Punto de Re-flexión

¿EVISMO, NEOMELGAREJISMO?

By argv.E338951d on Mié, 02/10/2013 - 19:28

Omar Qamasa Guzman Boutier

En el imaginario colectivo boliviano queda el recuerdo del gobierno de Melgarejo, como el de un hombre burdo y con un profundo desprecio a la sociedad boliviana. Más allá del nombre específico, sin embargo, estas dos características son las que, con tonos más o con tonos menos, se han reproducido a lo largo de nuestra historia. En este sentido, la gestión del actual gobierno no es la excepción e incluso es válido decir que ambas características se acentúan en la gestión de Evo Morales y los suyos. Por supuesto que las motivaciones entre Mariano Melgarejo y Evo Morales, para hacer gala de semejante comportamiento, son distintas aunque en ambos subyace la peregrina idea del abuso del poder, en medio de un enfermizo ambiente megalómano.

En el caso del por hoy gobernante MAS, la cuestión gira alrededor del fundado temor por no poder alcanzar el 50% más uno de los votos, en las elecciones nacionales del próximo año. Se trata de un temor que, en verdad, debió cimentarse seguramente en los últimos años debido a un comportamiento autoritario, para con virtualmente todos los sectores sociales. Tal es así que los “estrategas” de este partido no tuvieron mejor idea que la de convertir a los funcionarios de importantes instituciones (como el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Instituto Nacional de Estadísticas) en meros títeres, sumisos a los intereses subalternos del Poder Ejecutivo.

En contrapartida, aquellos mismos supuestos “hombres de Estado”, optaron por hacer oídos sordos ante toda demanda social e ignorar sendas movilizaciones que pedían simplemente el respeto a los derechos colectivos. Así pasaron protestas sociales, se sumaron varios muertos a causa del accionar del gobierno y se acumularon las pérdidas ocasionados por ello. Todo ello, claro, es algo que le tiene sin cuidado al gobierno. ¿No fue acaso el propio Evo Morales quien confesó que cuando toma una decisión que no se encuentra en derecho, llama a sus abogados “para que arreglen” la situación?, ¿ no dijo acaso que cuando toma una decisión, le mete “nomás”?, sin importarle el criterio de los sectores sociales y al mejor estilo de Melgarejo, en cuanto al respeto a la opinión pública.

Pues bien, como adelantamos hace varias columnas atrás, hoy el país está viviendo precisamente una de las consecuencias de tal comportamiento. A raíz de la chacota denominada “Censo nacional”, no únicamente se encuentra por los suelos la credibilidad del INE, sino que los resultados de tal censo no sirven de referencia para los sectores sociales y las diferentes regiones. Los sendos paros cívicos de La Paz, Beni, Potosi y Chuquisaca muestran que aquellos resultados no sirven sino para articular “técnicamente” (es un decir, claro) las condiciones que hagan posible maquillar en algo la caída en la preferencia electoral masista, que se avecina. Ello, en la disputa política inmediata, porque en lo estructural, está claro que aquellos desacreditados datos del “censo nacional”, contribuirán a profundizar la brecha entre las propias regiones.

Para que el cuadro se complete no podía faltar la payasada del TSE, referida a la distribución de nuevos escaños electorales, basados nada menos que en los resultados del “censo”. Bajo la pretensión de respaldar aquella bufonada nada menos que en “razones técnicas”, los personeros del órgano electoral no encontraron mejor alternativa que apartarse de la Constitución Política del Estado, como bien lo demostró la diputada Rebeca Delgado. Y es que la “propuesta técnica” del TSE tiene la seguridad que en el Poder Legislativo, la mayoría de simples levantamanos aprobará la misma. Lo hacen, porque esa es la orden del Palacio Quemado, sin importar el cuestionamiento nacional a los resultados del censo, así como a las subsiguientes iniciativas estatales que se asume, a partir de tales resultados.

Está claro, también, que en este divorcio entre gobernantes y sociedad, la debilidad de los primeros se manifiesta en el temor hacia los segundos. No otra cosa significa la penalización de la protesta social, de los reclamos cívicos y regionales. El gobierno penaliza estas protestas mediante el cobarde argumento del descuento de sueldos, por los días no trabajados, es decir por los días de protesta. Sin embargo, esta aparente fortaleza gubernamental, no hace sino confirmar la debilidad electoral que en lo íntimo de su ser, lo saben como inevitable los actuales neomelgarejistas del gobierno.

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TIEMPOS DE PEQUEÑAS ACUERDOS

By argv.E338951d on Jue, 26/09/2013 - 10:35

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

De espaldas a la principal temática de discusión nacional en la población, como es la referida a los poco creíbles resultados del Censo último, gobierno, empresarios privados y partidos políticos prefieren dirigir sus acciones en sentido contrario. Por medio de variados acuerdos entre estas instituciones, esta instancia que algunos suelos denominar como “superestructura política”, se orienta entonces hacia sus propios objetivos. Estos objetivos particulares, como vemos, no siempre coinciden con los intereses de la sociedad boliviana y en todo caso, marcan las características del tiempo político que se nos avecina, con miras a las elecciones nacionales del 2014.

Así tenemos acuerdos, por ejemplo, del gobierno con el empresariado de Santa Cruz logrado a pocos días del aniversario cívico de ese departamento y con la clara intención del Poder Ejecutivo de presentar ante la opinión pública nacional un falso escenario de conformidad en la sociedad, para con este gobierno. En la vereda de la oposición política, la lógica de los acuerdos a espaldas de la discusión de una de las principales temáticas del país, es la misma. En efecto, aquí al menos dos son las manifestaciones que retratan ello; la conformación de un (supuesto) Frente Amplio y la realización de elecciones internas entre la oposición, para nominar a una candidatura única para el año electoral próximo.

Ya para las elecciones del 2009, el MAS no tuvo mejor idea que la de incorporar a sectores de la entonces Unión Juvenil de Santa Cruz(una organización de contenido racista y casi delincuencial) a sus filas, con la ilusión de sumar así algunos votos más en el oriente. Durante los años que van desde entonces hasta hoy, a su vez el partido de Evo Morales, se ha nutrido en el parlamento de no pocos tránsfugas, frente al distanciamiento de algunos parlamentarios críticos al proceso, provenientes del propio MAS. De esa manera a la vez, pero, se ha contribuido a desvalorizar aún más el rol del Poder Legislativo, ya de por sí venido a menos. Este resultado político concreto, a su vez ha desvalorizado a la propia democracia boliviana, aunque ha sido pasajeramente útil para los tránsfugas y los masistas.

Las incoherencias que mostraron no son solamente atribuibles, sin embargo, al partido de gobierno. También en la denominada oposición política se observa el mismo comportamiento. En el Frente “Amplio” por ejemplo, encontramos desde ex-masistas, hasta ex-antimasistas radicales, pasando por uno que otro desorientado analista político. Esta ensalada, claro, no puede basarse con seriedad en un programa común y menos en un proyecto histórico de construcción estatal. Al parecer, aquí el “programa” comienza y termina con la elección nacional próxima.

