Punto de Re-flexión

Antes, conviene diferenciar rápidamente conceptos tales como Estado, régimen y gobierno. Desde la teoría del institucionalismo, podríamos decir que el Estado es la organización de los órganos oficiales e institucionales de una sociedad, mientras que con el concepto régimen, precisamos el orden y los principios que rigen a tales órganos y por gobierno entenderemos al equipo administrador del Estado. Por eso dice el sentido común, enmarcado en el institucionalismo: “los hombres pasan, las instituciones quedan”. ¿Pero, qué pasa cuando el orden institucional, el régimen, se funda en principios diferentes a los que comparte la mayoría de la sociedad? Entonces, lo que sucede es que “los hombres pasan … y las instituciones también”. Bolivia, como sabemos, es un caso ejemplar en ello.

La apretada diferenciación de los tres conceptos que hicimos, sin embargo, es aún insuficiente para reflexionar respecto al Estado y la sociedad en tiempos de catástrofes. Para abordar esa relación, según nuestro punto de vista, no se puede prescindir de la consideración de la sociedad como el alter del Estado, es decir como su referencia última, si se quiere. Somos conscientes que en este razonamiento articulamos dos teorías diferentes: el institucionalismo y el marxismo, principalmente en su versión gramsciana; o sea un enfoque restringido (la teoría del institucionalismo) y un enfoque amplio (la sociología marxista), para referirnos a la temática. Esta manera de razonar acerca del problema se considera poco menos que herética, en ciertos círculos académicos, en particular entre quienes defienden el puritanismo teórico. Al contrario, para otras propuestas teórica-metodológicas (con las que concordamos), el pluralismo teórico no solamente es útil, sino necesario para acercarnos al conocimiento de la realidad.

Dicho esto, veamos aquél principio que dice que los tiempos de catástrofes son los tiempos del régimen, pero en un contexto de construcciones estatales débiles. Para ello recurriremos a dos ejemplos: Bolivia, bajo el impacto de las inundaciones y Ucrania, invadida por el ejército ruso. El primer elemento común entre ambos ejemplos, es que cada uno presenta, visto desde lo institucional, una construcción estatal débil. En el marco de una situación catastrófica, para las sociedades de cada uno de estos dos países se presenta un dilema. Desde ya, puede decirse que en situaciones de catástrofes (por eventos naturales, por eventos militares, por epidemias u otros motivos) toda sociedad tiende hacia su Estado, es decir se activan en ellas, si se quiere, las tendencias estadólatras -en ese sentido se habla que situaciones de catástrofes marcan la hora en la que se espera la actuación del régimen. El que una sociedad “acuda” en situaciones tales hacia su Estado es natural, porque se supone que el Estado es, entre otras, la misma sociedad organizada institucionalmente.

¿Qué sucede, sin embargo, frente a una institucionalidad estatal débil, como en el caso de Bolivia o de Ucrania? Lo que sucede, es que la sociedad recurre a su propio bagaje para enfrentar la catástrofe. Lo hace, según nuestro ejemplo, de diferentes maneras. En el caso de las inundaciones en el Beni (Bolivia) la auto-organización de la sociedad muestra líneas no complementarias, institucionalmente hablando, con los débiles esfuerzos estatales; mientras que en el caso de Ucrania los esfuerzos auto-organizativos de la sociedad[1] dibujan líneas de complementación con los (también débiles) esfuerzos del Estado de ese país. Estos distintos comportamientos de cada una de estas sociedades, con respecto a su Estado, tendrán también consecuencias diferentes. Mientras que en el caso de Ucrania puede pensarse en una complementación entre los esfuerzos estatales y sociales (potenciando de esa manera, en último término, al Estado), en el caso boliviano, la no convergencia -por la arrogancia del gobierno del MAS- institucional de los esfuerzos, no robustece al Estado. Tampoco, claro, vamos a hablar aquí del cuestionamiento a éste, pero es evidente que si las cosas suceden por debajo, por encima o por los costados del Estado, la legitimidad social de éste queda en entredicho.

