A la ya casi permanente demanda de una mejora del desempeño periodístico en vista a su mejor correspondencia con el interés público, en varios países de América Latina se ha sumado en los últimos años aquella otra relativa a la vigencia y la expansión de las garantías constitucionales sobre el Derecho a la Información y la Comunicación. El incesante proceso de construcción democrática que vive la región, atravesado por disputas en torno a los modelos políticos, económicos y culturales que debieran prevalecer, tiene así un importante componente directamente relacionado con el pluralismo, la transparencia y la participación.
En ese marco, con distintos orígenes, finalidades, procedimientos, receptividad y posibilidades de incidencia, a partir de mediados de los años ochenta pero con más fuerza desde los primeros años del nuevo siglo, han entrado en la escena pública latinoamericana los observatorios de medios que están cada vez más desafiados a ampliar su radio de acción para implicarse activamente en el ámbito mayor de los derechos humanos, individuales y colectivos.
Las diferentes experiencias surgidas en este sentido en los cuatro puntos cardinales del subcontinente, aunque no necesariamente nacieron con esa perspectiva, hoy han de ser incorporadas en la búsqueda de una comunicación democrática que en términos muy generales es concebible como el proceso de interacción significante entre personas, grupos, sectores sociales, instituciones, regiones y/o culturas que hace posibles el diálogo y la deliberación sobre temas de interés común con participación equitativa, respeto y diversidad.
Lo que se plantea con esta noción, en líneas muy gruesas, es explorar al menos cuatro dimensiones reconocibles y urgentes de las relaciones entre comunicación y democracia:
1a) Democracia para la comunicación, que concierne a que se cuente con reglas claras y precisas, así como con garantías suficientes para llevar adelante acciones de comunicación.
2a) Comunicación para la democracia, que se refiere a que los procesos comunicacionales asuman la interculturalidad y el pluralismo como factores que los deben constituir.
3a) Democracia comunicada, que remite a la necesaria interrelación que tiene que darse entre Estado y sociedad en sus distintos niveles, apuntalando mecanismos de control y participativos.
4a) Comunicación democratizadora, consistente en la aspiración de que toda comunicación implique la expresión plural de la diversidad y sea promotora de la participación.
A diferencia de lo que acontecía en los decenios de 1970 y 1980, en que las demandas de los especialistas latinoamericanos de la Comunicación se centraban en la “democratización de las comunicaciones” entendida ante todo como diversificación de la propiedad mediática, en la actualidad son más bien algunos gobiernos y sectores de la ciudadanía los que impulsan debates y acciones, principalmente vinculados a normativa legal, que se dirigen a fundar y fundamentar en materia de principios y reglas la comunicación democrática, campo nuevo que está siendo desbrozado. Y dentro de ese panorama se inscribe con identidad propia el trabajo de los observadores de medios, que no puede limitarse a una suerte de supervisión técnica y ética del desenvolvimiento de la labor de información, opinión, interpretación, publicidad y entretenimiento que desarrollan la prensa, la radio, la televisión o la Internet, sino que requiere intervenir también en los planos de las condiciones en que tales medios operan al igual que en la activación de los derechos ciudadanos correspondientes.
De ahí es de donde se desprende la calidad de actores de la comunicación democrática que asumen en la práctica los observatorios de medios; esto quiere decir que son unidades expertas no solamente de acompañamiento crítico de los procesos informativo-comunicacionales de alcance masivo, pues además se ocupan de examinar los entornos sociopolíticos y legales en que tales procesos ocurren y se proponen incidir en ellos en función de fines de profundización democrática.
Dos pilares de su actuación
De acuerdo con lo afirmado hasta aquí, los observatorios de medios son espacios de seguimiento y monitoreo del desempeño mediático, pero a la vez de análisis crítico y propositivo del contexto en que los medios están inmersos.
En el primer caso, la labor de un observatorio consiste en “mirar a los que ven y hacen ver los acontecimientos de la realidad”. Esto significa que un observatorio evalúa sistemáticamente y forma criterio acerca de las representaciones mediáticas de esa realidad, esto es, sobre sus contenidos, enfoques, despliegues, intencionalidades, frecuencias, protagonistas o racionalidades, entre otros aspectos, todo con el fin de contribuir a la crítica y autocrítica que sirvan a la cualificación de los servicios mediáticos.
