Punto de Re-flexión

AVIÓN PRESIDENCIAL Y CONFLICTO DIPLOMÁTICO

Omar Qamasa Guzman Boutier

El incidente ocurrido en Europa, con el avión presidencial de Bolivia, el pasado 2 de julio, ha traído consigo consecuencias diplomáticas de escala mundial, insospechadas para los centros de poder mundial. Conviene volver a la reflexión del tema, apoyándonos en tres referencias: el comportamiento de los países del continente, el debate en los foros internacionales y las perspectivas de la problemática. Lo que con ello pretendemos es redimensionar las -según nuestra visión- causas que subyacen en el fondo de los hechos.

Dos pronunciamientos de condena a lo que se ha considerado un atropello a la investidura de un presidente, marcan la tónica del comportamiento de los países de nuestro continente. Más allá de las diferencias entre estos países, el dato concreto es que hasta el presente se ha presentado un bloque común, en relación a la prohibición de sobre vuelo de los espacios de Francia, Italia, Espana y Portugal, al avión presidencial de Bolivia, cuando éste retornaba al país luego de su participación en una cumbre de países productores de gas, realizado en Moscú (Rusia). El primer pronunciamiento provino de UNASUR y fue emitido el jueves 4 de julio, luego de una reunión de emergencia realizada en Cochabamba (Bolivia), mientras que la segunda Declaración salió de la Asamblea extraordinaria de la OEA, cumplida el pasado martes 9.

Puede decirse que se trata de una diferencia cualitativa, entre uno y otro pronunciamiento, principalmente porque abarca -el segundo- a países de todo el hemisferio y porque en las deliberaciones se encontraban presentes, en calidad de observadores (con derecho al uso de la palabra), embajadores de los cuatro países europeos involucrados. Ambos pronunciamientos, en líneas generales, exigen que los cuatro países europeos presenten explicaciones de la prohibición de sobrevuelo al avión presidencial boliviana y al mismo tiempo presenten sus disculpas al país, por ese hecho. Conviene tener presente estos contenidos, porque se entiende que se trató no únicamente de la solidaridad con un presidente o con un país (para el caso Bolivia), sino de la condena a la violación de todas las normas internacionales de convivencia pacífica. En la lectura de los países latinoamericanos, el atropello y la violación consiguiente a todos los convenios internacionales, es un hecho de suma gravedad ya que retrotrae a las relaciones internacionales a los tiempos del imperio de la fuerza y de la ausencia de normas. Probablemente por una lectura similar, entre otras consideraciones, se han pronunciado, en el interín entre una y otra reunión, otros bloques y países extracontinentales, en similares términos. El asunto es comprendido, pues, por la comunidad internacional como un hecho que rebasa los intereses sólo de un país y de un continente; para el caso América Latina y abarca al interés de la comunidad internacional toda, interesada en mantener relaciones internacionales en base al respeto de los convenios y las normas que la rigen.

Por ello el debate ha sido, en ambos encuentros (el de UNASUR y el de la OEA) un debate en torno a las relaciones internacionales bajo la lógica de la dependencia de los centros mundiales en un caso o en otro, bajo la lógica de la soberanía nacional. Más de la confrontación puntual de las informaciones respecto al hecho, de las “aclaraciones” y de los desmentidos, lo importante es observar el debate implícito que se mueve tras el hecho. Desde ya, la reticencia de los países europeos en presentar aclaraciones y disculpas, nos lleva a dos consideraciones. Primero, que cualquier aclaración no puede prescindir del señalamiento de la fuente de donde partieran las órdenes, para que esos cuatro gobiernos actuaran al unísona y segundo, toda disculpa es el reconocimiento de la responsabilidad en la violación a las convenciones internacionales. Ambos elementos, a no dudar, desnudarán los fuertes lazos de dependencia que hoy por hoy, sufre Europa con respecto a Estados Unidos (EEUU), razón por la cual aquellos gobiernos actúan en tanto serviles y a espaldas de toda consideración por el respecto a las normas.

En consecuencia, el debate involucra, pues, la consideración de la relación de dependencia y el ejercicio soberano de los gobiernos. Sucede, pero, que en esta relación, se encuentran al menos tres actores en este hecho: EEUU en tanto potencia mundial, Latinoamérica espacio en el que, grosso modo, se debilitan los lazos de dependencia y Europa, espacio en el que, al contrario, se presentan y afianzan aquellos lazos. Por otro lado, pero, el incidente también sirvió para mostrar ante el mundo que las élites gobernantes en el viejo continente, no han asumido del todo su nuevo papel de serviles con respecto a EEUU porque tratan de comportarse con el continente como si aún fueran potencias soberanas. Esta ceguera, está empujando la consideración del hecho, a foros de carácter mundial, como las Naciones Unidas u otros. Con ello, a la vez, el enredo en el que se involucran aquellos cuatro países de Europa, amenaza también en manchar a su amo, es decira EEUU; cuya participación en el incidente es inocultable.

Así las cosas, puede sacarse algunas posibilidades de evolución del problema. En perspectiva, lo que quedará, es la huella del impasse, en las relaciones entre nuestros países y el “viejo continente”, particularmente los cuatro países. Está claro que no porque todos los países latinoamericanos acompañen una postura crítica por el hecho, sino por interés propio. Este elemento (que parece incomprensible para algunos “analistas” políticos, dados también, ocasionalmente, de conductores de programas televisivos y publicistas de una marca de café) en definitiva fortalecer precisamente una postura crítica del continente, con respecto a Europa y EEUU. No puede olvidarse que colateralmente al incidente con el avión presidencial boliviano, se encuentran las revelaciones del ex-agente norteamericano de inteligencia, Edward Snowden. Espionaje masivo, atropello a las normas de convivencia pacífica, aterran a todos y por más cercano que, por ejemplo, el gobierno colombiano o el gobierno mexicano se encuentran en relación a las políticas comerciales y económicas norteamericanas, les ha llevado a “pedir explicaciones” al país del norte.

Por tanto, la evolución de los hechos todavía nos mostrará nuevos espacios, en los que la opinión pública mundial podrá observar el debate en curso. En este sentidonadie que se asuma de “analista” medianamente serio, puede pensar que la evolución vaya por los cauces del cierre de las embajadas de esos cuatro países. Está claro que tal cierre y eventualmente también el de la embajada de los EEUU, han pasado hoy por hoy a segundo plano. En el marco de una estrategia de alcanza internacional y en base al acompañamiento continental expresado en las resoluciones de UNASUR y de la OEA, es francamente infantil reducir la reflexión al cierre o no cierre de embajadas.

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EEUU - SNOWDEN - A.L.

Omar Qamasa Guzman Boutier

La prohibición de cuatro países de Europa, para que el avión presidencial de Bolivia, cruzara por el espacio aéreo de esos país, en su retorno hacia Bolivia, luego de una reunión cumbre de países productores de gas celebrada en Moscú -la capital rusa- no solamente ha provocado un revuelo diplomático internacional, sino que ha activado a la región suramericana toda. Este impacto externo del hecho es más importante, que el impacto interno, a pesar del activismo llevado al extremo, del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). Así, las cosas revelan que, en primera instancia, estuvo la región toda, en entredicho.

Aunque para los Estados Unidos (EEUU) las denuncias presentadas por el ex-agente de la CIA, Edward Snowden, respecto a la espía norteamericana a escala global, fueron una verdadera molestia, puede decirse que en este incidente, el caso Snowden pasó a un segundo nivel de importancia. Recordemos que el ex-agente de la inteligencia norteamericana es requerido por el gobierno de su país y se encuentra en el aeropuerto de Moscú, en el área de tránsito y recordemos también que al menos tres países suramericanos (Ecuador, Venezuela y Bolivia) no han descartado estudiar la posibilidad de otorgarle asilo, en caso que lo solicitara. Sin embargo de ello, en el caso concreto de la prohibición de Francia, Italia, Portugal y Espana para que el avión presidencial boliviana cruzara por el espacio aéreo de esos países, actuaron otras motivaciones, mucho más importantes que una persecución policial a un ex-agente.

Visto desde EEUU, nuestra región es un espacio vulnerable que pronto, debería caer nuevamente bajo su influencia. Que algunos de estos países tengan el atrevimiento de abrir la posibilidad de otorgar asilo a quien denunciara la práctica insana del imperio, por tanto, representa algo incomprensible para la mentalidad norteamericana. El pretexto para amedrentar a toda la región, por no seguir los dictados norteamericanos partían, pues, del rumor difundido (sí, es cierto, de un simple rumor), que señalaba que Snowden se encontraba en el avión de la presidencia de Bolivia, que partió de Moscú. Al unísono, los gobiernos de aquellos cuatro países europeos, simultáneamente asumieron la misma decisión. Lo hicieron sin que los presidentes de esos países se hubieran reunido, sino a solo pedido de EEUU.

