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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inicia este lunes 19 de enero una crucial etapa de deliberaciones que debe concluir en septiembre próximo con la adopción de un plan de acción orientado a hacer realidad la promesa del desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza extrema de la faz del planeta. Su horizonte temporal es el año 2030 y el acceso a la información uno de sus requisitos fundamentales.
Hay que recordar que la asamblea general de la ONU celebrada al cierre del siglo veinte aprobó la “Declaración del Milenio” y asumió una serie de compromisos para modificar la situación de la población pobre del mundo hasta el presente año, es decir, 2015.
En ese documento, los representantes de todos los Estados miembros afirmaron: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad”.
En vista a ello, fueron aprobados estos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Además, fueron definidas 21 metas y un conjunto de indicadores para medir los avances alcanzados.
A poco de cumplirse el plazo fijado para la consecución de dichos objetivos, las evaluaciones efectuadas dan cuenta de que, pese a los significativos logros registrados en algunos países –China, por ejemplo–, la situación general sigue siendo muy compleja y en muchos casos precaria, entre otras causas por la ausencia de voluntad política y la falta de financiamiento y de cooperación, razón por la que desde hace casi dos años se comenzó a plantear la formulación de una “Agenda post-2015”.
Al efecto, el Grupo de Trabajo Abierto constituido por la asamblea general de Naciones Unidas en 2013 y del que formaron parte representantes de 70 naciones (entre ellas Bolivia), elaboró una propuesta con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3) Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5) Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6) Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7) Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9) Construir infraestructura resiliente(*), promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10) Reducir la desigualdad en y entre los países.
11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14) Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Este planteamiento, en su conjunto, es mucho más ambicioso y demandante que el de los ODM del año 2000, no solamente porque implica un mayor número de objetivos y de metas (ahora son 169), sino especialmente porque está dirigido a todas las naciones e incorpora dos temas fundamentales: la lucha contra el cambio climático y la garantía efectiva de todos los derechos y libertades, destacándose los vinculados con la información.
En términos políticos, esto significa que si la asamblea general de la ONU de septiembre venidero consigue aprobar el documento de los ODS con amplio consenso puede dar lugar a un nuevo tipo de relaciones internacionales y a un aporte significativo en la construcción democrática interna de todos sus países miembros al igual que a un posible cambio esencial en el modo en que la humanidad viene relacionándose con la naturaleza. De ahí que las deliberaciones que empiezan esta semana revistan suma relevancia.
En ese marco, el ODS número 16 que concierne a la plena vigencia de los derechos remarca en su meta número 10 que todos los Estados deben “asegurar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales en concordancia con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales”.
Es en ese espíritu que se pronunció la conferencia de expertos en información celebrada en Nairobi en noviembre pasado: “El desarrollo sostenible depende de la participación informada del pueblo en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, la cual a su turno requiere del acceso a la información y el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la existencia de medios libres e independientes”. Y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en su reciente informe sobre la agenda de desarrollo sostenible post-2015, manifestó que “la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión” son “facilitadores esenciales del desarrollo sostenible”.
Así, el papel de la información está nuevamente en la mesa de las preocupaciones y los debates internacionales.
Bolivia, que cuenta con una avanzada disposición constitucional en materia de reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación (Cap. VII, Art. 106) aunque todavía carece de una ley de transparencia y acceso a la información pública, tendrá sin duda una valiosa oportunidad para contribuir a que se plasme en la ONU un consenso con potencialidades transformadoras. Habrá que estar expectantes.
(*) “Resiliente” es un neologismo que equivale a “resistencia” a la vez que a “elasticidad” de las infraestructuras.
Erick R. Torrico Villanueva es Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática,
Fundación UNIR Bolivia
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