No es algo que a los bolivianos debería sorprendernos, porque esa ha sido la tradición de “nuestro” Estado. Pero, como vimos en el ejemplo a propósito de las inundaciones en el Beni, la reforma masistano ha servido para el desarrollo del Estado. Al contrario, puede decirse que esa reforma no ha dejado de ser una simple re-edición de los tristes remedos de Estado que tuvimos, por lo que es válido afirmar que el Estado “plurinacional” de los masistas no es sino el mismo mamarracho estatal de siempre.

El pasado jueves 13 de febrero, se presentó, en el Palacio de Comunicaciones (La Paz), el libro titulado El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia, de Salvador Schavelzon. El evento estuvo organizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contó con la presencia de comentaristas y autoridades del órgano electoral. Se trata de una versión abreviada, de un trabajo de más largo aliento pensado para el cumplimiento de un requisito académico. Salvador Schavelzon, del Brasil, realizó la investigación para obtener el grado de Doctor (PhD), en su país. Como veremos, tanto el tema, como las instituciones auspiciantes e incluso la investigación doctoral, no deben impresionarnos a tiempo de reflexionar sobre el evento y el contenido del libro.

Antes digamos que la oportunidad nos servirá para ensayar, nuevamente, una lectura estructural del proceso boliviano y doctrinal de los principales sustentos de la actual Constitución Política del Estado (CPE). Como sabemos, fue una crisis estructural (una crisis nacional general, en lenguaje marxista) la que vivió Bolivia, notoriamente entre los años 2000 al 2005. Las estructuras, tanto políticas, instituciones como mentales de esta sociedad, se movieron al punto tal de cuestionar, no únicamente el sistema de libre mercado (popularmente conocido como “neoliberalismo”), sino incluso un principio histórico, de la organización estatal en Bolivia, cual es el de organizar un sistema político y administrativo a espaldas de la lógica asambleística, mayoritaria en la cultura política de la sociedad boliviana. La resolución dada a la crisis nacional-estatal, se asentó precisamente por ello, en bases doctrinarias no comunitarias, es decir, individualistas.

Tanto para el autor, como para las instituciones auspiciantes y para los comentaristas (entre los cuales destacaremos a Xavier Albó), el dato de mayor importancia de la resolución fue la creación del Estado plurinacional. Principalmente, el reconocimiento constitucional de diversas prácticas y formas del ejercicio de la democracia; en particular, la que practican los pueblos indígenas. En realidad, sin embargo, la reforma constitucional de 1994 modificó el texto constitucional vigente hasta entonces -el de 1967- de forma substancial, en lo que a la temática que seguimos se refiere. En efecto, la reforma de 1994, en su artículo 1 caracterizaba a Bolivia, entre otras, como una república “multiétnica y pluricultural”. Más adelante, en el artículo 171, aquél texto reconocía “la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas”, además a las “autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas”. La actual CPE (aprobada entre cuatro paredes, por acuerdo entre los partidos con representación parlamentarias, en el 2008), en lo principal, pues, no añade nada nuevo. Lo interesante es que ambos textos constitucionales reconocen a las autoridades indígenas y a los derechos indígenas, en todo aquello que no sea contrario al texto constitucional y a las leyes. Es decir, tanto la CPE reformada durante el “neoliberalismo”, como el texto constitucional vigente, aprobado en contubernio entre masistas y neoliberales el 2008, en el fondo no reconocen el ejercicio pleno de los derechos y las formas de organización indígenas, sino a condición que el ejercicio de tales derechos como las formas de organización, se subordinen a las bases doctrinales individualistas y liberal-representativos; pilares de ambos textos constitucionales.

Para que el gobierno de Evo Morales y su partido pudieran imponer tal fraude a las expectativas populares por medio de una turbia reforma constitucional, contaron con el incondicional apoya de muchísimas Organizaciones no Gubernamentales (ONG’ s) e investigadores particulares, como Xavier Albó, entre otros. Para que todos ellos pudieran hacer pasar la patraña como novedosa, incluso fueron más lejos que la CPE de 1994. Como vimos, en aquél texto constitucional se habla de “comunidades indígenas y campesinas”, mientras que en el texto constitucional resultado del trabajo de embusteros y traidores, se habla de comunidades indígenas campesinas, como si fueran un solo sujeto social ambas. Hoy queda claro que indígenas y campesinos no son un mismo sujeto e incluso puede decirse que el campesinado constituye la punta de lanza del capital, para desestructurar al mundo indígena. Por el ello el gobierno de Evo Morales es tan anti-indígena; él simplemente representa la perspectiva campesina, a la que, como tapa-rabos según indicamos en una anterior columna, se ve en la necesidad de recurrir el sistema anti-indígena estatal boliviana, para reproducirse.

