ONADEM

VIOLENCIA, ÉTICA Y CALIDAD INFORMATIVA TV

Sandra Villegas Taborga

La  ética y la técnica —o calidad periodística— son indisociables en el periodismo. La primera es el alma de la segunda: quien se proponga ser el mejor periodista, tendrá que ser también el más ético. De la misma manera, el periodista ético será también técnico. “Un alto nivel de conducta profesional requiere devoción por el interés público” (Restrepo, 2004: 23 y 24).

 

En Bolivia, en la cobertura periodística televisiva de la violencia, a menudo la primera sacrificada es la calidad en la elaboración de la información suficiente, precisa, ecuánime en el manejo de fuentes y coherente en sí misma. Casi al mismo tiempo, otra víctima de la cobertura de hechos de violencia es la ética a partir del enfoque sensacionalista que algunos medios dan a robos, asesinatos y violaciones.

 

Según un estudio sobre la violencia y el manejo ético de las noticias de 6 redes de televisión[1] efectuado por el Observatorio Nacional de Medios en mayo de 2012, las noticias sobre violencia se centraron en un 57% en inseguridad ciudadana (asesinatos, robos, accidentes, etc.) y en un 43% en conflictos sociales (usualmente cobertura de protestas y enfrentamientos de diversos sectores sociales en vivo).

 

El objetivo de la citada investigación consistía en analizar y comparar el manejo ético y el cumplimiento de los estándares de calidad periodística en las telenoticias sobre violencia en las principales redes televisivas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

 

El estudio tomó como referencia para su análisis el Código  Deontológico del Periodista, el Código de Ética de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el código del Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP) y el  de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). A su vez, se rescató la propuesta de 14 estándares de calidad sugeridos en Medios a la vista (ONADEM, 2008:21).

 

La calidad informativa es cuestionada cuando no se brinda información suficiente sobre dónde o cuándo ocurrió el hecho, quiénes fueron los protagonistas de la historia narrada como novela y tampoco se proporciona declaraciones de fuentes especializadas. Este tipo de cobertura suele dejar de lado la protección a la vida privada de las personas, a la dignidad de las víctimas (en especial niñas, adolescentes y mujeres adultas), no respeta el Código Niño, Niña y Adolescente ni la presunción de inocencia de los supuestos agresores.

 

La ética también es puesta en entredicho cuando se muestran imágenes de niños o jóvenes fallecidos sin proteger su dignidad, no se investiga las causas o móviles de los hechos delictivos ni se hace seguimiento a las consecuencias de los delitos o al procesamiento de los sospechosos.

 

Con frecuencia se valora los hechos violentos, se mezcla opinión con información utilizando un lenguaje como:

 

“había al parecer una orden expresa de no reaccionar y en todo caso resistir” (comentario sobre la noticia del conflicto de salud y los enfrentamientos de estudiantes de Medicina y la Policía en las puertas de la Vicepresidencia. Presentadora Bolivisión, 11/05/2012).

 

Si se parte del principio profesional de que la información debe contribuir con datos de interés para el común de la sociedad y en la toma de decisiones de carácter público y democrático, pierde total sentido que algunos canales de televisión muestren detalles “escabrosos”. Tal el caso de una nota difundida en PAT (3/05/12) sobre una niña de 11 años asesinada, según los comentarios de los presentadores, “al parecer por celos” del concubino de su madre que no sólo abusó sexualmente de ella en varias ocasiones sino que además culpó al primo de 21 años por también tener relaciones sexuales con ella. Lamentablemente, los comentarios y el enfoque utilizado en las notas,  llevan a poner en duda la reputación e inocencia de la niña, sospechar del primo de 21 años y casi excusar al adulto. ¿Sería esa la intención de los periodistas? Tal vez no.

 

La pregunta es si no existe otro modo de presentar una noticia de ese carácter. Y lo positivo es que sí existe, así lo han demostrado las noticias elaboradas desde un enfoque preventivo, educativo y respetuoso para con las víctimas y con la sociedad. Usualmente, este tipo de notas conlleva calidad informativa y principios éticos. 

 

La relación ética y violencia en televisión

 

Al tratar de ser los primeros en dar la noticia se puede caer más a menudo en desinformar porque se brinda información incompleta, inconexa, sin causas ni consecuencias. En el caso de la cobertura periodística de hechos de violencia, muchas veces se reporta con demasiada avidez por la primicia, con ideas preconcebidas, no se tiene en cuenta los diferentes puntos de vista de las fuentes informativas o se deja de lado las noticias constructivas o de prevención.

 

Los valores y normas de éticas giran alrededor del otro, ese que escucha, observa y lee. Un periodista ético debe formarse primero como un buen ser humano.

 

La ética no es una utopía. El experto colombiano Javier Darío Restrepo señala que existen tres valores universales para la ética del periodista: el compromiso con la verdad, la responsabilidad social y la independencia.  Y  las cuatro fórmulas para resolver dilemas éticos son:  1) buscar la mayor utilidad, 2) aplicar principios universales, 3) no hacer a otros lo que no queremos para nosotros y 4) ponerse en el lugar del otro (Restrepo, 2004: 35 y 41). 

 

Podría añadirse a lo anterior el respeto de los derechos humanos (dignidad, de imagen, e identidad) de las víctimas, en especial, niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad (discapacidad, pobreza, desgracia o enfermedad, por ejemplo).

 

Esta posición se ve enfrentada con la realidad todos los días debido a que se debe añadir los sentimientos, creencias, cultura y limitaciones de los periodistas en su condición de seres humanos perfectibles.

 

La ética se vincula a la calidad del producto periodístico ─así como cualquier producto o servicio ofertado en el mercado─ porque debe ser bueno para que el consumidor confíe y se mantenga fiel a él. Eso es lo que genera credibilidad.

 

Aciertos y desaciertos éticos en la cobertura

 

Según el análisis de las noticias en contraste con los Códigos de Ética los desaciertos éticos más comunes fueron  no citar fuentes, no incluir parte y contraparte en las fuentes informativas, falta de oportunidad, precisión y exactitud en la difusión de las informaciones, mezclar la opinión y la información y difundir información sin haber corroborado hechos ni fuentes informativas.

