Punto de Re-flexión

Si se dice que en una guerra -para el caso la del Pacífico- se enfrentan “acumulaciones históricas” (Zavaleta 1988), se quiere señalar desde el punto de vista estatal, el desarrollo de los Estados, en términos de correspondencia con su sociedad. Hemos visto la disparidad que al respecto mostraron Bolivia y Chile, en el siglo XIX. Por otro lado, debe anotarse también que en todo ello el Estado, en tanto institución, acumula experiencias, recuerdos, historias. En estos casos, a estas acumulaciones vamos a denominarlas “memoria institucional”. Pues bien, los diversos desarrollos estatales marcan también diversas trayectorias, diversos recorridos. Estas trayectorias, estas historias, significan también distintas memorias acumuladas. El que las instituciones tengan una determinada carga histórica o una memoria particular, explica a la larga la conformación de las propiedades de su carácter y de su modo de ser.

En un primer momento de esta evolución tenemos, entonces, los orígenes coloniales de los momentos constitutivos de los Estados en Chile y Bolivia. Modos de ser que sostuvieron, en lo posterior, la propia guerra del Pacífico. La manera en cómo llegaron ambos países a 1879 fue pues el resultado de aquellas distintas trayectorias. En la manera de llegar actuaron también las distintas memorias estatales.

En la disputa bélica, tanto las acumulaciones (el precoz óptimo estatal chileno y la realidad estatal inestructurada de Bolivia), como las memorias institucionales (fuertemente militarista en Chile y burocrática elitista -la lógica de las “roscas letradas”- en Bolivia), definieron el resultado de la guerra del Pacífico. Se entiende también que tras cada una de estas modalidades de constitución estatal, se encontrará actuando una ideología determinada, una particular visión del mundo.

La ideología de Estado se halla compuesta no sólo por la convocatoria discursiva durante el momento constitutivo, sino específicamente por el contenido de dicha convocatoria a la sociedad, en aquel momento. A ello hay que sumar, además, las construcciones discursivas, ideológicas, posteriores al momento constitutivo. El caso boliviano, a propósito de su reclamo por un acceso soberano al mar, es aleccionador al respecto. Aquí tenemos un componente discursivo (que con el tiempo devendrá en una parte de la ideología del Estado boliviano) que cumple la función de lazo unificador, universal, nacionalmente hablando. Está claro, por otra parte, que desde la guerra del Pacífico hasta el presente, la relación Estado – sociedad en Bolivia, ha experimentado modificaciones al impulso de motivaciones sociológicas y políticas.

Eventos tales como la revolución nacional de 1952 o las reformas actualmente en curso, han significado, desde el punto de vista de la relación anotada, la expansión de la base social del Estado, es decir la inclusión al ámbito estatal, del acervo humano de la mayor parte de la sociedad boliviana. En definitiva, aquellas reformas políticas han contribuido a la conformación de un Estado con mayores posibilidades de expresar a su sociedad. El que estas posibilidades continúen distorsionando esa relación, a causa del formato monocultural del Estado, es parte de otra discusión. Por supuesto que aquellas reformas, a su turno, han sido consecuencia de movimientos nacionales de autodeterminación; lo que quiere decir que la inclusión de la sociedad al ámbito estatal, bajo los supuestos de la igualdad, pueden considerarse verdaderas conquistas sociales. Desde ya, lo concreto será la modificación en la relación Estado – sociedad, superando la inestructuración estatal del siglo XIX.

En contrapartida, el Estado en Chile tendrá un devenir distinto. Aquí el óptimo estatal alcanzado de manera precoz mostrará signos de agotamiento, principalmente por el movimiento de la sociedad chilena en pro de reformas democráticas y por los efectos políticos de la exclusión indígena permanente. Esto nos dice que la ecuación en la relación óptima Estado y sociedad, es un fenómeno que no se produce de una vez para siempre, sino un hecho en movimiento, que debe ser constantemente alimentado. Es decir, un fenómeno que debe ratificar de manera permanente una hegemonía (ya que, por medio del óptimo estatal, se despliega un discurso hegemónico), a fin de mantener aquella relación óptima.