Ni siquiera la realización de elecciones internas en esta oposición, para definir una candidatura única podría modificar esa situación y al contrario, no haría más que acentuar el carácter coyuntural y electoralista del Frente “Amplio”. La razón es que, como señalamos hace meses, es que el tiempo histórico para la política boliviana, tiene el horizonte monopolizado por el proyecto de capitalismo de Estado del MAS. En estas circunstancias, ninguno de los partidos de oposición puede presentar un proyecto estatal diferente, porque estos partidos son, en lo programático, indiferenciables del proyecto masista. En lo substancial de las propuestas de la oposición, no hay gran diferencia entre ésta y el gobierno; la disputa, como se comprende, gira entorno a la apropiación del excedente y no al modelo de generación del mismo. Opositores y oficialistas comparten, pues, la misma visión depredadora para con el medio ambiente, que subyace en los proyectos de desarrollo “industrial” del país.

Más allá de esta voluntaria pérdida de sentido de la realidad que los partidos políticos del gobierno y de la oposición muestran, el ruido que se genera en la sociedad sigue su curso. Lo hace, como se observa, al margen de la superestructura política, es decir, al margen de las instituciones políticas de mediación con el Estado, como son los partidos y el Poder Legislativo. En verdad, el sistema político tradicional boliviano ha colapsado parcialmente en octubre del 2003 precisamente por esa razón; porque aquellas mediaciones se han divorciado con respecto a la sociedad, es decir han atrofiado la función que deberían cumplir, como es la de llevar el “ruido de la sociedad” al ámbito estatal, para procesamiento y atención. Aquél sistema político era tan poco representativo en esas circunstancias, que las decisiones que asumían no impactaban en la propia sociedad y al contrario, eran las determinaciones de ésta la que direccionaba la discusión en las propias instancias de mediación política.

Si hay algo, pues, que asemeja al MAS y su gobierno con el MNR, el MIR o con cualquier otro partido del pasado inmediato, es precisamente el hecho de fomentar aquella división entre sociedad y partidos políticos. Se trata de un dato fuerte, en la tradición política boliviana y nos revela una de las razones profundas por las cuales nuestra institucionalidad política es tan frágil. La continuidad, por tanto, entre la politiquería del pasado inmediato y del actual momento político, puede sintetizarse en todos estos elementos; pequeños acuerdos políticos a espaldas de las preocupaciones centrales del país, agrupaciones políticas desesperadas por turnarse en el ejercicio del poder para beneficio particular y un sistema político que rápidamente correhacia los mismos despeñaderos que su antecesor.

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EL MAS CONTRA LA PAZ

By argv.E338951d on Jue, 12/09/2013 - 10:11

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

El paro cívico de la ciudad de La Paz, este pasado 11 de septiembre, ha desnudado la pobreza sobre la que se asienta, no digamos ya el gobierno sino el pretendido Estado “plurinacional” y en general, el supuesto proceso de “cambio”. Pero, a la vez, ha revelado algunas problemáticas de fondo, en la coyuntura política boliviana, en la perspectiva de las elecciones nacionales del 2014. Por ello, puede decirse que este paro marca un punto, en el que las aguas se dividen.

Comencemos diciendo que el paro ha sido un evento exitoso, porque de hecho, ha logrado paralizar la ciudad sede de gobierno y lo principal, ha legitimado un sentimiento de rechazo a los resultados del censo nacional último. No es un dato menor, si se considera que, en tanto sede de gobierno, el asedio que sufre la ciudad por los gobiernos de turno, ha subsumido constantemente los intereses específicos de esta ciudad, a los intereses general del país. A ello, claro, contribuyó siempre el bombardeo propagandístico de los operadores y propagandistas de los gobiernos y en la actualidad, ello no es la excepción. En efecto, el MAS no ha ahorrado esfuerzos para intentar hacer fracasar el paro cívico. Desde “dirigentes vecinales” apócrifos, hasta amenazas de violentar la protesta por medio de grupos de choque, atrincherados principalmente en determinados sectores del transporte público, pasando por la insolencia para con la ciudad de parte de algunas autoridades del gobierno central, en sentido de que el paro era cosa de cuatro agitadores, todos los esfuerzos del MAS han fracasado frente a la contundencia de la medida de protesta.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en muy raras oportunidades La Paz se moviliza por sus propias demandas; generalmente las movilizaciones de esta ciudad tienen alcances nacionales y no locales. Así fue frente a sendas dictaduras o por demandas nacionales como la recuperación de los recursos naturales en manos de empresas transnacionales. En consecuencia, el que en esta oportunidad la ciudad exprese demandas propias, nos habla al menos de un nuevo elemento, cuya importancia no debería desmerecerse. No debería hacérselo, porque una de las plazas políticas y electorales fuertes del actual gobierno, fue precisamente La Paz. El que esta ciudad se mueva en franco rechazo a las políticas del gobierno, concentradas en el censo nacional, nos está hablando de un desplazamiento político (que luego será, a no dudar, electoral) importante. Por ahora, lo que puede decirse, es que el arraigo del gobierno (léase, legitimidad social) se ha reducido notoriamente en la propia ciudad sede de gobierno.

Se entiende, entonces, que este paro hubiera tenido rápidamente repercusiones en el resto del país. A pesar que la movilización de La Paz fue por demandas propias, sin embargo, resumía un sentir que -nadie puede negar- tiene alcances nacionales: el del rechazo al censo nacional realizado poco menos de forma cantinflesca. La exposición mediática misma, por ser ciudad sede de gobierno (y adicionalmente, una de las ex-plazas fuertes del MAS), entonces ha contribuido a amplificar el contenido intrínseco de la protesta, cual es el cuestionamiento a los resultados del censo. En ese orden y pese a que la demanda fuera particular, no cabe duda que resume una demanda, a la vez nacional.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y del MAS, ante la protesta? Como era de esperar, la falta de espíritu democrático del gobierno de Evo Morales se ha manifestado haciendo simplemente oídos sordos ante las demandas y minimizando la protesta. Al igual que en otras protestas cívicas en el interior del país en el pasado inmediato (como en Oruro a raíz del nombre del aeropuerto o en Potosí, por demandas desatendidas de forma constante), también en esta oportunidad los “estrategas” del gobierno apuestan a desgastar la protesta, por medio del cansancio y de la desatención a los pedidos a lo largo del tiempo. Para el MAS, no existiría ninguna posibilidad en el futuro mediato, para corregir los graves errores del censo pasado, por medio de un nuevo censo. Al igual que las políticas de Sánchez de Lozada en su momento, por tanto, para los masistas los resultados del censo están escritos en piedra. Pero ya hemos visto cómo la sociedad boliviana modifica aquellas políticas (para el caso, el censo) que pretendían estar escritas en piedra.

Está claro, por tanto, que el problema de fondo que se ha manifestado en la exitosa protesta de La Paz gira en torno a los resultados del censo. Se trata, reiterémoslo, de una problemática nacional, que en el caso de La Paz tuvo su ingrediente particular, entre otras cosas también debido a lo no definición de límites, con otros municipios. En el fondo, pero, también este hecho muestra la punta de una problemática de fondo; en este caso bajo la del burdo cálculo político electoral del gobierno. Hoy se puede afirmar que la reducción del número de la población en La Paz (al igual que en otras ciudades) tiene la finalidad de influir también en la redistribución de los escaños electorales. En el caso específico de esta ciudad, ello significaría que las zonas rurales adyacentes pudieran incrementar una representación en desmedro de la ciudad, ya que la población “perdida”por La Paz ha sido “absorbida” por municipios de aquellas zonas.