 

Entre los aciertos éticos más generalizados se identificó el uso de parte y contraparte, exactitud y precisión, pluralismo en las fuentes, uso de fuentes idóneas, oportunidad y veracidad en la publicación de las noticias. En el período examinado ATB (30%) y Red UNO (27%) fueron los canales con mejor manejo de los principios éticos en la presentación de notas sobre violencia, de acuerdo con el análisis efectuado.

 

En cuanto al seguimiento de los estándares de calidad, la contextualización y la claridad fueron los más utilizados, en particular en la Red UNO, UNITEL y ATB.

 

En el otro extremo, los menos utilizados fueron la profundidad y la investigación. Por tanto, las causas y consecuencias de los hechos de violencia usualmente no son explicadas sino sólo descritas como parte de un caos social sin posibles soluciones o como parte de otra estadística más de accidentes o crímenes sin resolver.

 

A modo de conclusión

 

La violencia en las pantallas de televisión se ha convertido en una mercancía o producto mediático que en ocasiones se “vende a buen precio” en detrimento de un periodismo de calidad  y de los principios éticos que éste debe respetar.

 

Las noticias sobre violencia en la televisión en las principales redes de televisión estuvieron relacionadas con a) conflictos sociales y b) inseguridad ciudadana.

 

En los últimos 7 años, la convulsión social, las protestas, las huelgas de hambre, los paros y la inestabilidad económica forman parte del día a día de las noticias en los canales de televisión bolivianos. A esa conflictiva realidad social se ha sumado el creciente índice de delincuencia (robos, violaciones, asesinatos, etc.), en especial, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como ciudades más pobladas del país.

 

Esas circunstancias y otros factores que influyen en el periodismo boliviano (presión, inestabilidad laboral, recarga de trabajo y la insuficiente formación profesional de los periodistas) han contribuido a recurrentes fallas técnico-profesionales y éticas en la elaboración de noticias.

 

El análisis del manejo ético y la calidad periodística de noticias televisivas sobre violencia concluyó que en general existe un manejo ecuánime de las fuentes informativas pero la mayor dificultad radica en que no siempre se corroboran los hechos y las declaraciones de las fuentes antes de su difusión.

 

Sólo cuando se vincule la excelencia en la elaboración periodística con el adecuado manejo ético de hechos de violencia se podrá garantizar el pleno respeto de los derechos humanos a la privacidad y dignidad de las personas así como ofrecer al público información ética y con alta calidad profesional.




[1] UNITEL, Bolivisión, Bolivia TV, ATB, Red UNO y PAT.

 

 

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El DIC EN LA AMAZONÍA

Vania Sandoval Arenas

El ejercicio del Derecho a la Información y Comunicación (DIC) en Bolivia es una tarea pendiente y tiene dificultades concretas, coincidieron en afirmar más de 40 periodistas que trabajan en emisoras de radio del oriente boliviano y forman parte de la Red Amazónica Satelital.

Los trabajadores de la información que encarnan el periodismo en la Amazonía boliviana tuvieron su tradicional encuentro anual en el auditorio de Radio Santa Cruz, dirigida por Carlos Salazar,  los pasados 25 y 26 de octubre, oportunidad en que intercambiaron criterios acerca de temas que conciernen a su ejercicio profesional. El tema que dio nombre al evento y fue abordado en la primera jornada de trabajo fue el DIC.

Luego de una exposición sobre el estado de situación de la aplicación del DIC en Bolivia realizada por el equipo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia , los participantes emitieron su propia opinión.  Los periodistas coincidieron en señalar en que el DIC está coartado por los poderes públicos que por lo general no transparentan la información pública, pues –dijeron- que el Estado en todos sus niveles limita este derecho cuando se realizan procesos contra los periodistas.

Hablando de los  medios, los periodistas afirmaron que existen algunos que discriminan y que en varios casos responden a los intereses de los propietarios en detrimento de la información para la ciudadanía. Entre lo positivo de la aplicación de este derecho en Bolivia, se destacó el crecimiento de medios y espacios informativos en los últimos años, situación que favorece el pluralismo informativo.

¿Se aplica el DIC en la Amazonía?

La respuesta a esta pregunta fue negativa. Entre los argumentos señalados están que el DIC no está suficientemente conocido como derecho, no se accede a información pública, todavía faltan medios de comunicación, los grupos de poder coartan la información y amedrentan a los periodistas. Los dueños de medios en ciertos casos manejan la parcialidad e imparcialidad de acuerdo a sus intereses, agregaron los participantes. Algunas poblaciones fronterizas donde trabajan los radialistas fueron identificadas como zonas rojas ligadas al narcotráfico, por lo que informar –sostuvieron - sobre situaciones ligadas a la delincuencia se ha convertido en un riesgo. La información es deficiente por la distancia de poblaciones alejadas. Existe autoritarismo por parte de funcionarios públicos locales que niegan información a los periodistas, y este problema también se presenta en algunos dirigentes sociales que protagonizan movilizaciones.

¿Cómo se podría aportar desde el periodismo al ejercicio del DIC?

“Debemos informarnos para informar sobre el DIC”, dijo un radialista de la chiquitania cruceña, en el entendido de que no se puede hablar de lo que aún no se conoce a fondo.

También afirmaron que es necesario trabajar incorporando a los movimientos sociales “saliendo de las fuentes habituales”, lograr mayor participación ciudadana, con una información equilibrada “sin hacer daño a ningún sector”. Existen poblaciones  donde existen procesos intensos de migración, “es necesario ser más integradores”. Es necesario interpelar al poder, generar espacios de diálogo y debate, facilitar la llegada de la gente a los medios, difundir los derechos de las personas.

En el encuentro participaron periodistas de radios afiliadas a la Red Amazónica que trabajan las poblaciones de Guayaramerin, Riberalta, Camiri, Aplolo, Muyupampa, Yacuiba Caraparí, Saavedra, Monteagudo, El Puente, Huaracaje, San Antonio de Lomerío, San Julián (4 Cañadas), San Ignacio de Moxos, Magdalena, San Joaquín, San Ignacio de Velasco, San Matías, Puerto Suárez, Santa Ana de Yacuma, San Borja, Porongo, La Guardia, Yapacaní, Ascensión de Guarayos, El Carmen Rivero Tórrez, Roboré, Minero, Santa Cruz, Vallegrande, Cuevo, San Ramón.