Sin embargo, mientras la sociedad chilena presiona para modificar la propia interpelación (de carácter militarista) dada en el momento constitutivo de su Estado, la memoria institucional de éste actúa en sentido inverso, bloqueando en lo principal, aquellas pulsiones democráticas e inclusivas. El peso de esta memoria asume, para con la sociedad chilena y por medio de los operadores estatales, características no democráticas, debilitando consiguientemente los discursos de legitimación del Estado.

A lo largo del tiempo (que principia, puede decirse, la tercera década del siglo pasado), es este cuadro el que contribuye al desgaste de aquél inicial óptimo. La situación que comienza a configurarse nos revela no sólo que los discursos hegemónicos (incluso si son resultado de un momento constitutivo, como en este caso) envejecen, sino que, por ello mismo, demandan nuevos vínculos, también discursivos, entre el Estado y la sociedad. Se trata de una demanda, visto desde el ámbito societal, que busca recuperar el óptimo, en la relación entre ambos.

En varias oportunidades nos hemos referido, desde esta columna, a la corrupción como un  hecho sociológico; la corrupción considera como un mecanismo de ascenso social, de rotación y renovación de las élites. Estas explicaciones, por supuesto, son válidas al momento de la reflexión en torno a la corrupción, pero no agotan las consideraciones que sobre ella son posibles de formularse. Se puede pensar también, en un nivel de menor abstracción, a la corrupción como un hecho sistémico, es decir la corrupción como parte inherente al funcionamiento de un sistema dado. Finalmente, en un nivel mucho más concreto, puede hablarse de la corrupción -sino es abusar de los términos-   como una “práctica cultural”, o seade la cultura de la corrupción. En esta oportunidad, entonces, vamos a tratar de pensar la corrupción desde estas dos últimas posibilidades. Antes debe decirse que en realidad las tres perspectivas, para considerar el tema, no únicamente son válidas, sino que se hallan interrelacionadas.

Aunque se sataniza a la corrupción, lo cierto es que ésta ha resultado en muchas oportunidades funcional al Estado y a los partidos de gobierno (como el caso del Movimiento al Socialismo -MAS-, según veremos). Tal es así que la corrupción, por ejemplo, ha sido un elemento cohesionador del Estado mexicano, durante gran parte de la primera etapa del régimen del PRI. La “prebendalización del sistema estatal”, en este caso, ha sido parte de la propia conformación del Estadoluego de la revolución de principios del siglo XX. En este sentido es válido hablar de la corrupción como un hecho sistémico. No puede considerarse, por ello, en el ejemplo específico, a la corrupción como un elemento disfuncional ni al Estado, ni al sistema. El que hoy en día las cosas hubieran cambiado y la corrupción, al contrario, atente contra el sistema y el Estado de México es otra cosa; este cambio responde a fenómenos múltiples, que no están, pero, en el marco del interés de esta columna.

La corrupción deviene en disfuncional cuando dificulta la reproducción del sistema y pone en tela de juicio la soberanía estatal. En el fondo, la razón para que el sistema vea dificultada los  ciclos de su reproducción se deben a que la rotación del capital se ve ante circunstancias enturbiadas para su rotación. Se entiende que la disfuncionalidad de la corrupción, entonces, nos habla de la falta de seguridad jurídica, de la ausencia, en los hechos, de instituciones, de la falta de transparencia en el ámbito económico-comercial y de la competencia bajo la lógica salvaje del capital. El remate de este ambiente enturbiado será precisamente la crisis sistémica, incluyendo al Estado.

Hemos indicado, apoyados en el ejemplo mexicano de la primera mitad del siglo pasado, que la corrupción ha servido, al contrario de lo que puede pensarse, para asentar un sistema. Esto quiere decir que la penetración del capital (no olvidemos que hablamos para entonces de un país atrasado, desde el punto de vista del capitalismo) se vio facilitada gracias a la corrupción. Por lo demás, algo similar ha ocurrido en nuestro país. Sin que nadie se moleste, está claro que, por ejemplo, la región oriental se ha impulsado no únicamente por el excedente económico proveniente de la minería, sino también por la corrupción. De hecho, en el histórico juicio de responsabilidades al ex-dictador Hugo Banzer, Marcelo Quiroga ha centrado parte de su argumentación también en la corrupción, promovida por la dictadura en beneficio de las élites cruceñas, a lo largo de la década de 1970.

