiscal Quispe, que incluso formaron una asociación de víctimas, acudieron a todas las entidades a su alcance para lograr justicia. Pero nadie los escuchó. Por ejemplo, ni la ministra de justicia Virginia Velasco Condori, ni la anterior, Cecilia Ayllón, o la ministra Anticorrupción, Lenny Valdivia y menos aún su antecesora, Nardi Suxo, movieron un dedo.
Otros medios de comunicación, por ejemplo Cadena A, se sumaron a la campaña hasta que la presión fue tanta que el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien conocía las denuncias desde hace meses pero no hacía nada, finalmente destituyó al ahora exfiscal Quispe. Pero no sería nada raro que, dentro de unos meses o años, Quispe esté nuevamente a cargo de una fiscalía.
En un escenario en el que el Parlamento, la Contraloría, la Fiscalía General, los tribunales electorales, las exsuperintendencias, los sindicatos campesinos e indígenas y en general todas las instituciones estatales son meros apéndices del Gobierno, la pluralidad democrática y los derechos de los ciudadanos están gravemente amenazados.
La cantidad cada vez mayor de medios controlados por empresarios amigos del Gobierno o cooptados por toneladas de publicidad gubernamental no hace otra cosa que agravar la situación. El puñado de diarios que publica esta columna, además de algunas radios y canales todavía mantienen, contra viento y marea, su independencia. Esos son los últimos espacios a los que los ciudadanos pueden acudir.
El de los fiscales no es el único caso que ha atendido en los últimos años la Defensora del Pueblo suplente. Gracias a la libertad que le da su medio de comunicación, Pando amonesta al Presidente cuando se despacha alguna de sus diatribas machistas; hace notar las falencias de los tribunales electorales, indisimuladamente proclives al oficialismo; defiende los derechos del magistrado Gualberto Cusi, maltratado por un ignorante exministro de salud; defiende a las mujeres agredidas por sus parejas; identifica a policías que violan la ley y cometen atropellos; hace conocer sobreprecios en compras estatales; y denuncia las irregularidades del Fondo Indígena. No está exenta a cometer errores, como es lógico, y seguramente lo ha hecho, pero en su caso es mejor actuar por exceso que por omisión en su empeño en ayudar a mantener viva la alicaída democracia boliviana. Que la fuerza la acompañe.
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