La Red Amazónica Satelital, tiene 28 años de existencia y está en proceso de crecimiento, dijo Juan Carlos Gutiérrez, director de la Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría , soporte de Radio Santa Cruz, emisora que al cumplir 60 años se consolida como cabeza de dicha red.

 

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COCA Y "PODERES PARALELOS"

Bernardo Poma Ulo

Bernardo Poma Ulo[1]

El “poder” político de los cocaleros y la producción excedentaria e ilegal de coca fueron los aspectos más enfatizados, con más apreciaciones negativas que explicaciones en la opinión editorial de la prensa boliviana que abordó esa problemática al iniciar el año 2012.

Esas valoraciones fueron estudiadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR, entre el 1º y el 31 de enero,  en 27 notas editoriales que se refirieron a la problemática de la hoja de coca y  que fueron publicadas por 10 diarios nacionales: El Deber, El Mundo, El Día (Santa Cruz), El Nacional (Tarija), La Patria (Oruro), Cambio, El Diario (La Paz), El Potosí (Potosí), Opinión, Los Tiempos (Cochabamba)[2].  

 Al referirse al tema de la hoja de coca, los editoriales de los diarios privados criticaron el accionar de uno de los actores y sectores sociales directamente involucrado: los cocaleros y su “poder” político. Se remarcó sobre todo la capacidad de movilización sectorial en torno a sus intereses para la expansión de cocales ilegales y la imbricación del sector cocalero con el gobierno nacional, lo que llevó a los editoriales a visibilizar la parcialización de este último con aquél. Sólo un diario —el gubernamental Cambio— abordó el tema y presentó argumentos desde una perspectiva distinta, esto es, de defensa de la hoja de coca.

La capacidad de movilización fue reconocida a partir de la “contramarcha” del Consejo Indígena del Sur (CONISUR)[3], la cual era en la opinión editorial “una marcha de cocaleros, parciales del Gobierno” y en la que primaba el “interés” de este sector (El Mundo, 13/01/12), es decir, “ampliar los campos de cultivo de la hoja de coca" (El Mundo, 30/01/12). En esa misma línea de opinión, en la movilización se identificó otro sector involucrado, el de los “colonizadores”, que junto a los cocaleros también buscan “ampliar la frontera agrícola” (El Potosí y Los Tiempos, 11/01/12).

Los antagonistas más cuestionados por el discurso editorial fueron los productores de coca cochabambinos, en particular del Chapare, al ser “los más interesados” en hacer del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) “el sitio apropiado para la expansión de cultivos de coca" (El Diario, 20/01/12). Este interés sectorial en el TIPNIS implicaba, según la opinión editorial de los diarios privados, desconocer la Ley Nº180 que protege el parque, por lo que la intención de la “contramarcha” era llegar a niveles de decisión legislativa, es decir, “revertir” dicha norma para “hacer que lo intangible se vuelva tangible” (El Mundo, 10/01/12).

Otro conjunto de notas de opinión editorial reconoció la existencia de distintos sectores en el movimiento cocalero boliviano y también su diferente relación política con el gobierno nacional. Así, a tiempo de señalar la capacidad de movilización y de confrontación de los cocaleros de La Asunta (Yungas de La Paz) con los “erradicadores” de coca[4], observaron además que  "Los yungueños están molestos porque los chapareños quieren legalizar su coca y encima incrementar sus cultivos” (El Día, 12/01/12). Por ello, los cocaleros de Los Yungas paceños “empezaron a cuestionarle al Gobierno su tolerancia hacia los sindicatos del trópico cochabambino frente a la presión hacia el paceño" (El Nacional, 20/01/12), al punto de que estos últimos decidieran “crear sus propios grupos armados para defender sus cocales ilegales” (El Deber, 13/01/12). Esta correlación mostraría que el Poder Ejecutivo estaría “cada vez más atado a la geopolítica que se gesta en el Chapare" (El Día, 12/01/12).

La capacidad de movilización de los distintos sectores de cocaleros en particular de los del Chapare cochabambino, junto a su imbricación política con el gobierno nacional, hizo preguntarse en un editorial si ese “poder” constituye un “superestado capaz de doblegar al propio Ejecutivo” (El Deber, 13/01/12). Y al considerar lo sucedido con la ley protectora  del TIPNIS[5], los cocaleros también tendrían capacidad de controlar el poder legislativo, con lo que habrían “consolidado su hegemonía”[6] (El Deber, 13/01/12). Las críticas y valoraciones no sólo se refirieron al movimiento cocalero en sí, sino que se apoyaron en otros argumentos que apelaron a la ciudadanía al señalar que “los bolivianos no aceptan esta clase de poderes paralelos" (El Deber, 13/01/12).

Sobre la producción excedentaria de coca

Respecto de la producción de la hoja de coca, se enfatizó —en ocasiones sin mayor argumentación— los aspectos negativos, es decir, su carácter excedentario e ilegal, así como su relación con el narcotráfico. Así, se señaló que, en el marco de la “crisis permanente” del año 2011, “sigue aumentando la producción de la hoja” y que “el país está produciendo más de 200 toneladas de cocaína al año” (El Diario, 01/01/12).

En realidad, pocas fueron las notas editoriales que abordaron la problemática de la coca en su integralidad y con el apoyo explícito de datos, desde su producción hasta su consumo, así como su erradicación. Entre ellas, una de Opinión (10/01/12) al reconocer que el tema de la producción resulta “complejo y de alta conflictividad”, citó a la Naciones Unidas como fuente para señalar que Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras de Colombia y Perú, y además el principal proveedor de droga del Cono Sur.

Los editoriales con más valoraciones que argumentos respaldados tendieron a la generalización y negativización de la coca en sí misma al señalar que la “hoja sagrada” es “el elemento omnipresente de la realidad del país”: “Todo el aparato diplomático boliviano está al servicio de la coca; el Chapare es la región que mayor cantidad de inversiones recibe;  por la coca se destruye un parque; la coca es la articuladora de la vertebración caminera del país" (El Día, 06/01/12).

