ONADEM

LA INFORMACIÓN, UNA CLAVE EN DISCUSIÓN

By argv.E338951d on Lun, 19/01/2015 - 12:26
ONADEM
Erick R. Torrico Villanueva

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inicia este lunes 19 de enero una crucial etapa de deliberaciones que debe concluir en septiembre próximo con la adopción de un plan de acción orientado a hacer realidad la promesa del desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza extrema de la faz del planeta. Su horizonte temporal es el año 2030 y el acceso a la información uno de sus requisitos fundamentales.

Hay que recordar que la asamblea general de la ONU celebrada al cierre del siglo veinte aprobó la “Declaración del Milenio” y asumió una serie de compromisos para modificar la situación de la población pobre del mundo hasta el presente año, es decir, 2015.

En ese documento, los representantes de todos los Estados miembros afirmaron: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad”.

En vista a ello, fueron aprobados estos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):  1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Además, fueron definidas 21 metas y un conjunto de indicadores para medir los avances alcanzados.

A poco de cumplirse el plazo fijado para la consecución de dichos objetivos, las evaluaciones efectuadas dan cuenta de que, pese a los significativos logros registrados en algunos países –China, por ejemplo–, la situación general sigue siendo muy compleja y en muchos casos precaria, entre otras causas por la ausencia de voluntad política y la falta de financiamiento y de cooperación, razón por la que desde hace casi dos años se comenzó a plantear la formulación de una “Agenda post-2015”.

Al efecto, el Grupo de Trabajo Abierto constituido por la asamblea general de Naciones Unidas en 2013 y del que formaron parte representantes de 70 naciones (entre ellas Bolivia), elaboró una propuesta con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

1)    Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2)    Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3)    Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4)    Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la   vida para todos.
5)    Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6)    Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7)    Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8)    Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9)    Construir infraestructura resiliente(*), promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10)    Reducir la desigualdad en y entre los países.
11)    Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12)    Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13)    Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14)    Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15)    Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16)    Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17)    Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Este planteamiento, en su conjunto, es mucho más ambicioso y demandante que el de los ODM del año 2000, no solamente porque implica un mayor número de objetivos y de metas (ahora son 169), sino especialmente porque está dirigido a todas las naciones e incorpora dos temas fundamentales: la lucha contra el cambio climático y la garantía efectiva de todos los derechos y libertades, destacándose los vinculados con la información.

En términos políticos, esto significa que si la asamblea general de la ONU de septiembre venidero consigue aprobar el documento de los ODS con amplio consenso puede dar lugar a un nuevo tipo de relaciones internacionales y a un aporte significativo en la construcción democrática interna de todos sus países miembros al igual que a un posible cambio esencial en el modo en que la humanidad viene relacionándose con la naturaleza. De ahí que las deliberaciones que empiezan esta semana revistan suma relevancia.

En ese marco, el ODS número 16 que concierne a la plena vigencia de los derechos remarca en su meta número 10 que todos los Estados deben “asegurar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales en concordancia con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales”.

Es en ese espíritu que se pronunció la conferencia de expertos en información celebrada en Nairobi en noviembre pasado: “El desarrollo sostenible depende de la participación informada del pueblo en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, la cual a su turno requiere del acceso a la información y el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la existencia de medios libres e independientes”. Y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en su reciente informe sobre la agenda de desarrollo sostenible post-2015, manifestó que “la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión” son “facilitadores esenciales del desarrollo sostenible”.

Así, el papel de la información está nuevamente en la mesa de las preocupaciones y los debates internacionales.

Bolivia, que cuenta con una avanzada disposición constitucional en materia de reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación (Cap. VII, Art. 106) aunque todavía carece de una ley de transparencia y acceso a la información pública, tendrá sin duda una valiosa oportunidad para contribuir a que se plasme en la ONU un consenso con potencialidades transformadoras. Habrá que estar expectantes.
   

(*) “Resiliente” es un neologismo que equivale a “resistencia” a la vez que a “elasticidad” de las infraestructuras.

Erick R. Torrico Villanueva es Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática,
Fundación UNIR Bolivia

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MÁS INFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

By Draven3166 on Mié, 24/09/2014 - 19:42
ONADEM
Erick R. Torrico Villanueva

    Si informarse es la primera condición para la participación ciudadana en la vida pública, se puede entender  también que el papel de los medios periodísticos resulta crucial para el logro de ese cometido. Y si se lleva este razonamiento un poco más lejos se hace claro que una democracia con calidad implica necesariamente fluidez en el intercambio de información plural  y amplio acceso a ella.

    Es gracias a la información que se toma conocimiento, se forma opinión, se adopta alguna posición, se asume una decisión y se actúa, secuencia de pasos fundamental para el ejercicio  efectivo de la ciudadanía. Por eso, cuando los procesos informativos en una sociedad son deficientes, insuficientes o irrelevantes surgen con mayor facilidad las condiciones para la apatía, el conformismo y la manipulación tanto como para el conflicto.

    En el caso del desempeño del régimen democrático, los problemas relacionados con la mala gestión de la información están en la base de su deterioro y deslegitimación.

    La Consulta Ciudadana “Tu palabra sobre las noticias: Elecciones 2014” que llevó a cabo el Proyecto de Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia el pasado 26 de julio en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz partió de ese convencimiento sobre el valor de la información en general  para la convivencia social y de la consiguiente contribución que, en un período electoral, puede brindar el periodismo al afianzamiento democrático en el país.

Una “encuesta al revés”

    La Consulta Ciudadana aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y de opción múltiple a 1.150 personas desde los 18 años de edad que voluntariamente quisieron emitir su opinión en alguna de las mesas que UNIR instaló en sitios públicos de cada una de las urbes mencionadas. Esta práctica, que “invierte” la relación típica entre el que investiga y quienes son investigados, es asimismo la que otorga representatividad y validez a los datos y criterios obtenidos puesto que éstos provienen de informantes preocupados por el tema sobre el que son preguntados. A su vez, el número de participantes consultados corresponde proporcionalmente a la composición demográfica (edad y sexo) de cada uno de los lugares comprendidos en el estudio.

    Se trata, entonces, de un procedimiento de averiguación de percepciones, hábitos y demandas de usuarios de medios que combina elementos metodológicos cualitativos y cuantitativos, pero que no se basa en una definición muestral probabilística ni presenta inferencias estadísticas.

    Otro aspecto original de la Consulta Ciudadana ejecutada por UNIR es que en sus tres versiones (2008, 2012 y 2014) se ha interesado exclusivamente por las relaciones entre ciudadanía y medios noticiosos.

Escuchar a la gente

    A pesar de las posibilidades de interacción que hoy ofrecen las tecnologías informativo-comunicacionales, la norma en el periodismo es todavía que se caracterice por ser unilateral respecto de sus públicos. Es decir que, mientras medios y periodistas “hablan”, los receptores de sus mensajes “escuchan”. De ahí que sea importante, al menos de vez en cuando, saber qué piensan los lectores, oyentes, espectadores e internautas del trabajo periodístico y qué quisieran que éste les brinde.

Dado que por lo regular es difícil que los medios recojan de modo directo esas visiones y planteamientos, UNIR desarrolló la Consulta para coadyuvar en esa labor de escucha de la ciudadanía a fin de retroalimentar al periodismo al tiempo de favorecer la participación social en la construcción del espacio público en un momento de tanta significación como el de unos comicios nacionales.

¿Qué dijo la gente?

    En breve, las personas consultadas en las cuatro urbes señalaron que son los medios tradicionales —TV, radio y prensa, en este orden— los que la población usa de modo preferente para informarse de las elecciones y dijeron creerle más al periódico  que a la radio, pero situando a ambos por debajo de la televisión en esta materia. La información que proveen los medios noticiosos fue considerada mayoritariamente útil para que los electores definan su voto, por lo que los espacios especiales que crean determinados medios para tratar de forma expresa asuntos de las elecciones fueron calificados como muy importantes por más de la mitad de los interrogados, en tanto que la calidad de las informaciones fue definida como buena por el 75% de los consultados. 

    No obstante, estas últimas valoraciones positivas tienen su contraparte en las demandas ciudadanas de mayor y mejor información. A esto se refieren los reiterados  planteamientos acerca de que los medios cumplan la función de informar con profesionalismo, ecuanimidad, pluralismo y ética que recogió la Consulta.