Este modelo de desplazamiento de la representación para el futuro parlamento ateniéndonos a los muy cuestionados datos del censo, amenaza con replicarse también en el interior del país. Desde ya, una autoridad originaria de Chuquisaca (de la nación Qara-Qara) ha denunciado que ellos perderían la posibilidad de contar con una representación, precisamente a raíz de los resultados del censo. En consecuencia, el problema de fondo que se ha criticado en el paro cívico de La Paz tiene aparejada una problemática no menor, como es la referida al juego electoral y la nueva distribución de las circunscripciones electorales.

Por supuesto que el conflicto no ha concluido. Ni la protesta local de La Paz, ni las perspectivas nacionales del cuestionamiento a los resultados del censo y sus consecuencias inmediatas han alcanzado, lo que podríamos llamar, sus picos de mayor expresión. Al contrario, teniendo en cuenta la acumulación subjetiva de la sociedad boliviana, es decir, los altos grados de politización que nos caracterizan como sociedad civil, lo más probable es que otras regiones, otras capitales de departamento, secunden con sendas medidas de protesta el paro cívico de La Paz.

Hablamos -para que incluso los lectores del gobierno de esta columna lo entiendan- de una recomposición molecular de la sociedad civil boliviana, que marca al menos un distanciamiento y una contraposición abierta, con respecto a las políticas gubernamentales. En otras palabras, el lío social y político que los resultados del censoprovocan, recién comienza.

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MAS: MODELO DE GOBIERNO CORRUPTO

By argv.E338951d on Jue, 05/09/2013 - 18:50

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

No es una novedad hablar de gobiernos corruptos en Bolivia. En realidad, con muy escasas excepciones (a las que, claro está, no pertenece el actual modelo de gobierno masista), la constante en nuestra historia ha sido la presencia de gobiernos corruptos. Lo que en esta oportunidad nos interesa es, sin embargo, tratar de reflexionar en torno a las particularidades de la corrupción que, hoy por hoy, se presenta en el actual modelo de gobierno, es decir en el ordenamiento sistémico de la administración del Estado.

Para comenzar, aclaremos lo que vamos a entender por corrupción de un modelo de gobierno o sea, por un ordenamiento sistémico, funcional a la corrupción, en la administración estatal. En principio señalemos que importará aquí, la lógica de dicho modelo, la lógica del ordenamiento del sistema; esta precisión nos coloca, de entrada, en la perspectiva sistémica de la corrupción y no en la perspectiva individual de la misma. En segundo lugar, adelantemos que los “agentes sociales de la corrupción” (para llamarlos de alguna manera) serán, por tanto, los administradores de la cosa pública. Ambas características nos hablan de la debilidad institucional de un Estado y en general, de un sistema.

La lógica de un modelo de gobierno corrupto, por ello, debe observarse desde sus elementos generales. Uno de estos elementos, hemos adelantado, es aquél que se refiere a la constante histórica de la corrupción, en el manejo del poder en Bolivia. Un segundo elemento, se refiere a la falta de independencia de los poderes, particularmente del poder judicial y del poder legislativo. Tampoco, pero, esta falta de independencia es hoy una novedad. Puntos más o puntos menos, los masistas hoy en función de gobierno, ejercitan un sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo hacia el poder Ejecutivo, en los mismos términos que, en su tiempo, lo hacían movimientistas, miristas o adenistas. Presentándose, por tanto, una continuidad en ello, no debería sorprender que también el manejo del poder presente las mismas prácticas corruptas.

Por otro lado, debe anotarse que la práctica política (aquí, entendida la “política” como el simple juego de intereses privados, en torno al control de la cosa pública) tanto de los anteriores gobiernos como del actual, se han caracterizado por algunas similitudes. Una de ellas es que, en interés político del gobierno de turno, “todo medio es válido”, para la consecución del fin, cual es continuar en función de gobierno. Es válido el matonaje (en Bolivia, preferentemente contra los pueblos indígenas), la demagogia o simplemente la prebendalización de algunas direcciones sindicales.

¿Por qué, a los ojos de la sociedad, aparece de forma tan grotesca el modelo masista de gobierno corrupto, si en definitiva es igual a todos los también gobiernos corruptos anteriores? Porque se entendía que la convulsión social de 2001 al 2005 habría derrumbado el sistema político corrupto boliviano y habría “dignificado” (estas son palabras de Evo Morales, en el 2006) la política. Se entendía que esa dignificación venía principalmente de las organizaciones sindicales campesinas, asumidas como “reserva moral” y finalmente se creía que los sectores campesinos en lo principal, habrían aprendido la lección histórica de la revolución nacional de 1952 y no caerían nuevamente en el penoso papel de servir únicamente “como escalera” a advenedizos profesionales de las clases medias.

Un segundo factor general, en la consideración del actual modelo de gobierno corrupto, se encuentra en la “ideología” (entendamos aquí este concepto, en su sentido lato). Si se asume que, con la finalidad de alcanzar los propósitos de la nación debe eliminarse todo obstáculo que se encuentre al frente, se asumirá también la idea de la confrontación entre enemigos y amigos: los enemigos son todos los obstáculos y los amigos son o quienes están al lado del gobierno o quienes por temor a represalias simplemente se hacen de la vista gorda. Por tanto, en la visión maniquea de la política del MAS, a la relación de enemigos-amigos, corresponderá también la pretensión del monopolio del poder.

Por supuesto que el actual modelo de gobierno corrupto tiene sus particularidades. Una de ellas se refiere al hecho que los casos de corrupción más sonados, se han conocido gracias a denuncias den exterior. Lo fue así con el ex-zar antidrogas del gobierno de Morales; lo fue incluso con la red de extorsión, conformado por abogados nada menos que del Ministerio de Gobierno y lo es ahora, con la extorsión de un oficial de la Policía, encontrado en fragancia en el acto de delinquir, en Estados Unidos, por agentes del FBI.

De ello, entonces, se desprende una segunda característica particular de este modelo. Todos los personajes de los casos de corrupción más notorios se encontraban vinculados al gobierno o a una de las instituciones del Estado. Este es un dato que nos habla, pues, de la pertenencia a un sistema de gobierno, a un orden institucional, cuya direccionalidad política viene dada precisamente por el Poder Ejecutivo. Son datos, todos ellos, incuestionables que nos muestran la manera en que aquellos supuestos generales que líneas arriba hemos tratado de pintar, se concretizan en el ejercicio concreto del poder, en sus diferentes niveles y áreas.

Poco importa, por tanto, los balbuceos de las autoridades, en sentido de que los delitos son cometidos de manera individual. Importa poco, porque desde los más altos cargos públicos del país se hace gala del atropello a la ley, a los derechos fundamentales y de la prepotencia en el ejercicio de la autoridad, con los sectores sociales vulnerables. Estos ingredientes en conjunto, no pueden sino desembocar precisamente en las prácticas de corrupción, que hemos tratado de entenderlas en función de la utilidad a un modelo de gobierno.

