Medios de comunicación
¡...ANIMO Y FUERZA ERBOL.. VAMOS JUNTOS...!
By rho1and0 on Mié, 12/08/2015 - 16:59Victor Hugo Maidana Alcoba
ERBOL es mucho más que una simple radio emisora, es una institución construida en base a cimientos sólidos de libertad, dignidad y democracia, haciendo conocer la voz de los sin voz.
Con esa expresión de sentimiento de alguien que conoce a esta organización desde hacen más de dos décadas, me permito rendir una especie de homenaje a este medio de comunicación que hoy por hoy soporta una fuerte tempestad pero sigue navegando.
ERBOL, no es ningún “medio mentiroso”, como lo afirman ciertos poderosos que se olvidan que los medios de comunicación son instrumentos manejados por las personas, es decir por seres humanos y el error, la ideología, la verdad y la mentira son actos humanos, decir “Medio mentiroso” a un medio de comunicación o cualquier institución, es una forma de discriminación, porque de esa manera se está insultando a las personas que hacen una organización y eso no es justo.
Pero con todo la institución continuará hoy mañana y siempre, por que las personas pasan y las instituciones quedan escribiendo historia y aunque algunos sectores públicos no le quieran dar ni un solo centavo por publicidad estatal, para no desatar la ira de los que se creen dioses.
En ERBOL, hay gente trabajadora e inteligente que ha construido su prestigio, no de la noche a la mañana, si no con largos años de trabajo abriendo sendas y aplanando caminos.
Los barcos que soportan tempestades en alta mar y repelen a las marejadas, es porque están bien construidos para llegar siempre a puerto seguro, con valientes marineros y buenos capitanes al mando quienes no pierden nunca la brújula en la travesía por mar abierto.
La tempestad puede ser dura, pero siempre pasa, no hay noche sin día, ni sombra sin luz y los rencores no pueden pasar a ser odios para toda la vida.
Entonces ERBOL, debe continuar con dignidad y coraje su camino, porque una institución solida es una verdadera fortaleza y de ninguna manera una debilidad, aunque para algunos sea una amenaza.
ERBOL ha demostrado estar al lado de su pueblo, alcanzando el micrófono a gente que clama vivir bien, transmitiendo sus penas, alegrías de muchas personas anónimas y esa es su gran ganancia.
Puede haber tenido y tiene errores, seguro que sí, porque ERBOL, es una obra humana, y el errar es de humanos, el ser perfectos es de las maquinas, solo que estas sirven para una sola cosa, pues no saben pensar, en cambio el ser humano sabe transformar su realidad por que Dios le ha dado el don de la sabiduría y el razonamiento.
ERBOL, es también Amalia Pando, es Augusto Peña, su director, Pedro Gemio, Ana Limachi, Héctor Yapu, es su personal en todos sus niveles, es el pueblo mismo, es de hombres y mujeres que creen en Bolivia; de los practican democracia y tienen como predica la verdad, en su diaria actividad, porque la verdad es la verdad, como la justicia aunque sea dura, es la justicia.
Una palabra, un sentimiento, una opinión, en favor de una institución apreciada, que sabe del valor de hacer “Comunicación Social” de alto nivel, como un servicio permanente a su comunidad, por lo menos así se la siente, se la escucha y se la ve, por eso ¡ ánimo y fuerza ERBOL vamos juntos!.
GRACIAS Y HASTA UNA PROXIMA CUANDO VUELVA PARA HABLAR JUSTO Y CABAL.
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SE LLAMA DISCRIMINACIÓN
By rho1and0 on Mar, 11/08/2015 - 20:57Juan José Toro Montoya
El Movimiento Al Socialismo (MAS) usa para su beneficio los medios estatales como Bolivia TV, la red Patria Nueva, el periódico Cambio y la Agencia Boliviana de Información. Por si eso fuera poco, destina recursos públicos a campañas de propaganda en contra de los sectores que le enfrentan, como todavía ocurre con la movilización del pueblo potosino.
Para colmo, y según confesó el vicepresidente del Estado, ese dinero, que no es del MAS sino del pueblo boliviano, se distribuye sobre la base de criterios discriminatorios. El propio García Linera dijo que no se da dinero —es decir, no se contrata publicidad— a los medios que mienten y actúan como “para-partidos”.
Para demostrar que un medio miente habría que presentar pruebas de que falsea la verdad. Lo curioso es que hable de mentir precisamente el Gobierno que llegó a decir que detrás de las demandas potosinas estaban “unas cuentas personas” cuando hasta cinco marchas convocadas por el Comité Cívico Potosinista contaron con la participación de un promedio de 200.000 personas.