Las expectativas identificadas

    A cierta distancia del tipo de contenidos que suelen nutrir los menús habituales de los medios noticiosos en período electoral (hechos y declaraciones de campaña, datos del proceso electoral en sí, sondeos de intención de voto, opiniones de analistas, etc.), los ciudadanos interrogados sostuvieron que más bien desearían recibir información relativa tanto a las propuestas electorales y planes de gobierno de los partidos contendientes como a los perfiles y trayectorias de los candidatos principales, en lo posible, en sus propias voces.

     Y la mención a ello apareció relacionada con el interés en conocer más de temas político-económicos de mediano y largo plazo que manifestaron los consultados junto a su requerimiento de entrevistas a los candidatos principales y de debates de fondo entre ellos. 

Necesidad de evitar el retroceso

    Se advierte, entonces, que la agenda electoral ciudadana, que sí existe, lamentablemente es poco (re)conocida y menos visibilizada. Al contrario, la agenda que prevalece en la escena pública es la de los políticos en competencia, la cual no sólo es reproducida y amplificada cotidianamente en el espacio mediático en términos noticiosos sino que además resulta reforzada por la difusión pagada de propaganda. En consecuencia, los medios dan cabida preferente a los temarios propuestos por los políticos, supeditando a éstos incluso su propia posibilidad de definir una agenda informativa más cercana a los intereses ciudadanos.

    Esta desatención de la agenda ciudadana, que no se registra apenas durante los períodos electorales, es un incentivo para la desvalorización de la democracia, que puede volver a ser vista y vivida como un simple ritual periódico de concurrencia a las urnas para delegar el poder social de gobernar. De ahí que en el actual lapso dedicado al proselitismo predomine la convocatoria  política al “voto-masa”  prácticamente sin argumentos programáticos, hecho que da cuenta de un severo menoscabo en la concepción y el ejercicio democráticos.

    La Consulta Ciudadana mostró, sin embargo, que la población votante de las ciudades del eje y El Alto aspira a tener más información y de otra calidad, lo que significa que hay un desencuentro  entre políticos, medios y ciudadanía que se debiera remediar antes de tener que lamentar el retorno del vacuo formalismo de la democracia electoral, es decir, de aquella ficción democrática que no cultiva la información y se funda en un caudal de apoyo a personajes o grupos en vez de basarse en el respaldo crítico a propuestas de solución viables para problemas compartidos.

    Se puede concluir, por tanto, que en buena medida la clase de democracia que se consiga dependerá de la clase de información de que se disponga.

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MEDIOS A LA VISTA 3

By Draven3166 on Mar, 02/09/2014 - 16:12
ONADEM
Vania Sandoval Arenas

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia inició actividades formalmente en abril del año 2006. En ese tiempo ha buscado aportar al mejoramiento de la calidad de la información periodística mediante el análisis de coberturas informativas ligadas a la conflictividad social, estudios sobre condiciones laborales de periodistas con énfasis en las agresiones que éstos sufren, elaboración de insumos conceptuales y difusión del Derecho a la Información y la Comunicación (DIC). También ha realizado una vigilancia relativa al ejercicio del DIC expresada en la elaboración de propuestas públicas. El trabajo del ONADEM se ha insertado en la senda de la comunicación democrática, uno de los pilares de la cultura de paz promovida por UNIR.

El tercer volumen de Medios a la Vistareúne 19 textos producto de monitoreos analíticos y estudios propositivos, siguiendo la línea de Medios a la Vista - Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008 y Medios a la Vista 2 - Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el periodismo en Bolivia 2009-20011[1]. Los trabajos fueron realizados por Erick Torrico (Coordinador del ONADEM), Vania Sandoval, Bernardo Poma, Sandra Villegas, Cecilia Banegas, Óscar Meneses, Virginie Poyetton (integrantes del equipo) y la investigadora Jenny Ampuero (autora de el monitoreo sobre periodismo en guaraní).

A continuación se sintetizan las ideas centrales de este libro que fue presentado –junto con otros dos textos del ONADEM – el 26 de agosto en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

El DIC, conocido a medias por la ciudadanía

La Consulta Ciudadana 2012 “Tu palabra sobre las noticias y el DIC” mostró que el Derecho a la Información y la Comunicación es un tema del que la mayor parte de las personas encuestadas (51%) dice haber escuchado hablar alguna vez, aunque reveló que este derecho no es suficientemente conocido. Existe la necesidad de seguir trabajando por su apropiación y de apostar por la educación crítica de audiencias.

La aplicación de los estándares de calidad del periodismo, una tarea pendiente

A partir de los trabajos realizados por el ONADEM, y sin caer en generalizaciones, se puede afirmar que en las noticias emitidas por los medios audiovisuales, en particular, además de mostrar imágenes que no respetan los derechos de niños niñas y adolescentes, así como de otros sujetos y víctimas de delitos, se generan o refuerzan juicios anticipados, se construyen noticias que mezclan rumores con información confirmada, no se contextualiza ni se aborda el tema de la violencia como problemática estructural y sólo se muestra información fragmentada con énfasis en lo morboso. En esa línea, en el trabajo titulado “Mujer, prensa y liderazgo”, se muestra que la televisión, cuando habla de las mujeres, prioriza un enfoque noticioso en el que ellas son, primero y ante todo, víctima de violencia (79% de las notas referidas a mujeres).

También se contribuye a reforzar estereotipos que distorsionan la realidad. Por ejemplo, un monitoreo realizado sobre la información difundida en la ciudad de El Alto visibiliza la poca cobertura informativa que la joven ciudad recibe por parte de los diarios y muestra que la violencia y criminalidad son el principal tema noticioso cuando se habla esta urbe.

Existe un déficit de pluralismo en algunos medios, situación que se acentúa en ciertos temas. Por ejemplo, el análisis sobre las “Representaciones de la Seguridad Ciudadana en la prensa cruceña” refleja que en las noticias sobre esta temática priman las fuentes oficiales y existe un déficit en el uso de contrapartes. También se demuestra que existen noticias con una sola fuente y sin contrastación en los noticieros radiofónicos alteños y paceños[2].

El periodismo en idiomas nativos es escaso y no tiene fomento

Siguiendo la línea de estudiar la comunicación intercultural desde el ONADEM, en este libro se incluye un trabajo analítico que muestra la escasa producción periodística en idioma guaraní en la ciudad de Santa Cruz, donde sólo se produce el informativo Ñande Ñee. El periodismo en idiomas nativos se presenta en las ciudades capitales únicamente de manera marginal.

 

La conflictividad social marca la ruta de las agresiones a periodistas

En los años 2012 y 2013 las agresiones a periodistas y medios estuvieron enmarcadas en la conflictividad social –hubo periodistas agredidos durante movilizaciones generadas por demandas sociales o protestas– con énfasis en lo local. Medios de comunicación pertenecientes a grupos concretos –como radios mineras– o periodistas que realizaron denuncias de corrupción fueron víctimas de ataques.

Estado y comunicación democrática, avances y grandes desafíos

La interacción de la ciudadanía con el Estado para fortalecer la vigilancia ciudadana y el control social establecido en la CPE está ligada a la posibilidad de recibir información pública. En esa línea uno de los trabajos aquí publicados muestra que los sitios web municipales son escasos e incompletos, con ausencia de información útil para realizar un seguimiento informado a la gestión.

UNIR se ha pronunciado públicamente cuando ha sido necesario realizar aclaraciones para preservar el cumplimiento del DIC, como en los casos del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o del juicio penal abierto por el Ministerio de la Presidencia contra tres medios de comunicación, documentos insertos en este volumen.

La necesidad de que existan medios públicos para que –entre otras acciones– se pueda promover el debate entre sociedad civil y Estado es uno de los temas abordados en el último capítulo de este libro. El análisis realizado determina que en Bolivia aún no existen plenamente medios públicos, y se trazan propuestas para que se desarrolle el tipo de medios de comunicación necesarios para sustentar una democracia participativa.

Medios a la Vista 3, por tanto, da cuenta de la situación del DIC y del desempeño de los medios periodísticos entre 2012 y 2013 con miras a apuntalar la comunicación para una ciudadanía integral e intercultural, concepto clave en los lineamientos y la visión de la Fundación UNIR Bolivia, orientado a generar y promover la participación informada y el debate ciudadano de políticas públicas, a la vez que busca contribuir a transparentar la gestión pública en el marco del DIC.