Conviene recordar que, después de Grecia, los países que en peor situación económica se encuentran en el viejo continente, son precisamente Espana, Portugal, Italia y Francia. Las posibilidades de presión sobre ellos, por parte de EEUU, son en consecuencias amplias. Con todo, también importa el hecho que estos cuatro países forman parte de la OTAN; aquella organización de defensa europea, que no es sino una creación norteamericana. Importa, porque se asume a la OTAN y a los países que la integran, como aliados de EEUU. Aliados, con capacidad soberana de definición de sus acciones, esperaría la ciudadanía de aquellos países. Pero, con la obsecuente y ciega obediencia al pedido norteamericana, los gobiernos de estos cuatro países han mostrado ante la opinión pública mundial, que transitan de la categoría de aliados a la categoría de peones políticos. La crisis económica que vive Europa en general, a no dudar está debilitando la capacidad de autonomía de sus estructuras estatales y este hecho es, en ese sentido, expresivo de ello.

En contraste de ello, en la región la bravuconada norteamericana y el seguidismo cipayo de los gobernantes españoles, portugueses, italianos y franceses, no ha producido temor ni quietismo prudente de los gobiernos. Al contrario, el hecho ha sido interpretado como una agresión a toda la región y una señal de prepotencia norteamericana. La convocatoria inmediata, para una reunión de presidentes del área, en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) para repudiar el hecho y exigir un desagravio de los mencionados países, es una respuesta que probablemente no se esperaban EEUU y los cuatro países que le sirvieron en esta oportunidad de peones. No lo es, porque compacta la unidad suramericana y pone en situación muy incómoda a gobiernos de la región que abiertamente simpatizan con el imperio y la OTAN, como al gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia.

Las cosas no podían haberse complicado más, para EEUU y los países europeos, porque se ha creado un cuadro diplomático complicado. La complejidad de este cuadro, por ahora, pues, favorece a la región en contra del imperio, los países peón en Europa y losinsiders políticos en nuestros países. Si el nerviosismo norteamericano al haber sido puesto al descubierto, por uno de sus ex-agentes de inteligencia, como el principal gobierno violador del derecho a la privacidad ya era notorio, con el incidente ello ha empeorado. No únicamente debido a que ha arrastrado al lodo a cuatro “aliados” (es decir, peones) de Europa, sino porque ahora han sido ubicados en el escenario de la diplomacia mundial, es decir, a exposición de la opinión pública del mundo. Las posibilidades inmediatas de revertir esta negativa situación son casi nulas, precisamente debido a la unidad de la región nuestra. Por tanto, lo que se representa es una derrota política internacional que, seguramente, también traerá costos para la diplomacia. Así la situación, potencias tales como Rusia y China (rivales directos de EEUU, en la disputa por la hegemonía en el planeta) no pueden sino observar de palco y frotarse las manos.

El incidente, al interior del país, ha servido para prestar un tubo de oxígeno al gobierno. Recordemos que el pasado sábado 29 de junio, en declaraciones ampliatorias ante el Fiscal, el ex-funcionario del ministerio de Gobierno, Boris Villegas, había hecho revelaciones llamativas. Villegas, preso junto a otros funcionarios de ese ministerio y acusados de formar parte de una red de extorsión, en esas declaraciones había comprometido la participación del ex-ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en aquellos hechos. Pues bien, el incidente en Europa, opacó la denuncia de Villegas, hasta secundarizarla como hecho noticioso.

Este beneficio indirecto del incidente en Europa, del cual gozó el MAS, por supuesto tiene mayor importancia que el activismo de la militancia masista. En este activismo participaron todos: militantes, “movimientos sociales” (o sea organizaciones sindicales, como los campesinos y los colonizadores, obsecuentes seguidores del gobierno), grupos de interés que se han beneficiado con las dádivas del gobierno, como los cooperativistas mineros y claro, los infaltables empleados públicos. En el delirio de la indignidad fingida, a algunos se les ocurrió decir que en Europa habían secuestrado a un presidente “indígena”.

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MÁS ALLÁ DE LAS PROTESTAS

Omar Qamasa Guzman Boutier

Partimos, en esta reflexión, del impacto que los movimientos sociales producen en el Sistema político, como hecho incuestionable. Las protestas multitudinarias en distintos países (Chile, Brasil, Turquía y demás), aunque motivadas por razones variadas, coinciden en algunos rasgos que vale la pena tomarlas en cuenta. Se trata de elementos comunes referidos a la no presencia de partidos políticos en la convocatoria y en las acciones mismas, de los movimientos sociales. Por tanto, aquí ya tenemos un primer elemento llamativo de este fenómeno.

En efecto, la ausencia de los partidos políticos, en tales movilizaciones en principio nos dice de la convocatoria a la protesta, por canales que no son los partidos; ya sea de oposición o del oficialismo. Es más, incluso la pretensión de las organizaciones políticas de sumarse a las movilizaciones sociales ha provocado, en cada uno de los casos, el rechazo abierto. En consecuencia, puede decirse que la ausencia de los partidos políticos en las protestas es una petición de los propios manifestantes. Esto nos lleva, pues, a considerar como válida la idea de que la protesta -sin importar las demandas explícitas, que se en cada caso se presenta- es también contra los partidos políticos.

Este primer efecto, entonces, se refiere a la crisis de representatividad que manifiestan los partidos políticos. En tanto representantes (hoy más que nunca, rol auto-atribuido), queda claro que estas instituciones representan en casi nada a los movimientos sociales. Lo importante en este hecho es señalar que la crisis de representación de los partidos, nos remite a la crisis de mediación que, centralmente, deberían cumplir entre la sociedad y el Estado. Las acciones masivas de protesta ciudadana al margen de la convocatoria de los partidos políticos, entonces, nos muestra que éstos no representan a aquellas demandas y aquellos movimientos sociales que las levantan, con lo que en suma, tampoco cumplen el rol de mediadores entre el Estado y la sociedad.

Bajo estas circunstancias, es válido decir que la crisis de mediación afecta centralmente al Sistema político. Este sistema que se supone debería proporcionar al Estado de la capacidad de absolver las demandas de la sociedad (ser algo así como los ojos y los oídos del Estado) no cumple tal propósito porque simplemente los movimientos sociales y sus hechos ocurren al margen de los partidos. En estas condiciones, claro, el Estado se mueve casi a ciegas frente a los movimientos sociales, porque las mediaciones estatales se muestran atrofiadas y poco eficaces. Así, no es de extrañar que la protesta social tienda, en la gran mayoría de los casos, a rebasar la capacidad contendora del Estado, de arrinconar a éste y en un extremo, de imponerle las directrices de su comportamiento. La agenda del Estado, de esta manera, no es sino el reconocimiento del pedido de la sociedad, en procura de reformas políticas, económicas y sociales. Aquí el ejemplo de Brasil, es en verdad un caso enriquecedor.

Ante esta situación en Sistema político en general y el Sistema de partidos en particular, puede reaccionar de diversas formas. Al menos podrían ser cuatro las alternativas a seguir, a fin de reestablecer la eficacia mediadora que se ellos se espera. Una opción sería en pensar en reformas dentro de los propios partidos políticos, dentro del Sistema de partidos. Reformas consistentes, por ejemplo, en la democratización interna, con los rituales de tanto en tanto, de elección interna de dirigentes y de candidatos. Una segunda opción para el Sistema político, podría ser desmonopolizar la representación política y reconocer, junto a los partidos políticos, también otras formas de representación social. Para este caso, claro, no basta el burlote de la constitución boliviana que asume respaldar aquellas otras formas, requiriendo de ellas, sin embargo, las mismas condiciones que un partido político debe cumplir. No basta, porque debido a esos requisitos las denominadas “agrupaciones ciudadanas” no han devenido sino en partidos políticos, aunque con otro nombre. Al contrario, en la coexistencia de variadas formas de representación que demanda la crisis de mediación y representación que observamos, se habla de formas de democracia mixtas. En el caso boliviano, el avance propositivo más importante en esa dirección la dieron las organizaciones indígenas, en la Asamblea Constituyente, con la denominación de “modelo político Taypi” (no está nunca por demás recordar que se trató de una iniciativa ahogada por la lógica partidaria y anti-democrática del MAS).