En la presentación del libro que comentamos, fue Albó quien reconoció la artimaña, al señalar que por razones de “formato” se había quitado en el texto constitucional, la coma que separaba a indígenas de campesinos, quedando en consecuencia la redacción actual. Obviamente las cosas, como ahora puede entenderse, no eran tan simples como para remitir todo al “formato”; el efecto último buscado, era precisamente el de facilitar la arremetida del sistema, campesinos por delante, en contra de las sociedades indígenas. La trampa masista tuvo en su constitución, pues, además de levanta-manos de ese partido como constituyentes, la ferviente participación de ONG’s y demás. El resultado es un texto que a lo sumo puede engañar a incautos observadores extranjeros, pero ya no a los pueblos indígenas del país. Pero lo que llama la atención, en este caso, es que el texto presentado el jueves 13, sea el de una tesis doctoral. Es una larga discusión, en el ámbito académico, la referida a ¿qué es lo que se califica, en una tesis, digamos, de licenciatura, de maestría o de doctorado? Para sintetizar las cosas, digamos que una tesis doctoral debería aportar a las ciencias, alguna novedad. No se entiende cómo, Salvador Schavelzon pretende aportar algo basado en patrañas, según vimos. Ello habla mal, claro, de hoy “doctor”, pero deja una pésima imagen de la universidad del Brasil que admite aquello.

No es una novedad y no debería sorprender a nadie. Incluso puede decirse que esto ya se veía venir; un órgano electoral funcional al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), encargado de organizar un proceso electoral de acuerdo al gusto y a la medida del partido oficialista. Así las cosas, está claro que en estas elecciones la ciudadanía deberá enfrentarse no únicamente al actual gobierno neo-melgarejista, sino incluso a los supuestamente imparciales funcionarios públicos, responsables de organizar el acto electoral. Las demás instituciones (como el Poder Judicial, por ejemplo) ya fueron puestas también al servicio de la tarea masista, una veces por medio del favor político y otras, a través de la corrupción de dirigentes sindicales.

Para el caso específico del órgano electoral, importa ver su comportamiento, ya que con los acatos revela esta institución, su esfuerzo en procura de cumplir el mandato del MAS. Primero fue la resolución prohibiendo la realización de propaganda política, luego la desestimación de las denuncias respecto a la realización de propaganda política electoral, por parte del MAS y finalmente, la validación, en los hechos, de los actos proselitistas por parte del oficialismo. La coartada que para este propósito idearon los principales responsables del órgano electoral, es que no es el partido político MAS el que realiza aquellos actos, sino las organizaciones sociales.

La primera vez que semejante “argumento” en defensa del MAS y de sus candidatos (Evo Morales y AlvaroGarcia Linera) expuso un personero del órgano electoral, fue ante una denuncia de un partido de oposición en relación a un acto proselitista organizado por la Federación de mujeres campesinas; el mismo argumento volvió a repetirse en ocasión de un evento minero, realizado en Huanuni. En ambos casos el argumento del órgano electoral, para permitir la realización de proclamaciones del oficialismo, fue el mismo: no se podría sancionar al MAS, porque este partido no habría realizado ningún acto proselitista, sino las consabidas organizaciones sociales, que no constituyen partido político.