El libro –junto a otros tres textos del ONADEM- se presentará públicamente en Santa Cruz el 9 de septiembre en el Museo de Historia (Junín Nº 151), y el 10 del mismo mes en Cochabamba en el Colegio de Contadores (Colombia Nº 187). Todos los libros producidos por la Fundación UNIR Bolivia pueden ser descargados en su versión digital en la página web www.unirbolivia.org

 



[1] Se presentaron también los libros Periodismo Digital en Bolivia 2012-2013 (Coordinado por Cecilia Banegas) y Tras las Huellas del DIC en Bolivia 2009-2013 de Erick Torrico Villanueva.

 

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CONSULTA CIUDADANA, ELECCIONES 2014

By argv.E338951d on Mié, 23/07/2014 - 09:51
ONADEM
Fundación UNIR

Este sábado 26 de julio en lugares concurridos de La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba la ciudadanía podrá expresar su opinión en torno a las noticias de las elecciones y acerca de lo que espera de los medios de comunicación para votar de una manera informada en octubre.

Para ello, la Fundación UNIR Bolivia, mediante su Proyecto de Comunicación Democrática y con apoyo de la Deutsche Welle Akademie, llevará a cabo la Consulta Ciudadana “Tu palabra sobre las noticias de las elecciones 2014” en las cuatro ciudades mencionadas a fin de recoger criterios de la gente sobre la importancia que le otorga a la información periodística como insumo para votar, pero también para conocer sus demandas y recomendaciones orientadas a los medios noticiosos y periodistas.

Como en anteriores ocasiones, de 9 de la mañana a 6 de la tarde se instalará mesas en sitios públicos de cada uno de los lugares citados, donde un grupo de entrevistadores atenderá a las personas de 18 años en adelante que quieran responder el cuestionario de UNIR.

Esta Consulta busca generar herramientas para fortalecer el debate público en torno a las propuestas electorales, con el fin de alentar en este proceso eleccionario un ejercicio ciudadano basado en información de calidad, en el marco del Derecho a la Información y la Comunicación.

En el contexto preelectoral, se hace necesario que la ciudadanía ejerza su derecho ciudadano de acceder a información de calidad, proporcionada tanto por los medios y periodistas como por los actores políticos y las instituciones gubernamentales correspondientes.

Se trata, entonces, de fortalecer un periodismo cercano a la ciudadanía, como vehículo para conectar a la sociedad civil con los partidos políticos, candidatos y gestores institucionales del proceso electoral.

Por ello, los datos que se obtenga serán presentados a los periodistas y estarán disponibles para toda persona interesada en el sitio web de la Fundación UNIR Bolivia: www.unirbolivia.org

La Consulta también se llevará a cabo en Vinto (Cochabamba) el 28 de julio y en Llallagua (Potosí) el 30 de julio.

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ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL EN LÍNEA

By Draven3166 on Lun, 14/07/2014 - 16:41
ONADEM
Sandra Villegas T.

La evaluación de los sitios web de 9 municipios entre el 19 y 23 de agosto de 2013 determinó que existe poca información pública accesible para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información, a la participación y al control social de la  población.

Este estudio se propuso evaluar la transparencia y la calidad del acceso a la información pública que brindan los sitios web de gobiernos autónomos municipales en las capitales de departamento  y El Alto bajo el respaldo constitucional del derecho a la información.

El derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Este derecho permite supervisar y controlar la gestión pública, promover la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos. Este derecho está respaldado en el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Art. 13 del Pacto de San José (CADH).

De acuerdo con la indagación efectuada, existe acceso irrestricto pero no pleno a la información municipal. El acceso a los sitios web de los municipios de capitales de departamento no garantiza el “pleno acceso” a información actualizada sobre la planificación operativa, los presupuestos o la gestión municipal. Tampoco se garantiza la transparencia en el manejo de reportes de auditoría interna o externa, la contratación de personal o la compra de bienes y servicios de forma eficiente.

En ese sentido, se concluyó que existen diferentes niveles de acceso a la información municipal.

En lo cuantitativo, los nueve sitios web de municipios analizados presentan diseños atractivos pero no todos ofrecen la garantía técnica de navegabilidad necesaria para acceder a toda la información puesta a disposición de la población.

a)    El diseño de los sitios web fue clasificado por presentar recursos visuales como sencillo (Trinidad, Cobija, Sucre y Tarija), intermedio (Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Oruro) y complejo (La Paz).

La evaluación de la accesibilidad de los sitios municipales demostró que siete de ellos son accesibles, el de Sucre es muy lento y el de Tarija no siempre está disponible.

En cuanto a la encontrabilidad de los sitios se evidenció que 8 es fácilmente hallable y uno (el de Tarija) no lo es.

b)    En relación a la transparencia institucional se clasificó en tres niveles:
    Alta si incluyen POA, presupuesto e informes de auditoría. Este es el caso del sitio web del municipio de La Paz.
    Media si incluyen POA y presupuesto  o POA e informe de auditoría. Los sitios web con estas características son los municipios de Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Oruro y El Alto.
    Baja si se difunde el POA o el presupuesto o informes de auditoría. Al menos uno de estos documentos es difundido en los sitios de Cobija, Sucre y Tarija.
De acuerdo a estos resultados, existe un nivel intermedio de transparencia institucional en los sitios web de los municipios observados para este análisis, en particular para la agilización del pago de impuestos, aspecto que no se puede considerar suficiente para promover la participación ciudadana y/o control social.
c)    En cuanto a los mecanismos disponibles para el acceso a la información municipal se concluyó que existen también tres niveles.

Un primer nivel de amplio acceso a información sobre la gestión municipal (presencia de espacios para comentarios, consultas, quejas y/o denuncias); este es el caso del sitio del municipio de La Paz.

Un segundo nivel de acceso relativo (proyectos, obras y responsables, reglamentos, disposiciones); en este rango se encuentra a los sitios web de Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Oruro y El Alto.

Y un tercer nivel de bajo acceso relativo sólo a información institucional general que se aplica a los municipios de Cobija, Sucre y Tarija.

A nivel cualitativo se puede afirmar que:

a)    La actualización de la información pública municipal  puede ser considerada óptima (La Paz, El Alto y Cochabamba), relativa (Oruro, Cobija, Santa Cruz, Sucre y Trinidad) y nula (Tarija).
b)    La navegabilidad de los sitios web municipales es de un nivel alto (La Paz y Santa Cruz), medio (Oruro, Cobija, El Alto, Cochabamba y Trinidad) y bajo (Tarija y Sucre).
c)    La interactividad con la ciudadanía se puede clasificar como alta en los sitios web de los municipios de La Paz y Cochabamba; media en los sitios de Oruro, Cobija, Trinidad y Sucre, y baja en los sitios de Tarija, El Alto y Santa Cruz.

A partir de los contenidos disponibles referidos a la gestión municipal se corroboró que los sitios web de los municipios de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Trinidad presentan información suficiente y oportuna a su población, en tanto que los municipios de Cobija, El Alto y Tarija no lo hacen.

Adicionalmente, se evidenció que los sitios web de La Paz y Cobija poseen instancias propias de control como el Observatorio de Transparencia y la Unidad de Transparencia, respectivamente.

Evaluación final

Los municipios cuelgan información en sus portales web, pero más allá de las noticias no siempre actuales que publican hay una notable ausencia de información que permita hacer seguimiento a la gestión municipal (POAs, proyectos, presupuestos, auditorías) y tampoco facilitan la interacción con las demandas y sugerencias de la ciudadanía. Resulta necesario, por tanto, reforzar los mecanismos tecnológicos para optimizar la interacción entre los gobiernos municipales y los ciudadanos.

De acuerdo con los resultados del estudio el 100% de los sitios web de municipios analizados se encuentra aún en la primera fase de implementación del gobierno electrónico, la relativa a la difusión de información institucional no siempre actualizada. No obstante, un  44 % de esas páginas web institucionales está avanzando a la segunda fase en la que se promueve en parte la participación ciudadana como fiscalizadora de la gestión municipal. Y además un 33%  está logrando ingresar a la tercera fase para ofrecer servicios municipales en línea, en particular trámites de impuestos. 

Los bajos niveles de interactividad y navegabilidad explican el descuido en el manejo profesional de los contenidos digitales en línea (información pública) y del soporte técnico para el funcionamiento de los sitios (gran cantidad de links no habilitados).

Por lo dicho, el derecho a la información no se puede ejercer plenamente en las ciudades comprendidas en el estudio porque no está garantizado el acceso a la información pública municipal a través de los sitios web debido a la falta condiciones técnicas y operativas así como a la falta de una normativa que rija la transparencia en la gestión edil.

