Educación

¿Cómo se realizan las designaciones para cubrir ítemes de nueva creación? ¿Qué parámetros se toman en cuenta para el traslado de las provincias a la ciudad? ¿No hay personal que está por muchos años en el campo y otros ingresan directamente a los centros urbanos sin conocer provincia? ¿Cuántos son los docentes que están sin cargo y desde hace años? ¿Qué hilos se mueven en estos escenarios?

Esta es la parte en que no se ha hecho ninguna reingeniería administrativa. Es secreto a voces las irregularidades, el abuso, la prepotencia, la impotencia frente a las injusticias. La esperanza de tener un cargo por mérito propio se diluye cuando después de haber comprado diez o más solicitudes de cargo para un determinado distrito, se recibe la respuesta de que “el puesto ya ha sido cubierto”.

Cuando se quiere indagar el por qué de tanta irregularidad, la respuesta del funcionario distrital es: “han sido órdenes desde arriba”. ¿Y quién está arriba? La cadena es larga, difícil de unir los eslabones; pero existe. Es alguien que por esos azares explicados “pisa fuerte en el Ministerio, o en los pasillos de la Asamblea Legislativa o la DDE o finalmente en la dirección del partido político en función de gobierno”.

A nivel local, hay reyes chiquitos, se las saben todas, son técnicos para manejar los hilos junto a la autoridad que se hace de la vista gorda. Hay maestros y maestras que obtuvieron las mejoras notas en sus años de estudio en las Escuelas Normales; pero destinados a dos o tres días de viaje desde la ciudad, otros, bien gracias, casi al frente de su casa. ¿Por qué?

Otra trampa es la calificación de “méritos” para acercarse a la ciudad o tener mejora en el puesto. Los desaventajados siempre serán aquellos y aquellas que están lejos de los centros urbanos, pues no tienen acceso a los cursos de actualización, cursar alguna carrera universitaria, apenas pueden salir de la escuela dos veces al año, entonces nunca podrán “reunir” cartones para los méritos.

No se conocen propuestas del uso de las NTICs para la sistematización de cómo hacer el movimiento del personal. En vano se venden por miles las solicitudes de cargos y los cambios de lugar o destino. Sería interesante saber cuánto se percibe por la venta de estas solicitudes en la administración del sistema educativo y qué finalidad cumple en la actualidad. En cada Distrito Escolar se debería tener una base de datos del personal: lugar de trabajo, años de servicio, especialidad, nivel, categoría, experiencia y también deméritos, si los hubiera, de tal manera que el movimiento se haga en base a estos datos.

También en las Direcciones Departamentales, a través de la Administración de Recursos Humanos, tener todo informatizado, transparente y colgado a la página web del Ministerio o por lo menos a nivel Departamental, que todos puedan tener acceso a esa información. Por ejemplo, saber cuántos postulan al Distrito X y cuántos al Distrito Y, así uno podría saber qué posibilidades tiene para encontrar cargo.

Con esto de la computación, podría transparentarse hasta el último rincón de cualquier provincia, Distrito y la Unidad Educativa: quiénes están, con cuántas horas, qué especialidades y si además están en su nivel.

Por esto de la “muñeca”, es fácil encontrar a maestros y maestras que tienen especialidad de matemática; pero enseñan química, completan con inglés sus horas de trabajo, o viceversa, y así están en la ciudad o en la provincia más cercana. ¿Exageración?

La Ley 070 ASEP no ha sido una varita mágica para erradicar la corrupción existente en la administración educativa, ni lo sería otra legislación si antes no se hace una verdadera reingeniería, real, profunda y significativa. El Ministerio de Educación sabe de las irregularidades; pero no hace nada porque sólo debe dejar hacer y dejar pasar. Conoce, por ejemplo, cómo algunas autoridades institucionalizadas tienen falsos documentos con los que accedieron al cargo, además está consciente del transfugio político de sus funcionarios, porque el proceso de contratación hecho en las Departamentales en el gobierno de Bánzer y el ministro de entonces, Ipiña, sigue intacto.

Para no herir sentimientos, si en algún lugar del Estado Plurinacional hay transparencia, es una excepción.

Después de la mirada de lo que es la administración educativa a nivel nacional, veamos lo que ocurre a nivel Departamental. Desde hace décadas no se presentan cambios. Prima lo político partidario, el poder de grupos y el menosprecio a los méritos del docente de base.