Es en este punto que los observatorios se hacen partícipes de los juegos de poder que involucran a los medios, un poder basado justamente en la potestad que éstos tienen de ver, seleccionar, jerarquizar, etiquetar y hacer ver la realidad de determinado modo, es decir, de representarla ante sus públicos, por lo que es claro que en este terreno los intereses de los medios pueden llegar a colisionar con los de los observatorios.
Y en el segundo caso, relacionado con la supervisión del entorno, también se hace patente otra dinámica de poder, ya que la observación abarca el “lugar” de la política, aquél en que se cruzan y enfrentan intereses gubernamentales, partidarios, empresariales, de regiones y de sectores y organizaciones de la sociedad. Esta intromisión osada de los observatorios de medios en el contexto por supuesto que genera, asimismo, otras probabilidades de confrontación, esta vez con múltiples y disímiles actores de la vida societal.
Historia larga, vida reciente
Cuando la imprenta de tipos móviles revolucionó el mundo medieval nació la tensión entre los poderes y los medios, lo que fue reforzado con el carácter explícitamente político del primer periodismo en todas las zonas del mundo y, más tarde, con el establecimiento de los grandes consorcios mediáticos. Así, desde sus orígenes, los medios fueron parte de las disputas por las cosmovisiones y el capital.
Ese hecho básico condujo a que las reflexiones respecto tanto al papel y la influencia de los medios como en torno a las reglas sociales que éstos debieran respetar emergieran bastante pronto. Este camino analítico y también decisional cobró más fuerza y sistematicidad entre los siglos XVII y XIX y se configuró mucho más consistentemente a lo largo del siglo XX.
Sólo como ejemplo de esta trayectoria cabe citar a la primera tesis doctoral sobre publicística en la que el abogado alemán Tobías Peucer definió en 1690 las peculiaridades del trabajo de la prensa y las relacionó con el servicio a las leyes. O los escritos que comenzó Vladímir Ilich Lenin en 1899 respecto al potencial organizador y político-propagandístico de la prensa a la vez que en materia de función informativa del Estado. Y asimismo es útil mencionar el polémico y precursor libro de anales de la prensa boliviana Matanzas de Yáñez publicado en Santiago de Chile en 1886 por el polígrafo Gabriel René-Moreno que habló de los periódicos como portadores de importantes verdades sociales (representaciones de la realidad) para la historia, libro que puede ser tomado como ejemplo de la variada producción intelectual decimonónica que motivó la prensa en Latinoamérica. E igualmente, la obra de otro boliviano, Gustavo Adolfo Otero, intitulada La cultura y el periodismo América e impresa en Quito en 1953, puede ilustrar la preocupación que había en la región por esos años en relación al rol político y cultural de los diarios.
Ya hacia la década de 1930, en la academia estadounidense, comenzó la estructuración de procedimientos para estudiar los contenidos mediáticos, vinculada luego al interés investigativo por sus efectos en las decisiones de voto o compra de los receptores de mensajes, mientras que en Francia o en Alemania se trabajaba en el examen de las características formales y de los comportamientos informativos o de opinión de los medios. Estas prácticas, como es sabido, fueron conocidas y posteriormente aplicadas en Latinoamérica gracias al trabajo de divulgación y formación de investigadores que el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL) inició en Ecuador en 1959.
Es evidente, por tanto, que el análisis de los medios es poseedor de una larga historia; sin embargo, la observación de medios como tal tiene una vida mucho más reciente. Empezó a mediados de los años setenta del siglo pasado en los Estados Unidos de Norteamérica con objetivos de preservar los contenidos informativos de la influencia política o más bien de denunciar la presencia de ésta en los medios. Su emergencia en Latinoamérica se registró más tarde y su proliferación fue alentada tras la creación del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación (Media Watch Global) por Ignacio Ramonet en 2002, sustentado después en la teoría del “quinto poder”.
Las primeras experiencias de ese tipo surgieron en la región a principios de la década de 1990. Fue en 1992 que nació en Brasil la Red ANDI para monitorear las noticias sobre niños, adolescentes y jóvenes, y cuatro años después, en ese mismo país, el Observatorio da Imprensa. Casi inmediatamente, en 1997, fue establecida en Perú la Veeduría Ciudadana de la Comunicación y en los años posteriores se desarrollaron más de veinte observatorios de medios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, sin que a la fecha todos tengan un funcionamiento regular. Además, el tema de la calidad periodística dio lugar a líneas de investigación en la Universidad de Los Andes (Chile), en la Universidad de La Sabana (Colombia) y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, al igual que promovió la constitución de la Red Periodismo de Calidad, respaldada por la Fundación Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos.
