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En los próximos días se sabrá si cuatro periódicos ecuatorianos son sancionados por no publicar todos los detalles del viaje que el presidente, Rafael Correa, hizo a Chile el 13 y 14 de mayo. Estaba programado para recibir un título de doctor honoris causa, aunque en el periplo se entrevistó con Michelle Bachelet y tuvo otras actividades. La denuncia, que esgrime como principal argumento que los diarios censuraron información de interés público, la puso el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Comunicación. Pero no fue por iniciativa propia. Lo hizo después de una arenga que Correa dio el 17 de mayo en su sabatina, un espacio emitido cada sábado en los medios públicos. “Organícense, denuncien”, dijo. “Nos están robando el derecho a estar informados. (...) Ellos [los medios] prestan un servicio público, de informar. (...) ¡A reaccionar pueblo ecuatoriano!”, exhortó el presidente después de mostrar las reseñas mínimas que los cuatro diarios hicieron sobre el viaje.
Esta es una de las 125 denuncias contra los medios (datos hasta el 20 de junio de 2014) que se han registrado con la Ley de Comunicación, que cumple ahora un año. La ley es el principal método de presión del Gobierno de Correa hacia la prensa, que produce consecuencias como que un diario, Hoy, decida dejar de publicar la edición impresa, debido, según ellos, a “la gradual pérdida de libertades” y a la asfixia económica. Las quejas son contabilizadas por la Superintendencia de la Información y Comunicación, un organismo creado para articular la ley. Carlos Ochoa, titular de la entidad, aseguró la semana pasada que apenas una veintena de denuncias ha derivado en sanciones administrativas. La mayoría han sido amonestaciones escritas, pero también ha habido multas, como la que tuvo que pagar el periódico El Universo: 100.000 dólares por publicar una caricatura que distorsionaba cómo fue el allanamiento de la casa del periodista Fernando Villavicencio, asesor de un diputado opositor e investigado por espionaje.
Esas pocas pero aleccionadoras reprimendas han conseguido amilanar a una parte de los medios de comunicación y a sus periodistas. Un encuentro organizado la semana pasada por la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios señalaba la ausencia de reportajes de investigación en los medios y cómo se prioriza la publicación de temas menos polémicos o que no rozan al Gobierno. “No puedes publicar noticias judiciales en indagación previa ni documentos con carácter reservado. Hay artículos de la Ley de Comunicación que lo limitan. La responsabilidad subsidiaria hace que los medios tengan restricciones para publicar ciertas cosas por las multas”, comenta un periodista de un diario nacional que pide anonimato.
El informador reconoce que en el trabajo periodístico diario hay investigaciones que se quedan rezagadas por la imposibilidad de acceder a los funcionarios públicos. “La ley dice que todas las noticias deben ser contextualizadas, verificadas y contrastadas, pero sigue siendo una práctica no dar entrevistas ni información a los periodistas de medios privados”, denuncia. “Los funcionarios públicos ponen como pretexto la falta de tiempo y sus problemas de agenda, y a veces nos sueltan algún dato y luego llaman a decir que ese dato es incorrecto y que no lo podemos publicar hasta que nos den el correcto. Así pasa más tiempo”. El jurista Mauricio Alarcón, de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), cree que el artículo más polémico de la ley es el 10, relacionado con las normas deontológicas, donde “se fundamentan las acciones por contenidos discriminatorios o incoherencia de titulares noticiosos”. Incluso antes de la entrada en vigor de la ley ya se anticipaban los peligros de que se consagrara una ética impuesta por el Estado.
El jefe de investigación de El Comercio, Arturo Torres, reconoce que el ambiente en las redacciones se ha enrarecido tras la aprobación de la Ley de Comunicación. “Los juicios han influido en los periodistas para tener más cuidado, pero más allá de eso, en el diario estamos aprovechando para fortalecer la calidad y oxigenar la agenda. No solo nos centramos en morder al Gobierno”, explica. La experiencia de Torres con algunas fuentes públicas es que estas ponen trabas para entregar información. “Esto retrasa la publicación y si damos algo incompleto enseguida viene la carta… Con esto pierde la sociedad. Hay que ir más allá de esa pugna entre medios, periodistas y el Gobierno”.
Para César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, la Ley de Comunicación ha configurado un ambiente de autocensura. “Los medios tienen equipos de abogados que revisan cada nota, el criterio periodístico ya no prima, el actor jurídico determina las publicaciones”, explica.
Más que autocensura, el superintendente de la Comunicación prefiere hablar de prudencia. Como dijo la semana pasada, en el aniversario de la ley, “los medios de comunicación tienen más prudencia al tocar diversos temas. Todos los días los periodistas destacan que en Ecuador se les coarta la libertad de expresión, pero los mismos hechos demuestran que no es verdad”, afirmó. “En este país existe tanta libertad de expresión que raya en el libertinaje”, opina. (EL PAÍS)
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