Ahora bien, cortar la publicidad a un medio bajo el argumento de que hace labor “para-partidaria” es reconocer, expresamente, que se incurre en una actitud de discriminación que el artículo 5 de la Ley 045 define como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia” fundada en una lista de razones enumeradas en ese mismo precepto. Tres razones por las que se puede incurrir en discriminación son la “ideología, filiación política o filosófica”.
Eso equivale a decir que si se hace distinciones o preferencias, si se excluye o restringe la publicidad a un medio porque supuestamente hace labor “para-partidaria”, se está discriminando. Además de inmoral, esa “distinción, exclusión, restricción o preferencia” constituye un acto de discriminación que la Ley 045, que modificó varios artículos del Código Penal, ha convertido en delito. Más aún, el delito de discriminación es sancionado por el artículo 281 ter del Código Penal “con pena privativa de libertad de uno a cinco años”.
Por tanto, a la luz de esos artículos, el Gobierno no puede ni debe discriminar en la repartición de la publicidad estatal.
Encontrarse con esa nueva situación jurídica plantea muchos desafíos pero probablemente el más importante sea la administración de ese tipo de publicidad. Si el dinero que se utiliza para pagarla es de todos los bolivianos, es justo que se le exija al Gobierno una repartición más justa, sin criterios de discriminación. Una solución sería crear un sistema de monitoreo oficial cuyos resultados técnicos darían parámetros de cómo se debe repartir los recursos.
Otro desafío es el cumplimiento de la ley. Ya hemos visto cómo los criterios de discriminación se enmarcan en el artículo 5 de la Ley 045 y constituyen actitudes que incluso merecen la pena de cárcel pero no ingresamos a los terrenos constitucionales donde se puede hablar de vulneración de otros derechos como el de la libertad de expresión e información.
En resumidas cuentas, se está violando la ley y las recientes declaraciones del vicepresidente son una admisión de ello. A confesión de parte, relevo de prueba.
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Política
“Los medios de comunicación nos pueden decir lo que quieran, lo que les da la gana. Nos pueden decir de manera infundada, incluso. Muchas veces han mentido sobre nosotros y nosotros salimos a sacar la cara para enfrentar ese punto de vista equivocado”, dijo.
Internacional
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, estaría dispuesto a aceptar la mayoría de los términos del rescate griego propuestos por los acreedores internacionales, marcando el último intento de mantener a Grecia en la eurozona, según informa el diario 'Financial Times'.
TELESUR Y LA DESINFORMACIÓN
By argv.E338951d on Lun, 13/04/2015 - 11:53Omar Qamasa Guzman Boutier
Más o menos a las mismas horas en que los dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) mascullaban las angustias de la derrota electoral del 5 de abril en sendas gobernaciones y municipios, la cadena internacional televisiva Telesur “informaba”, desde Caracas, que el partido de Evo Morales había “ganado” en las elecciones subnacionales de Bolivia. Mayor muestra desinformativa no puede ya esperarse y sólo el burdo manejo de la agenda partidaria, reflejada en la información, supera ello. Causa alguna sonrisa este hecho si, por ejemplo, recordamos que en la disputa por quién desinforma mejor, un comentarista de Telesur (que lleva un parche en el ojo y al que ya sólo le falta la mano de garfio, la pata de palo y un loro en el hombro, para completar al personaje), llamaba a la competencia “los cleptómanos de Atlanta”.
Se suponía que la creación de Telesurrespondía a la voluntad interestatal de la región por democratizar la información y poner freno al monopolio que las grandes cadenas internacionales ejercían, con el consiguiente costo de la información tergiversada. Esta voluntad manifiesta en realidad iba de acuerdo con los nuevos vientos que inauguraron el milenio y que, en criterio de dichos gobiernos, abría nuevas opciones, nuevas alternativas a las sociedades del continente. Pero, al igual que con los gobiernos, sostén de Telesur, también con respecto a esta cadena cundió rápidamente el desencanto y el maquillaje del engaño comenzó a correr, dejando al descubierto la naturaleza tan manipuladora y desinformadora como los de la competencia, a la que se cuestionaba.
En realidad no representa novedad alguna el hecho que también Telesur incurra en la deleznable práctica de la desinformación; lo hacen todas las grandes cadenas: CNN, BBC, DW, entre las más destacadas. Si entre todas las cadenas hay un denominador común, éste es el hecho que pertenecen y representan en la materia, grandes intereses económicos y políticos. La información, en este sentido, además de constituirse en una mercancía, es principalmente un instrumento en la menuda disputa que los poderes detrás de estas cadenas sostienen. Lo es, por el efecto que provocan; efectos que hay que entenderlos en dos planos. En el de la audiencia y (en un nivel más restringido) en el del poder, es decir en el de los actores políticos y económicos. En el ejemplo de la desinformación de Telesur, está claro que se trataba, ante los ojos de la opinión pública continental, de maquillar la derrota del MAS en Bolivia, haciendo aparecer el hecho como una victoria.