Erradicación insuficiente y escasa defensa

Los datos sobre el volumen de coca excedentaria, y que se debiera erradicar, variaron en el discurso editorial, dado que un medio, basado en Naciones Unidas, apuntó a 10 mil hectáreas plantadas no sólo en el trópico de cochabambino sino también en los Yungas paceños (La Patria, 29/01/12). Otro editorial, al calificar los “resultados” de la erradicación como “poco menos que nulos”, señaló que “los cultivos más bien aumentaron de 12 a 35 mil hectáreas”, así como la elaboración de cocaína “de 20 a 200 toneladas” (El Diario, 01 y 31/01/12).

La crítica y duda en torno al nuevo convenio tripartito se explicitó en un solo editorial y se apoyó en el argumento de que “se estaría partiendo del mismo error que en anteriores negociaciones", esto es,  “encarar los efectos y no combatir el origen mismo del problema” (El Diario, 31/01/12). Aunque el editorial citado no explicitó ese origen, recordó que “entre los años 1980 y 2000 la lucha contra los cultivos de coca tuvo un costo de alrededor de mil millones de dólares, pero, contrariamente a lo que se esperaba, el resultado final fue que esa campaña terminó en un enorme cero" (El Diario, 31/01/12).

En sólo un editorial se argumentó expresamente la defensa de la coca, apoyándose en la Constitución que la “protege” como parte del “patrimonio cultural” del país y “establece que en su estado natural no es un estupefaciente" (Cambio, 02/01/12). La defensa también apeló a la “ciencia” pues ésta habría determinado que “en la savia de las hojas de la coca hay más de diez sustancias, entre ellas la cocaína, que constituye menos del 1%. Por ese 1% es que se condena a la coca" (Cambio, 02/01/12). Asimismo, se expresó la esperanza en el estudio de la Unión Europea, con el cual “se acabarán los mitos para desacreditarla" (Cambio, 02/01/12)[7]. Finalmente, el editorial se apoyó en la figura de Evo Morales, quien, según el medio, considera un "deber, como Presidente y como dirigente", exigir —a la comunidad internacional— la despenalización de la coca, como consecuencia de sus múltiples usos medicinales y ceremoniales en varios países sudamericanos (Cambio, 02/01/12).

Consideraciones finales

Los editoriales estudiados escasamente abordaron y valoraron los aspectos positivos relacionados con la hoja de coca en sí misma (por ejemplo, las propiedades medicinales, preventivas, alimenticias y los efectos beneficiosos de los usos tradicionales como el masticado o acullicu). Tampoco presentaron argumentos a favor de las posibilidades de industrialización no sólo de la producción “legal” permitida, sino  también de al menos parte de la producción excedentaria o ilegal.

Desde una perspectiva complementaria, en los editoriales estudiados la hoja de coca en  sí misma fue estigmatizada negativamente y calificada como “omnipresente”. Como se describió, pocos fueron editoriales que abordaron la problemática de la hoja de coca, considerando al menos dos circuitos distintos: a) producción legal – consumo, b) producción excedentaria – erradicación. En ese sentido, sólo un editorial (Opinión, 10/01/12) hizo una aproximación más integral al tema de la hoja de coca (producción, consumo, erradicación) y con apoyo de datos. Asimismo, sólo un diario (Cambio) asumió la perspectiva de defensa de los aspectos positivos relacionados con el consumo tradicional de la hoja de coca.

En todo caso, los editoriales estudiados pusieron en debate público, desde su propia perspectiva, y alertaron sobre la conflictividad latente y manifiesta en torno a la producción de la hoja de coca en el país. Al criticar explícita e implícitamente la política estatal sobre el tema, visibilizaron asimismo el tipo de gestión gubernamental de la conflictividad boliviana, esto es, condicionada, de un lado, por la mayor o menor capacidad de movilización y presión de los sectores sociales involucrados y, de otro, por la mayor o menor afinidad ideológico-política con ellos. La consecuencia y coherencia entre legalidad y legitimidad parecen los elementos menos determinantes para la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión pública, a diferencia de la capacidad de incidencia y presión de los “poderes paralelos”.

De ahí que el abordaje integral de los temas de interés público en los editoriales, idealmente, no debiera abusar de la generalización acerca de los temas, actores o hechos abordados, aún más en problemáticas complejas como la de la hoja de coca. La valoración, evaluación y críticas presentes en la opinión editorial también requieren de precisión, claridad, ecuanimidad y respaldo de argumentos y datos para contribuir mejor al debate público y democrático.    

Referencias

-          Boletín, s/Nº, del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca 2008-2012). Versión pdf en: http://www.controlsocial.bo/respaldos_2/boletin/files/boletin%20control%20social.pdf

-          ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 2007 – 2010”, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID, 2007. Versión pdf en: http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/eng/National%20Plans/Bolivia%202007-2010.pdf

-          GROSBERG, Lawrence. ”Entre consenso y hegemonía: notas sobre la forma hegemónica de la política moderna”. En: Revista Tabula Rasa, Nº 2, enero-diciembre pp. 49-57, Bogotá, 2004.

-          LEY Nº 180 DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en:  http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/180

-          LEY Nº 222 DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/222

-          LEY Nº 1008 DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS. Versión pdf en: http://www.aipe.org.bo/public/lst_politicas_publicas_nac/LST_POLITICAS_PUBLICAS_NAC_ley_1008_es.pdf

-          Medios a la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. UNIR/ABOCCS/ONADEM, La Paz, 2009.

-          SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012, Sucre, 18 de junio de 2012. Versión electrónica en:  http://prensa.tribunalconstitucional.gob.bo/archives/1606

 Publicaciones noticiosas de prensa

-          “Los cocaleros de La Asunta se rebelan y piden plantar más coca”, Página Siete, 10/01/12, pg. 6).

-          “Suscriben Acuerdo tripartito para controlar cultivos de coca”, El Diario, 21/01/12, pg. 5

-          “UE pide acelerar la entrega del Estudio Ingegral de la Coca”, La Razón, 04/04/12. Versión electrónica en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/UE-acelerar-Estudio-Integral-Coca_0_1589841048.html)  


[1] Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), iniciativa de la Fundación Unir Bolivia.

