DESAFIOS ÉTICOS EN LA COBERTURA

La tarea periodística resultó central para informar a la población acerca de la denuncia del delito de violación y otros actos delictivos cometidos en la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca el 20 de diciembre de 2012, de tal forma que, sin este servicio noticioso, tales hechos podrían haber quedado encubiertos y sus autores impunes.

La información pública sobre presuntos delitos, en todo caso, requiere la consideración y aplicación de recomendaciones ético-profesionales —además de normas legales— que resguardan los derechos a la dignidad, privacidad y a la presunción de inocencia de las personas involucradas. El incumplimiento de esas normas éticas puede llevar a medios y periodistas a desbordar su tarea informativa e incluso incurrir a en extremos que pueden vulnerar los derechos ciudadanos.

En ese sentido, al contrastar las recomendaciones de cuatro códigos de ética periodística del país[2] con la cobertura de los hechos acaecidos en la ciudad de Sucre el pasado 20 de diciembre, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) estudió los aciertos y desaciertos técnico-profesionales y los evaluó considerando las condiciones sociales y políticas del trabajo de prensa. Dado que la denuncia pública se hizo casi un mes después[3], el monitoreo se realizó entre el 15 y 18 de enero de 2013 y contempló un total de 82 notas informativas, correspondientes a 5 diarios (Correo del Sur, La Razón, Página Siete, Cambio, Opinión y El Deber) y 9 redes televisivas en su emisión efectuada desde la ciudad de La Paz (Unitel, RTP, Bolivisión, BTV, ATB, Red UNO, Cadena A, Gigavisión y PAT). En titulares (sólo de prensa), entradas y desarrollo de notas, específicamente, se estudió el tratamiento y denominación del hecho, las víctimas y los acusados.

En principio, cabe decir que todas las notas estudiadas tomaron el recaudo ético-periodístico de no publicar el nombre de las personas en situación de víctimas. También, en una parte considerable de las noticias, se tomó el recaudo de no referirse a la violación como delito juzgado, antecediendo a la mención de los hechos los adjetivos correspondientes (“presunto”, “supuesto”[4] o bien “posible” delito), tanto en las entradas noticiosas como en el desarrollo de las informaciones (en promedio 33% en prensa y 53% en televisión).     

Sin embargo, la cobertura de prensa y televisiva no abordó de manera integral el conjunto de hechos del 20 de diciembre, sino que se concentró en los pormenores de los delitos de índole sexual (la violación,  y con menor frecuencia el acoso), apoyándose en el “vídeo del escándalo”[5].

El enfoque periodístico del “escándalo”: el tratamiento del hecho

En ese sentido, las modificaciones televisivas de imagen y audio del “vídeo del escándalo” mostraron y resaltaron los detalles de los “delitos sexuales”, lo cual determinó el enfoque noticioso predominante y la denominación recurrente del hecho: “escándalo sexual”. Así, primaron los pormenores del “acto sexual” y quedó sin abordaje periodístico el contexto inmediato, como las desigualdades de género y las responsabilidades o circunstancias políticas, policiales e incluso judiciales que no permitieron la denuncia oportuna del mismo.

Denominación del hecho en la entrada noticiosa televisiva (%)

Ahora bien, las principales denominaciones del hecho, como “escándalo sexual”, resultaron más llamativas que explicativas. Junto al uso correcto de los adjetivos “presunto” y “supuesto” en la construcción de noticiosa, hubo imprecisiones:

a)    “Escándalo sexual”: dado que no existe tipificación de delito con esos términos; por tanto, la Fiscalía no pudo haber pedido su investigación ni de los “involucrados” en él, como lo señalaron varias entradas televisivas e incluso titulares de prensa.

b)    El tratamiento, en las entradas, como “escándalo”, incluso como “presunto” y “supuesto” (delito sexual), no aclaró ni mencionó la investigación legal por “uso indebido de bienes públicos”[6].

c)    Aunque en menor proporción, varias entradas y titulares, sin usar términos de recaudo (presunto o supuesto) dieron por consumado y juzgado el hecho. La expresión de una red televisiva resume y ejemplifica este extremo: “violación es violación y es lo que sucedió...” (Levántate Bolivia, Cadena A, 17/01/13). De ello, resultó otra imprecisión, dado que la Fiscalía tampoco decidió la investigación de la “violación”, sino hasta cinco meses después.  

d)    Así, se estableció otra característica del enfoque periodístico: la tendencia a la reducción del hecho a un solo delito y a una sola víctima, de los cuales se habló con énfasis y reiteración. En efecto, las entradas noticiosas estudiadas no hicieron referencia al otro tipo de abuso, el acoso sexual, que afectó a una segunda mujer, aunque el mismo “vídeo del escándalo” lo mostraba. En el desarrollo de algunas notas sí se abordó este segundo ilícito, pero a partir de las declaraciones de la Fiscalía.