Al menos en relación a las organizaciones campesinas -ya sea de hombres o de mujeres- la coartada del órgano electoral no es válida. No lo es, porque tanto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”,  son instituciones fundadoras del Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo (IPSP)-MAS. Son, junto a otras organizaciones sindicales, como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (hoy eufemísticamente denominada Confederación de Comunidades Interculturales), no únicamente instituciones fundadoras del IPSP-MAS, sino a la vez y por ello mismo, instituciones constitutivas de esa organización política. Ello es algo que sabe en Bolivia todo aquél que se interese mínimamente por la actividad política contemporánea; aunque al parecer “ignoran” (para llamar de alguna manera a este “olvido”) los personeros de órgano electoral. Vale decir que estas organizaciones son, para efectos de toda actividad electoral y partidaria del MAS no únicamente parte interesada, sino militantes de tal partido.

Constan, en los documentos oficiales de la fundación del IPSP-MAS, estos extremos, dirían los abogados. Con ello queremos significar que formalmente, hasta mientras las organizaciones mencionadas no señalen lo contrario, al proclamar a sus candidatos para las próximas elecciones, realizan actividad partidaria, aunque escudadas eventualmente, en el membrete de la organización sindical. Aquí, importan las formas, importa la formalidad; que es algo que deberían al menos considerar los responsables del supuestamente imparcial órgano electoral. Y la formalidad, en este caso, nos dice pues que aquellas organizaciones sindicales son parte constitutiva del IPSP-MAS. La supuesta distinción entre organizaciones sindicales y partido político que tanto se esfuerza en demostrar el órgano electoral, por tanto, formalmente no existe.

Poco importa, para fines de una administración verdaderamente imparcial del proceso pre-electoral, que en realidad sean las direcciones sindicales cooptadas y corrompidas por el gobierno, las que organicen aquellos actos proselitistas, aún a despecho de muchísimas de sus propias bases. Importa poco, porque este segundo elemento en todo caso pertenece a lo que podría llamarse, el análisis desde la sociología política. En todo caso, los personeros del órgano electoral no están, claro, para intentar ningún análisis sociológico, sino para observar la formalidad y aplicar en consecuencia, sus propias normativas. Pero en fin…

Resumiendo, diremos que en toda esta maquinaria masista, destinada a torcer la voluntad del electorado boliviano, el órgano electoral es apenas una más de las ruedas. Sus personeros salen en defensa del MAS al compás de una “estrategia” mayor que incluye a parlamentarios del oficialismo (es decir a levanta-manos de la Plaza Murillo), ministros, miembros del Poder Judical y otros. Por ello, los partidos de oposición perderán su tiempo acudiendo con denuncias al órgano electoral boliviano, ya que éstas serán desestimadas sin mayor trámite que el de sacar a flote una coartada, como vimos en estas líneas.

El denominado “proceso de cambio” (un eufemismo utilizado hasta el cansancio por muchos embusteros del Palacio Quemado) tiene uno de sus puntos de arranque en la actual Constitución Política del Estado (CPE). El que el texto final de esta Constitución fuera redactado entre cuatro paredes, en acuerdo con los partidos políticos con representación parlamentaria, a fines del 2008, es algo que por supuesto prefieren no recordar los eventuales administradores del Estado. Es un hecho, lamentablemente por cierto, que aquella amnesia incluso hubiera llegado a tantísimos Medios de Comunicación, debido a lo cual puede tenerse hoy la falsa imagen en relación a la CPE en vigencia. Lo cierto, pero, es que el texto constitucional, con el que se supone principia el “proceso de cambio” ha sido resultado del acuerdo entre partidos, en el marco de la partidocracia, al fiel estilo de la política tradicional boliviana.

Así, desde un principio Evo Morales ha mantenido las prácticas políticas de espaldas a la ciudadanía, para procurar oscuros acuerdos bajo la mesa y lejos de la observación crítica de la opinión pública. En definitiva, pues, desde el momento mismo de su nacimiento, este pretendido proceso de cambio  ha nacido reproduciendo  la chacota de la política boliviana y el rostro indigno de los partidos políticos.