[2] Otros seis diarios nacionales, La Prensa, Página Siete, El País, Correo de sur, Nuevo Sur, La Palabra del Beni, fueron parte de la indagación inicial; sin embargo, no publicaron opinión editorial respecto del tema del presente artículo.

[3] La “contramarcha” del CONISUR —que partió de Cochabamba el 19 de diciembre de 2011 y arribó a La Paz el 30 de enero de 2012— tenía como objetivo la modificación de la Ley Nº180 de protección del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Dicha Ley, promulgada dos meses antes, el 24 de octubre de 2011, atendió la demanda de la “Octava marcha” de la Confederación Indígena  del Oriente Boliviano (CIDOB) —que inició el 15 de agosto y llegó a la sede Gobierno el 19 de octubre de 2011—, es decir, el rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el núcleo del TIPNIS. La Ley Nº180 declara al TIPNIS como “zona intangible” (Artículo 1º, parágrafo III) y dispone expresamente que la mencionada carretera, así como “cualquier otra”, “no atravesará” el parque nacional (cf. Artículo 3º).  

[4] El domingo 8 de enero dirigentes de cuatro centrales de la región yungueña de La Asunta “desalojaron con violencia un campamento e efectivos erradicadores” y “le dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que envíe una comisión, y anunciaron que no permitirán más erradicación”, también dieron 48 horas al Viceministerio de Desarrollo Integral para “recoger” los bienes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)” (cf. “Los cocaleros de La Asunta se rebelan y piden plantar más coca”, Página Siete, 10/01/12, pg. 6).

[5] La Ley Nº 180 que protege el TIPNIS entró en total contradicción con otra norma promulgada posteriormente, la Ley Nº 222 de “Consulta Previa Libre e Informada” a los pueblos indígenas de ese parque nacional, la cual fue promulgada en atención a la demanda y marcha del CONISUR que apoyó la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el “corazón” de ese parque nacional. Una de las contradicciones más evidentes se expresa entre las finalidades de la Ley 222: “Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos” (Artículo 4, inciso b). El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional referido a las demandas de inconstitucionalidad de ambas leyes no llega a resolver las contradicciones señaladas, pero apoya finalmente la aplicación de la Ley 222 e insta a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS, al Estado y específicamente al Órgano Ejecutivo a entablar un diálogo para viabilizar la consulta (cf parte resolutiva de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0300/2012 del 19 de junio  de 2012).

[6] Uno de los sentidos del concepto de hegemonía, de acuerdo a Grossberg, es que no necesariamente tiene relación con “la construcción de un sentido de unidad” —en el sentido de consenso— si no con la aceptación de “una estructura de mando y control” (cf. 2004: 52), lo cual se relaciona con la capacidad atribuida por los editoriales estudiados al sector cocalero, sobre todo, al del Chapare cochabambino.

[7] El “Estudio Integral de la Hoja de Coca” fue financiado por la Unión Europea (UE) a través de un convenio firmado con el gobierno de Evo Morales en diciembre de 2007. Pero la propia UE reclama por el retraso en la publicación oficial de los resultados por parte del poder ejecutivo que la aplazó dos veces en 2011 y la proyecta para fines de 2012. El propósito central del estudio es la obtención de datos sobre la cantidad de personas que consumen la hoja de coca”, para lo cual “se estimó aplicar una encuesta a 11.232 personas en todo el país. Este componente ya arrojó resultados, pero el Gobierno planteó incorporar en la consulta y con recursos del Tesoro General de la Nación a choferes, mineros y la población del norte de Argentina” (Ver: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/UE-acelerar-Estudio-Integral-Coca_0_1589841048.html)

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SEGURIDAD CIUDADANA

Cecilia Banegas

Los problemas como la violencia urbana relacionada con delitos como ser atracos, narcotráfico, homicidios, entre otros, convierten a la demanda por  seguridad ciudadana en un tema prioritario que merece la atención de todas las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en su conjunto. La demanda que hace la población por seguridad ciudadana surge a partir de la percepción de un aumento del delito o incremento de la violencia. Esta percepción, que se forma en el imaginario colectivo de la sociedad, está fuertemente vinculada al discurso que los medios masivos de información difunden sobre la situación de la seguridad ciudadana.

Los medios masivos  reconstruyen la percepción social o imaginario colectivo de la realidad. A esto apuntan teorías de la comunicación masiva como la de la Agenda Setting, que afirman que los medios de comunicación se centran en unos temas destacándolos más que otros e influyen al decirle a la gente sobre qué es importante pensar, más que en cómo o qué pensar sobre los temas. Así el discurso mass-mediático contribuye a la construcción social de la realidad y a la “tematización” del espacio público, es decir, la definición de cuáles son los temas importantes a los que se debe prestar atención. Según el profesor de periodismo político Xavier Giró, las políticas que los gobiernos adoptan para erradicar la inseguridad, “están influidas por la percepción social de los delitos y de las personas que los cometen y esa percepción está condicionada, cada día que pasa con más fuerza, por el discurso de los medios de comunicación”[2].

Es por ello que el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia realizó una investigación sobre las características de la cobertura periodística dada al tema de la inseguridad ciudadana en Santa Cruz. ¿Cuáles son las temáticas abordadas? ¿Quiénes son las fuentes consultadas? ¿Cómo describen a los hechos y sus actores? ¿Cómo se presentan los delitos de violencia contra la mujer y niños o adolescentes? ¿Se explica el contexto social, económico, cultural y las causas estructurales de la violencia? Y ¿qué propuestas de políticas de seguridad se plantean? Tales fueron  algunas de las interrogantes que el ONADEM se propuso responder a través de un análisis de contenido realizado a 493 noticias y 23 editoriales correspondientes a 72 ediciones diarias de los periódicos El Deber, El Mundo, La Estrella del Oriente y El Día, entre los meses de abril y agosto de 2011. En base a listas de preguntas abiertas y cerradas y por categorías, se analizó un total de 76 indicadores para describir las características de la cobertura periodística sobre el tema con los siguientes resultados:

Las temáticas de las noticias.  Las temáticas relacionadas a la seguridad ciudadana que predominan en los medios impresos en Santa Cruz son el narcotráfico —que es un tema constante en la prensa— y temas con fuertes cargas de violencia como los homicidios y atracos. Los temas relacionados a la prevención de delitos, como las políticas de seguridad, han tenido bastante difusión; sin embargo, esto se debe a que fueron temas de coyuntura en el periodo analizado. Individualmente cada diario dio prioridad a temas particulares. En El Mundo y El Día, el narcotráfico fue el tema más publicado. En La Estrella del Oriente  y El Deber el intento de homicidio.