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PERFIL DE PROGRAMACIÓN DE BTV

By Draven3166 on Mar, 24/06/2014 - 10:27
ONADEM
Bernardo Poma Ulo

Si la responsabilidad social de los medios de comunicación públicos implica promover el debate democrático entre las diversas visiones culturales, así como entre las distintas posiciones políticas e ideológicas, se  puede decir que la primera red televisiva estatal del país, Bolivia TV (BTV), aún mantiene tareas pendientes en relación a su audiencia y la ciudadanía.

En efecto, según un estudio del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) llevado a cabo en el mes de junio de 2013[2], BTV presentó una programación distinta a la de las redes privadas, con más programas periodísticos y culturales, pero incluyó bastante información gubernamental que resultó la segunda categoría más frecuente y ocupó más de la quinta parte del total de programas emitidos (ver Gráfico 1). Esto último tiende a desvirtuar su definición de  televisión pública, pluralista y democrática, dado que, según el mismo estudio, no se encontró programas equivalentes en los que, de manera ecuánime, se expresen ampliamente visiones y posiciones diferentes o críticas a las voces del oficialismo nacional.

Oferta televisiva oficial

De acuerdo a la investigación de referencia, tres categorías de programas —en número de emisiones semanales— fueron las más relevantes  en BTV: en primer lugar, los de contenido periodístico general (27%), luego los que difundieron información gubernamental (22%) y, en tercer término, los que abordaron temas relacionados con las actividades y prácticas culturales (21%).

Gráfico 1

Programación de la red BTV

Semana completa de emisiones

(Porcentaje de emisiones por categoría)

 

 

En el segundo rango numérico, quedaron los programas de otras tres categorías. En principio los que abordan o están especializados en distintos temas (12%) de utilidad social (medicina, educación sexual, derechos del consumidor, entre otros). Luego, los programas deportivos (10%) y finalmente los formatos tradicionalmente de entretenimiento ocuparon el último lugar de frecuencia de emsión (7%). Cabe señalar que BTV no emitió ningún programa religioso que promueva alguna doctrina de carácter católico o evangélico.  

En relación al tiempo de emisión (en un total de 168 horas semanales), la secuencia registrada en número no varió en la mayoría de las categorías, excepto en dos casos. Primero, el tiempo destinado a los programas noticiosos que sobrepasó el tercio del tiempo total disponible (35%) así como el dispuesto para los de entretenimiento (12%), lo cual se explica porque estos programas tuvieron en general mayor duración. En las otras categorías, el porcentaje de tiempo ocupado no varió sustancialmente en relación a su número de emisiones (de uno a tres puntos porcentuales).

Rasgos de la información periodística de BTV

Con el perfil de programación anotado, Bolivia TV sobrepasó claramente el número de emisiones de programas periodísticos respecto de los canales privados. Así, BTV presentó 67 emisiones —de 12 distintos programas— en la semana estudiada, cuando el promedio en las redes privadas fue de entre 20 y 30 emisiones semanales.

 

La variedad de formatos también fue mayor (noticieros, revistas informativas, debates y reportajes como programas separados, no dentro de otros), dado que en los canales privados la tendencia fue ofrecer sólo dos tipos de programas periodísticos. Además,  BTV, ofreció un noticiero en idioma nativo con frecuencia diaria (de lunes a viernes), de modo similar a solamente uno de los canales privados estudiados. 

 

Cabe señalar que un programa con rasgos periodísticos, denominado “Reporte Informativo”, sin horario regular, resultó en general el preámbulo de otro destinado a la información gubernamental, dado que, en su desarrollo, el mismo se redefinió como “Gestión de Gobierno” (como se explica en el siguiente acápite). En ese sentido, sólo en una ocasión (el viernes 7 de junio) “Reporte Informativo” incluyó información con diversidad de temas de interés general, a diferencia de las otras emisiones, en las que se concentró en la transmisión de actos oficiales.

 

Y justamente, en ese perfil noticioso, lo cuestionable no es la variedad de formatos ni la cantidad de emisiones, sino la tendencia oficialista de la información periodística de BTV, en particular de sus noticieros centrales, como ya fue anotado por otras investigaciones del ONADEM (Cf. VILLEGAS, 2011: 93). Esta tendencia se caracteriza principalmente por el abordaje de temas del ámbito político y por la cobertura mayoritaria de fuentes informativas gubernamentales (Cf. VILLEGAS, op.cit.).   

Estrategias de la información gubernamental

Como se adelantó, fuera de los noticieros habituales, un número considerable de emisiones de BTV difundieron expresamente información gubernamental (22% del total) dedicada a promocionar la imagen del gobierno nacional. En el periodo de observación esto se verificó a través de tres tipos programas: a) los que hicieron la cobertura de actos oficiales del presidente del Estado bajo el rótulo de “Reporte Informativo” o bien como “Gestión de Gobierno”, b) los elaborados para destacar las acciones y políticas del gobierno o de alguna instancia estatal (ministerios, YPFB, etc.), c) los elaborados con la participación de representantes de sectores u organizaciones sociales afines al oficialismo, por lo que el enfoque informativo resultante fue de apoyo a las acciones del gobierno y de descalificación de la oposición política.

Una reciente evaluación de la Agencia de Noticias Fides (ANF), del mes de mayo de la presente gestión[3], señala que BTV transmitió hasta cinco actos oficiales por día, en los cuales la figura central resultó el presidente del Estado.    

Con esos rasgos, aunque la programación de BTV contempló, según el trabajo del ONADEM, un apreciable 95% de producción nacional, queda pendiente la reflexión sobre su contenido que debiera obedecer a una línea editorial y de programación basada en el pluralismo y la ecuanimidad, más si se trata de una televisión que se mantiene con recursos públicos. Lamentablemente, la imbricación poco saludable entre los intereses de los gobiernos de turno y la televisión estatal tiende a contribuir a la polarización social y política y no al debate racional y pluralista de los asuntos públicos, más aun en momentos clave (Cf. ONADEM, 2011: 119-130). Esa misma relación también ha contribuido, incluso desde que este medio operaba como Empresa Nacional de Televisión, a su “baja credibilidad” por “su clara orientación pro-gobierno de turno” (FUENZALIDA, 1998).

No perder el concepto de lo público

En ese contexto, no se debe confundir lo estatal con lo gubernamental —al menos en concepto—, considerando las consecuencias anotadas. Todo medio de comunicación, más si se apoya en fondos estatales, debiera reconocerse y actuar como institución de servicio público, por tanto, con responsabilidad ante toda la población y evitando caer en un abuso del poder simbólico que conlleva. En el plano de la gestión de un medio público, una dirección colegiada con participación social democrática, podría contribuir a la formulación de una oferta de programación televisiva pluralista y ecuánime, descentrada —no desconectada— de la agenda oficial.

Así, la tarea pendiente con la sociedad es que la televisión estatal en el país asuma tal responsabilidad y recentre su programación y línea editorial principalmente en lo educativo y cultural, con vocación de  servicio público y compromiso con la calidad que la ciudadanía requiere.

 

Bibliografía citada

AGENCIA DE NOTICIAS FIDES (ANF, 2014). “BTV transmite un promedio de cinco actos gubernamentales por día”. Versión electrónica en: http://www.eldeber.com.bo/btv-transmite-un-promedio-de-cinco-actos-gubernamentales-por-dia/140512165907(Consulta: 14/06/2014).

FUENZALIDA, Valerio (1998). “Situación de la televisión pública en América Latina”. En: Revista Diálogos de la Comunicación, Nº53. FELAFACS.

OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIOS (2011). “Las elecciones del 4 de abril de 2010. Lo hecho y dicho en diarios y TV”. En: Medios a la Vista 2. UNIR/ONADEM. La Paz (pp. 119-130).    

POMA, Bernardo (2014). “Rasgos y desafíos de la oferta televisiva privada boliviana”. Versión electrónica en: http://onadembolivia.blogspot.com/2014/02/rasgos-y-desafios-de-la-oferta_3.html.

VILLEGAS, Sandra (2011). “Fuentes oficiales y temática política prevalecen en los medios gubernamentales”. En: Medios a la Vista 2. UNIR/ONADEM. La Paz (pp. 93-100).

 

Bernardo Poma Ulo[1]

[1]Investigador del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia.   