Con todo, de acuerdo al estudio efectuado por el ONADEM, el uso de los adjetivos como recaudos puede resultar insuficiente si no se aplican también los más básicos estándares de calidad informativa como la claridad y la precisión, junto con una pertinente contextualización[7].

Ejemplos de tratamiento del hecho noticioso en titulares de prensa

*Negrillas propias

Las consecuencias en el tratamiento de las víctimas y los acusados

Esa concentración informativa en el presunto delito sexual tuvo al menos dos consecuencias: en el caso de televisión, si bien se resguardó los nombres de las víctimas, se difundió reiteradamente sus imágenes a través del “vídeo del escándalo”, lo cual supuso su identificación, al menos en sus entornos social, laboral o familiar. En ambos medios, el tratamiento de la víctima de la presunta violación se caracterizó por el énfasis en su vulnerabilidad, explicado, según la narración periodística, más por su circunstancial estado de “inconsciencia” o “ebriedad” que por su relación de subordinación laboral respecto de su agresor o por su condición de género, aspectos que sin duda agravan la comisión del presunto delito.

En cuanto al tratamiento de los acusados, varias notas televisivas y de prensa dieron por sentada la culpabilidad del principal sospechoso de violación, mostrándolo como responsable directo de ese delito e, incluso, publicando anticipadamente su nombre, aun sin que hubiese sido formalmente imputado. En todo caso, este aspecto planteó siquiera un dilema ético, dado que si se seguía la recomendación de no publicar el nombre de los acusados, se daba la posibilidad de que los hechos delictivos quedaran impunes y sin siquiera una investigación formal.

En esas condiciones la cobertura periodística televisiva sobrepasó y excedió sus responsabilidades y atribuciones profesionales y éticas al menos en los siguientes sentidos:

-          Realizó una reconstrucción “dramatizada” y reiterada de los hechos con recursos propios de lenguaje televisivo en imagen y audio (círculos rojos, subtítulos interpretativos, música de fondo) con la consiguiente sobreexposición y revictimización de las personas agredidas. En el caso de prensa, algunas notas tomaron forma de crónicas que también reconstruyeron cronológicamente los hechos con recurso a formas literarias. Más que periodística y precisa, entonces, se verificó una representación noticiosa de los hechos tendiente a la “espectacularización”.

-          En televisión, y en una sola ocasión, se procedió en la práctica a juzgar a uno de los acusados que fue entrevistados con un tono agresivo y contrario a las recomendaciones éticas.

Lo que hizo falta en la cobertura

En las condiciones descritas, se hacía necesario un enfoque periodístico que respete y priorice los derechos ciudadanos de todas las personas involucradas, en particular de las que estuvieron en situación de víctimas, sin dejar de informar con precisión sobre los delitos denunciados. Una información con enfoque de derechos habría considerado factores de violencia estructural y de vulnerabilidad de las víctimas: condiciones socio-culturales y políticasaltamente permisivas de prácticas machistas y de discriminación basada en las diferencias de género, específicamente de las mujeres y funcionarias dependientes vulnerables ante el abuso de poder. Así, incluso ante la justicia esa vulnerabilidad quedó en evidencia, dado que el caso legalmente no incluyó  siquiera la investigación por algún tipo de delito de violencia contra la mujer, sino hasta cinco meses después, cuando finalmente una de las víctimas hizo la denuncia por violación.

La observancia de las normas éticas y el enfoque de derechos desde el inicio de la cobertura también habríancontrarrestado la revictimización y el uso abusivo de las imágenes de las víctimas, a través de un lenguaje periodístico preciso y el uso de recursos apropiados, como la pertinente y efectiva difuminación.

Casos como éste plantean una reflexión amplia no sólo sobre la necesaria aplicación de las reglas éticas protectoras de derechos ciudadanos, sino también sobre su pertinencia y aplicabilidad en condiciones tan delicadas y complejas como la estudiada. De manera específica, además de los dilemas éticos, la investigación del ONADEM permitió advertir limitaciones en la formulación y explicitud de estas normas profesionales que debieran contener recomendaciones concretas en relación al tratamiento de las personas en situación de víctimas.