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El del Fondo Indígena es unos de los escándalos de corrupción más grandes de la era democrática. Hasta ahora no se conoce a ciencia cierta el destino de cientos de millones de bolivianos.
Fueron utilizados en diversos proyectos de esa entidad, hasta 2014, la suma de 1.342 millones de bolivianos, es decir 192,3 millones de dólares, informó oficialmente la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. De los 3.462 proyectos presentados hasta ese año, 894 habían sido aprobados y solo uno terminó adecuadamente. Se supone que más de ellos ya han concluido hasta hoy, pero la información es poco transparente y no está sistematizada. La gran mayoría de los proyectos, sin embargo, o no se iniciaron, o se desarrollaron a medias o, algo que no se sabe todavía, no tuvieron impacto alguno. Pero todos recibieron, aunque sea parcialmente, fondos estatales.
La situación fue tan complaciente que muchos de los proyectos se autorizaban, y por tanto se desembolsaban los recursos, sin estudios de prefactibilidad ni diseño final, violando el Manual de Aprobación de Proyectos del propio Fondioc.
Un dirigente indígena escribía dos o tres hojas a máquina, a veces sin siquiera usar papel membretado de su organización, proponía un tema, por ejemplo “Mejoría de riego” para su comunidad, y los recursos se transferían a su cuenta personal si es que el monto solicitado era inferior a un millón de bolivianos. En muchas ocasiones se entregó hasta más del 90% del monto solicitado (unos 900 mil bolivianos), sin que siquiera el beneficiario tuviera que realizar informes parciales, según establece el libro ”Fondo Indígena, la gran estafa”, de Manuel Morales Álvarez, que cita documentación oficial de la Contraloría General. El 97,4% de los proyectos demandó, convenientemente, menos de un millón de bolivianos. Para cifras mayores, se requería de una aprobación de la gobernación respectiva. En ese sentido, Melva Hurtado, dirigenta de la CIDOB oficialista, recibió en sus cuentas bancarias particulares 22 millones de bolivianos.
Era tan dispendiosa la entrega de recursos, que muchos proponentes decidían cambiar sus proyectos sin mucho trámite: 285 de ellos propusieron "cambio de nombre”. Uno pasó de "Producción sostenible de plátano, yuca, maíz y arroz” a "Instalación de criadero de pacú”, de acuerdo a un acta notariada publicada por Página Siete, que establece que la exministra autorizaba todas esas irregularidades. O sea que los dirigentes un día proponían “producción de arroz” y, como ya otros lo habían hecho, cambiaban el texto del plan ¡y escribían allí “criadero de pacú”!
Para agravar la situación, la dirigenta indígena masista Juanita Ancieta admitió que, al diseñar los proyectos, los técnicos “aumentaban los montos”, para darles “su cariño” a los dirigentes de las organizaciones indígenas involucradas. Es lo que el detenido exdirector del Fondioc, Marco Aramayo, llama entrega de “diezmos” a las dirigencias. Finalmente, Conamaq denunció que parte de los recursos se usaron al estilo de los gastos reservados del pasado, en una ocasión, por ejemplo, para organizar la tercera entronización de Evo Morales, el 22 de enero de 2015.
La responsable de todo esto es la exministra Achacollo que, curiosamente, no es parte de la investigación de ninguna entidad estatal, como Contraloría, Ministerio de Transparencia o Interventora del Fondioc. Tampoco la Justicia se ha pronunciado sobre su responsabilidad y no la ha llamado a declarar. No se sabe (pero se intuye) por qué Achacollo goza de esa protección.
Pero ella no es la principal responsable. Los principales responsables, políticos, de todo este entramado son el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
Son ellos los que permitieron que, cinco años después de haber sido creado el Fondo por parte del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, se cambiara el Reglamento de transferencia de recursos a los dirigentes. El que aprobó Rodríguez Veltzé, que no llegó a ejecutarse, establecía que para la trasferencia de recursos debían crearse tres comisiones, que se controlaban entre sí: una de ejecución, otra administrativa y la tercera de control social. La administrativa debía abrir cuentas bancarias mancomunadas, de dos o más personas, que podían recibir desembolsos sólo si las otras dos comisiones daban informes sobre el tipo, marcha, cumplimiento de objetivos y observancia de los plazos de cada proyecto.
Cuando el gobierno actual puso en marcha el Fondo Indígena, cambió ese reglamento y autorizó que los recursos vayan directo a las cuentas privadas de los dirigentes. Así, 975 de ellos recibieron diversos montos, haciendo el total de casi 200 millones de dólares.
Este no es un “error de diseño” del Fondo. Una opción que explica esta situación es que la presión de los dirigentes fue tal, que el gobierno aceptó este sistema que alentaba las irregularidades.
La otra explicación es que haya sido el propio Ejecutivo el que promoviera esta estructura para, de manera premeditada, corromper a los indígenas, cooptarlos, tenerlos bajo control, destruir sus organizaciones y mantenerlos leales al régimen. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que distribuir 1.300 millones de bolivianos a las cuentas particulares de los beneficiados no generaría corrupción.
Entonces, la responsabilidad política de Morales y García Linera es por acción, si buscaron corromper deliberadamente a la dirigencia indígena, o por omisión, si aceptaron las presiones de ésta para dejar el arca abierta para que pecaran hasta los justos. Y pecaron.
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