[2]El estudio, cuya muestra fue la semana del 3 al 9 de junio de 2013, incluyó además a 5 redes televisivas privadas (PAT, UNO, ATB, Unitel, Bolivisión). En este artículo se presenta un resumen evaluativo y comparativo de resultados referidos sólo a la red BTV (Canal 7) de propiedad estatal. Un primer resumen del estudio fue publicado en febrero pasado y estuvo referido al análisis de las redes privadas (ver: http://onadembolivia.blogspot.com/2014/02/rasgos-y-desafios-de-la-oferta_3.html).   

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LA CIUDADANÍA MEDIÁTICA

By argv.E338951d on Lun, 05/05/2014 - 13:18
ONADEM
Erick R. Torrico Villanueva

Lenguaje soez, bromas machistas, imágenes sanguinolentas, “pasarelas” de modelos semi-vestidas, anuncios publicitarios con mujeres-cosa, tensas noticias sobre violencia criminal, social y política o escenas frecuentes de sexo explícito forman el repertorio cotidiano de mensajes “envenenados” propalados en espacios y horarios inapropiados por los medios de difusión e Internet. Y eso, sin duda, requiere de algún “antídoto”.

Habría que agregar a la lista, entre otros casos, la revictimización de quienes sufrieron accidentes, atracos o violaciones, la reiteración morbosa de imágenes captadas por cámaras de seguridad, la vulneración de la identidad y la intimidad de víctimas de la delincuencia, la organización espontánea de “ruedas de prensa” para delincuentes capturados,  la intromisión en vidas privadas, la erotización de las fiestas folclóricas, la dramatización de los hechos noticiosos, la exposición abusiva de imágenes de cadáveres o la presentación de la violencia policial, social o política como forma eficaz de resolución de conflictos.

Así, sensacionalismo, espectacularización, comercialismo y vulgaridad hallaron lugar en los mensajes mediáticos y son cultivados con creciente asiduidad. De ahí que casi no haya película o serie televisiva sin gritos, golpes o armas, que la crónica roja esté en el menú cotidiano, que presentadoras de TV sean obligadas a trabajar en minifalda, que las telenovelas rebosen de balazos y prácticas sexistas o que prolifere en los avisos clasificados la oferta de servicios sexuales que esconde –o devela– prostitución y trata de personas.

Pero los medios no tienen toda la culpa; el problema es más complejo. ¿Qué esperar en una sociedad que tolera y hasta alienta la borrachera adolescente y aun infantil o que celebra las expresiones procaces en los sitios públicos o el propio hogar? ¿Qué reclamar en un contexto que no distingue entre autoridad y poder, que arrastra seculares carencias socioeconómicas o que con la TV global, la piratería, las “nuevas tecnologías”  y los dispositivos “inteligentes” incrementó los espejos ajenos para ver su rostro propio e incita a vivir modelos extraños? ¿Qué pedir en un país con baja inversión en educación, en el que   –como dice un amigo politólogo– se bebe con frenesí dizque para honrar a un santo o en el que mujeres entonan coplas carnavaleras machistas?

Cargadas así las tintas, con las excepciones de siempre y con la duda en ciertos discursos emancipadores, los medios resultan apenas una pieza de un engranaje mayor, mas no una pieza cualquiera, sino una sumamente significativa por su potencial llegada a grandes públicos y su incidencia en los imaginarios.

Por eso es importante tomar debida nota de los recientes cuestionamientos de un sector de vecinos de El Alto a dos programas televisivos extranjeros –“Los Simpson” y “12 Corazones”– que expresan un sentimiento de crítica más extendido acerca de los contenidos mediáticos y demandan una intervención pública más consistente. Pero, ¿qué se puede hacer hoy si se tiene un reclamo por la carga de violencia, el lenguaje obsceno o la estigmatización presentes en un mensaje mediático? La protesta alteña mostró que todavía muy poco.

La Ley (348) Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia define a la violencia mediática como “(…) aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen” (numeral 4 del Art. 7) y anuncia la creación de un programa sectorial de comunicación para “deconstruir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente a las mujeres, promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto a la publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres” (numeral 5 del Art. 14), pero esa norma de marzo de 2013 continúa sin reglamentar.

La Ley (264) de Seguridad Ciudadana señala que “El Ministerio de Comunicación regulará los horarios de emisión de programas cuyo contenido tenga violencia explícita” (numeral III del Cap. III) y agrega en el Art. 70 que “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a todos los medios de comunicación social, públicos y privados, pudiendo realizar la correspondiente denuncia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, en caso de advertir el incumplimiento de la presente Ley”. Hay que aclarar que entre las atribuciones del Ministerio de Comunicación no figura la regulación de horarios de programación, algo que tendría que haber estado en la Ley General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, pero que no está,  por lo cual la Autoridad arriba referida, la ATT, tampoco está habilitada para conocer ese tipo de casos y actuar.

Frente a ese vacío legal y operativo queda una salida parcial: acudir a las instancias de vigilancia ética de las organizaciones del periodismo que pueden atender denuncias relativas al comportamiento periodístico y emitir recomendaciones. El entretenimiento, la publicidad y la propaganda quedan al margen.

Se requiere, por tanto, desarrollar una regulación específica a semejanza de la que rige en muchos países del mundo y que, por ejemplo, establece criterios de clasificación para contenidos audiovisuales (de TV y cine) y determina horarios y tipos de salas, define tipos y tiempos de publicidad o constituye observatorios, defensorías o consejos plurales de comunicación para garantizar los derechos de las personas en esta materia. Y al mismo tiempo hace falta potenciar la autorregulación de medios, anunciantes y productores de contenidos. Es ahí donde se inscribe la propuesta de la ciudadanía mediática, el “antídoto” que aquí se esboza.

Ciudadanía mediática es que los medios ajusten sus desempeños al respeto pleno de las personas que hacen parte de sus contenidos y de las que los reciben y usan. Se trata de que periódicos, revistas, radioemisoras, teledifusoras, salas de exhibición cinematográfica, periódicos electrónicos, sitios web, blogs y redes sociales virtuales, cualquiera sea su propiedad, eviten conscientemente atentar contra la dignidad o la salud mental de sus públicos y de su propio personal, artistas y fuentes de información.

Con ella los medios se convierten en espacios efectivos para el ejercicio de la ciudadanía y consiguen una mayor confianza de la gente que se siente beneficiada con una labor responsable y útil. Esto, en el nivel ideal,  redunda en una sociedad más y mejor involucrada en los asuntos colectivos.

Los medios son actores centrales en el espacio público y su conducta debe estar acorde a ese estatus en el marco del Derecho a la Información y la Comunicación que Bolivia constitucionalizó desde 2009.

Erick R. Torrico es

Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia.

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CENSURA Y AUTOCENSURA PERIODÍSTICA EN BOLIVIA

By Draven3166 on Mié, 26/03/2014 - 22:17
ONADEM
Virginie Poyetton

En 2013 la Fundación UNIR desarrolló una investigación sobre la censura y autocensura periodística en Bolivia. A partir de una encuesta anónima y grupos focales en las tres ciudades del eje, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se buscó analizar la problemática desde la profesión misma. El propósito de la investigación fue conocer la percepción y evaluar el grado de (auto) censura de los periodistas al respecto, entender a través de su propio análisis cuáles son los mecanismos que llevan a la (auto)censura, identificar con ellos cuáles son las estrategias para sortear la (auto) censura e imaginar cómo se puede eliminarlas.

Según el estudio, más de la mitad de las y los periodistas consultados, (el 54%), admiten haber sido víctimas en su carrera profesional de censura y son aún más quienes han experimentado autocensura (59%). Si se establece que –en el caso de la censura- el 83% de estos mismos admiten que tienen conocimiento de algún colega que ha sufrido censura, se puede pensar que en realidad el número de periodistas que han sido censurados es más alto. ¿Qué significan estas cifras y por qué hablar de censura periodística en tiempos de democracia?

La Fundación UNIR Bolivia considera que la plena libertad de la prensa —es decir, la existencia de condiciones exteriores e internas mínimas para el ejercicio de la profesión periodística— es uno de los requisitos más importantes para la existencia de una democracia plural. Por eso, lo que se juega con la (auto)censura es la propia libertad de expresión e información de la ciudadanía.

La censura y su versión más sutil, la autocensura, son dos problemas graves del periodismo. Si bien pueden temporalmente servir a los intereses de un grupo político o económico de poder, a largo plazo dañan el ejercicio de la democracia.