Observatorios en el nuevo siglo
La reiterada y convergente preocupación de organizaciones representativas de la ciudadanía, la academia, la política y el propio campo periodístico en torno a que los medios de información masiva no sólo se han apartado de las funciones sociales que les estaban asignadas sino que, al mismo tiempo, afrontan una compleja desprofesionalización es un tema que se ha hecho evidente y cotidiano en la escena pública de América Latina en los últimos años.
En ese sentido, los cuestionamientos surgidos al papel del periodismo y sus operadores se han venido sucediendo casi sistemáticamente. Así, por ejemplo, en agosto de 2004, más de 70 periodistas de toda Latinoamérica reunidos en México por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano expresaron su desazón por la creciente desvinculación entre periodismo y sociedad que hace que aquél trabaje en función de intereses corporativos particulares y que ésta busque nuevos modos de informarse. También cuestionaron el resquebrajamiento de las reglas tradicionales del oficio y la consiguiente pérdida de calidad de los productos noticiosos.
Ese mismo año (2004), el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de la democracia latinoamericana hizo explícita la inquietud de los expertos participantes en dicho documento respecto a la potencialidad de los medios masivos para actuar como una amenaza al funcionamiento del orden democrático. “Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación de denuncias” (PNUD, 2004:156), señaló ese informe al referirse a la capacidad mediática para limitar la autonomía y el poder de las instituciones políticas.
En agosto de 2005, una nueva reunión de periodistas latinoamericanos propiciada por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en México se ocupó de la calidad informativa en los medios audiovisuales y, entre otros aspectos, manifestó que la agenda de tales medios se ha distanciado de las demandas de los públicos, que “hoy la sociedad mira críticamente y cuestiona la confiabilidad, autonomía e independencia de los periodistas” (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2006:11) y que “la plutocracia es ley en la radio y en la televisión” ( :12).
Para el año 2005, igualmente, el reporte de evaluación de una década de las percepciones ciudadanas en 18 países de América Latina presentado por la Corporación Latinobarómetro mostró que la confianza colectiva en los medios informativos en la región se caracterizó por una tendencia descendente desde 1995. Los datos de esta organización ampliados hasta 2010 (www.latinobarometro.org) mostraron que ese nivel de confianza osciló entre 45% (para los diarios) y 55% (para la radio), teniendo en medio a la televisión con 48%.
Otros dos estudios del año 2005 relativos a coberturas específicas de la prensa latinoamericana, con base en pruebas empíricas, insistieron en el tono y la dirección de las críticas ya formuladas: uno de ellos, que trató el tema de la violencia en los medios, concluyó que la mitad de las noticias presenta insuficiencias básicas que suponen “una falta de respeto al derecho que tienen los lectores a recibir información propositiva y de calidad” (ANDI, 2006:6); el otro, centrado en el enfoque de género y que no sólo comprendió a diarios y televisoras de Latinoamérica sino de los cinco continentes, sostuvo que existe “un claro déficit democrático en los medios de comunicación” porque marginan a las mujeres del protagonismo informativo y “refuerzan los estereotipos de género” (GMMP, 2005:104).
Cabe sumar a ello los resultados de análisis efectuados a comienzos de los años dos mil por el especialista holandés Teun van Dijk sobre la reproducción mediática del racismo en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela. Dice él: “El discurso televisivo, las imágenes, las películas y las telenovelas tienden, por lo general, a ignorar a los pueblos indígenas y a exhibir en forma marginal su exotismo cuando son pacíficos, o a tildarlos de violentos cuando oponen resistencia; los negros suelen ser del todo invisibles y, de representarlos, es siempre en papeles negativos o subordinados, asociados a alguna problemática, a la pobreza y a la discriminación, como si de fuerzas inevitables de la naturaleza se tratara” (Van Dijk, 2003:190).
Finalmente, el denominado “giro a la izquierda” que se registra en algunos países latinoamericanos ha abierto, un frente de cuestionamiento al desempeño de los medios, al punto de que gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela consideran a los medios privados como la nueva oposición política. En estas naciones se ha aprobado leyes o se tiene proyectos de ley que intervienen el campo mediático, mas la discusión al respecto se ha desatado también en Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú o Uruguay, para sólo nombrar algunos casos.