En un delimitación mayor, nadie puede negar que el gobernante MAS ha desplegado prácticas corruptas para sujetar, por medio de la prebenda, a no pocos dirigentes sindicales, para alentar el transfugio político, para imponer autoritariamente proyectos como el de la carretera por el TIPNIS o para anular a opositores al gobierno. En todos los casos, la corrupción ha sido pues funcional a los intereses particulares del MAS. Tal es así que, cuando la sociedad ha podido expresarse democráticamente, todo el edificio de papel del gobierno se ha derrumbado. En la mayoría de los casos, pero, al amparo del manejo discrecional de los tres Poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) el partido de Evo Morales ha hecho lo impensable para que las huellas de la corrupción no manchen demasiado a este partido. Ello puede ejemplificarnos el pasaje de la corrupción funcional a la faceta disfuncional para el MAS.

Con todo, algo queda en el imaginario de la sociedad con estas muchas muestras referidas a la corrupción desde las esferas del poder, a lo largo de la historia. Y lo que queda, es el mensaje que por medio de la corrupción se alcanzan valores materiales. No es por majadería que algunas veces  recordamos que Evo Morales, en su calidad de primer servidor público, hubiera llamado varias veces a delinquir. El daño que se hace a la cultura de la anti-corrupción es muy grande. Al contrario, lo que se alienta es más bien prácticas no santas, en el manejo de las instituciones públicas.

Por supuesto que la tradición boliviana, en este orden, es de larga data y puede remitirse a la época de la colonia, en la que principio aquello del “se acata, pero no se cumple”. Así las cosas, en efecto, puede decirse que hemos cultivado una cultura, referida al manejo discrecional, autoritario, retorciendo la normativa en las instituciones públicas. No se salva ninguna institución; desde las universidades hasta la policía, pasando por municipios, gobernaciones, servicios de salud, todas las instituciones son administradas como verdaderos botines de guerra. Prima la lógica del interés de grupo, de las “roscas” y no la captación del más apto, de la meritocraciaweberiana. Es, pues, la corrupción en su nivel más concreto, cotidiano, por lo que a nadie le parece anormal que las cosas fueran de esta manera.

Más o menos a las mismas horas en que los dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) mascullaban las angustias de la derrota electoral del 5 de abril en sendas gobernaciones y municipios, la cadena internacional televisiva Telesur “informaba”, desde Caracas, que el partido de Evo Morales había “ganado” en las elecciones subnacionales de Bolivia. Mayor muestra desinformativa no puede ya esperarse y sólo el burdo manejo de la agenda partidaria, reflejada en la información, supera ello. Causa alguna sonrisa este hecho si, por ejemplo, recordamos que en la disputa por quién desinforma mejor, un comentarista de Telesur (que lleva un parche en el ojo y al que ya sólo le falta la mano de garfio, la pata de palo y un loro en el hombro, para completar al personaje), llamaba a la competencia “los cleptómanos de Atlanta”.

Se suponía que la creación de Telesurrespondía a la voluntad interestatal de la región por democratizar la información y poner freno al monopolio que las grandes cadenas internacionales ejercían, con el consiguiente costo de la información tergiversada. Esta voluntad manifiesta en realidad iba de acuerdo con los nuevos vientos que inauguraron el milenio y que, en criterio de dichos gobiernos, abría nuevas opciones, nuevas alternativas a las sociedades del continente. Pero, al igual que con los gobiernos, sostén de Telesur, también con respecto a esta cadena cundió rápidamente el desencanto y el maquillaje del engaño comenzó a correr, dejando al descubierto la naturaleza tan manipuladora y desinformadora como los de la competencia, a la que se cuestionaba.

En realidad no representa novedad alguna el hecho que también Telesur incurra en la deleznable práctica de la desinformación; lo hacen todas las grandes cadenas: CNN, BBC, DW, entre las más destacadas. Si entre todas las cadenas hay un denominador común, éste es el hecho que pertenecen y representan en la materia, grandes intereses económicos y políticos. La información, en este sentido, además de constituirse en una mercancía, es principalmente un instrumento en la menuda disputa que los poderes detrás de estas cadenas sostienen. Lo es, por el efecto que provocan; efectos que hay que entenderlos en dos planos. En el de la audiencia y (en un nivel más restringido) en el del poder, es decir en el de los actores políticos y económicos. En el ejemplo de la desinformación de Telesur, está claro que se trataba, ante los ojos de la opinión pública continental, de maquillar la derrota del MAS en Bolivia, haciendo aparecer el hecho como una victoria.