Pero si la ligazón con diversos factores de poder político y económico de las grandes cadenas televisivas y el consiguiente manejo de la información de acuerdo con la agenda establecida por dichos factores no es novedad, sí podemos encontrar, apropósito del ejemplo de Telesur, algunas novedades. La primera, aunque de menor valor y seguramente dentro de los cálculos de Telsur y sus patrocinadores, se refiere a la pérdida de credibilidad ante la audiencia boliviana. La pérdida de credibilidad es también la pérdida de confianza en la calidad informativa y en este orden puede decir que esta audiencia, al menos tiene ahora suficientes motivos como para acoger con duda, la información que recibe. Seguramente en otros países (como Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina) donde la falsificación de los hechos por parte de esta cadena tiene larga data, aquél sentimiento de duda es algo que ya se da por descontado. Pero incluso sumando todas las audiencias que pudieran haber asumida una distancia crítica con respecto a esta cadena, la situación sigue siendo una novedad de corte menor.
La segunda novedad que el hecho nos arroja es, creo, de mayor importancia, al menos en el plano de la teoría. Recordemos que Telesur es el resultado de la decisión de varios Estados de la región, en procura por “democratizar” el manejo informativo. Es válido decir que esta iniciativa fue concomitante a la propia democratización del orden mundial, entendida esta democratización como la conformación de un orden mundial multipolar, en lugar de un mundo unipolar. Lo que ahora queda claro, es que la denominada democratización de la información no siempre supone veracidad informativa. Yen un plano general, la democratización del orden mundial no necesariamente supone la democratización interna de las sociedades.
Por ello, pues, visto desde la perspectiva de la sociedad, efectivamente el ejercicio de la democracia (y dentro de ella, el derecho a la información veraz) sigue siendo un desafío y no es algo que deba darse por sentado. En materia informativa, hoy por hoy y frente a la multiplicación de cadenas internacionales de des-información, el ejercicio de ese derecho requiere de una participación activa, crítica, de la audiencia. La verdad, en medio de la red de desinformadores, emerge y es posible reconocerla. Lo es, porque en su menuda disputa estas cadenas no pueden sino dejar de filtrar trazos de información veraz. Lo hacen con respecto a temáticas o con relación a regiones del mundo, pero en todos los casos, la verdad como apoyadura (y no importa aquí si la intención de su uso es intencional y funcional a algún factor de poder) es un dato que debe ser discernido por la audiencia. Que ello demanda un Sujeto crítico, activo, en el consumo informativo, es algo innegable, como lo es también el hecho que por ese camino, es posible pensar en la conformación molecular, nuevamente, de una opinión pública crítica.
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Dos comunicadores hablan de la inclusión sexual en los medios de comunicación
By rho1and0 on Vie, 20/03/2015 - 17:12
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20-03-2015
Los comunicadores Javier Badani y Emilio Lungo abordan en esta emisión de La Olla sobre el acceso a los medios de comunicación, jóvenes y la inclusión sexual, a partir de la experiencia cotidiana.
Badani indica sobre la televisión y los hábitos de los jóvenes que van perdiendo poco a poco su influencia frente a la invasión de las redes sociales.
“Los jóvenes aprenden de sexualidad a partir de estos nuevos instrumentos de comunicación y ejercitan en base a lo que ven. Esto es lo que estamos viviendo”, señala.
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La Olla y la homosexualidad
Indígenas
Ileana Alamilla, directora de la agencia, señaló que la mayoría de información publicada por los diarios de mayor circulación está relacionada a la conflictividad social, los sucesos y nota roja y en pocas ocasiones se habla sobre sus reivindicaciones de los pueblos.
GREMIOS PERIODÍSTICOS DÉBILES
By Draven3166 on Jue, 11/09/2014 - 12:59Edgar Andrade Ramos
Señores: ANPB, APLP, ASBORA y ciudadanía latinoamericana:
- Estaba dicho. Hace un tiempo, decíamos que los periodistas bolivianos (trabajadores de creación y difusión intelectual y edición digital-física) trabajan (trabajamos) en medio de debilidades varias, especialmente cuando se trata de defender nuestros derechos, personales y laborales, y que las dirigencias de los gremios asumen conductas erráticas. Lo registramos, en nuestro libro “Neoliberalismo Mediático” (El Alto 2011 págs. 178-179). Lo prueba lo ocurrido con el periodista Rogelio Peláez Justiniano, director del mensuario “Larga Vista”, que investigó los juicios derivados de la millonaria estafa, de Dante Escobar y sus secuaces, a miles de jubilados estatales y al Estado (casos FREP y FOCSSAP II).