En un extremo de las reformas que la crisis del Sistema de partidos demanda, alguien podría pensar en la abolición de los partidos. Pero esta posibilidad parece ser tan incierta como aquella que sólo espera reformas internas de los partidos, para reestablecer la salud del Sistema de representación. En todo caso, siendo el dato fáctico aquél que nos señala que los partidos políticos no representan a los movimientos sociales y que, sin embargo, pese a ello, los partidos políticos sí representan a una parcialidad de la sociedad civil, se abre la posibilidad del desarrollo de una democracia mixta, es decir de una democracia varios los principios políticos del Taypi, en el que coexistan aquellas distintas formas de representación.

Con todo, pero, está claro también que el impacto de los movimientos sociales abarca la necesidad de reformas dentro del manejo de la cosa pública. En la lógica partidaria del monopolio de la política, la administración pública es un verdadero botín, del cual deben apropiarse los partidos. Se entiende que, principalmente en las instituciones representativas (como los órganos legislativos en cualquiera de los niveles; nacional, departamental o local), no puede ya pensarse en la prórroga de funciones, a causa de una y otra y otra elección. Porque, precisamente estas prolongadas funciones que se logra por medio de la maquinaria partidaria, son las que consolidan verdaderas redes de corrupción y lazos prebendales para con los electores. Aquí, la alternancia no únicamente se refiere al titular y al suplemente de un curul legislativo, sino al operador político; dicho de otra manera, nadie podría ser más de una vez legislador.

Lo destacado de todo ello, sin embargo, no serán estas reformas (llamémoslas operativas), a consecuencia del impacto de los movimientos sociales, sino la recreación de  la teoría política. En este caso, parece que la tendencia nos muestra esfuerza hacia análisis totalizadores, del fenómeno político. Por ello, lo más probable sea que las concepciones que restringen la política a los órganos estatales e institucionales, como los partidos, caerán en desuso, dada su gran limitación cognoscitiva, en la problemática que afrontamos. Únicamente para las capillas ortodoxas, en la teoría política, puede ser un equívoco, considerar el concepto “política” como un concepto que rebasa el ámbito del Estado, de los partidos y se inscribe también en la sociedad toda. En este sentido, la validez del concepto restringido del concepto, es únicamente útil para observar una parte de la problemática y como vemos, en estos tiempos, parece no ser la parte más importante de ella.

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MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTIDOS

Omar Qamasa Guzman Boutier

¿Qué pueden tener en común las protestas sociales en Turquia, con las protestas de Brasil, en el inicio de la competencia “Copa de Confederaciones”? Más aún, ¿qué podrían tener las tradicionales protestas sociales del país, en común con las de ambos (y muchos otros más) países? Más allá de las especificidades de las protestas en cada uno de estos países y de las diferencias estructurales, económicas, culturales y políticas, lo cierto es que todas ellas muestran un dato incuestionable: el surgimiento de nuevas modalidades de expresión social. Estas modalidades, en todos los casos, a su vez, se manifiestan en nuevas formas de organización social, llamadas, genéricamente, movimientos sociales.

Pues bien, en base a este primer elemento común, es posible extraer un segundo elemento, el referido a los partidos políticos, en todos estos países. Es interesante observar que el surgimiento de los denominados movimientos sociales, en distintos países y en distintos momentos durante las últimas décadas, marca en todos los casos un cuestionamiento de facto, a la presencia y el rol que cumplen los partidos políticos. En consecuencia, el binomio movimientos sociales – partidos políticos, forma parte de una sola problemática: la referida a la representación y expresión democrática de la sociedad.

El que el surgimiento de movimientos sociales en todos los casos sea motivado como una modalidad por medio de la cual la sociedad expresa su malestar, nos dice que las formas y modalidades existentes en democracia (los partidos políticos y el general, el sistema político representativo) no son aptos para que por medio de ellos, se exprese la sociedad. Estamos, a la luz de los hechos, pues, ante la baja representatividad de los partidos políticos. Este hecho parece ser, además, un fenómeno general, global, de nuestra época. Poco importa que los manifestantes, en cada caso particular, cuestionen o no  explícitamente el pobre rol de representación que cumplen los partidos políticos, debido a que, por medio de la acción de estos movimientos sociales, las demandas sociales llaman la atención del sistema político, prescindiendo de los partidos. En consecuencia, en los hechos, en la mayoría de los países con sistemas democrático-representativos, sus sociedades optan por expresarse a través de la modalidad movimiento social.

Por otra parte, es posible también referirnos causas que motivaron tal desconfianza en los partidos. Desde ya, destaca el monopolio de la política, en manos de los partidos. Si bien este hecho puede concordar en la norma constitucional de cada país, la realidad social es otra. Las sociedades, en definitiva, al optar por otras modalidades de expresión de sus demandas, construyen nuevos mecanismos de participación política. En este orden el monopolio de los partidos -que supone a la vez la exclusión del juego político al grueso de la sociedad- es superado de facto por la acción de las sociedades. A la vez, pero, aquel monopolio oculta, en todo los casos y ante los ojos de la sociedad, prácticas corruptas y prebendales, dentro y a través de los partidos políticos. Excluida grandemente la sociedad del juego político, el manejo del poder se vuelve asunto de un restringido grupo, con las ventajas que ello supone paradesarrollar prácticascorruptas. Con ello, los sistemas democrático-representativos, devienen cada vez más en anti-democráticos.

En el país, con el estallido de la crisis estatal en octubre del 2003, el sistema político, democrático representativo había sido puesto en cuestionamiento. Como se recuerdo, la apertura de la fase de reforma estatal, bajo la Asamblea Constituyente (AC), debía, entre otras, también servir para democratizar el sistema político. Desde ya, hubieron en los debates de alguna de las comisiones de la AC, propuestas tendientes a ello, las que, sin embargo fracasaron ante la lógica tradicional del sistema político boliviano. Lo interesante es observar que el freno a aquellas propuestas, vino no desde los partidos conservadores o reaccionarios, sino desde el propio partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de las diferencias secundarias entre este partido y los partidos de la derecha, si algo les unía, era precisamente la preservación, en lo fundamental, de la lógica partidaria como núcleo central del sistema político. Es decir, precisamente de la lógica que había colapsado con la crisis del 2003 y que, según vimos a su manera, colapsa en los hechos en cada vez más países.

Las razones para que Bolivia perdiera aquella oportunidad histórica, para efectivamente modernizar su sistema político e incorporar al grueso de la sociedad al juego político (únicos mecanismos, dicho sea de paso, para a su vez modernizar el sistema estatal todo) se encuentran grandemente en la mezquindad y la pobreza de espíritu del partido de gobierno, particularmente de Morales y García Linera; si algo queda para la historia, es precisamente esta lamentable exhibición de miseria partidaria. Porque una democratización del sistema política, supone limitar las posibilidades de la acción prebendal, tendiente a la corrupción de las dirigencias sociales, del gobierno. En tal sentido, las protestas sociales que tradicionalmente vivimos, nos están diciendo que aún después de la AC, el sistema político boliviano no es capaz de recoger las demandas sociales y representarles, a fin de que san procesadas en el sistema de poder. Como se observa, en este plano las cosas no han cambiado y el actual sistema político y sistema de partidos, sigue siendo, en lo principal, tan pre-moderno como lo era en épocas pasadas.

Por ello no debería nadie extrañarse que en el futuro mediato, el desencuentro entre sistema político, sistema de partidos y sociedad, tienda a agrandarse. En esa medida, la presentación de las demandas de la sociedad, claro, no pasarán por medio de los partidos; como de hecho frecuentemente ha sucedido (y sigue sucediendo) en el país. Las pugnas intestinas en el partido de gobierno, las acusaciones constantes de corrupción entre los partidos y la toma de decisiones al margen de consensos con los diversos sectores sociales, no hacen más que acelerar el inevitable proceso de desgaste de este pretendido nuevo sistema político. En consecuencia, las posibilidades para que nuevamente vivamos periodos de intranquilidad del sistema estatal, son grandes. En esas circunstancias, lo más probable será que las modalidades que la sociedad encuentre para expresarse democráticamente, sean las de los movimientos sociales.