En general, entonces, América Latina presenta una atmósfera poco contemplativa con el trabajo de los medios, que los pone en cuestión y se expresa tanto en importantes niveles de desconfianza y descontento ciudadano como en el incremento de la autocrítica desde el periodismo en sí, en duros análisis de las universidades o en acciones discursivas y de hecho provenientes de representantes de los Estados o de diferentes sectores de la misma sociedad, pues las críticas alcanzan así mismo a los medios que no son de propiedad privada. A ello, como se señaló anteriormente, se suma el nuevo y amplio frente abierto por el remozado interés ciudadano en el Derecho a la Información y la Comunicación, de modo que las tensiones en torno a estos temas no sólo se dan entre gobiernos y medios sino entre ciudadanos y medios, ciudadanos y gobiernos e inclusive entre diferentes tipos de medios.
Información para la democracia
Teniendo en cuenta la significación de las instituciones informativas y de la labor periodística para la vida en democracia, es comprensible que se haya fortalecido la convicción sobre la necesidad de preservarlas a la vez que de cualificarlas en un marco de libertad de pensamiento, expresión y prensa. De allí que la reflexión y el debate hayan conducido en la región al surgimiento de una variedad de espacios de supervisión del desempeño mediático, en particular en el campo noticioso, aunque sin que se haya descuidado del todo otros ámbitos como los del entretenimiento y la publicidad.
Como señala la experta peruana Rosa María Alfaro, las veedurías y observatorios están renovando la crítica latinoamericana sobre los sistemas y procesos de comunicación e información, pues a diferencia de lo que la distinguía en los decenios de 1970 y 1980, cuando más bien denunciaba la concentración propietaria de los medios y la índole alienante de sus contenidos, en la actualidad canaliza las demandas sociales de mayor profesionalismo y de compromiso con los valores y los derechos democráticos que la gente plantea a la comunicación masiva y al periodismo en particular.
Otra especialista peruana, Susana Herrera, indica que los observatorios mediáticos latinoamericanos tienen en común, entre otros aspectos, su reconocimiento de la importancia de la comunicación y los medios para la democracia, su insatisfacción ante la actual situación de esos medios, su reivindicación de otra forma de entender la práctica periodística y su intencionalidad revisionista y reformista. En cuanto a sus diferencias Herrera destaca la diversidad de su naturaleza —los hay no gubernamentales, universitarios, periodísticos y sindicales—, la multiplicidad de sus intereses temáticos, sus recursos metodológicos y sus estructuras de funcionamiento, así como las formas que adoptan para relacionarse no sólo con los medios y los periodistas sino también con sectores de los públicos.
Un buen resumen de las finalidades que guían la observación mediática en Latinoamérica es el que ofrece el colombiano Germán Rey, por años defensor del lector del diario “El Tiempo” de Bogotá, quien dice: “Todos estos observatorios están entendiendo que la sociedad tiene mucho que decirle a los medios, pues ella es la primera influenciada por sus aciertos o afectada por sus errores. Saben que la información es un lugar de aplicación de los derechos civiles, que la democracia es imposible sin que sea un gobierno de opinión y que el interés común y la controversia de los ciudadanos requieren de un periodismo de calidad”.
Y es este concepto, periodismo de calidad, el que a su vez sintetiza el norte hacia el cual se orienta el trabajo básico de la mayoría de los observadores, pudiéndose entender la calidad periodística como la excelencia profesional en la obtención, procesamiento y comunicación de la información noticiosa y en la construcción de sus subproductos de opinión e interpretación. Esta noción implica, por una parte, que el periodismo debe hacerse en sujeción a las reglas técnicas y éticas de la profesión —que no se modifican aunque los soportes materiales o tecnológicos de los contenidos sean distintos al clásico papel impreso— y, por otra, que en consecuencia la honestidad y el rigor intelectuales siempre deben estar presentes al lado del sentido de servicio de interés público que informa la profesión.
Las veedurías y observatorios de medios, por tanto, buscan contribuir a la superación permanente de la calidad periodística para alimentar las competencias de una ciudadanía bien informada que sea capaz de participar crítica, creativa y proactivamente en los procesos de la democracia. Se tiene que agregar que este propósito genérico, relacionado con la idea de “mayor información para la democracia”, no puede ser separado de dos condiciones que son fundamentales: la democratización de la información y los medios y la vigencia constante de la democracia para el ejercicio del periodismo, lo cual conecta la observación con la dimensión mayor del Derecho a la Información y la Comunicación.