Pero si la ligazón con diversos factores de poder político y económico de las grandes cadenas televisivas y el consiguiente manejo de la información de acuerdo con la agenda establecida por dichos factores no es novedad, sí podemos encontrar, apropósito del ejemplo de Telesur, algunas novedades. La primera, aunque de menor valor y seguramente dentro de los cálculos de Telsur y sus patrocinadores, se refiere a la pérdida de credibilidad ante la audiencia boliviana. La pérdida de credibilidad es también la pérdida de confianza en la calidad informativa y en este orden puede decir que esta audiencia, al menos tiene ahora suficientes motivos como para acoger con duda, la información que recibe. Seguramente en otros países (como Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina) donde la falsificación de los hechos por parte de esta cadena tiene larga data, aquél sentimiento de duda es algo que ya se da por descontado. Pero incluso sumando todas las audiencias que pudieran haber asumida una distancia crítica con respecto a esta cadena, la situación sigue siendo una novedad de corte menor.

La segunda novedad que el hecho nos arroja es, creo, de mayor importancia, al menos en el plano de la teoría. Recordemos que Telesur es el resultado de la decisión de varios Estados de la región, en procura por “democratizar” el manejo informativo. Es válido decir que esta iniciativa fue concomitante a la propia democratización del orden mundial, entendida esta democratización como la conformación de un orden mundial multipolar, en lugar de un mundo unipolar. Lo que ahora queda claro, es que la denominada democratización de la información no siempre supone veracidad informativa. Yen un plano general, la democratización del orden mundial no necesariamente supone la democratización interna de las sociedades.

Por ello, pues, visto desde la perspectiva de la sociedad, efectivamente el ejercicio de la democracia (y dentro de ella, el derecho a la información veraz) sigue siendo un desafío y no es algo que deba darse por sentado. En materia informativa, hoy por hoy y frente a la multiplicación de cadenas internacionales de des-información, el ejercicio de ese derecho requiere de una participación activa, crítica, de la audiencia. La verdad, en medio de la red de desinformadores, emerge y es posible reconocerla. Lo es, porque en su menuda disputa estas cadenas no pueden sino dejar de filtrar trazos de información veraz. Lo hacen con respecto a temáticas o con relación a regiones del mundo, pero en todos los casos, la verdad como apoyadura (y no importa aquí si la intención de su uso es intencional y funcional a algún factor de poder) es un dato que debe ser discernido por la audiencia. Que ello demanda un Sujeto crítico, activo, en el consumo informativo, es algo innegable, como lo es también el hecho que por ese camino, es posible pensar en la conformación molecular, nuevamente, de una opinión pública crítica.

La rara situación compuesta por la posibilidad de coincidir con la presión norteamericana al gobierno venezolano por un lado y por otro, de ignorar la evidente crisis de este último país en medio de sonadas denuncias de corrupción y atropello a los Derechos Humanos, ha creado un ambiente de chantaje moral que tiene arrinconada, en alguna medida, a la opinión crítica latinoamericana. Conviene pues puntualizar algunos elementos, en la perspectiva de bosquejar una postura respecto, tanto a la soberanía de nuestros países, como de los derechos democráticos de nuestras sociedades.

La complejidad de esta situación radica en que, si bien en lo externo los gobiernos sudamericanos mayoritariamente contribuyen a la formulación de un orden mundial multipolar, en lo interno asumen rasgos autoritarios y antidemocráticos. Por lo demás, con más o menos semejanzas, un dilema similar vivió la izquierda europea, con respecto a la ex-Unión Soviética y los gobiernos de EEUU; el surgimiento de la entonces “nueva izquierda” y eventos sociales tales como el mayo francés, son expresivas de ello.

La crisis venezolana contiene algunos elementos que son común al resto de los países del continente: gobiernos con tendencias autoritarias, hechos de corrupción en los que están implicados personajes de los más altos niveles como ser ministros y parlamentarios y debilitamiento de la institucionalidad estatal, por conveniencia política de los gobiernos. En lo externo, pero, el caso venezolano ha suscitado la reacción, casi incomprensible, de la administración norteamericana al declarar a Venezuela como amenaza para la seguridad estadounidense. Esta declaración ha servido, coyunturalmente, para cohesionar al gobierno con los sectores sociales pasivos, es decir no activamente oficialistas. Pero, más allá del polvo que esta situación levanta, quedan algunas preguntas.