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IMPOSTORES, OFICIALISTAS Y DISIDENTES

Omar Qamasa Guzman Boutier

Las críticas a la conducción del gobierno, provenientes de ex-militantes del partido gobernante (el Movimiento al Socialismo –MAS) y de la ex-presidenta de la Cámara de diputados, Rebeca Delgado, han dado oportunidad a más de un comentarista , para referirse al tema. Para unos, podría presentarse la posibilidad de un cambio de timón en la conducción de este partido, mientras que para otros, aquellas críticas reflejarían el derrumbe del MAS. Aunque este segundo criterio parece estar más cerca de la realidad, resulta incompleto, si no es incluye en la consideración, un vistazo global a la sociedad y su historia inmediata.

En tal sentido comencemos diciendo que los signos del derrumbe masista, no son sino el reflejo del agotamiento, ante los ojos de los mayoritarios sectores del país, de la impostura que supuso el denominado proceso de “cambio”.  Está claro que la impostura de Evo Morales y su gente comenzó el primer día en que asumieron el gobierno, traicionando las principales demandas de la convulsión nacional-popular de octubre del 2003. Esta traición se mostró de manera abierta en la convocatoria a la Asamblea Constituyente (AC); instrumento legal pensado y diseñado principalmente por García Linera. Como se recordará, por medio de aquella Ley de convocatoria, se imposibilitaba, técnicamente, que la mayoría nacional-popular pudiera expresarse en la conformación de aquella Asamblea y se sobre dimensionaba la representación de los minúsculos grupos reaccionarios.

El resultado de aquella traición, entonces, no podía dar sino una Constitución, de acuerdo a los intereses conservadores, tanto del gobierno como fuera de él. Lo interesante es, sin embargo, observar que pese a la presión anti-popular y anti-indígena del gobierno, en las comisiones de trabajo de la AC, sí se logró introducir proyectos de reforma estatal que retomaban en alguna manera las principales pulsiones de octubre del 2003 y por tanto rebasaban las reformar secundarias propuestas por el MAS. Tal es así que tuvo que ser el propio gobierno, entonces, quien en contubernio con los minúsculos partidos conservadores en el parlamento, idearan una Constitución, al margen de la discusión realizada en la ciudad de Sucre y -claro- echando por la borda los pequeños avances populares que se había logrado en las comisiones. En esta situación, la “crítica” de Rebeca Delgado al gobierno, al circunscribirse al atropello de éste a los procedimientos democrático-constitucionales y al no respetar la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), no pasa de ser una protesta secundaria. Esta crítica, al apegarse en la NCPE, se apega al carácter liberal (y por tanto anti-indígena) y a las políticas de mercado, que la Constitución propicia. Ambos elementos, en abierta contraposición al espíritu de la rebelión nacional-popular del 2003. Por tanto, no es exagerado decir que Delgado critica al gobierno no ser respetuoso de las normas formales (es decir de la NCPE) que se han diseñado, para sostener la impostura y la traición masista.

La crítica de un ex-constituyente, quien llamó a la conformación de un gobierno revolucionario de transición, es ya el colmo del (auto)engaño. Francamente una opinión semejante, no hace sino provocar sonrisas, porque lo que se vive en la sociedad boliviana, luego de la traición a la protesta nacional-popular del 2003, es un proceso de desagregación social y político. Este proceso, como podrá comprenderse fácilmente, es en gran medida resultado precisamente de la traición y de la impostura del MAS, tanto durante la AC (de la que formaron parte tanto Rebeca Delgado como el ex-constituyente que comentamos) como posterior a ella. Huele, pues, a demagogia el llamado, en estas condiciones, a la conformación de un gobierno revolucionario de transición y más parece el  resultado de la intención de diferenciarse de algo que quedará para la historia nacional, como un burdo intento de engatusar la lucha de esta sociedad.

Con todo, volviendo a la idea del derrumbe masista, es señalar que una vez agotada la novedad de la impostura por medio de la NCPE, el MAS ha alcanzado su techo programático, es decir sus posibilidades de reforma estatal. Es precisamente el contenido liberal y la orientación de la política económica en lo externo (que es el principal factor de la dinámica económica para este país) en base a la lógica del mercado, lo que marca la estrechez de este proceso de “cambio”. En tal sentido, queda claro que el MAS, pues, ahora se encuentra huérfano de un proyecto de reforma estatal. Vistas las cosas así, queda también claro que tanto los disidentes como los denominados libre “pensantes” (esto de pensantes parece ser simplemente un decir) no le podrán aportar nada a este partido, porque su horizonte es precisamente la NCPE y no las demandas levantadas en la rebelión nacional-popular de octubre del 2003.

La desagregación, sin embargo, no es algo que se observa solamente en el ámbito de lo nacional-popular. Al contrario, puede decirse que esta desagregación abarca a la propia burguesía. A su manera, en este caso, la desagregación imposibilita la conformación de una sola alternativa. Lo hace porque habrán sectores burgueses que se sienten muy bien representado por el gobierno del MAS y habrán otros, en los que infundados motivos racistas, les dificulta formar parte de este proceso de potenciamiento de la burguesía nacional, al amparo del Estado.

Así las cosas, en este campo emergen a la superficie política (a la superestructura política, para utilizar el léxico marxista) varias “opciones” conservadores. Aparecen apellidos tales como los de Gil, Patzi, Fernandez, formando una comparsa muy divertida a la hora de presentar proposiciones y alternativas de construcción estatal. En realidad esta pobreza propositiva no debería sorprendernos, si consideramos la desubicación de los críticos más “leídos” (como el ex-constituyente al que aludimos) o de los libre “pensantes”. Si estos últimos nos han presentado una evaluación tan alejada de las consideraciones que subyacen en el fondo de la sociedad boliviana, si han dado muestras de no tener la menor idea de lo que sucede en la base misma de la formación social boliviana y menos en el modo de producción, es claro que los comparseros (Gil, Patzi, Fernandez y compañía) últimos no podrían habernos presentado ideas que mínimamente tuvieran algo que ver con lo que viene sucediendo en nuestra sociedad.

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EEUU, COLOMBIA Y VENEZUELA

Omar Qamasa Guzman Boutier

La semana anterior, la noticia internacional de mayor relevancia (con posibles implicaciones, incluso, para el país) fue el impase entre Colombia y Venezuela, a raíz de la reunión en Colombia, entre el ex-candidato venezolana a la presidencia, el opositor Henrique Capriles y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Lo fue, porque nadie puede poner el duda el papel gravitante cumplido por Venezuela en el continente, durante, al menos, la última década. Lo fue también, pero, porque todavía se encuentra fresca en la memoria el llamado al desconocimiento del orden constitucional venezolana, luego de las últimas elecciones en ese país, en abril pasado. Por último, lo fue también porque las relaciones entre Venezuela y Colombia, con la llegada del ex-presidente Hugo Chávez al poder, fueron relaciones conflictivas. Recuérdese que únicamente en el 2010 y luego de varios años de relaciones interrumpidas, pudieron ambos países re-establecer sus relaciones diplomáticas.

Con todo, la reunión adquirió una resonancia tan grande, porque tras ella se expresaban otras líneas de acción estatal, no solamente entre ambos países, sino con terceros. Incluso, los efectos de tal controversia pudieron de tener impacto regional, precisamente a raíz del rol preponderante que juega Venezuela. Con todo, está claro por último, que el desencuentro manifestaba, en lo principal, orientaciones geopolíticas.
Los hechos

Vamos a tomar como punto de partida inicial, el resultado de las elecciones nacionales en Venezuela, en abril pasado. Recordemos que, al final, el candidato chavista, Nicolás Madura, ganó con el 50,6%; margen reducido, como se puede observar. En un inicio, ello dio lugar a que Capriles convocara a sus partidarios, a la movilización en contra del órgano electoral en ese país. Tras ello, claro, se encontraba la propia estrategia norteamericana de liberarse de lo que consideran un vecino molestoso y la administración de Obama optó por no reconocer al nuevo gobierno venezolano. Las escaramuzas internas en Venezuela, claro, no bastaron como para obstaculizar en gran medida la asunción de Maduro a la presidencia. Ello fue comprendido por EEUU, por lo que este país optó por una iniciativa distinta.

Un elemento de este cambio, fue ya no secundar acciones de violencia al interior  de Venezuela, sino impulsar una estrategia diplomática y comercial. En el primer caso, destacó la visita del vice-presidente norteamericano, Biden, a Colombia. Luego, en el plano comercial, la realización en Colombia, de la reunión de la Alianza del Pacífico, con la participación de tres países invitados: México, Perú y Chile.