Las fuentes de la noticia. Respecto a las fuentes consultadas, los diarios coincidieron en tomar a la Policía como la principal fuente de información; en segundo lugar está el Ministerio Público, en tercer lugar  Autoridades Judiciales y en cuarto lugar las víctimas de los hechos y personas relacionadas con ellas. Las autoridades de la Gobernación, del Órgano Ejecutivo Nacional y las autoridades médico forenses son otros grupos de fuentes bastantes consultadas. Sin embargo, llama la atención que a pesar de ser los hechos relacionados con la violencia y la inseguridad problemas sociales que tienen sus causas en las estructuras socio-económicas y la desigualdad social, no se consulte con fuentes especializadas que analicen esa situación, como investigadores sociales, informes de instituciones públicas, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales relacionadas con los Derechos Humanos y expertos en el tema.

Al ser la Policía, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, las fuentes mayormente consultadas, se elabora la noticia a partir de las posiciones de poder y de la autoridad. Entre los actores involucrados en el hecho, la víctima y personas relacionadas con ella, son las fuentes más consultadas. Son escasas las consultas a los testigos del hecho, el acusado y personas relacionadas con él. En este sentido, la noticia también se elabora a partir de la posición de la víctima.

El pluralismo y la ecuanimidad, que se refieren a la variedad de perspectivas, al balance y equilibrio en las fuentes de información, son dos estándares de calidad periodística propuestos por el ONADEM[3]. La investigación demostró que no hubo pluralismo ni ecuanimidad en las fuentes, puesto que la mayoría de las noticias contaron sólo con una fuente de información, siendo El Mundo el diario que utilizó mayormente una sola fuente en el 68%  de sus notas,  dos fuentes en el 16 % de las notas, además de que en el 9 % de sus notas no mencionó la fuente. En La Estrella del Oriente el 49 % de las notas tiene una sola fuente, el 30 % dos fuentes, el 12 % tres fuentes y el 8,5 % de sus notas no tiene fuentes de información. En El Día, el 38 % de las notas tienen una sola fuente, el 33 % dos fuentes, el 11 % presenta tres fuentes y en el 10 %  de las notas no se menciona la fuente de información. En el caso de El Deber, un 36% de las notas usan una sola fuente, el 22 % dos fuentes, el 21 % tres fuentes y el 10 % de las notas no mencionan una fuente de información. Aunque en un mínimo porcentaje este último medio también publicó notas con 4, 5, 6 y 7 fuentes de información, en este sentido se podría decir que fue el medio más plural. 
Representación de los actores de los hechos. Germán Rey afirma que “el delito es casi siempre una forma de imaginación del Otro, y en muchos casos también una forma de discriminación del otro, el extraño, el diferente. Estas fronteras entre unos y otros están muy marcadas por la información de los medios”[4].  Y es que según la forma  cómo describan los medios a los actores involucrados en hechos delictivos o de violencia se pueden también crear estereotipos positivos o negativos de estos grupos sociales, como ha pasado en el caso de las pandillas o los barrios y sectores marginales. Estas representaciones de las “figuras amenazantes” pueden conducir a la definición y ejecución de las políticas de seguridad e inclusive a acciones extremas tomadas por grupos sociales, como en el caso de los linchamientos que se han dado en Bolivia u otras formas de hacer justicia por mano propia.

En la mayoría de las noticias de los diarios cruceños analizados se identifica y se da a conocer el nombre de la víctima y del supuesto victimario. En cuanto a las fotografías, la  figura que aparece mayormente en las imágenes es la del presunto victimario, siendo el diario El Mundo el que muestra esta figura con mayor frecuencia, seguido por La Estrella del Oriente y El Deber. La segunda figura que aparece con mayor frecuencia es la víctima, en tercer lugar se muestra a la fuerza pública (policías, gendarmes, militares). La identificación de los actores del hecho, en el caso de que sean menores de edad, ya sea publicando  su nombre o su imagen, vulnera el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad como lo establece el Art. 21 de la Constitución Política del Estado. Además al publicar el nombre del “presunto culpable” y anunciarlo como el autor de los hechos delictivos o de violencia, se atenta también contra el derecho universal a la presunción de inocencia que afirma que “toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”[5]. Siendo culpable o no, para el público, la identidad e imagen del presunto victimario quedará señalada ya como un delincuente. En estos casos se debe presentar a los acusados como “presuntos culpables”.

Sensacionalismo: En el caso de las noticias relativas a la seguridad ciudadana, el estudio realizado por Dastres y otros autores afirma que los altos niveles de sensacionalismo en la presentación de las noticias sobre delitos y violencia genera un incremento del temor al crimen en los miembros de la comunidad[6].  Por ello, el estudio del ONADEM analizó si los titulares y textos de las noticias contenían frases de impacto, apertura sensacionalista o un cierre emotivo. En los resultados, se evidenció que en la mayoría de las noticias los titulares y el texto no tenían frases sensacionalistas. El diario  que publicó más titulares sensacionalistas fue El Mundo en un 29,5 % de las noticias sobre la temática de seguridad ciudadana. El Día publicó titulares sensacionalistas en un 27, 6% de sus noticias, El Deber en un 19,4 % y La Estrella del Oriente utilizó sensacionalismo en un 17 % de las noticias. Otros recursos como la apertura sensacionalista o  cierre emotivo fueron usados por El Día en el 23,7 % de sus notas, seguido por El Mundo que lo utilizó en el 16,9 % de sus notas. Algunos ejemplos de titulares y textos sensacionalistas fueron los siguientes:

Titular: “Atracaron a un hombre y le cortaron la tráquea”  Texto: “Un hombre fue atracado por  delincuentes, quienes no conforme con robarles sus pertenencias le cortaron el cuello…La víctima sufrió una perforación en la tráquea y no podía hablar, incluso no pudo identificarse” (La Estrella 13-04-11). En este titular y el texto de la noticia se puede observar la repetición y descripción detallada del hecho violento. Otros titulares sensacionalistas que se encontraron fueron: “En las narices de varias personas asaltan y acuchillan a un cobrador”(La Estrella 14-04-11); “Fue amarrada, quemada y violada” (La Estrella 25-8-11); “'Narco' multi - reincidente regresó a su 'casa': la cárcel de Palmasola” (La Estrella 25-8-11)

Representaciones del delito y sus actores.  La investigación del ONADEM hizo un seguimiento especial a algunos hechos de inseguridad que tuvieron mucha repercusión en los medios. En el caso del intento de asesinato contra el gobernador Rubén Costas ocurrido en abril de 2011, cuando trató de evitar el atraco a una funcionaria de Credinform y a consecuencia de ello resultó herido por un disparo que rozó su cráneo, las noticias pusieron énfasis en calificar este hecho como un acto heroico por parte Costas y su sobrevivencia se calificó como un milagro: “Intervino en el atraco porque no podía quedar de brazos cruzados” (El Mundo 13/04/2011); “Destacan actitud de Rubén Costas” (El Deber 13-4-11); “Un milagro. Rubén Costas vuelve a nacer. El Gobernador sobrevive a un disparo en la cabeza” (El Deber 13-4-11); “A milímetros de encontrar la muerte” (El Deber 13-4-11). También se puso énfasis en los escasos resultados de la investigación convirtiéndose los medios en una presión para que la policía encontrara a los autores del hecho.

En las noticias sobre la Cumbre de Seguridad que se efectuó el 16 y 17 de junio de 2011, se dio énfasis a lo anecdótico, como se evidenció en estos titulares: “Presidente en contra de las telenovelas” (La Estrella 17-06-11); “Alcohol y telenovelas causan inseguridad” (El Día 17-06-11); “Revela que bebió durante varios días”  (El Deber 17-6-11);  “Películas y novelas son las causas de causas de crimen y divorcios” (El Mundo 17-06-11).  Otras noticias se enfocaron en mostrar las exposiciones de los problemas de la inseguridad y las propuestas que surgieron en la Cumbre de Seguridad Ciudadana.

Se  analizaron también los tipos de fuentes consultadas para hablar de Políticas de Seguridad Ciudadana y  las temáticas que se plantearon. Las fuentes más consultadas por los medios en temas de políticas de seguridad fueron el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, que fueron dos primeras fuentes más consultadas. Los investigadores sociales fueron para El Deber su tercera fuente mas consultada; sin embargo, no fueron tomados en cuenta por los demás medios. El Comité Cívico Pro Santa Cruz fue la tercera fuente más consultada por el diario El Mundo. Las organizaciones de DD.HH., Policía y Autoridades Legislativas, fueron consultadas pocas veces. Fueron casi inexistentes las consultas a la sociedad civil.

Respecto a las propuestas de políticas de seguridad que se mencionaron en los diarios, la elaboración del un plan de seguridad fue la más mencionada; convocar a las instituciones que tienen que ver con tema de seguridad ciudadana y la creación políticas departamentales de seguridad ciudadana fueron respectivamente  la 2a y 3a propuesta más frecuente los diarios. Además hubo otras propuestas como cualificar y aumentar los oficiales y reformar la policía, educar a la gente, creación de una ley para regularizar la venta y consumo de alcohol, aumentar y mejorar las cárceles, crear Observatorio de Comportamientos Sociales, que se mencionaron pocas veces en la prensa.

Sobre el tema narcotráfico se podría afirmar que las noticias han puesto énfasis en la magnitud y crecimiento del narcotráfico en Santa Cruz, enfocándose en las cantidades de droga, fábricas, dinero incautado y detenidos.  Por otro lado, también se magnificó el delito afirmando que la seguridad del Estado está en peligro:“Carteles penetraron la seguridad del Estado”  (El Mundo 30-06-11); “El narcotráfico nuestro de cada día”  (El Día 17-7-11); “Millonarios y presos” (El Día 17-7-11). También fue muy frecuente encontrar una estereotipación negativa de nacionalidades y regiones, por ejemplo: “Sicarios peruanos y bolivianos ejecutaron a Baptista por deudas” (La Estrella 15-7-11); “Envían a Chonchocoro y a Palmasola a peruanos” (La Estrella 16-7-11); “Sicarios brasileños operan en Bolivia” (El Día 21/07/2011); “Peruanos son nuevamente llevados a audiencia” (El Mundo 17-07-11); “Hay muchos colombianos ligados al narcotráfico” (La Estrella 2-7-11); “Santa Cruz es catalogada zona roja del narcotráfico” (La Estrella 28-8-11); “…los pueblos de San Germán, San Carlos y Nuevo Horizonte son considerados la sede del narcotráfico” (El Día 17-7-11); “Yapaní: Megacentro del narcotráfico” (El Mundo 16-07-11).

En el caso del secuestro de Adriana Rivera Bravo, ocurrido en julio de 2011 cuando la víctima se encontraba en posesión de 10 mil dólares americanos, fue otro de los sucesos que tuvo bastante repercusión mediática. La víctima estuvo secuestrada por 4 días y finalmente pudo ser rescatada por la Policía y se aprendió a tres personas. En este caso, el énfasis de las noticias estuvo en la relación familiar que tiene el esposo de la víctima, Alfredo Von Borries, con el Dr. Jorge Von Borries, quien en ese entonces ejercía como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Repetidamente las notas sobre el tema mencionaron este parentesco: “Asalto y secuestro estremece a la familia Von Borries” (El Mundo 1-07-11); “No encuentran a la esposa de Von Borries” (El Día 3-7-11); “…Von Borries es sobrino del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Von Borries y al momento del suceso su esposa tenía alrededor de 10 mil dólares”(La estrella 3-7-11). En este caso hubieron otros datos sorprendes como el hecho de que un ex teniente de Policía  y un  ex funcionario del Ministerio de Gobierno que pertenecieron a este despacho en el 2008, fueron detenidos como parte del grupo que secuestró a Adriana Ribera. Dos personas aprendidas por este caso también fueron acusadas de estar involucradas en el caso de intento de homicidio al abogado Denver Pedraza.