Lo que llama la atención, claro, no es este hecho, ya que el país para males, tiene una larga lista de demagogos y traidores a sus propias proclamaciones, sino la falta de correspondencia entre el entonces proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS) y la crisis estatal-nacional vivida a principios de este siglo. En efecto, las movilizaciones sociales de entonces, de claro signo pre-insurreccional (que obligaron al sistema a cubrir su desnudez propositiva con cualquier opción política con ascendencia en el movimiento popular y dispuesta a ser utilizada de tapa-rabos), han tenido como desenlace la ejecución de un proyecto político de pálidas reformas. Muy pálidas, si nos atenemos a las demandas sociales de los años 2000 al 2005, condensadas en el llamado “programa de octubre” y que configuraron algo así como una propuesta nacional popular mínima. La razón de esta desconexión entre un programa y una situación pre-insurreccional se encuentra, a la vez, en la formulación del proyecto masista en base a la matriz de la lógica del mercado.

Así las cosas, Evo Morales y la bancada parlamentaria de levantamanosmasistas se apresuraron a constitucionalizar, en lo fundamental, los inconstitucionales contratos con las empresas transnacionales petroleras, que Gonzalo Sánchez de Lozada había tratado de hacerlo. En lo constitucional, masistas y neoliberales de ayer, cerraron las puertas a la representación directa, en el parlamento, de los pueblos indígenas y mantuvieron el criterio de homogeneizar la representación parlamentaria en base a partidos políticos. Este engaño, por supuesto, duró menos incluso que dos ciclos anuales e hizo aguas, primero con el gasolinazo de diciembre del 2010 y luego con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS). Lo curioso es que, en ambos casos, el sector social en el que se inició el conflicto, fue el de los indígenas. Para el primer caso, en los ayllus del norte de Potosí y para el segundo, en las selvas del departamento del Beni; podríamos decir que en este país resulta muy difícil ser impunemente anti-indígena, como lo son Morales y compañía.

El proceso de cambio del MAS, entonces, significó la reproducción de viejísimas prácticas bolivianas, principalmente en lo político y en lo institucional. Tal es así que, por ejemplo, se mantuvo la total falta de independencia del sistema judicial boliviana. El sometimiento de este sistema, al Poder Ejecutivo es tal abierto que ni masistas, ni operadores de la “justicia” se ruborizan de ello. La “justicia” en el país continúa siendo una caja de pandora y una vergüenza nacional. En lo principal ha servido, a lo largo de la administradores gubernamental del MAS, para la persecución política a moros y cristianos. La lista de aberraciones del sistema judicial es larga y contempla también, simples acciones delincuenciales como la extorsión (no desmentida por el gobierno) a un empresario norteamericano, fugado del país, como último acto de justicia, a fines del año pasado. Los mismos pasos del sometimiento al Poder Ejecutivo y de vergüenza nacional, hoy por hoy está siguiendo el Tribunal Electoral. La imparcialidad de este órgano resulta cuestionada, a la luz de resoluciones que pretenden limitar la actividad política solamente a procesos electorales, mientras se hace de la vista gorda ante el proselitismo gubernamental diario. ¿Independencia del sistema judicial boliviano y del órgano electoral? Por favor …

Corona esta metamorfosis del gobierno de Morales, el asalto masista a las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos en La Paz, el pasado viernes 17. Amparados en supuestas organizaciones sociales como la Federación de Mujeres campesinas o el sindicalismo campesino, adherentes del partido de gobierno optaron ante la ya acostumbrada paciencia policial para estos casos, por asaltar aquellas oficinas. Aunque el propósito explícito era hacerse de la dirección de la Asamblea de Derechos Humanos, el propósito implícito y por tanto de mayor importancia, era desalojar de las oficinas, a las autoridades del Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), refugiados en ellas por el asalto masista, a su vez, de sus propias oficinas. Lo concreto, pero, es que el gobierno de Evo Morales puede enorgullecerse ahora de ser el único gobierno en democracia, en cuya gestión tomaron sus adherentes por asalto las oficinas de Derechos Humanos. Que la democracia ha retrocedido con ello a las épocas de la dictadura de hace tres décadas y media, es una mancha, no tanto para el país sino para el actual gobierno; mancha que los masistas no podrán quitarse, ni lavándose con poq’e o acudiendo a (¿narco?)amautas para una que otra limpia. Como se observa, al final de cuentas, desde el punto de vista del sistema de mercado, el MAS no ha servido ni siquiera como un buen tapa-rabos.