- Carta Uno. En fecha 11-septiembre-2010 las asociaciones: Nacional de Periodistas de Bolivia ANPB, de Radiodifusoras de Bolivia ASBORA, de Periodistas de La Paz APLP y, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia CSTPB, con la firma de sus dirigentes, Ronald Grebe, Raúl Novillo, Antonio Vargas y, Tito Pacheco, solicitan a la Vicepresidencia del Estado (Presidencia del Órgano Legislativo) auditorías a los procesos judiciales FREP y FOCSSAP II y al Juicio Penal contra Peláez instaurado por el (“prestigioso”) abogado Waldo Molina Gutierrez “quien (mediante acoso fiscal-judicial) logró (del juez penal de La Paz, Rene Delgado) una sentencia de 2.6 años de cárcel contra nuestro afiliado Rogelio Peláez más pago de costos judiciales por presunta calumnia y difamación” por la denuncia periodística de estafa al Estado.
- ntención Plausible. La carta de las cuatro instituciones señala que por su trabajo de defender a 285 clientes, el abogado Molina debía cobrar 10% de Bs.2.3 millones pero terminó cobrando Bs.3.283.798 con autorización expresa del juez penal de La Paz, Aníbal Miranda. Este ilegal cobro fue denunciado ante fiscalías y juzgados, por Gabriela Veizaga, del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, y por Fabiola Zalazar el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE a cargo del ex FOCSSAP; ambas (que no pudieron evitar ese pago ilegal) reclaman la devolución pero que las demandas contra el abogado Molina “deambulan por Fiscalías” y no avanzan. En el juicio contra el periodista Peláez, el abogado Molina “llegó al extremo de adjuntar pruebas, de manera ilegal y extemporánea, después de dictada la sentencia según consta en el proceso”. La intención parecía plausible; nuestros gremios defienden a un periodista y cumplen con su obligación, y el Parlamento (primer Poder del Estado) tiene plena potestad para investigar y fiscalizar al Poder Judicial, con informes orales o escritos, e inclusive con interpelaciones. Pero… ¿hasta dónde llegó esa buena intención?
- “Acuerdo privado”. En fecha 3-diciembre-2010, tres firmantes de la Carta Uno: Grebe, Vargas y Novillo (excepto Pacheco de la CSTPB) firman con el abogado Waldo Molina (a quien denunciaron por criminalizar el trabajo periodístico de Pelaez) un “Documento Privado de Acuerdo voluntario”, basado en el art. 519 del Código Civil, e indican que no fue pretensión de la Carta Uno “dañar el honor y la imagen de dicho (‘prestigioso’) profesional (y se lamentan que) se haya sentido perjudicado con dicha carta”, misma que “había sido transcrita por un medio de prensa de responsabilidad del periodista Rogelio Peláez (Larga Vista)” (¿eso no es censura periodística?) y se comprometen a retirar la nota enviada a la Vicepresidencia el 11-septiembre-2012 porque el pedido de auditoría e investigación de esos dos juicios y otros pactos sucios de dos jueces y un abogado “corresponde a la justicia asumir su rol (¿de auto-investigarse?) en razón de ser independiente en nuestro país”. El abogado Molina se da por satisfecho con la actitud (y firmas de los dirigentes) Grebe, Vargas y Novillo; solicita que “en el futuro no se incurra otra vez en este tipo de aseveraciones”, comprometiéndose a “no asumir ninguna acción judicial (…) dando por concluido este enojoso incidente”.
- Vergüenza Uno. Ese “Documento Privado de Acuerdo voluntario”, probablemente redactado por el abogado Molina, muestra: a) una poco disimulada solidaridad de nuestros gremios, ANPB, ARBORA y APLP con el abogado que logró (vergüenza judicial mediante) sentencia de prisión de 2.6 años contra el periodista Peláez que denunció la estafa de un abogado al Estado con la complicidad de jueces; b) se defenestra (desde gremios de periodistas) al periodista Peláez por publicar una probada denuncia de cobro ilegal de dineros del Estado en que incurrió el abogado Molina; c) esos gremios incurren en una vergonzosa censura, de dirigentes de periodistas, en contra de un periodista que denuncia corrupción.