Censura o autocensura
La censura periodística, especialmente en tiempos de democracia, no es monopolio del Estado. No es producto de un solo actor; más bien tiene que ver con un contexto global. Y es muy probable que la tendencia sea que mientras más débil esté el poder gubernamental, más fuerte será la capacidad de censura de otros actores exteriores al medio, como el mundo económico.

Según la investigación, en Bolivia las autoridades de gobierno —nacional, departamental, local— y los anunciantes privados y públicos son identificados como las dos mayores fuentes de censura de los medios. Concretamente, los temas vinculados a sus intereses aparecen como los más censurados. Así, 28% de los periodistas consultados dicen haberse censurado por temas que podrían generar conflictos con autoridades y 26% por temas que afectaban los intereses de los anunciantes. De manera general, la censura se concreta en la imposibilidad de publicar una nota ya preparada (20% de los entrevistados que admiten haber sido censurados), de cubrir una fuente (19%) o un tema (19%).
Temas que han sufrido limitaciones, según periodistas
 
En el caso de la autocensura, 59% de los encuestados admite “haber voluntariamente no difundido” una información. En la mayoría de estos casos (61%) parece tratarse más de autolimitaciones vinculadas al respeto a la deontología periodística (temas sobre niños y adolescentes, actos de violencia, moral pública) que de autocensura. A la inversa, cuando se les pidió evaluar a los colegas que voluntariamente decidieron no difundir una nota, la mayoría de los entrevistados estima que estos últimos se limitan/autocensuran por temas que podrían afectar a los intereses de anunciantes o generar conflictos con el gobierno (24% y 17%, respectivamente).

Temas censurados a los colegas de los entrevistados
 
Se encuentra aquí la dificultad de reconocer la existencia de la autocensura, pues implicaría asumir las propias limitaciones del periodista y su estado de indefensión frente al censor. A pesar de esto, la investigación en su conjunto permite concluir que sí existe un tipo de autocensura y que esa —como en el caso de la censura— tiene que ver con la no difusión de ciertos temas vinculados con intereses políticos y/o económicos.
¿Cómo ocurre la (auto)censura?
Ahora bien, ¿cómo explicar el estado de censura y autocensura en Bolivia? Más allá de la (auto)censura, provocado por los poderes políticos o económicos que se acaba de analizar, ese tema se puede relacionar también con la precarización de las condiciones laborales, la falta de formación específica en periodismo y ética, además del miedo a perder el trabajo. Estos tres elementos contribuyen a la inestabilidad laboral del periodista y afectan su posibilidad a oponerse a la censura.

Con sueldos bajos, funciones múltiples y falta de oportunidades de capacitación, las condiciones laborales de la profesión periodística van en retroceso en los últimos años. Si bien existen 45 carreras de comunicación social, no hay ninguna que expresamente titule en periodismo. Estas condiciones sin duda fragilizan la profesión. La mayoría de los nuevos periodistas no cuentan con el conocimiento ni la experiencia profesional para oponerse a un acto de censura o para advertir que se está autocensurando. Peor, como lo testimonian unos periodistas entrevistados, en algunos casos son ellos mismos quienes distorsionan la realidad y “ponen en escena de modo espectacular” una situación de actualidad noticiosa, pidiendo a la fuente adaptarse a sus necesidades periodísticas y alejándose —en varios casos— del propósito de informar.

El contexto mismo del trabajo periodístico es difícil. Una gran mayoría de periodistas consultados (85%) se queja de la falta de acceso a la información pública, dato que integra la dificultad de acceder a algunas fuentes oficiales, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía. El exceso de polarización política —si uno critica al gobierno es que es de la oposición y viceversa— hace también que algunos medios dejen de cubrir hechos políticos y sociales para dedicarse más bien a la farándula.

Porcentaje de periodistas que tuvieron dificultades de acceso a fuentes publicas
 
Las amenazas verbales en contra de periodistas (76%) son también muy comunes y preocupantes en el sentido de que representan una señal negativa de la falta de respeto que se tiene hacia la profesión. Peor aún son las agresiones por las fuerzas del orden (37%) que, en los hechos, cuestionan el reconocimiento del trabajo periodístico por parte de representantes del Estado.

La lucha contra la (auto)censura
Si se concuerda en que la censura y autocensura pueden dañar la democracia, el paso siguiente es saber cómo enfrentarlas. O mejor dicho, si se sabe que no existe un país, una sociedad, un lugar que no esté experimentando algún tipo de censura y autocensuras periodísticas, cómo hacer para que esta práctica sea lo más insignificante posible.

Los mismos periodistas han elaborado varias estrategias para sortear la censura: el 50% de los entrevistados dijeron haber compartido la información con colegas para que la difundan y 33% la han publicado en un blog. Lo que sorprende es que casi un 30% de las y los periodistas no utiliza ningún tipo de estrategia para evitar la (auto)censura y ninguno de ellos publicó bajo otro nombre, interpeló al Tribunal de Ética o hizo valer la cláusula de conciencia.

Más allá de las respuestas individuales, la lucha contra la censura y autocensura se la tiene que considerar en un contexto global. En éste se inscribe por supuesto una mejora en la formación académica de los periodistas, un desarrollo de capacidades en ética periodística (especialmente en la aplicación de los códigos de la profesión) y una mejora de las condiciones laborales, particularmente en materia salarial.

Más allá, se tendría que iniciar una reflexión sobre el financiamiento de los medios que pueda garantizar una verdadera independencia editorial, sin que los periodistas tengan que someterse a quienes financian el medio (sea de manera directa o indirecta a través de los anuncios). La independencia financiera permitiría luchar contra la (auto)censura en la medida en que, como se ha visto, la mayoría de las limitantes provienen de la acción de los anunciantes públicos o privados.

Otra medida de lucha contra la (auto)censura es el reforzamiento de la calidad y credibilidad de los medios de comunicación, para evitar todo tipo de injerencia política en sus líneas editoriales. Eso no se realiza de un día al otro, hace parte de un cambio social y de una toma de conciencia sobre la trascendencia de la libertad de prensa en la construcción democrática. Implica que la ciudadanía misma, consciente de la importancia que tienen los medios en la libertad de información, con el apoyo y aportes de observatorios de medios e investigadores del ámbito de la comunicación, pueda evaluar la calidad y equilibrio periodísticos. Para eso se necesita más responsabilidad y profesionalismo en el trabajo periodístico mismo para que se fortalezca la relación de confianza entre los periodistas y la gente; esto también significa que la población boliviana conozca el Derecho a la Información y Comunicación (DIC) y lo reivindique como suyo.

En conclusión, se evidencia a través de la investigación realizada la difícil tarea que implica la lucha contra la censura y autocensura periodística. No hay una manera única de enfrentarlas y sería ilusorio pensar que un solo actor, sea político o económico, tenga la responsabilidad de la problemática tanto como que una sola acción pueda hacer que desaparezca la (auto)censura. Más bien es una tarea compartida que en el contexto boliviano empieza por la importante toma de conciencia de la necesidad de defender el DIC para todas y todos. Este derecho constitucional comprende la libertad de prensa y la libertad de expresión, con sus consiguientes obligaciones, como elementos fundamentales de su aplicación, sin actos de censura ni autocensura.

Epígrafes
Según nuestra investigación, en Bolivia las autoridades de gobierno —nacional, departamental, local— y los anunciantes privados y públicos son identificados como las dos mayores fuentes de censura de los medios.
No hay una manera única de enfrentar la (auto)censura y sería ilusorio pensar que un solo actor, sea político o económico, tenga la culpa del problema tanto como que una sola acción pueda hacer que desaparezca la (auto)censura.

La Autora es periodista suiza, investigadora y cooperante de la ONG Comundo en la Fundación UNIR Bolivia, trabaja desde más de diez años en el tema de los medios y de la comunicación. Licenciada en ciencias políticas, tiene dos maestrías en ciencias de la comunicación e información y en estudios para el desarrollo.

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PERIODISMO Y DESASTRES

By Draven3166 on Jue, 27/02/2014 - 13:10
ONADEM
Vania Sandoval Arenas

La magnitud de los desastres vividos en lo que va del año 2014 obliga a reflexionar a todos los actores sociales y políticos en torno a las causas y consecuencias de los mismos. Desde este artículo se intenta dar lineamientos útiles para el trabajo periodístico en estas difíciles circunstancias, analizando primero la cobertura informativa de anteriores situaciones de emergencia en Bolivia y recogiendo recomendaciones utilizadas en otros países que se han enfrentado a este tipo de dificultades.