El tercer hecho importante fue la reunión, nuevamente en Colombia, entre Henrique Capriles y Juan Manuel Santos. Fue esta reunión la que disparó una reacción acalorada en Nicolás Madura y el gobierno venezolana, al extremo de hablar de intentos de asesinato de Maduro y acciones terroristas en suelo venezolano.
El trasfondo

Dijimos que estos hechos encubren verdaderos juegos estratégicos, en la geopolítica. El principal de ellos, claro, se refiere a la estrategia norteamericana. También, pero, tienen las propias oligarquías locales de Colombia y Venezuela sus propios juegos y sus propios intereses. Se entiende que el juego de estos tres actores se entrelazan, sin ser los mismos. Veamos.

EEUU ha tenido, desde el fracaso del Tratado de Libre Comercio (TLC), el año 2005 en Mar del Plata (Argentina) el interés de reavivar su proyecto de integración regional, bajo su dirección. En el tiempo desde el rechazo continental al TLChasta nuestros días, por su parte, el continente ha avanzado en procesos de integración, sin la presencia norteamericana. Procesos tales como la conformación del ALBA, el potenciamiento de UNASUR y finalmente, el más importante de ellos, la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELA), no únicamente sustituían al fracaso TLC, sino que cerraban el paso a una integración impulsada por la lógica del mercado y dirigida por EEUU. Lo hacen, debido a que estos procesos de integración de asientan en el  principio de la soberanía de los Estados, sobre los recursos naturales de sus territorios.

En estos procesos, está claro que Venezuela tuvo un rol importante de articulación, por lo que la influencia de ese gobierno, en el continente en general y en especial, en la región caribeña (en la que incluimos a Colombia)  fue innegable. Decir, por tanto, que el interés norteamericano en debilitar tal influencia es prioritario, no es una exageración. La secuencia de acciones norteamericanas, en ese sentido, primero apoyando las acciones violentas de Capriles por medio del no reconocimiento al gobierno de Maduro, luego con la visita de Biden a Colombia y finalmente con el respaldo a la conformación de la Alianza del Pacífico (organismo pensado para rediseñar las fracasadas políticas del TLC), así lo muestran. En la estrategia norteamericana, el debilitamiento venezolano debería llevar al debilitamiento de la CELA y UNASUR en lo global y en lo específico (en la relación con Colombia), el debilitamiento del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –uno de cuyos garantes es precisamente el estado venezolano.

La estrategia de la oligarquía colombiana, por su parte, coincidía con este último punto, en términos de la disminución de la influencia venezolana en el proceso de paz. Decir que la reunión conjunta entre Capriles y Santos buscaba hacer fracasar ese proceso de paz es una exageración lejos de la realidad. Al contrario, aquél mensaje lanzado por el gobierno colombiano pretendía el debilitamiento de la presencia venezolana en un proceso que, según todos los indicadores, llegará al final, a la tan esperada paz. Si ese proceso llega en las condiciones actuales, la influencia venezolana será indudable grande, ante los ojos de la sociedad colombiana y del continente en su conjunto. El debilitamiento de tal presencia, permite pues el potenciamiento de los allegados a último momento al diálogo por la paz, es decir, de la derecha colombiana. Así, la paz habría sido alcanzada por la participación de todos: de la izquierda y de la derecha. A no dudar que se trata de una disputa de gran importancia político para el futuro de ese país y de la región; por lo que también, en EEUU, la Casa Blanca comienza a pronunciarse a favor del éxito del diálogo por la paz. Desde esta perspectiva, los abanderados de la paz, deberían ser todos y no únicamente la izquierda colombiano y el gobierno venezolano.

Al contrario de ambas iniciativas, las de la derecha venezolana parecen ser más modestas en este juego geopolítico. En efecto, aquí, únicamente se trata de posibilitar una cobertura internacional para su principal portavoz, Henrique Capriles. Se entiende que esta mayor cobertura, tendrá mucha importancia en momentos en que la crisis económica interna venezolana inquiete al gobierno de Maduro. El cálculo para ello es, precisamente, el estrecho margen del candidato oficialista, en las elecciones de abril.

La respuesta

Pasado el inicial pataleo del gobierno de Maduro, a raíz de la reunión Santos-Capriles, las cosas también por el lado venezolana, comenzaron a moverse en términos de estrategias estatales. La primera jugada de Caracas vino en un acto en Managua (Nicaragua) y sirvió para reafirmar el compromiso de los países de la región en torno al ALBA y llamar al resto de los países del continente para defender organismos de integración tales como UNASUR o la CELA, ante los intentos del gran capital, de dividir tales organismos.

No puede asegurarse si la iniciativa venezolana se limitó a ello o si incluyó verdaderos trabajos de sondeo y persuasión (lobys) a las principales potencias del continente. Lo cierto es que, en estos días de invisible movimiento, en el juego geopolítico de los Estados, una respuesta que volvió parcialmente las aguas a su cauce, vino de Brasil.
En efecto, la gira anunciada por el ex-presidente de ese país, Luis Ignacio Lula, a la región, comenzó con una visita, precisamente a Bogotá. Muy significativo el dato, en el lenguaje diplomático y estatal que, a no dudar, fue de verdadera significación a favor de organismos tales como la CELA o UNASUR. Lo fue, tanto por el peso específico de Brasil y su diplomacia en la región (aunque insuficiente, dicho sea de paso, para auxiliar en Bolivia a un parlamentario opositor), como por el propio prestigio de Lula. Así las cosas, lo importante de estos movidos días, para la geopolítica en el continente, fue que la medición de fuerzas, parece haber sido ganada por Latinoamérica.

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CAMPAÑA PERMANENTE

Omar Qamasa Guzman Boutier

El país, virtualmente, ha entrado a la etapa pre-electoral, con miras a las elecciones nacionales previstas para fines del próximo año. Aunque en verdad resulta muy adelantada esta etapa pre-electoral, lo cierto es que los principales actores partidarios están manifestando un comportamiento que apunta en esa dirección. Desde ya, el propio señor Morales, en Cochabamba, ha adelantado a sus partidarios que el partido de gobierno se encuentra en campaña electoral, por lo que la militancia deberá también adaptarse a esa situación. Los partidos de oposición, aunque no de manera explícita, también se encuentran en la misma campaña, por lo que bien puede preverse que la vida política boliviana, en lo inmediato, entrará en el tobogán de la electoralización de casi todas sus actividades.

Debe señalarse, sin embargo, que el comportamiento del sistema de partidos (SP) no refleja la política al interior de la sociedad civil. Es decir, que el SP se encuentra, en este punto, divorciado de la práctica política que se vive y que genera en la sociedad (una muestra de esta politicidad ha sido expresada en la última huelga de la Central Obrera Bolivia –COB). Este supuesto es muy importante, a la hora de evaluar la estabilidad del sistema democrático boliviano, porque nos remite, nuevamente, al divorcio entre la superestructura política y las estructuras políticas de la sociedad. Por tanto, digamos que en la evaluación que ensayamos en estas líneas, deberá siempre tenerse en cuenta el divorcio señalado.

Bien; de los adelantos de lo que será la campaña electoral de forma abierta, que nos ofrecen tanto el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y los distintos partidos de oposición, pueden extraerse inicialmente dos características centrales: el tipo de campaña que desarrollarán y el contenido de de las mismas. Veamos, entonces de manera somera ambos aspectos.

En relación al tipo de campaña electoral que ofrecerán los partidos a la sociedad boliviana, puede decirse que, mayormente, éstas estarán concentradas en sendas acusaciones mutuas de corrupción y malversación de bienes públicos, por un lado. Por otro, observaremos aclaraciones parciales de aquellas acusaciones, con lo que la campaña electoral, a no dudar, se asemejará a un concurso de quién es más corrupto. Ello, al margen de la veracidad de las acusaciones o de las aclaraciones, porque la parcialidad de ambos elementos constituyen, en definitiva, expresiones de la falsedad. Como señalaba Luis Espinal, “una verdad a medias es una mentira a medias, es decir, una mentira a secas”. Triste espectáculo a aguantar el que nos espera, pero a la luz de las últimas acusaciones y “aclaraciones” respecto, por ejemplo, al proyecto “Evo cumple” o en el ámbito local (como en el caso de Caranavi), las acusaciones hacia un ex-alcalde y de éste, a su vez, a las actuales autoridades de aquél municipio, las cosas parecen que, efectivamente, se moverán en esta lamentable lógica.