En primer lugar, conviene preguntarse si, lo que más por costumbre se denomina imperialismo, es el mismo fenómeno de hace cuatro décadas. En segundo lugar, importa preguntarse en torno a la validez de comparar a las sociedades latinoamericanas de entonces, con las actuales. Y tercero, a la luz de las dos consideraciones anteriores, debe reflexionarse respecto a los gobiernos y su discursividad izquierdista.

El actual fenómeno que llamamos globalización, es un hecho cualitativamente distinto al imperialismo. Se trata de una “evolución” del capital, que ha modificado parcialmente el mapa de la división internacional del trabajo. Junto a la calidad de países exportadores de materias primas, no nos sorprende encontrar hoy en estos mismos países altos grados de industrialización, ya sea por la presencia de enclaves industriales o por la alianza con empresas transnacionales. En todos los casos, la dirección que recorre el excedente económico captado continúa alimentando a los centros mundiales del capital. Lo que se discute es el grado en que ese excedente resulta retenido en nuestros países. En realidad este tema también ha estado presente en los movimientos antimperialistas de hace medio siglo atrás, pero la diferencia con estos tiempos es que ahora el mayor excedente retenido no resulta, necesariamente, contradictorio con el capital global.

Tal es así que en Bolivia las empresas transnacionales de los hidrocarburos han obtenido con el gobierno de Evo Morales, por lo menos el mismo beneficio proyectado en tiempos de los gobiernos “neoliberales”; y lo mejor, en un ambiente de estabilidad política. Si volvemos a la nomenclatura marxista tendríamos que decir que se trata de la autonomía relativa del Estado. No dejaría de ser, pero, un curioso dato, en el que las instituciones políticamente más importantes (el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) se alimentan de una verborrea anticapitalista y “marxista”. No se trata de una anormalidad -visto desde el lado del capital, como en Chile de Allende- sino de un lujo que se puede conceder el capital global. Mientras que en las décadas de 1960-1970 tras el discurso marxista se encontraba la clase obrera (llamada a sustituir a la burguesía en la historia, de acuerdo al marxismo), en la actualidad las transformaciones que supusieron las revoluciones de la robótica, el Internet, las comunicaciones, han configurado una clase obrera cada vez más reducida, desorganizada, dispersa, por lo que el marxismo como discurso de estos gobernantes, no representa peligro alguno para el capital.

Por ello, quienes agitan este discurso en la creencia de expresar el anhelo de las clases subalternas, aparecen a los ojos de la opinión pública vacíos de cualquier contenido progresista. En todo esto, además de los temas ya señalados, surgen otros que merecen ser analizados con mayor detenimiento, tales como la cuestión de la plusvalía en estos tiempos. ¿Dónde tiene lugar, ahora, ésta?, cuando las más altas tasas de ganancia se encuentran en las diversas ramas de los servicios, como las comunicaciones. ¿Cómo debe entenderse la autonomía relativa del Estado, en tiempos del capital global?

Por todo ello, la protesta de los países del ALBA (el sindicato del ALBA, en palabras de Víctor Hugo Cárdenas) por la intromisión del imperialismo, no pasa de ser un saludo a la bandera. Tampoco es algo que los gobiernos de estos países no se dieran cuenta. Al contrario, todo indica que la innecesaria resolución norteamericana, bajo el pretexto del atropello a los Derechos Humanos (porque a los EEUU siempre le ha importado muy poco el respecto a los Derechos Humanos) ha servido a estos gobiernos para crear momentáneamente una cortina de humo. Permite distraer la atención de la opinión pública local de hechos de corrupción de verdadera magnitud y formular un chivo expiatorio para descargar responsabilidades por la crisis. El discurso “antimperialista” de estos gobiernos constituye, a lo sumo, un discurso destinado para el consumo de idiotas.

Está claro que no se defiende la soberanía atropellando los derechos democráticos de la sociedad y desinstitucionalizando su vida política. El que estos gobiernos actúen de esta manera, pero, es coherente con el momento sociológico, consistente en la renovación de las élites, en el marco de un proceso mayor como es el de la movilidad social, vía la utilización corrupta del poder político.