En Bolivia, la prensa no utilizó todas sus potencialidades  para contribuir a paliar los efectos de los desastres naturales de “El Niño” y “La Niña” en 2007 y 2008, dedicando muy poco espacio a las informaciones sobre prevención, las causas de las inundaciones y otras noticias realmente útiles para las comunidades afectadas. Ése es uno de los resultados de la investigación del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), que analizó la información sobre las inundaciones del oriente en tres periódicos (La Palabra del Beni, El Deber de Santa Cruz y La Razón de La Paz) durante esos años. Para efectos comparativos, se tomó el mes de febrero en ambos años como muestra en los tres periódicos analizados.

Los desastres naturales afectaron entonces a casi todos los departamentos de Bolivia, pero se presentaron con más fuerza en Beni y Santa Cruz.

La cobertura noticiosa sobre los fenómenos de“El Niño” y“La Niña” fue similar en ambas etapas, los enfoques informativos estuvieron centrados en la ayuda nacional e internacional, el reparto de alimentos y los daños materiales que provocaron. La información relacionada con temas de prevención no tuvo importancia mayor en la cobertura, ya que el tema apenas fue abordado: en el caso de “El Niño” en un 1% y en el de “La Niña” en un 8%  de las notas publicadas[1].

Las dos fuentes más utilizadas en las coberturas hechas en ocasión de la ocurrencia de los dos fenómenos climatológicos fueron, por un lado, los representantes del Poder Ejecutivo nacional (38% y 44%, los años 2007 y 2008, respectivamente) y, por otro,las prefecturas (13%  y 34%, los años 2007 y 2008,  respectivamente). El año 2008 los prefectos de Santa Cruz y Beni alcanzaron mayor protagonismo en la cobertura informativa de los desastres naturales.

La investigación concluyó que la cobertura dada a los desastres, luego del análisis de temas y fuentes, dio cuenta de las acciones de las autoridades más que brindar información necesaria y vital para coadyuvar en la reducción del impacto de tales desastres.

La cobertura informativa de los diarios estudiados  respecto a las inundaciones en el oriente los años 2007 y 2008 mostró una agenda sujeta a las informaciones oficiales y a las acciones de las autoridades, con mucho menor énfasis respecto a las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, no se ayudó a entender a las inundaciones como “procesos de incomunicación entre el sistema social y la naturaleza”, a decir del especialista colombiano Gustavo Wilchez-Chaux.

2014: El mayor desastre de los últimos años

El gobierno nacional indicó que existen al menos 59 882 familias afectadas en todo el país. Se calcula que existen 60 fallecidos por causa de las intensas precipitaciones pluviales desde octubre de 2013 hasta febrero 2014, según informes del Ministerio de Defensa. Los mayores desastres se han concentrado en los departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, comprendiendo al menos a 119 municipios.

En la cobertura mediática de los efectos de las lluvias de febrero en Bolivia se ha visto  que los medios reflejaron imágenes de las zonas inundadas —aun a costa de las dificultades para llegar a los lugares afectados— y de las penurias de la población, así como tomaron contacto con autoridades para demandar ayuda y medidas paliativas. Se ha hablado en las noticias  del  número de afectados (personas, animales), daños materiales y humanos, nivel de subida de las aguas; los periodistas han asumido un importantísimo rol como promotores de las donaciones, mediante campañas y programas que destacaban los alcances del drama humano que se está viviendo, logrando visibilizar la tragedia que se vive en las poblaciones afectadas.

También los últimos días se ha visibilizado en los medios periodísticos el conflicto entre el gobierno nacional y el gobernador y cívicos del Beni, relativo a la solicitud de declaratoria del Beni como zona de desastre hecha por estos últimos con el fin de habilitar más recursos de manera expedita, posibilidad que fue negada por el gobierno argumentando que la gobernación puede disponer de los recursos con  que ya cuenta y debería usarlos sin necesidad de dicha declaratoria.

Pese a lo meritorio de la cobertura realizada en el país, es necesario sugerir algunas pautas para lograr un trabajo periodístico que sea útil para superar la difícil situación de los afectados y contribuir a paliar los complejos efectos de un desastre. Estas recomendaciones, sintetizadas a continuación, están desarrolladas en dos manuales para periodistas que cubren emergencias, bajo el enfoque de la ética periodística, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social[2]:

Hablar de desastres con causas y consecuencias

Es importante realizar  notas que analicen las causas de las inundaciones u otros desastres —que no son atribuibles solamente a fenómenos de la naturaleza— y las posibles consecuencias de las mismas para las comunidades afectadas.  Es un trabajo que no sólo involucra a los periodistas, sino a las autoridades de todos los niveles e instituciones especializadas. Hay mucho que aprender de experiencias de otros países en este tema.

Alertar sin alarmar, cuidar las imágenes

Es imprescindible realizar un tratamiento adecuado de las imágenes que se mostrarán, explicando por ejemplo a qué día corresponden (no se debiera mostrar sólo las imágenes del pico más alto de la inundación de manera reiterada, sobre todo si por ejemplo las aguas bajan y las situación va cambiando). No se debe mostrar el desastre siempre como creciente, como un peligro continuado, si es que la situación ha mejorado.

Es preciso indicar, además, cómo se obtuvieron estas imágenes.

Existe la necesidad de tener cuidado con primeros planos innecesarios , sobre todo cuando hay personas heridas o cadáveres. Es imperativo no vulnerar derechos de los damnificados mostrando imágenes que pueden herir sensibilidades de las familias afectadas y que  juegan con la morbosidad además de generar mayor alarma.

Es preciso advertir a la teleaudiencia antes de difundir alguna imagen de la tragedia que pueda causar una fuerte impresión.

La tecnología ayuda, pero es necesario verificar

Es fundamental verificar la información sobre todo cuando proviene de envíos no periodísticos. Por ejemplo, fotos tomadas con celular por aficionados,  o  imágenes que circulan en redes sociales. Estas fotos pueden ser verídicas, pero en algunos casos pueden corresponder a otros lugares o a otros momentos.

En pasados días, por ejemplo, en el país se difundió en varios medios una filmación en la que se veía un camión supuestamente hundido en un río beniano. Luego se descubrió que dichas imágenes fueron tomadas en México en el marco de otra inundación. A raíz de este caso, el diario cruceño El Deber, cumpliendo con un deber ético, realizó la correspondiente rectificación al día siguiente de la publicación del vídeo[3]. La tecnología brinda posibilidades de cubrir información en lugares inaccesibles para la prensa; sin embargo, esta facilidad no exime al periodista de la responsabilidad de verificar ese tipo de información. 

No sólo cubrir autoridades, diversificar temas

Resulta necesario, en el marco del pluralismo, diversificar las fuentes y los temas. No sólo hablar con las autoridades, no sólo hablar de la distribución de la ayuda. También es necesario hablar de los problemas de grupos vulnerables, por ejemplo personas con discapacidad o adultos mayores. Es deseable cuidar el balance de género en las fuentes. Sería especialmente útil hablar también de lo que vendrá en los próximos días, por ejemplo: problemas de salud como epidemias (en tono preventivo, no alarmista), reconstrucción de poblaciones, campamentos que se mantendrán por un lapso de tiempo.  Los especialistas en desastres, reconstrucción, epidemias, salud mental y otros temas relacionados tendrían que estar presentes en las noticias, mostrando la complejidad de los procesos que se viven durante estas situaciones y brindando informaciones útiles para los afectados.

Cubrir también las experiencias positivas

Es recomendable y muchas veces alentador recoger experiencias de otros países. Se pueden hacer notas de las lecciones aprendidas en otros lugares, los problemas enfrentados y las soluciones encontradas en otros países, por ejemplo para distribuir ayuda, prevenir enfermedades, luchar por mantener la salud mental y recuperarse de los traumas sufridos, así como aminorar la posible violencia que a veces se presenta en campamentos de refugio.

Existe la necesidad de difundir las acciones positivas de organizaciones,  de las comunidades, el trabajo voluntario, las acciones coordinadas de autoridades que muchas veces se unen aun teniendo distinto color político.

Una cobertura informativa plural, integral, respetuosa de los derechos y visibilizadora de la complejidad del proceso estará inserta en un periodismo de paz o “convivencia” que ayude al ejercicio de los derechos ciudadanos en el marco del Derecho a la Información y Comunicación (DIC), pese a las circunstancias difíciles de los desastres y a propósito de ellas.