En relación al contenido de las campañas, puede adelantarse que, al margen del contenido referido a las denuncias y aclaraciones, la proposición programática será muy pobre. Es posible adelantar aquello porque desde la oposición no se ha conocido durante todos estos años, un proyecto estatal alternativo al que presenta el oficialismo. Este hecho es indicativo de la  pobreza, no solamente propositiva de los partidos de oposición, sino de la falta de sólido cimiento ideológico que podrá sustentar la formulación de un proyecto alternativo. Está claro que la vuelta a las políticas de libre mercado (comúnmente conocidas como “neoliberalismo”), en momentos en que su principal centro geográfico emisor (Europa) está colapsando, no es un proyecto serio.

Por el lado del MAS, las cosas no son muy diferentes. El “socialismo del tercer milenio”, cuyo principal “exponente teórico” (un matemático, aficionado a la lectura de temas sociales y hoy dado de vice-presidente), no pasa de ser un mal remedo de los proyectos nacionalistas de mediados del siglo pasado. En definitiva -hemos insistido en ello con frecuencia- es un proyecto liberal que no supera los límites del mercado, como posibilidad de construcción nacional-estatal. Para utilizar el lenguaje de la teoría socialista, diremos, que se trata de un proyecto burgués inacabable e inacabado, históricamente hablando.

En tal sentido, junto a la pobreza ideológica, tendremos en los partidos, también entonces una pobreza propositiva, es decir una pobreza en relación al programa a ofertar al electorado. Está claro que un programa nacional-estatal no puede limitarse al respeto de las libertades ciudadanas y menos a la vuelta radical a la lógica del mercado, como pretenden los partidos de oposición. Tampoco puede limitarse a la creación de un capitalismo de Estado, como pretende el MAS y la imposición a raja tabla, de lógicas liberales en la organización política de la sociedad. Este último hecho ha sido de manera sobre abundante demostrada por la oposición de los indígenas de tierras bajas y de tierras altas, en ocasión de la defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).  En consecuencia puede decirse que si los partidos de oposición se encuentran huérfanos de propuestas ideológicas y programáticas, el partido de gobierno ha alcanzado en estos últimos años, su techo propositivo. Después de estos años (que, insistimos, no son sino el remedo de lo que en su tiempo ensayara el nacionalismo revolucionario en el país) efectivamente nada nuevo puede esperarse ya del MAS. Las desesperadas arengas de lucha contra el imperialismo, por ello, presentan un desgaste cada vez mayor, como para convocar a la ciudadanía, con el mismo entusiasmo que en el pasado mediato.

Así las cosas, entonces, digamos que el resultado del lamentable contenido de las campañas electorales y la pobreza propositiva de los partidos, será el de la desvalorización de la contienda política electoral. Mucho más si esta contienda deberá entenderse como el espacio para la confrontación de ideas y de proyectos. Pero, ¿cómo podrán confrontarse ideas, donde no existen ideas? ¿qué proyectos de construcción nacional-estatal podrán confrontarse, ahí donde no se tiene proyecto alguno o donde a lo sumo, se levanta como proyecto novedoso, algo que fracasó en el país hace más de medio siglo?

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PASÓ LA HUELGA

Omar Qamasa Guzman Boutier

Cerca de dos semanas de huelga decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y una resolución que aparentemente deja las cosas como al inicio del conflicto, nos han dejado algunas novedades, que vale la pena ser pensadas. En principio, claro, está el hecho del movimiento de una parte de la sociedad civil (dato sociológico que, en verdad, no es poca importancia). En segundo término, pero, a la vez, la contraposición de otra parte de ella, es decir, a secas, la división de la sociedad y por último, la conducción gubernamental del conflicto. En este acápite puede señalarse la trayectoria de la pérdida de la iniciativa del gobierno, primero y luego de su retoma. En contraposición se encuentra la COB, caracterizada por una falta de iniciativa al inicio del conflicto, luego de débiles intentos de tomarla y finalmente por sucumbir ante el gobierno que había retomado la iniciativa.

Puede decirse que el gobierno perdió la iniciativa en el conflicto, gracias a la altisonante declaración de Evo Morales, en sentido que no se modificaría nada, hicieran lo que hicieran los trabajadores. Pierde la iniciativa, porque revela los límites gubernamentales, en un conflicto social, cuya dinámica no había, por su parte, alcanzado sus propios límites; es decir, sus posibilidades últimas (usando la imagen sarteana, respecto a los límites). Es notorio el arrinconamiento del gobierno, por las movilizaciones, ya a fines de la primera semana del conflicto. Aquí, subrayemos el hecho que esta pérdida de iniciativa política, no quiere decir que el gobierno hubiera perdido, de la misma manera, la iniciativa en el debate técnico, sino que lo primero subsumió a lo segundo. Entonces, los argumentos técnicos, no tenían mayor importancia ante el cambio de correlación de fuerzas (que es un hecho eminentemente socio-político).

Sin embargo, en aquella situación el gobierno apela a los movimientos sociales cooptados, particularmente campesinos y colonizadores, para contrarrestar la huelga de la COB, con marchas callejeras. La incitación a la violencia, por parte del gobierno, no podía ser más irresponsable, porque los hechos mostraban que, efectivamente, la dividida sociedad se encaminaba hacia la confrontación. Algo de ello se adelantó en una escaramuza, entre masistas y trabajadores, en Potosí, a inicios de la semana. El espíritu guerrerista del MAS provocó la dubitación de la COB y ambos hechos marcaron el momento de la inflexión del conflicto. Es decir, el momento de la retoma de la iniciativa política, por parte del gobierno.

Que Morales y su gente estaban dispuestos a incendiar el país, con el burdo pretexto de desactivar un golpe de Estado nada menos propiciado por la COB, lo muestra la actuación del Ejecutivo, frente a los ayllus. El hecho es ilustrativo en extremo. Veamos; ante la irresponsable incitación a la violencia por parte del gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) llama a sus ayllus, el mismo jueves 16, a no asistir a la convocatoria del Ejecutivo. El gobierno responde a los pocos días, posesionando a supuestos autoridades de los “ayllus en paz”, del norte de Potosí. Probablemente el desconocimiento reinante en la mayoría del país, de la estructura organizativa de los ayllus nor-potosinos, explique las razones por las que aquél engaño pasara desapercibido. Cualquiera que conozca algo de los ayllus del norte de Potosí, sabrá que la principal y única organización representativa, es la Federación de Ayllus Originarios e Indígenas del norte de Potosí (FAOI-NP). Sabrá también que los ayllus mayores o suyus se encuentran representadas en esa Federación y por último, no podrá ignorar que el denominativo de “Ayllus en paz” proviene de un proyecto de una ONG, luego de la guerra de ayllus a fines del pasado siglo; pero en fin…

Las cosas, como señalábamos, estaban nuevamente en contra de la COB y ni el débil intento de los mineros, por recobrar la iniciativa, bajando sus pretensiones de una jubilación de 8 mil bolivianos a 4.900 logró reposicionar a la huelga. Por ello, en gran medida, a principios de la presente semana, la cohesión interno de la COB se vio fracturada preanunciándose el desenlace final. Una observación superficial diría que al final, efectivamente, el gobierno no ha cambiado nada y la COB ha aceptado lo que al principio se le propuso.

Sin embargo quedan algunas huellas que sí muestran un cambio. En principio, queda el desgaste del sistema político. Recuérdese que los llamados de mediar, que débilmente intentó la presidente de la Cámara de diputados  o las infantiles declaraciones de la presidenta del Senado, no han tenido ningún eco en el conflicto. Ello muestra que, en tanto instancia de mediación, el parlamento efectivamente se encuentra debilitado. Por otra parte, recuérdese que la modificación de la correlación de fuerzas fue posible porque el gobierno apeló a mecanismos no democráticos, como es la incitación a la violencia.

En medio de este desgaste, queda también la percepción de las Fuerzas Armadas en tanto componentes de un sector privilegiado, a raíz del beneficio de la jubilación del 100%. Es decir, queda la percepción de “militares de casta” (parafraseando aquello de Morales, de “aristocracia minera”); entendiendo aquí lo de casta, como la de un sector social con beneficios que ningún otro sector social tiene, por el simple hecho de pertenecer al ámbito militar.

Por último, queda un conflicto inconcluso. En efecto, el plazo dado por el gobierno y la COB de un mes, para revisar las modificaciones que deberá introducirse al proyecto de la Ley de Pensiones, nos dice que la temática central del conflicto no ha sido agotada. Por tanto, lo que tenemos es, pues, la postergación de algo que podría convulsionar nuevamente la vida social y política nacionales.