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MASISMO Y MAL GOBIERNO

By argv.E338951d on Jue, 29/08/2013 - 11:51

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

A la hora de evaluar a una fuerza política -mucho más si ésta se encuentra en función de gobierno- importan al menos tres consideraciones: los hechos concretos y no tanto los discursos; el estado de la correlación social de fuerzas que tales hechos contribuyen a crear y la proyección en el tiempo, de las políticas aplicadas por aquella fuerza política. Se entiende que una fuerza política mínimamente madura deberá orientarse por la mantención y el potenciamiento de su influencia en la sociedad. Lo contrario, nos coloca frente a fuerzas políticas débiles, desde la perspectiva histórica y con una baja vocación estatal. En estos casos, predominarán acciones contradictorias, el menos precio a la opinión pública y el debilitamiento institucional del país, para sostener políticas nacionales a largo plazo. Estas últimas características pueden resumir lo que entenderemos por “mal gobierno” y quedan muy bien ejemplificadas por la administración gubernamental del MAS de Evo Morales.

Sin volver a recordar los manotazos del gobierno, para con casi todos los sectores de la sociedad, veamos algunos ejemplos, que nos arrojan los hechos durante las últimas semanas y la actuación del gobierno en ellos. Se trata del Censo nacional, de la tragedia en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) y del refugio político del senador Roger Pinto. Sin entrar en la consideración de las justificaciones (los discursos) para cada uno de los casos, lo cierto es que se pueden precisar algunos datos incuestionables, en cada uno de los mismos.

Los errores que se incubaron en la preparación y ejecución del Censo, han dado como resultado concreto, un descrédito de la población con respecto a los datos oficiales del ejercicio censal. Son regiones, municipios, sectores sociales e instituciones (¿alguien puede dudar, todavía, que es virtualmente toda la sociedad boliviana la que cuestiona aquellos resultados?), las que han mostrado su desacuerdo con el Censo. Un equipo administrador del Estado (es decir un gobierno) mínimamente responsable, en consecuencia, mostraría al menos la predisposición para enmendar los errores y eventualmente, volver a repetir el ejercicio. El MAS, sin embargo, sencillamente opta por “ocultar la basura bajo la alfombra”, fingir voluntad para la evaluación técnica del Censo e ignorar el clima de protestas generalizadas que asoma en el horizonte, a propósito del Censo. Asumir una postura de espaldas a la realidad, obviamente no supone la modificación de tal realidad, por lo que puede adelantarse que la fuerza de esa realidad terminará imponiéndose en la política nacional.

En la consideración de los sucesos de Palmasola, por su parte, puede observarse el mal gobierno masista casi al desnudo. Lo primero que llama la atención es la falta de eficacia de los servicios de inteligencia de la policía. Se entiende que inteligencia policial deberá servir, en el caso de la administración de los recintos penitenciarios, para prevenir la confrontación entre reclusos, a raíz de las pugnas internas de grupos y para la orientación en la toma de decisiones, por parte de las autoridades responsables de las cárceles. En el caso boliviano, lo que se ha demostrado, es que inteligencia policial no sirve para ello, sino para infiltrar marchas indígenas (como en el caso del TIPNIS) o realizar (auto)secuestros a un alto funcionario de gobierno, como fue el caso del canciller, el 2011. Vistas así las cosas, no debería extrañar la total falta de respeto a los muertos de la tragedia, que el mismo día de los hechos y en el mismo recinto penitenciario de Palmasola, demostrada el señor Jorge Pérez, vice-ministro de Régimen Interior.

Como se recordará, Pérez no tuvo mejor iniciativa que posar, cual bufón de plaza, en una foto en ocasión de la entrega de los primeros lotes de medicamentos para los heridos de Palmasola. El que la treintena de muertos, por tanto, no hubieran provocado,luego, ni una muestra de vergüenza por parte del ministro de Gobierno y el que éste continúe en el cargo, es coherente con todo lo sucedido en las áreas bajo su “responsabilidad”.

Forma parte, pues, de esta “conducción” gubernamental que avergüenzan al país, el bochorno a raíz del asilo político del senador Roger Pinto, luego de su salida de Bolivia. Lo concreto, en este caso, es que el gobierno de Brasil ha otorgado asilo al parlamentario boliviano. El que Evo Morales y su gente se rasguen las vestiduras diciendo que Brasil ha violado los tratados internacionales con ello, puede servir pasajeramente para el consumo interno, porque lo cierto es que el gobierno del MAS quedó puesto en evidencia, como un gobierno que incumple, precisamente los tratados internacionales en materia de asilo. Seguramente en Chonchocoro, Luis Arce Gómez y Luis Garcia Meza deben estar admirando a Morales, por no haber concedido el salvoconducto a Pinto, a pesar que Brasil le otorgara asilo, cuando el parlamentario se refugiara en su embajada, en La Paz; ni aquellos “narco-dictadores”, de principios de la década de 1980 se atrevieron a negar el salvo conducto a los opositores políticos, refugiados en las embajadas. Pero, más allá de esta muestra que da el gobierno masista en haber superado a esos dictadores en materia de asilo, lo verdaderamente sorprendente es que se siga insistiendo en el desconocimiento de los tratados internacionales en el tema, como puede apreciarse en las declaraciones de Morales, luego del asilo concedido por Brasil a Pinto.

No importa que estas manifestaciones de mal gobierno, ante la proximidad de las elecciones nacionales, en realidad estén dirigidas para dar un mensaje a los cada vez menos incondicionales electores del MAS, porque en administradores con vocación estatal, deberá primar la elección por el interés general. Aquí, el “interés general”, abarcaría tanto al partido de gobierno, como al país en su conjunto. Pues bien, lo que nadie puede negar es que las acciones del mal gobierno, han desgastado políticamente al MAS; lo han hecho con mayor eficacia que toda la oposición conservadora junta o todas las protestas sociales de los trabajadores. Aquí, el verdadero opositor al gobierno se Evo Morales y el MAS se llama Evo Morales y MAS.

Por supuesto que no preocupa tal desgaste en sí, sino en la medida en que mediante el mal gobierno ejercido, a la vez, los masistas están debilitando las instituciones estatales. El debilitamiento del sistema judicial es algo inocultable, como lo es ahora, también el debilitamiento del INE. Con ello, entonces, la sostenibilidad en el tiempo, de las políticas sectoriales o nacionales, tiene pocas probabilidades. Desde nuestro punto de visto, hemos insistido, en que ello, en el fondo, no es del todo negativo. No lo es, porque supone que el país nuevamente estará frente a la necesidad de reformas de contenido nacional-popular, ya que el gobierno del MAS no ha hecho sino evitar, precisamente, tales reformas. Morales y compañía han actuado como los mejores diques de contención a tales reformas y lo positivo de la crisis estatal que el propio gobierno se está encargando en sembrar, es que aquella farsa comienza a desnudarse.

Lamentablemente, en el tiempo histórico por el que transcurrimos, por ahora los efectos del mal gobierno no sirven sino para reciclar a viejas opciones políticas, es decir a la “derecha”. En realidad, el MAS es y ha sido funcional al resurgimiento de la “derecha”, porque ha desarmado ideológicamente al movimiento popular, ha castrado políticamente a los trabajadores y ha marginado al movimiento indígena. En esto también destaca este partido, como una fuerza política que sin sonrojarse traiciona las esperanzas democráticas y autodeterminativasde la sociedad boliviana; cosa que los sectores conservadores han buscado por siempre.