Diversidad común, problemas y retos compartidos
Si bien de la mano de gobiernos considerados progresistas algunos países de América Latina están promoviendo –aunque todavía más en el discurso que en las concreciones– una triple búsqueda que se resume en salir del capitalismo, del desarrollo convencional y de la dependencia externa, y más allá de que las naciones de la región presentan diferentes niveles de desarrollo económico y variaciones en sus configuraciones geográficas y demográficas tanto como en sus estructuras culturales, lo cierto es que estos pueblos comparten una historia semejante y los problemas que se derivan de ella, como la falta de conocimiento y reconocimiento recíprocos, los procesos de concentración de la riqueza, la enfatización de las políticas extractivistas o la situación de exclusión social de importantes sectores de su población.
En el campo de la información noticiosa, las dificultades compartidas se traducen en la pervivencia y reproducción de estereotipos y prejuicios sobre los vecinos o en su infravaloración o estigmatización noticiosas, en tanto que dentro de cada país se manifiestan en barreras al acceso informativo, prácticas de discriminación y vulneraciones diversas a las normas éticas y al Derecho a la Información y la Comunicación.
Indirectamente o no, los centros de observación establecidos en Latinoamérica someten a examen los comportamientos de los medios frente a tales circunstancias, pues existen bastantes semejanzas en los preconceptos y tipos de dificultades que identifican en sus monitoreos e investigaciones. Y lo propio sucede en relación a las evaluaciones que hacen de las condiciones del entorno. No obstante, si los observatorios aún tienen una debilidad, la misma está dada por su insuficiente poder de influencia para promover los cambios requeridos en la calidad del periodismo y de la democracia.
A propósito de esto último, en 2005 la peruana Rosa María Alfaro expresaba una especial preocupación por la dispersión de la labor de dichos centros y afirmaba que “la presión articulada de observatorios y veedurías latinoamericanos es más un deseo que una realidad”. Quizá por eso, poco más tarde, haya sido ella misma la propulsora de una primera “plataforma” de alcance subcontinental.
La propuesta de la conformación de una red de observación mediática fue hecha por Alfaro en oportunidad de la creación del Observatorio Nacional de Medios de Bolivia (ONADEM), en La Paz, en abril de 2006, y fue reafirmada en ocasión del Colóquio Latino-Americano sobre Observação da Mídia que en septiembre de ese mismo año organizó el Observatório da Imprensa, en São Paulo, Brasil. Casi un año después, el 16 de julio de 2007, quedó conformada en Lima, Perú, la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios bajo los auspicios de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación. La integraron inicialmente organizaciones de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Argentina y Chile. Pasado un tiempo se incorporaron otras de Venezuela, México y Nicaragua.
Otra iniciativa relevante ha sido la conformación de la Red de Observatorios de Medios y Defensores de las Audiencias de Nuestra América, que se produjo en mayo de 2011 en Puebla, México, con la participación de organizaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Paraguay.
En todo caso, estas redes aún tienen al frente el desafío de probar, en los hechos, que la convergencia de esfuerzos es posible y que se puede avanzar en el conocimiento y la colaboración recíprocos, en el aprendizaje metodológico, en el intercambio de mecanismos de divulgación y uso de resultados y en el potenciamiento de la presencia, la posición y la influencia de cada uno de sus miembros en sus correspondientes naciones y en el conjunto de la región. Estas tareas pendientes, como se entenderá , no tienen que ver apenas con la deseable consolidación de la observación de medios, sino ante todo con la necesidad de brindar una respuesta coherente y concreta a la necesidad de apuntalar tres ejes de la democracia –pluralismo, participación y transparencia– en beneficio colectivo.
El cuarto factor
Hasta la llegada de los observatorios, la esfera pública era habitualmente constituida por tres actores principales: los políticos, los ciudadanos y los medios. Aquéllos representan hoy un cuarto factor interviniente. Con su participación en este proceso es posible propiciar un concepto multidimensional de la democracia que incluya de forma explícita lo informativo-comunicacional y es dable, en consecuencia, promover el ensanchamiento del horizonte democrático.
Para lograr esos propósitos, al reconocimiento de la información periodística como un bien público y del periodismo como un servicio de interés público se tiene que agregar explícitamente la apropiación de la comunicación democrática como un valor social. Los observatorios de medios son y serán un actor primordial en ese sentido.
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