 

 

 

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CONVULSIÓN SOCIAL

Omar Qamasa Guzman Boutier

En anteriores artículos, desde una perspectiva estructural, habíamos señalado las características de la crisis social que vive el país. En términos generales, en el análisis macro de la crisis, ciertamente alguno de sus elementos pueden adquirir una formulación demasiado abstracta. En las siguientes líneas, trataremos de validar las apreciaciones de anteriores artículos, observando en presente conflicto de la COB, así como la respuesta de gobierno a ella. Se trata, entonces, de intentar un análisis micro de la crisis insistiendo, sin embargo, en las líneas directrices del análisis macro.
 
Recordemos que, desde el análisis macro, dijimos que la actual crisis muestra las primeras manifestaciones de una muy próxima crisis estatal. Señalamos también que, en lo profundo de la formación social boliviana, lo que estas manifestaciones expresan es la inadecuación de este tipo de sociedad, con la construcción institucional ensayada por el actual gobierno. Finalmente señalamos que, por tanto, en Bolivia el gobierno del MAS no ha permitido la resolución de los factores que contribuyen a la casi permanente crisis estatal que vivimos y al contrario, Evo Morales y su gobierno, no ha actuado sino como encubridor de aquellos factores de la crisis. Veamos, entonces, ahora esas afirmaciones generales, en la manifestación concreta de la huelga de la COB.
 
En la trayectoria del conflicto, puede señalarse al menos tres fases, hasta el momento. La primera fase estaría dada por el surgimiento de la huelga, hasta el pasado fin de semana; es decir hasta los días sábado 11 y domingo 12. Si algo caracteriza esta primera fase de la huelga, es el hecho del ingreso al conflicto, inicialmente sin sectores tales como el magisterio, universitarios y docentes. En este primer momento, ciertamente la huelga fue iniciada y sostenida principalmente por los trabajadores mineros (en particular por los de Huanuni), por los trabajadores fabriles y por los del sector de salud. Ello probablemente ha dado lugar a que el gobierno asume el conflicto, como una débil manifestación de protesta y trate, los primeros días de la huelga, simplemente de desprestigiarla. En todo caso, esta apreciación queda avalada a la luz de la declaración de Evo Morales, a su retorno de un viaje al exterior.
 
Como se recordará, Morales en aquella aparición ante la prensa y dirigiéndose a la dirigen cia de la COB, dijo que el gobierno no cambiará el proyecto de Ley de Pensiones, "hagan lo que hagan o digan lo que digan" los trabajadores. Semejante declaración altisonante, arrogante y prepotente, no hizo más que elevar los sentimientos de protesta de los trabajadores. A tal punto que, para entonces, el ingreso al conflicto de los sectores que hasta entonces se mantenían distantes del mismo, configuró un cuadro abiertamente desfavorable al gobierno. El efecto buscado por Morales y su gente, con aquella declaración (¿mostrar fortaleza, mostrar principio de autoridad?) en sentido de motivar al desánimo de los trabajadores, tuvo pues un efecto totalmente distinto. Al contrario, por tanto, el conflicto no decayó, sino se extendió a más sectores sociales, generalizando de manera directa, los efectos de la huelga general convocada por la COB.
 
Un segundo momento del conflicto puede establecérselo los días sábado 11 y domingo 12 (es decir, el fin de semana). Se trató de un momento intermedio, entre la primera fase del conflicto (con manifestaciones aún débiles), los intentos gubernamentales de desarticular el mismo y la preparación de los huelguistas, para ingresar a la segunda semana de conflicto. En todo caso, aquél fin de semana y la reunión entre la dirigencia de la COB y el gobierno, abrió a la vez, la ilusión de una solución. Ilusión porque, recordemos, días antes precisamente Morales había cerrado las puertas para encontrar soluciones de consenso, con aquella declaración infantil y fuera de lugar. Vistas así las cosas, ciertamente el fin de semana señalado, no podía actuar como un espacio para la desactivación del conflicto. Ni siquiera con el pedido del principal dirigente cobista, en sentido de suspender las movilizaciones (léase marchas y bloqueo de carreteras)  y sólo limitarse a una vigilia, pudo el gobierno aprovechar el momento, precisamente porque ya estaba señalada la estrategia gubernamental: "hagan lo que hagan" no se cambiaría nada.
 
Lunes 13: De tal manera, entonces, se abrió una tercera fase del conflicto, a inicios de la presente semana. Así, el primer rasgo de esta fase será un estado inicial de confusión, entre los trabajadores. El lunes, efectivamente, las marchas y los bloqueos de carreteras, se habían reducido a solamente cinco puntos en el país, mientras que otros tantos sectores, se recluían en sus sedes, para cumplir con la vigilia que había señalado el Ejecutivo de la COB, Juan
Carlos Trujillo. El gobierno, en vez de aprovechar el momentáneo decaimiento de la movilización, optó por por nuevamente poner en práctica aquello de que no cambiaría nada en el proyecto de Ley de pensiones, "haga lo que haga" la COB. Esta vedz le tocó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, asumir el papel infantil y niño ofendido, tomando como pretexto del no re-inicio del diálogo, los cinco puntos de marchas y bloqueos. Mal cálculo, porque la bola de nieve que representaba el conflicto, no se desanimó, sino todo lo contrario.
 
Martes 14: Tal es así que para el martes, las cosas subieron de grado. El malestar fue tan grande que incluso los gremiales, aprovecharon el momento para movilizarse y plantear sus propias demandas. El hecho contribuyó a disminuir más aún lo que Morales había buscado con su desatinada declaración: mostrar principio de autoridad. Por ello, tal bombero en emergencia, el ministro de Finanzas corrió el mismo martes a reunirse con gremiales, para al menos desinflar este nuevo globo de conflicto. Lo interesante será que la magnitud de conflicto opacó, ante la opinión pública, eventos tales como la inauguración de lo que se considera un primer paso de la industrialización de los hidrocarburos (hecho en verdad importante), la reunión de cancilleres, para considerar el pedido de cambio de sede la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la discusión en la cámara de diputados, en torno a la re-elección de los actuales presidente y vice-presidente.
 
Miercoles 15: Para este día, las cosas estaban definitivamente caldeadas. No solamente las movilizaciones paralizaban grandemente al país, sino que incluso se sumaron a la protesta, nada menos que los policias de base, convocados por su ente ANSSCLAPOL, para replegarse a sus unidades. El malestar social, por tanto, había hecho impacto en una de las instituciones centrales del Estado, como es la policía nacional. ¿Quién, en su sano juicio, puede sostener que no estamos ante manifestaciones iniciales de una crisis estatal? Claro que, en el gobierno, el infantilismo continuaba ese día, con declaraciones de no asistencia al diálogo mientras continuarán las movilizaciones. En todo caso, aquellas declaraciones para entonces ya sólo reflejaban la pobreza política de los ministros y del gobierno en general, porque a las mismas horas en que se anunciaba  no asistir a diálogo alguno, trascendía a la prensa, los contactos entre comisiones técnicas del gobierno y de la COB, para encontrar puntos de acuerdo de solución.
 
En consecuencia, digamos a manera de conclusión que, efectiviamente, este conflicto ha mostrado la pérdida de credibilidad del gobierno. Pérdida ésta, que no es sino la antesala de la pérdida de autoridad (entendida la autoridad, claro, no como el simple matonaje), debido a las dificultades cada vez mayores del Estado, de establecer consenso con la sociedad civil. Por tanto, pues, la huelga nos mostró con claridad el divorcio entre el Estado y la sociedad; entre los (casi inútiles) movimientos superestructurales (la reunión de cancilleres o la aprobación de la re-elección, en la cámara de diputados) y los movimientos estructurales de la sociedad.

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REALIDADES DIVIDIDAS

Omar Qamasa Guzman Boutier

¿Cómo entender hechos tales como la expulsión de la agencia norteamericana de cooperación, USAID, el fallo del Tribunal Constitucional permitiendo la re-elección de Evo Morales-Garcia Linera en las elecciones del próximo año y la huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB) ocurridos casi de manera simultánea? Las respuestas a esta pregunta, claro, no pueden limitarse a razonamiento simples, como los que vienen circulando durante los últimos días. Precisamente uno de aquellos razonamientos (el de Juan Ramón Quintana) atribuía la expulsión de USAID a la decisión soberana del gobierno y al intento de mostrar un ejemplo al resto de los países del continente, en el ejercicio de la dignidad nacional. Tampoco puede responderse que el fallo del Tribunal Constitucional demuestra la sujeción de ese órgano, al Poder Ejecutivo. Finalmente, también la respuesta de los dirigentes del MAS, quienes atribuyen la huelga de la COB a la necesidad de los dirigentes del recientemente partido creado por la Central Obrera de posesionarse en vista a las elecciones del próximo año, resuelta muy simple para entender las cosas. Cada una de estas respuestas apenas señalan una minúscula parte del problema.