En el caso del intento de homicidio  contra el abogado Denver Pedraza, sucedido en julio del 2011 en las afueras del Palacio de Justicia de Santa Cruz cuando un sicario disparó nueve balazos contra el abogado, de los cuales dos proyectiles lograron impactarle en el cuerpo; los diarios La Estrella del Oriente y El Mundo destacaron el hecho de que haya salvado su vida por un celular: “Celular salva la vida del abogado Denver Pedraza” (El Mundo 19-07-2011); “Abogado baleado se salvó gracias a su celular”  (La Estrella del Oriente 19-07-2011). Por su lado, los diarios El Deber y El Día pusieron énfasis en la trayectoria  y desempeño profesional de la víctima: “Balean a polémico abogado” (El Día 19-07-2011); “Apoyado y resistido en su labor”  (El Deber 19-07-2011); “Balean a un abogado de casos de narcotráfico” (El Deber 19-07-2011). En este caso, también se acusó a un teniente de la Policía como autor intelectual del hecho.

El porqué y las causas de la violencia. Al igual que los demás tipos de noticia, la noticia sobre seguridad ciudadana, sigue una pauta orientada por las preguntas clásicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? y ¿Por qué? Las noticias generalmente están compuestas por al menos tres de las cinco primeras preguntas; sin embargo, resolver la sexta, es decir, el por qué, las causas por las cuales ocurren los hechos de delitos y violencia, requiere de un análisis que conlleve investigación, profundidad, documentación y contextualización, que son otros de los estándares de calidad del periodismo propuestos por el ONADEM.

Problemas estructurales como la pobreza y desigualdad social  inciden en el incremento de los hechos delictivos; en este sentido, se analizó si en las noticias sobre inseguridad se explicaba también el contexto social y económico de los hechos. En los resultados, la gran mayoría de las notas no explican este contexto. Los diarios que tuvieron un mayor porcentaje de notas donde se explicaba el contexto fueron El Deber y El Día en el 10% y 18 % de sus notas, respectivamente. La Estrella del Oriente sólo lo hizo en el 1 % y El Mundo en el 3 % de sus notas. El estudio analizó también si en las notas periodísticas se mencionaban investigaciones sociales sobre inseguridad ciudadana, pero se evidenció que un muy bajo porcentaje de notas mencionaban investigaciones sobre este tema. La Estrella del Oriente lo hizo sólo en el 1% de sus notas, El Mundo en un 3% de sus notas; El Día y El Deber fueron los diarios que utilizaron más estos datos en el 8 % y 14 % de sus notas, respectivamente.

El patriarcado y la violencia de género. El patriarcado es el conjunto de creencias que suponen que los hombres son superiores a las mujeres y que por lo tanto pueden someterlas, maltratarlas, imponerles un tipo de conducta y un rol que cumplir en la sociedad, considerando incluso que el hombre tiene derecho de propiedad sobre las mujeres. La vigencia de este sistema de creencias es tan fuerte que incluso muchas mujeres lo comparten y aceptan vivir en una relación de opresión injusta y violenta que consideran “normal”. Los medios de comunicación, como productores de discursos que llegan a un público amplio, pueden contribuir a fomentar, mantener o desvirtuar este y otro tipo de creencias.

En este sentido, se analizó con qué enfoque se mostraban los delitos de violencia de género en los diarios.  En los resultados se vio que los diarios La Estrella del Oriente y El Deber en la mayoría de sus notas (87 % y 62 %, respectivamente) mostraron el hecho como un atentado contra los derechos de las mujeres. Por otro lado, en la mayoría de las notas de los diarios El Mundo y El Día (67 % y 100 %, respectivamente) se presentaron los hechos de violencia de género como un delito más de la sección de seguridad. Es decir, no hubo un análisis sobre la vulneración de los derechos de las mujeres como personas.

Por otro lado, en las notas sobre hechos de violación, trata y tráfico de personas se encontraron algunos errores, como por ejemplo llamar Prostitución Infantil a la Violencia Sexual Comercial o Explotación Sexual Infantil contra niños, niñas y adolescentes[7]. La prostitución se concibe como una actividad que implica la compra y venta de servicios sexuales entre personas adultas y de manera voluntaria;  en el caso de los infantes no se trata de prostitución sino de actos de violencia y delito. Algunos de esos errores fueron los siguientes: Titular: “Banda que prostituía a menores hoy irá ante el juez” (El Mundo 1-07-11); Titular: “Una proxeneta cobraba hasta Bs. 2.000 para prostituir niñas” (El Deber 1-7-11); Titular: “Atrapan al "cliente fijo" que pagaba por las niñas para violarlas”. Texto: … “detención de las cuatro personas que serían parte de una red de prostitución infantil”. “Se montó otro operativo para dar con el cliente fijo en Santa Cruz” (La Estrella 01-07-11). En el caso de esta última noticia, no puede hablarse de “clientes” sino de violadores.

La falta de investigación, análisis y documentación sobre las causas estructurales y consecuencias probables de la violencia, provoca un deficiente o inexistente periodismo de investigación. El periodista se queda sólo con lo que dice la autoridad (fiscal o policía) y no recurre a otras fuentes que pueden enriquecer la nota. Hace falta el análisis de las causas estructurales y las posibles consecuencias de la violencia. En los medios se relata la violencia visible o violencia directa, pero no se hace una análisis de la violencia estructural proveniente de la desigualdad social, y la violencia cultural que proviene de creencias como el machismo, racismo, homofobia, entre otros. Tampoco se hace diferenciación entre los hechos delictivos y temáticas tan preocupantes como la violencia de género.

Si bien las características de la cobertura periodística a la inseguridad, mencionadas anteriormente, son las más frecuentes en las noticias, no quiere decir que no haya en los medios analizados buenas propuestas de periodismo de investigación con altos estándares de calidad. Ahora es tarea de los periodistas, de los medios, de las instituciones y la sociedad civil, apoyar estos esfuerzos dado que los medios como actores sociales pueden favorecer procesos de formación ciudadana, convivencia pacífica y seguridad ciudadana tanto a través del análisis y difusión de las causas estructurales como de la exploración de posibles soluciones.

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