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CENSO DESLEGITIMADO

By argv.E338951d on Jue, 22/08/2013 - 13:28

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

El contrato social, de Rousseau, es un ensayo que bien puede entendérselo como el esfuerzo para la construcción de la legitimidad. En realidad el texto aborda la construcción de la legitimidad de derecho que, por el acuerdo o consenso general previo, cierra la legitimidad de hecho. Tenemos, entonces, dos tipos de legitimidad -la legal y la social; de derecho o de hecho, para mantenernos en el mismo lenguaje- que, en este autor, no se encuentran contrapuestas. Más aún, siendo que la legitimidad legal institucionaliza la legitimidad social, podemos decir que en Rousseau, la legitimidad supone a ambas, según el texto al que nos hemos referido.

Esta introducción viene a propósito de la reflexión en torno a la legitimidad y al encuentro o desencuentro que le legitimidad legal y la legitimidad social puedan presentar en su seno. Aunque en El contrato social es diferencia no se establece, hemos partido de la diferenciación entre el derecho y e l hecho, para pensar en la posibilidad de tal desencuentro. En Bolivia, los ejemplos de tal desencuentros son variados y tienen verdaderas raíces “históricas” (desde el “se acata, pero no se cumple” del siglo XIX, hasta el espíritu de tinterillos que constituye el espíritu de toda la administración pública), que se prolongan hasta nuestros días. Uno de los últimos ejemplos de ello nos lo ha dado el Censo.

Se entiende, volviendo a Rousseau, que junto a otros pensadores del siglo XVIII, inauguran lo que puede denominarse el pensamiento político moderno. En gran medida, en torno a esos pensamientos se han organizado los Estados, no solamente en el viejo continente. En su expresión más racional de esos Estados y los presupuestos teóricos sobre los que se sustentan, encontramos a los pensadores alemanes, particularmente a Weber. En último término, la racionalidad de los Estados modernos, se asienta, siguiendo esta línea de pensamiento, en la institucionalización de la legitimidad social. Puede discutirse, claro está la validez o los grados de validez de tal pensamiento para la construcción estatal en países como el nuestro, pero en esta oportunidad ello no tiene mayor sentido, porque el proyecto de Estado del MAS, al menos formalmente, ha demostrado adscribirse a ese pensamiento.

Con todo, pero, el último Censo ha demostrado que la simple imitación a ello, de parte de Evo Morales y su gente, no bastan para efectivamente posibilitar la construcción de la legitimidad legal y social, en las acciones estatales. Al contrario, lo que destaca es la pervivencia de prácticas pre-modernas, como eso de que se cumplen con la normas, pero no con el espíritu de las cosas. Ello, a propósito de los múltiples cuestionamientos a la validez de los resultados del Censo; cuestionamientos que abarcan desde comunidades indígenas, pueblos intermedios, capitales de departamentos y finalmente regiones enteras. Está claro que aquellos variados cuestionamientos no únicamente muestran la gran desconfianza de la población con respecto a los resultados del Censo, sino, en lo que nos importa ahora, los bajos grados de legitimidad social de los que gozan tales resultados. Hablar de un Censo sin legitimidad, por tanto, es válido a la hora de la contrastación de los resultados con la percepción de la población sobre los mismos.

Una situación similar se ha presentado en Chile, en torno al Censo en ese país y la respuesta del gobierno chileno fue la de realizar un nuevo censo. En el caso boliviano, todo lo contrario. Desde el gobierno se insiste en negar toda posibilidad de revisión del censo, para eventualmente convocar a un nuevo censo. Este comportamiento masista, alejado de la realidad en torno al tema, se reforzado por la postura de CELADE, en torno a negar incluso la posibilidad de realizar una auditoria al último censo boliviano. La pregunta es, ¿porqué, mientras en Chile el gobierno actúa con un mínimo de responsabilidad para con su país, en Bolivia, los gobernantes hacen gala de su irresponsabilidad y total falta de seriedad para con un instrumento tan importante como es un Censo? Según nuestra manera de ver y más allá de las diferencias ideológicas entre uno y otro gobierno o los propósitos totalitarios que salen del palacio de la Plaza Murillo, la respuesta se encuentra en la institucionalidad estatal.

En efecto; debe recordarse que las instituciones también tienen historia, es decir, también tienen memoria. La memoria de la institucionalidad estatal en Bolivia se ha nutrido grandemente por aquél pintoresco principio del “se acata, pero no se cumple”. A lo largo de nuestra historia, el Estado o fue un botín de conquista (visión que continúa, por lo visto, rigiendo en los actuales gobernantes) o fue un trampolín para el impulso de negocios privados; todo ello, claro, matizado por una envoltura de procedimientos legales. Este desprecio a la necesidad de mantener una correlación entre la legitimidad social y la legitimidad legal tiene larguísima data en nuestra historia. Los ejemplos más burdos se encuentran en Mariano Melgarejo o en los liberales de principios del siglo XX y como se observa en el caso del Censo, el gobierno de Evo Morales, AlvaroGarcia, los ministros y todos sus parlamentarios, no se encuentran muy lejos de ellos. Sin ir tan lejos, ese divorcio entre ambas formas de legitimidad se ha observado en la entrega de nuestras empresas al capital extranjero durante el llamado período “neoliberal” y así como ayer, hoy en día, se sigue observando tal divorcio.

Con todo, el Censo de la desconfianza, que tanto rechazo está causando en la población boliviana, se ha realizado con recursos públicos, es decir con recursos de todos nosotros, los bolivianos. Por ello será también necesario preguntarse en torno a los responsables de este verdadero mal uso de los recursos públicos. ¿En verdad se puede malgastar nuestros recursos tan alegremente y causar problemas entre regiones o sectores sociales, sin que los responsables (el Director del INE, la ministra del área y otros) tengan que rendir cuentas de ello?

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EL CENSO DEL ABSURDO

By Draven3166 on Jue, 15/08/2013 - 11:32

Punto de Re-flexión

Omar Guzman Boutier

Uno de los varios resultados absurdos que nos deja el Censo nacional, es el referido a la auto-identificación étnica. Las respuestas a la pregunta referida a la identificación étnica (varias opciones de pueblos indígenas, junto a la categoría de “ninguno”) nos presentan que ahora Bolivia no es un país indígena, sino de los “ninguno”, vale decir de mestizos. El dato podría parecer sorprendente al observador superficial, por lo que merece profundizarse en torno al tema.

Para entender las razones por las cuales, de acuerdo al recuento estadístico, Bolivia pasó de ser un país de mayoría indígena (en el Censo del 2001) a un país de minoría indígena (en el último Censo), debe tomarse en cuenta dos consideraciones: el contexto histórico y el sentido de la auto-identificación. Se trata de dos consideraciones que, de suyo propio, complejizan el ejercicio estadístico y en el caso nuestro, distorsionan la visión respecto a la sociedad boliviana. En todo caso, es este último elemento el que destaca como característica del último Censo en muchos campos, como en el caso específico que observamos.