Nadie puede poner en duda el derecho soberano del país de definir la permanencia o no de una agencia internacional de cooperación. Lo que no puede perderse de vista, en el caso específico de la expulsión de USAID, es que ello ocurre en el marco de la presión norteamericana sobre el continente, particularmente sobre Venezuela, a raíz de los resultados de las elecciones nacionales últimas. Aquí, la decisión “soberana” del gobierno boliviano parece formar, antes que todo, parte de una corriente más amplia, que involucra pues a los gobiernos de todos nuestros países. En este contexto pero, tampoco puede pretenderse -como lo hace el señor Quintana- que la iniciativa boliviana pueda siquiera servir de “buen ejemplo” al resto de los países, debido a que prevalecen, en las relaciones internacionales, antes que actos políticos, intereses económicos.  En ese marco, el peso específico que la economía boliviana pudiera ejercer sobre el resto de los países del continente es realmente bajo. Parece, pues, que una razón de mayor importancia para la iniciativa boliviana, visto desde la perspectiva continental, puede ubicarse en la necesidad de descomprimir la presión norteamericana principalmente sobre Venezuela.

Aquí, pues, la realidad nacional resulta secundarizada con respecto a las demandas políticas mayores. Teniendo en cuenta que la cooperación de USAID, en los últimos años tenía poca importancia, si se la considera por el caudal del monto económico, la expulsión de esta agencia, pues, no tendrá mayor impacto económico. En todo caso, el principal impacto parece situarse en el ámbito político y desde nuestro razonamiento, ello se explica mejor, no tanto desde la política interna, sino desde una mirada continental. En tal sentido es que hablamos de un divorcio, entre la realidad nacional y la decisión política del gobierno.

Claro que aquella decisión también ha servido para, momentáneamente pretender distraer a la opinión pública de fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debe señalarse que también esta pretensión se encuentra divorciada de la realidad nacional y es en este divorcio donde se posicionó la oposición de los partidos políticos. El divorcio al que nos referimos puede comprenderse mediante el siguiente razonamiento. Así como en la economía se habla de “ondas largas”  (también en la historiografía algunas corrientes lo hacen), en la política también es válido hablar de tales ondas. En efecto, consideramos que la práctica política de las sociedades, se mueven en gran medida por la subjetividad colectiva. Esta subjetividad no se corresponde fielmente, a la objetividad de las estructuras (económicas, políticas, sociales) concretas. Diríamos que entre ambas, el ritmo de movimiento es diferente.

Mientras que las estructuras pueden mostrar un ritmo de mayor velocidad en sus cambios, las estructuras mentales parecen mostrar un carácter más lento, más conservador –si se quiere. En tal sentido, es válido postular que en la subjetividad colectiva boliviana, prevale todavía la adhesión al actual gobierno y es este halo invisible lo que distingue el actual período político. Lo hace con tal fuerza que las decisiones políticas que se asumen, difícilmente pueden abstraerse de ello. Pues bien, la interpretación de la Constitución Política del Estado no es solamente una cuestión teórica, doctrinal, sino principalmente un hecho político. No se interpreta la letra muerta de la Constitución, sino aquella doctrina, pero siempre en el marco de un contexto mayor, cual es el “ambiente político general”. Por ello la crítica de la oposición al Tribunal Constitucional tiene tan poco peso, es decir tan poca importancia; porque no se corresponde a ese período, a esa onda larga, de la subjetividad política nacional.

El caso de la huelga de la COB permite una mayor ilustración respecto a la no correspondencia con la realidad. En este caso, es cierto que el contenido del planteamiento de la COB, en relación a la Ley de Pensiones, es abiertamente reaccionario. Lo es, en gran medida porque excluye de un beneficio posible a la gran parte de la población trabajadora, aunque no necesariamente sujeta a la relación obrero-patronal. Pero también excluye a los ex-trabajadores,actualmente rentistas. Podría pensarse que, en contraposición, la postura del gobierno representaría una propuesta más solidaria. Sin embargo, nuevamente ambas discusiones se encuentran en terrenos diferentes. Lo que realmente importa, en el paro de la COB, es el rechazo a las políticas del gobierno y en sí, al gobierno mismo. Es el cuestionamiento a una conducción errática en los principales temas económicos, productivos y políticos del gobierno. Por ello, las “buenas razones” que el gobierno pudiera exhibir, son secundarias cuando del cuestionamiento a la posición de mando se trata.

¿Cómo entender todos estos hechos? En principio postulamos que estos hechos, aparentemente inconexos, pueden entenderse desde una perspectiva analítica  que rescate la “totalidad” del hecho. Esta totalidad se encuentra en la construcción estatal y la reforma institucional ensaya por el MAS. Hemos señalado con  insistencia que la reforma impulsada por el MAS, vía Asamblea Constituyente, ha sido en lo principal una reforma que ha permitido salvar la lógica liberal y los principios de la economía del mercado. Dicho de manera más clara, Evo Morales ha sido la tabla de salvación del sistema, ante la perspectiva de la reforma profunda que resuelva los problemas de fondo del país.

Estos problemas, en lo político-institucional pueden resumirse en la falta de correspondencia entre sociedad y construcción estatal. Es a esta falta de correspondencia que llamamos “falla estructural” en la construcción del Estado boliviano. El MAS, pues, al reproducir la lógica liberal en la organización política, ha inviabilizado la superación de aquella falla estructural. En tal sentido, las mediaciones políticas entre el Estado y la sociedad (es decir, grandemente los partidos políticos) se han atrofiado rápidamente y entre ellos el propio MAS. Por ello, lo que muestra la falta de comunicación entre el gobierno y  la COB en el actual conflicto, es precisamente la poca representatividad del MAS entre los trabajadores movilizados. Las razones por las que éstos no se sientan representados por el gobierno, resultan en consecuencia claras. Por tanto, la principal motivación que hizo añicos el sistema político boliviano en 2003 sigue vigente.

En cuanto a la estructura económica, es claro que la matriz productiva no ha cambiado. Bolivia sigue siendo un país que basa su economía en la exploración de los recursos naturales, con bajos niveles de industrialización. En tal sentido, la comercialización de los recursos naturales constituyen la renta del país que no es transformada en políticas de industrialización. Al contrario, son orientadas al gasto suntuario, como aquello de construir campos deportivos que realmente no tendrán ningún impacto en el aparato productivo. La política de despilfarro del gobierno, desde este punto de vista, también reproduce lo que en el pasado hicieron los gobiernos de Banzer, Paz Zamora, Sánchez de Lozada y demás.

Por ello es válido decir que la realidad política del país transcurre hoy al margen de la realidad profunda, estructural, del país. Son realidades, según hemos visto, distintas. La primera se mueve por la lógica del despilfarro, tanto económico como político. Es decir, el sistema político boliviano en su conjunto, malgasta el alto momento de disponibilidad (un hecho histórico, verdaderamente) del que dispuso el país durante la última media década, como para afrontar la falla estructura y la modificación de la matriz productiva.

Así las cosas, entonces,  es previsible ver el desenvolvimiento del país a corto y mediano plazo. A corto plazo, prevalecerá el reflujo socio-político; hecho que explica la confusión mostrado líneas arriba y la conversión a patrones reaccionarios de algunos sectores de trabajadores. En esta nebulosa, poco importa que en las próximas elecciones el actual gobierno todavía pueda lograr la primera mayoría en la votación (aunque ya no, claro, por dos tercios), porque, como vemos, sobre la base de una estructura “enferma”, la sociedad comienza a moverse nuevamente. En tal sentido, es previsible que a mediano plazo, la inestabilidad socio-política vaya en aumento, hasta nuevamente presentarnos un cuadro de crisis estatal. Para decirlo de manera clara, es pensable que a mediano plazo, la inestabilidad socio-política devenga en ingobernabilidad y que el gobierno, sea cual fuera, tenga que dejar el Palacio Quemado antes de que se le cumple el plazo constitucional. Algo de ello pudo observarse en la declaración del dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, quien recordaba que “así como hemos puesto a este gobierno, también lo podemos bajar”.

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