 

 

 



[1] Ver “Inundaciones y diarios. Los daños materiales están primero”, de Vania  Sandoval y Jenny Soto, en Medios a la Vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. ONADEM. Fundación UNIR Bolivia. La Paz. pp. 103-108

[2]  Se puede consultar, entre otras publicaciones, el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres de la Organización Panamericana de la Salud OPS. Costa Rica, 2011, localizable en  http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc2271/doc2271-contenido.pdfy Cobertura de Desastres y Crisis de Debora Potter y Cherry Ricciardi. International Center of Journalists. Washington, 2009, localizable en http://www.libertad-expresion.org.mx/wp-content/uploads/2010/06/ICFJ_disaster_ESP.pdf

 

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OFERTA DE LA TV PRIVADA

By Draven3166 on Mar, 04/02/2014 - 17:42
ONADEM
Bernardo Poma Ulo

Una programación en su mayor parte dedicada al entretenimiento con predominancia de los contenidos extranjeros, junto a una disminuida presencia de programas culturales y la producción nacional reducida casi exclusivamente a lo periodístico, son algunos de los rasgos más sobresalientes de cinco redes nacionales de la televisión privada boliviana.       

Esas y otras características fueron encontradas a partir del monitoreo de la oferta de programación de las redes PAT, UNO, ATB, Unitel y Bolivisión[1], en una semana íntegra de emisiones (del 3 al 9 de junio de 2013), lo que significó el análisis de una muestra de 657 emisiones de programas y más de 700 horas de transmisión. Los objetivos fueron correlacionar el espacio de la producción televisiva nacional respecto de la extranjera y caracterizar la oferta de programación a partir de categorías generales de clasificación de los programas y sus respectivos formatos (ver Tabla 1[2]).

 

La emisión de programas de producción nacional y extranjera se estudió considerando, en principio, el número de emisiones en el periodo de estudio, esto es, 657 programas emitidos en una semana íntegra. En ese sentido, el promedio general mostró una apreciable mayor cantidad de programas extranjeros emitidos (57%) respecto de los nacionales (43%).

Ahora bien, al contrastar el número de programas con el tiempo de su emisión, se ratificó la tendencia a favor de la mayor presencia de la programación de producción extranjera  en relación a la de origen nacional. Así, aunque el porcentaje de tiempo de difusión de programas nacionales subió en 4 puntos (hastael 47%) en relación al porcentaje del número de emisiones, no se revirtió la tendencia favorable a los programas extranjeros (53% del tiempo total de emisión).

La red ATB se caracterizó por presentar casi un equilibrio numérico entre los programas de distinto origen, con 51% de emisión de programas nacionales y 49% de extranjeros. En uno de los extremos, Bolivisión (86% )y Unitel (71%) emitieron más programas extranjeros y redujeron el número de programas nacionales a mucho menos de un quinto (14%) o menos de un tercio del total de emisiones (29%), respectivamente. En el otro extremo, PAT fue la red con mayor número de programas nacionales difundidos, alcanzando las tres cuartas partes (75%) y reduciendo el de los extranjeros a la cuarta parte de todas sus emisiones (25%), mientras que la red UNO fue la segunda red con más número de  programas nacionales (61%) respecto de los extranjeros (39%).        

La oferta de programación de la televisión privada boliviana

Las redes de televisión privadas, en la semana estudiada, difundieron entretenimiento como tendencia general y mayoritariamente, con más de dos tercios (67%) de todos los programas emitidos. En segundo lugar, una quinta parte del número de programas fueron periodísticos (20%).

A bastante distancia aparecieron programas que abordan o difunden temas específicos. Entre éstos, destacaron los programas religiosos que alcanzaron el 5%, esto es, casi el doble de los deportivos (3%). Muy pocos fueron los programas culturales (0,3%), dado que sólo una red (ATB) abrió el espacio para esa categoría. La información institucional del canal u otras instituciones alcanzó al 3,7% del total de programas emitidos, pero se trató generalmente de espacios de corta duración, de tal forma que en tiempo su presencia fue escasa (0,8%). Aun así, estos últimos fueron más frecuentes que los culturales tanto en número de programas como en tiempo de emisión.  

A partir de la tendencia anotada, y considerando los 7 días de la semana, se verificó que  los canales con menor porcentaje de tiempo de información periodística general —incluso menos que el promedio general (24%)— fueron, Bolivisión (20%) y Unitel (17%). La red ATB replicó la tendencia general  con 24%.  Y PAT (36%) y red UNO (32%) destacaron por una mayor proporción de tiempo para sus programas periodísticos. Cabe señalar que la gran mayoría de los programas periodísticos fueron de producción nacional. 

Se distinguió entre estas redes privadas, la oferta diaria de dos programas periodísticos singulares en ATB, el primero, por el uso de un idioma nativo (“ATB Noticias Aymara”) y el segundo por un enfoque juvenil y educativo de las noticias (“Pica”), este último también estuvo presente en la programación de fin de semana (sábado).   

Telenovelas y el entretenimiento transnacionalizado

Respecto de los formatos de entretenimiento más difundidos por la televisión privada, destacaron las telenovelas, todas de producción extranjera, que alcanzaron casi la cuarta parte (24%) del número total de emisiones en esta categoría. Le siguieron otros formatos y programas también de producción extranjera: las series (14%) y las películas (13%) y los dibujos animados (12%). Entre las comedias de situación, también con 12%, sólo hubo una de producción nacional (“Los Serrano”, de la red UNO).   

En el análisis particular, dos canales superaron la tendencia general al emitir muchas más telenovelas en la categoría de entretenimiento: UNO (41%) y Unitel (34%), los cuales difundieron hasta 7 novelas distintas en un mismo día o durante la semana. Los otros canales difundieron entre 2 y 4 novelas distintas por semana y, en consecuencia, tuvieron a otros formatos como mayoritarios en sus emisiones: Bolivisión a las series (35%), ATB a las películas (26%) y PAT a las revistas de variedades (27%).  Justamente a partir de las revistas de variedades, se visibilizó la producción nacional, sobre todo en las difundidas por las mañanas o por las tardes de lunes a viernes (con excepción de Bolivisión que no presentó ninguna).

Programas de talk-show,  bloopers y sketchs fueron de producción tanto nacional como extranjera, excepto en Bolivisión que sólo difundió programas extranjeros con estos formatos. 

Hasta aquí, más allá de la propiedad y el modelo de gestión televisiva, interesa considerar esa tarea pendiente (y desafío) de desarrollar las capacidades creativas y productivas de la televisión boliviana, en la perspectiva de contribuir en la construcción de la memoria e identidad nacional[1]. A esa fuerza representativa y simbólica de la televisión podría añadirse el movimiento económico, logístico y profesional que el desafío asumido podría generar.

Las condiciones básicas en el lado de la audiencia para asumir esas y otras tareas en pro de una televisión de y con calidad están dadas, ya que ésta ocupa un lugar preponderante en la relación cotidiana de la ciudadanía con los medios de comunicación[2].

Evidentemente, cualquier desafío conllevará varias reflexiones previas y más de una dificultad. Por ejemplo, no se trataría de disminuir los programas de entretenimiento y aumentar los de cultura o educación, como ámbitos totalmente excluyentes. Más que una visión polarizada, podría proponerse un “entretenimiento con sustancia” y una “culturización entretenida”[3].



[1]Cf.: OROZCO GÓMEZ, Guillermo y LOPES, Maria Immacolata Vassallo de (coordinadores). Memoria Social y ficción Televisiva en Países Iberoamericanos. Anuario Obitel 2013. Porto Alegre: Sulina, 2013 (pg. 80).

[2]Cf. OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIOS (ONADEM). Tu palabra sobre las noticias y el DIC. Consulta ciudadana 2. La Paz: ONADEM/UNIR, mayo de 2013 (mimeo, pg. 4).

[3]Véase: VÁSQUEZ, Guillermo. “Al fondo hay sitio: una mirada mediada e inclusiva a nuestras diferencias”. En: Dettleff, James (editor). Representación e inclusión en los nuevos productos de comunicación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. (pg. 99).

 

 



[1]El estudio completo incluye a la red estatal Bolivia TV (BTV); sin embargo, en este primer artículo se presenta un resumen de resultados referidos sólo a los canales formalmente de propiedad privada.

[2]Las categorías y formatos de la Tabla 1 fueron construidos a partir de una bibliografía especializada consultada para el efecto.   

 

 

 

 

 

 

 

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