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Cerca de dos semanas de huelga decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y una resolución que aparentemente deja las cosas como al inicio del conflicto, nos han dejado algunas novedades, que vale la pena ser pensadas. En principio, claro, está el hecho del movimiento de una parte de la sociedad civil (dato sociológico que, en verdad, no es poca importancia). En segundo término, pero, a la vez, la contraposición de otra parte de ella, es decir, a secas, la división de la sociedad y por último, la conducción gubernamental del conflicto. En este acápite puede señalarse la trayectoria de la pérdida de la iniciativa del gobierno, primero y luego de su retoma. En contraposición se encuentra la COB, caracterizada por una falta de iniciativa al inicio del conflicto, luego de débiles intentos de tomarla y finalmente por sucumbir ante el gobierno que había retomado la iniciativa.
Puede decirse que el gobierno perdió la iniciativa en el conflicto, gracias a la altisonante declaración de Evo Morales, en sentido que no se modificaría nada, hicieran lo que hicieran los trabajadores. Pierde la iniciativa, porque revela los límites gubernamentales, en un conflicto social, cuya dinámica no había, por su parte, alcanzado sus propios límites; es decir, sus posibilidades últimas (usando la imagen sarteana, respecto a los límites). Es notorio el arrinconamiento del gobierno, por las movilizaciones, ya a fines de la primera semana del conflicto. Aquí, subrayemos el hecho que esta pérdida de iniciativa política, no quiere decir que el gobierno hubiera perdido, de la misma manera, la iniciativa en el debate técnico, sino que lo primero subsumió a lo segundo. Entonces, los argumentos técnicos, no tenían mayor importancia ante el cambio de correlación de fuerzas (que es un hecho eminentemente socio-político).
Sin embargo, en aquella situación el gobierno apela a los movimientos sociales cooptados, particularmente campesinos y colonizadores, para contrarrestar la huelga de la COB, con marchas callejeras. La incitación a la violencia, por parte del gobierno, no podía ser más irresponsable, porque los hechos mostraban que, efectivamente, la dividida sociedad se encaminaba hacia la confrontación. Algo de ello se adelantó en una escaramuza, entre masistas y trabajadores, en Potosí, a inicios de la semana. El espíritu guerrerista del MAS provocó la dubitación de la COB y ambos hechos marcaron el momento de la inflexión del conflicto. Es decir, el momento de la retoma de la iniciativa política, por parte del gobierno.
Que Morales y su gente estaban dispuestos a incendiar el país, con el burdo pretexto de desactivar un golpe de Estado nada menos propiciado por la COB, lo muestra la actuación del Ejecutivo, frente a los ayllus. El hecho es ilustrativo en extremo. Veamos; ante la irresponsable incitación a la violencia por parte del gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) llama a sus ayllus, el mismo jueves 16, a no asistir a la convocatoria del Ejecutivo. El gobierno responde a los pocos días, posesionando a supuestos autoridades de los “ayllus en paz”, del norte de Potosí. Probablemente el desconocimiento reinante en la mayoría del país, de la estructura organizativa de los ayllus nor-potosinos, explique las razones por las que aquél engaño pasara desapercibido. Cualquiera que conozca algo de los ayllus del norte de Potosí, sabrá que la principal y única organización representativa, es la Federación de Ayllus Originarios e Indígenas del norte de Potosí (FAOI-NP). Sabrá también que los ayllus mayores o suyus se encuentran representadas en esa Federación y por último, no podrá ignorar que el denominativo de “Ayllus en paz” proviene de un proyecto de una ONG, luego de la guerra de ayllus a fines del pasado siglo; pero en fin…
Las cosas, como señalábamos, estaban nuevamente en contra de la COB y ni el débil intento de los mineros, por recobrar la iniciativa, bajando sus pretensiones de una jubilación de 8 mil bolivianos a 4.900 logró reposicionar a la huelga. Por ello, en gran medida, a principios de la presente semana, la cohesión interno de la COB se vio fracturada preanunciándose el desenlace final. Una observación superficial diría que al final, efectivamente, el gobierno no ha cambiado nada y la COB ha aceptado lo que al principio se le propuso.
Sin embargo quedan algunas huellas que sí muestran un cambio. En principio, queda el desgaste del sistema político. Recuérdese que los llamados de mediar, que débilmente intentó la presidente de la Cámara de diputados o las infantiles declaraciones de la presidenta del Senado, no han tenido ningún eco en el conflicto. Ello muestra que, en tanto instancia de mediación, el parlamento efectivamente se encuentra debilitado. Por otra parte, recuérdese que la modificación de la correlación de fuerzas fue posible porque el gobierno apeló a mecanismos no democráticos, como es la incitación a la violencia.
En medio de este desgaste, queda también la percepción de las Fuerzas Armadas en tanto componentes de un sector privilegiado, a raíz del beneficio de la jubilación del 100%. Es decir, queda la percepción de “militares de casta” (parafraseando aquello de Morales, de “aristocracia minera”); entendiendo aquí lo de casta, como la de un sector social con beneficios que ningún otro sector social tiene, por el simple hecho de pertenecer al ámbito militar.
Por último, queda un conflicto inconcluso. En efecto, el plazo dado por el gobierno y la COB de un mes, para revisar las modificaciones que deberá introducirse al proyecto de la Ley de Pensiones, nos dice que la temática central del conflicto no ha sido agotada. Por tanto, lo que tenemos es, pues, la postergación de algo que podría convulsionar nuevamente la vida social y política nacionales.
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