- Carta Dos. En fecha 5-diciembre-2012, los dirigentes de gremios de periodistas, Grebe, Vargas y Novillo (excepto Pacheco) entregan a la Vicepresidencia otra carta, en la que retiran la nota enviada el 11-septiembre-2010, porque “su contenido corresponde ser atendido por la justicia ordinaria” (¿cómo?).
- Vergüenza Dos. La Carta Dos, acordada con el abogado Molina en el “Documento Privado de Acuerdo Voluntario”, nos demuestra que: a) los tres dirigentes (en nombre de nuestros gremios, sin vergüenza alguna) “borran con el codo lo que firmaron con la mano”; b) se deja impune el esclarecimiento de las acusaciones de corrupción contra Molina y contra el juez Miranda, que la justicia y la Fiscalía no pudieron (no quisieron) aclarar; c) el abogado Molina tiene más poder que tres gremios de periodistas juntos, para censurar una investigación periodística que buscó respaldo institucional del Parlamento; d) nuestros gremios, especialmente ANPB, ARBORA y APLP, son débiles en extremo ante las chicanas de un (“prestigioso”) abogado romano que parece tener mucho poder (económico-político); e) el periodismo queda (vergonzosamente) arrodillado y humillado ante un descarado (y demostrado) caso de corrupción.
- Doble complicidad judicial. Si bien el Tribunal Departamental de Justicia anuló (el 6-noviembre-2013) la sentencia de reclusión contra el periodista Peláez y el Tribunal Supremo de Justicia ratificó (el 28-abril-2014) quedan pendientes: a) Investigar al juez René Delgado, quien no explicó su ilegal conducta judicial (de no aplicar nuestra Ley de Imprenta pero sí penalizar el trabajo del periodista Peláez) o su posible complicidad (“consorcio”) con el abogado Molina; b) Instaurar juicio al juez Anibal Miranda que ya fue imputado (en fecha 24-enero-2014) por los fiscales: Elsner Cruz, Magaly Gonzalez y Fernando Villarroel; c) Investigar a los fiscales: Marco Antonio Rodríguez, Milene Alba Balboa y Aldo Ortiz Troche, quienes actuaron en complicidad con el (“prestigioso”) abogado Molina (Caso 2234/2010 de la Fiscalía de La Paz); d) que los tribunales de honor de los tres gremios aludidos asuman su responsabilidad e investiguen la conducta de dirigentes de conductas más que dudosas; e) que los periodistas ejerzamos un riguroso control, social e institucional, a nuestros dirigentes y gremios.
- Complicidad dirigencial. Con el mayor respeto a los dirigentes: Grebe, Novillo y Vargas (éste último candidato en 2014 a senador por MSM): Lo antedicho es un (funesto) precedente para futuras investigaciones periodísticas, porque nuestros gremios (bajo su debilitado “liderazgo”) se arrodillaron ante un sucio consorcio judicial-abogadil. Esta vergüenza le permitirá al (“prestigioso”) abogado Molina persistir en sus chicanas y aumentar el acoso judicial contra Peláez. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
- Periodista delatado. A este paso, afiliarse, como periodista o radialista, a ANPB, ARBORA y APLP, es arriesgar el pellejo. Contra todo principio institucional y ordenamiento legal, los dirigentes de esos tres gremios, abandonan y delatan a periodistas. Eso le pasó a Peláez.
Juzguen ustedes, entrañables lectoras y lectores y, por favor, disculpen que hayamos abordado este ingrato asunto pero nuestra Constitución manda: “Ama sua, ama llulla, ama khella”. Ya vendrán mejores tiempos institucionales. Les recuerda siempre, y con mucho aprecio.
Edgar Ramos Andrade. Huanuneño (minero) de origen, alteño por radicatoria e hijo, adoptivo y temporal, de la Madre Tierra por convicción. Comunicador e Investigador Social graduado de la Universidad Nacional de La Plata- Argentina. Autor de los libros: “Neoliberalismo Mediático” (El Alto 2011), “aGONIa y Rebelión Social. 2da Edición actualizada” (El Alto 2013), entre otros. Tel. (00591) 77220736 Correo-e: [email protected]
P/D: Todas y todos, estamos invitados a la Presentación de nuestro libro “aGONIa y Rebelión Social. 2da Edición” a horas 18:30 del jueves 25-septiembre-2014 en la Vicepresidencia, calle Ayacucho esquina Mercado, ciudad de La Paz.
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Seguridad
Ejecutivos del quincenario El Chuquisaqueño denunciaron un supuesto ataque contra sus oficinas ubicadas en la calle Ayacucho esquina Loa de la ciudad de Sucre.