En primer lugar entendemos, en lo que a la pregunta de la identificación étnica se refiere, que el contexto histórico en el que se realizó el anterior Censo es muy diferente al contexto histórico actual. En el primer caso, ese contexto estaba marcado por un auge de lo nacional-popular, en detrimento de las tendencias extranjerizantes. Esto quiere decir que aquél auge tenía su apoyadura en internas, nacionales si se quiere, al contrario de identificaciones con lo externo (legitimadas discursivamente por la globalización). El punto más sólido de aquellas referencias nacionales fue precisamente lo indígena; consideración válida si nos atenemos a la propuesta de Gramsci, referido al término “nacional-popular”. Para este teórico italiano, lo nacional venía precisamente de la presencia campesina (i.e. indígena, para el caso boliviano), porque es en la transformación de la materia en su nivel primario, es decir en la agricultura, donde se ancla las características nacionales de un país. En consecuencia, es esta referencia interna la que en el 2001 ha proporcionado un apoyo sólido a lo popular.

Al contrario de ello, el último Censo se realizó en un contexto en el que el bloque nacional-popular se ha quebrado por un lado y por otro, en el que lo indígena nuevamente pasa por un período de aislamiento político y social. Lo indígena ha sido políticamente aislado por el gobierno de Evo Morales y marginado socialmente por el resto de la sociedad, como se pudo observar a la luz de los resultados electorales para Gobernador en Beni, hace cerca de seis meses. Por ahora, vivimos pues un período en el que lo indígena sufre los efectos de la impostura del actual gobierno (en ese sentido, nunca será demasiado insistir en el carácter objetivamente anti-indígenadel gobierno del MAS), en el entendido que para la mayoría de la población, este gobierno de impostores y totalmente ajeno al pensamiento indígena se encuentre encabezado por un supuesto “indígena”. Así las cosas, desde el punto de visto del contexto socio-político, el que el Censo masista hubiera poco menos alcanzado a borrar la presencia de los pueblos indígenas, es consecuencia de del mal gobierno de Morales y su gente.

Respecto a la auto-identificación étnica, debemos señalar lo siguiente. En primer lugar se trata de una valoración en gran medida subjetiva; muy diferente a la observación objetiva. Entendemos que la subjetividad social del individuo, sólo se desarrolla en sociedad, es decir en interrelaciones sociales, por lo que en este tema, el solipismo no tiene lugar. En la teoría de la interrelación, importa por tanto el contexto, tanto social, como político o en suma, el contexto histórico. En consecuencia, puede decirse que, complementariamente al anterior razonamiento, ese contexto ha influido en el tipo de respuesta dados a la misma pregunta, tanto en el Censo del 2001 como en el último Censo. Por ello mismo, entonces, la respuesta a la identificación con un pueblo indígena es no únicamente una respuesta que se refiere a lo étnico, sino también a lo político. Esto quiere decir que la auto-identificación étnica, en el caso boliviano, es también un dato político.

Desde las corrientes empíricas de las Ciencias Sociales (en las que se fundamentó el Censo masista), estas diferencias y ampliaciones teóricas no pueden realizarse, porque se supone que el dato debería ser neutro con respecto a toda valoración subjetiva. Pero sucede que el individuo es una totalidad, tanto de lo dado (lo objetivo), como de lo pensado (lo subjetivo). Ya deberían algunos matemáticos aficionados a la lectura de temas sociales y hoy en función de gobierno, entender que una clase o un pueblo, es tanto su situación objetiva, como su auto-reconocimiento subjetivo. Parafraseando a Zavaleta Mercado, diríamos que “uno es lo que es, más lo que cree que es”. Claro que las teorías empíricas de las Ciencias Sociales tienen grandes problemas en poder siquiera captar aquello.

Refirámonos por último a un efecto del Censo pasado. Nadie puede dudar, excepto los funcionarios del gobierno, que este Censo tiene muy bajos grados de credibilidad en la población. El descrédito en los resultados del Censo, al margen del absurdo que hemos comentado, abarca no únicamente a regiones, sino también a sectores sociales populares. En este orden y más allá de las actuales protestas regionales, está claro que los resultados del Censo no servirán de instrumento de referencia, ante demandas sociales de diverso tipo: laborales, regionales, vecinales y otros. Es un talón de Aquiles que dificultará al propio Estado el procesamiento de aquellas demandas, en un futuro no muy lejano; digamos ante las protestas que la COB realiza cada principio de gestión. En consecuencia, cual oligofrénicos, los actuales gobernantes están destruyendo todo instrumento de planificación que debería servir para la gestión de los diferentes gobiernos, a lo largo de un tiempo determinado.

Si algo de positivo se puede sacar de todo ello, es el gran daño que, desde el propio gobierno, se ha causado a la farsa del Estado “plurinacional”. Mientras algunos antropólogos y desde algunas ONG’s se lamentan por ello, a este columnista le parece más bien un dato positivo tal derrumbe. Se derrumba una impostura, una farsa (la del proceso de “cambio” y del Estado “plurinacional”), que en lo substancial se ha caracterizado por su orientación anti-indígena y depredador de los recursos naturales. Todo ello, claro, en el marco del anhelo de un capitalismo de Estado, cuyos intentos por sostenerse de pie han fracasado en varias oportunidades a lo largo de nuestra historia.

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HACIA EL OSCURANTISMO

By argv.E338951d on Jue, 08/08/2013 - 10:29

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

El debate en torno a un proyecto de Ley referido al derecho a la información rebela, más allá de la discusión jurídica o incluso de la controversia política, revela un hecho más profundo. Puede decirse que el contenido del referido proyecto de Ley establece con claridad serias amenazas, en último término, a las libertades de información y a ser informado. Se trata, claro, de manifestaciones que ubican al actual gobierno junto a los gobiernos militares de corte dictatorial, en materia del libre ejercicio de la libertad de información. Ello, debido al carácter autoritario se refiere, particularmente en su relación con los pueblos indígenas.

Las excepciones que se contemplan en el proyecto de Ley, respecto al derecho del funcionario público, a no transmitir información, en caso que las autoridades del ramo así lo consideren, habla a todas luces de la vulneración a los derechos citados. Junto a la posibilidad de establecer aquellas excepciones en áreas tales como la de los recursos naturales o el medio ambiente. Si bien es cierto que esa vulneración afecta a toda sociedad, es también cierto que la misma tiene -desde la perspectiva del gobierno- un propósito mayor. En este segundo caso, nos referimos a los derechos indígenas; considerado en el gobierno verdadero obstáculo para el cumplimiento de políticas depredadoras del medio ambiente y socialmente anti-indígenas. Por tanto, podemos decir que los efectos perversos de este proyecto de Ley tienen alcances generales, aunque alcances a los distintos sectores de la sociedad de diversa manera.

Por supuesto que los derechos indígenas incomodan al gobierno, particularmente porque se constituyen en obstáculos para el acceso libre a los recursos naturales. Recordemos que entre esos derechos, figura el derecho a la consulta, cuando el Estado pretenda realizar proyectos industriales u otros que afecten el medio ambiente, en el que viven los pueblos indígenas. El acceso a estos recursos se torna difícil cuando las comunidades indígenas se oponen a proyectos de explotación de tales recursos. Por tanto, es, desde el punto de vista del gobierno, también restringir el ejercicio de los derechos indígenas.

El “razonamiento” gubernamental es bastante elemental: imposición, por medio del aval de un inoperante poder legislativo para fines de fiscalización y de contra-peso al poder ejecutivo. Esta supuesta democracia únicamente tiene el barniz de legalismo, pero de espíritu expresa un impulso hacia el totalitarismo -entendido como la anulación de toda oposición. Así, efectivamente el MAS dispondría de todos los mecanismos “legales” como para administrar nuestros recursos a las sombras de la prohibición a la transmisión de información no autorización.

También hay que decir, pero, que el burdo razonamiento político del MAS responde a un proyecto estatal igualmente simple y burdo. Se trata, en este caso, de un modelo estatal de desarrollo que, de manera sintética, la podríamos llamar como de un capitalismo de Estado. Si tomamos las cosas en serio, vamos a convenir que el gobierno de Evo Morales tiene tanto de socialista, como seguramente lo tendrá también Obama, es decir nada. En el fondo, sin embargo, no está siquiera en discusión el contenido (socialista, reformista o nacionalista) del proyecto estatal, porque la lógica de la época ha impuesto un pragmatismo tal en la izquierda, que ahora todo se reduce a la administración de los Estados, aun siguiendo la lógica del capital y del mercado. Una realpolitik, entendida a la altura de las conveniencias del momento, que en buenas cuentas se resume a resolver el problema de una coexistencia con el mercado y el capital. Dependiendo grandemente de los vientos políticos, esta coexistencia puede tener mayores o menores niveles de tolerancia con ellos, pero está claro que no podrá prescindir de los mismos.

Puede decirse, pues, que el proyecto estatal que el MAS ofrece al país, no es sino el viejo y anhelado proyecto de liberales del fines del siglo XIX y de nacionalistas de mitades del siglo pasado: la industrialización. Si de alguna novedad puede hablarse en este nuevo intento, es el de los actores sociales. Inicialmente surgida de los movimientos sociales, la opción política que el MAS representaba se ha vista rápidamente ocupada por miembros de las clases urbanas, relegando a aquellos movimientos. Por eso no es casual que las primeras escaramuzas, en la actual administración, han venido de los pueblos indígenas, ya sea de tierras altas (organizados en torno al CONAMAQ) o de tierras bajas (aglutinados en torno a la CIDOB). Es secundario, desde estas consideraciones, si a la cabeza de este intento se encuentra un exdirigente sindical o si en el parlamento se observa más o menos ponchos, porque lo verdaderamente importante es el contenido de tal proyecto.

Es un proyecto que ya lo hubieran querido tener gentes tales como Melgarejo y la oligarquía de entonces o los liberales de la década de los veinte y treinta del siglo pasado. Supone el actual proyecto, un viejo anhelo señorial, pero llevado adelante bajo una fraseología indigenista: un modelo de desarrollo que supone la anulación de lo indígena, de su pensamiento y de su lógica de organización social. Pero, en definitiva, puede adelantarse que al igual que los anteriores intentos, también este intento, de ir en contra de las raíces de este país, fracasará. Lo hará mucho más rápido si el sistema desgasta sus márgenes de legitimidad ante la sociedad, por tantísimos errores políticos.

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ANTI INDIGENISMO MASISTA

By argv.E338951d on Jue, 01/08/2013 - 16:54

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

El alejamiento de Benancio Quispe del cargo de viceministro de Educación Superior y la denuncia del afectado, por presunta discriminación promovido por el sector k’ ara encontrar de los sectores indígenas, incomodaron en gran medida al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). La inicial respuesta del ministro de Educación, calificando la denuncia como una malcriadez no hizo sino validar en cierta medida, el contenido de la denuncia de Quispe.

Posteriormente, algunos militantes serviles a las estructuras dirigenciales dentro de ese partido, se apresuraron en salir en defensa del ministro, adelantando que Quispe sería remitido a la comisión de ética. Lo importante de todo esto parecido a una pantomima, fue que en el MAS, a raíz del hecho, se expresó una gran incomodidad, porque el incidente revelaba una vieja verdad: la impostura indígena de este partido. Como se sabe, esta impostura llegó al extremo de afirmar que Evo Morales sería nada menos que el primer presidente indígena y últimamente, en el colmo del delirio, que en tanto presidente indígena habría sido secuestrado en Europa, en ocasión del incidente con el avión presidencial.

Lo cierto es que el anti-indigenismo del MAS y del propio Evo Morales, viene de lejos. En verdad, Morales actuó siempre como punta de lanza en contra de los movimientos indígenas y sirvióa los sectores k’aras del país y de su partido (para seguir con el denominativo de Quispe) para frenar cualquier avance político institucional de los pueblos indígenas. Sin retroceder demasiado en el tiempo, recordemos que lo hizo durante la Asamblea Constituyente (AC).

Como se recordará, uno de las reivindicaciones centrales que planteamos, fue la representación directa de los pueblos indígenas, en los cargos electivos, particularmente en el Poder Legislativo. Aunque el entonces Pacto de Unidad (estamos en el 2007), reunido a fines de abril en ampliado nacional en Santa Cruz aprobó tal propuesta, Evo Morales, constituyentes anti-indígenas, dirigentes sindicales serviles al gobierno y muchas ONG’s, cerraron simplemente el paso, en sendas reuniones en la casa presidencial, a tal reivindicación.

Una segunda muestra del anti-indigenismo masista se pudo observar en ocasión del deslinde jurisdiccional, entre justicia ordinaria y justicia comunitaria. A raíz del lamentable caso de Uncía, con la muerte de cuatro policías en el 2010, acusados de extorsionar a la población, quedó claro para los ayllus del norte de Potosí, que la tan mentada pluralidad jurídica, no era sino otra más de las mentiras del gobierno del MAS. En efecto, la facultad de la denominada justicia comunitaria para considerar el hecho fue desconocida, debido a que el caso fue tratado por la justicia ordinaria. La burla posterior, que supuso la elección de autoridades del Poder Judicial, no logró engañar a los pueblos indígenas al punto tal que hoy en día, nadie puede sostener con seriedad que en el país el gobierno de Morales respeta la justicia comunitaria. La elección, en esa ocasión, de uno que otro personaje vestido de poncho o eventualmente, en el caso de las mujeres, de pollera, no cambió en nada el desconocimiento de facto, del sistema jurídico indígena. A lo sumo aquellas presencias sirvieron para dar un poco de color folklórico (tan de moda en estos tiempo de impostura) a un Poder venido muy a menos en la valoración de la ciudadanía. Como se sabe, aquellas representaciones poco menos que teatrales, tampoco sirvieron de mucho para levantar el prestigio del muy desprestigiado sistema jurídico boliviano y hoy, con ponchos o sin ponchos, con polleras o sin polleras, lo que queda claro es que tal sistema realmente representa una de las mayores vergüenzas para el país.

Finalmente tenemos el ejemplo del TIPNIS, para ilustrar la orientación en contra de los pueblos indígenas de Morales y su gente. La opinión pública boliviana sabe cómo se han manejado las cosas, en este caso. Si algo le envidian Gonzalo Sánchez de Lozada, Paz Zamora o los residuos del banzerismo a Evo Morales y su gobierno, debe ser seguramente aquella constancia en la represión al movimiento indígena, particularmente de las tierras bajas. El MAS ha intentado todo para doblegar la resistencia indígena a la construcción de una carretera que dividirá el territorio indígena y servirá, en lo principal, para la ampliación de la frontera cocalera del Chapare cochabambino. Intentó ignorar a la protesta, luego ensayó desprestigiarla fingiendo el secuestro del canciller, Choquehuanca, trató de hallar alguna suerte en la represión abierta a los indígenas, impuso una supuesta consulta, fabricó de lacayos, dirigentes indígenas truchos y por último, ahora, pretende enjuiciar a los dirigentes indígenas legítimos del TIPNIS.

Por ello, pues, causó tanta incomodidad en filas del MAS aquella denuncia. Por supuesto que en este hecho, no estamos ante malvados k’aras que discriminarían a inocentes (supuestos) indígenas. Ambos, en el fondo no han utilizado sino instrumentalmente a lo indígena, porque aquellos supuestos indígenas del MAS (Patzi, Choquehuanca, Benancio Quispe y muchos otros más) no son sino mestizos arribistas, encaramados en instancias de poder gracias a la lucha, en este caso de los pueblos indígenas, a quienes utilizaron una vez más como escalera.

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ANTI-INDÍGENAS E IMPOSTORES

By argv.E338951d on Jue, 18/07/2013 - 11:32

Punto de Re-flexión

Omar Qamasa Guzman Boutier

Pasado el momento en que el incidente del avión presidencial concentró gran parte del interés de la opinión internacional y nacional, se desvanecen las cortinas de humo que el gobierno trató de aprovechar, para tapar en algo la desnudez de una conducta anti-indígena y cubrir a la impostura de los activistas del partido gobernante. En realidad, son dos espacios (el internacional y el nacional) que no pueden considerarse bajo un mismo enfoque; no puede pensarse que si en el plano interno las innumerables justificadas razones de crítica a Evo Morales y su gente marcan una postura de distanciamiento con él, también debiera haberse mantenido similar conducta frente al incidente del avión presidencial. Mientras que en el primer caso (el referido al avión) hablábamos de la presión de los países imperiales, en el segundo (referido a la conducta anti-indígena del gobierno de Morales) hablamos de la continuidad de políticas discriminatorias y autoritarias, para con las minorías étnicas del país.

Las denuncias de la infiltración de policías a la VIII marcha indígena, para provocar el (auto)secuestro del señor Choquehuanca (quien, por esas curiosidades de la vida, ocupa el cargo de “canciller”). Una de las razones para la intervención violenta a aquella marcha fue precisamente la del intento de secuestro de Choquehuanca. La mujer policía infiltrada no solamente fue felicitada por el buen cumplimiento de la miserable labor que le encomendaron, sino también premiada.

Por supuesto que el anti-indigenismo del gobierno del MAS no se limitó a ello, sino que tuvo otras manifestaciones. Téngase en cuenta que tanto el burlote del (auto)secuestro de Choquehuanca, como la violenta represión policial posterior, a la marcha indígenas, fueron respuestas del Poder Ejecutivo, ante la consistencia del accionar indígena, en rechazo a las pretensiones masistas, de destruir el parque nacional IsiboroSécure, mediante la construcción de una carretera por ese territorio. Esa contundencia en el rechazo ha llevado a los hombres del gobierno a realizar una supuesto consulta a los indígenas de aquél territorio acerca de tal construcción; consulta engañosa, que en lo fundamental buscaba silenciar la opinión de los pueblos indígenas para sustituirla por las órdenes del gobierno. Aquí, lo verdaderamente notable es que también esta falacia ha sido desbaratada por las comunidades indígenas involucradas en el debate.

El límite de la falacia del gobierno llegó cuando los indígenas no solamente desconocieron la autoridad de dirigente de un activista del pro-gubernamental (el señor Pradel), sino que inclusive le expulsaron de su territorio. Frente a esta nueva situación, al MAS no se le ocurrió nada mejor que enjuiciar a las legítimas autoridades indígenas.

También, pero, en esta nueva situación la respuesta de los indígenas afectados por tanto odio de Morales y compañía, desnuda el carácter anti-indígena del gobierno. Como se observa, la secuencia autosecuestro – represión en Chaparina – consulta falsa – enjuiciamiento a los legítimos dirigentes indígenas, marca una conducta de la cual, seguramente, Sánchez de Lozada podría servir envidia. En efecto, está claro que en materia de respeto a los pueblos indígenas, Evo Morales y su gobierno se colocan en un extremo, a la derecha, de todos los anteriores gobiernos denominados neoliberales.

Este primer elemento (el anti-indigenismo del MAS) se complementa con otro, referido a la impostura de algunas organizaciones sindicales, agrupadas bajo el denominativo de “Pacto de Unidad” (el Pacto de Unidad que fundamos, allá por el 2004, no era por supuesto el furgón de cola del MAS y menos un conglomerado de sumisos alavadores de Evo Morales). Así, la lista de impostores es muy grande y en el tema que seguimos, puede comenzar con Pradel y todos aquellos hombres y mujeres dados a crear representaciones indígenas ficticias, para congraciarse con los jerarcas del MAS. Dirigentes truchos que, como tales, no cuentan con la representación y menos con la legitimidad de aquellos a quienes dicen representar. De lo contrario, claro está, la resistencia indígena habría sido doblegada hace tiempo, a fuerza de prebenda y corrupción de dirigentes; prácticas en las que el gobierno ha demostrado ser muy hábil.

Claro está que la conducta del MAS no únicamente puede explicarse por estas prácticas y aquél carácter anti-indígena. Sostenemos que en una de las razones de todo ello es también su orientación campesinista. Como se sabe, el sindicato campesino es la punta de lanza de la desestructuración de las organizaciones indígenas. Lo es tanto en tierras bajas como en tierras altas, porque en todos los casos, la lógica del sindicalismo campesino no se orienta por prácticas indígenas de deliberación y de conformación de sus estructuras de representación. El sindicalismo campesino, asentado efectivamente en pequeños propietarios de la tierra, será un organismo en el que las prácticas y estructuras indígenas constituyen obstáculos para la prebenda y para el manejo clientelar de la representación social.

Lo que queda claro, sin embargo, es que, a diferencia de los gratuitos propagandistas del gobierno o de los “dirigentes” (bueno, es un decir) de algunas organizaciones sindicales manejados por control remoto desde el gobierno, tanto el anti-indigenismo como la impostura no representan la fortaleza de Morales y su gente. Al contrario, cuando un esquema de gobierno tiene que recurrir a estas prácticas, es porque las posibilidades de legitimarse por medios democráticas son nulas. En este caso, hablamos no de la fortaleza, sino de la debilidad de este gobierno. Es una debilidad fuerte, con respecto a los pueblos indígenas del país, aunque en el conjunto de la sociedad boliviana no se lo vea de la misma forma. Es decir, aunque en esta sociedad, por hoy, todavía rinda réditos al gobierno, el abuso de autoridad y la impostura.

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Punto de Re-flexión

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