Los procesos de institucionalización para las Direcciones Departamentales tenían y tienen decisión en base al nepotismo partidario. En el nivel central se espera que el administrador sea un operador incondicional a favor de la coalición encaramada en el poder.

Hubo tiempos cuando el aspirante a ocupar el cargo departamental, antes de su posesión como autoridad educativa, debía firmar una hoja en blanco. Cuando la autoridad así condicionada no atendía los requerimientos del nivel central, entonces se llenaba la hoja en términos de su renuncia irrevocable al cargo y asunto concluido.

La dirigencia sindical también tenía su parte. El “aval y la ascendencia en las bases”, se otorgaba a manera de concurso de popularidad, en la terna estaban los mejores aplaudidos en la asamblea general de maestros; pero  hubieron tiempos en que el sindicato imponía a su candidato luego de alguna muestra de expresión democrática pero alineada en el perfil de la corriente política en función sindical.

Generalmente para el cargo de Director Departamental se sigue tres pasos: un examen de conocimientos, la calificación de méritos y la defensa de una propuesta de trabajo. El examen se responsabiliza a una consultora “independiente” que contrata el Ministerio de Educación, sus resultados son definitivos, no se cuestiona ni se conoce que haya razón, es decir, la nota que se obtiene es la que corresponde.

La manipulación corre en los siguientes procesos: méritos y defensa del plan de trabajo. El tribunal calificador está compuesto por una mayoría de representación del Ministerio y los delegados de ambas Confederaciones: rural y Urbano. Si la dirigencia sindical es afín al esquema de gobierno, entonces seguro que se favorecerá al candidato oficialista. Los sindicatos, departamental y regional, sólo son observadores.

La calificación de “méritos” consiste en la presentación de asistencia a cursos, talleres, posgrado, otros títulos obtenidos, publicaciones, haber alfabetizado, fundaciones de escuelas o colegios y también se toma en cuenta los deméritos que están especificados en el Escalafón del Magisterio. La trampa está en que no se verifica la veracidad de los certificados, ahora con las tecnologías de impresión existen documentos “chutos”, escaneados y fácilmente pasan supuestos cursos realizados en el exterior, diplomados y hasta licenciaturas.

El tribunal valora estos “méritos” según sea el candidato a quien hay que favorecer, previamente ya existe una instrucción desde “arriba” a quien se declarará como ganador o ganadora. El resto es sólo una pantalla o ha servido de tonto útil para justificar la “institucionalización”. Para no herir sentimientos, hubo y hay excepciones.

Hace años este tribunal elevaba un terna al Ministerio de Educación y la decisión se tomaba a este nivel, en las últimas institucionalizaciones se ha designado al ganador o ganadora del proceso, especificado en la convocatoria y su reglamentación.

El mismo tribunal conoce la defensa del plan de trabajo, aquí la nota que se asigna es facultad privativa de los miembros del Ministerio de Educación y las Confederaciones, entonces la ponderación más alta también será para el candidato “de preferencia”. Hechas las consideraciones, ¿quién ganará?

Cuando no gana el favorito oficialista, entonces se negocia. Al legítimo vencedor o vencedora se le “charla” para que no asuma el cargo, se oferta otros puestos y se conoce experiencias de cómo un elegido con anticipación ocupó el décimo primer lugar en la prelación de notas; pero luego de las “negociaciones” apareció en el primer puesto y fue posesionado.

¿Se prioriza así la calidad de administración del sistema educativo departamental? ¿Se toma en cuenta políticas, estrategias, propuestas e ideas para mejorar la educación? ¿Interesan los problemas por la que atraviesa el sistema educativo? ¿Se atiende los múltiples problemas que tiene  el maestro de base? ¿No marcha por otra vereda la administración y por otra muy diferente la política de educación que la base de desarrollo de un pueblo?
Este mismo proceso corre para las autoridades distritales. Existen denuncias de nombramientos sin haber reunido los requisitos. ¿Es verdad?

Esa mañana de enero de 1963, cuando el Superintendente del Distrito Sur de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), llamó a su delegado para la puesta en funcionamiento del Instituto Politécnico  Camiri (IPC), este le informó que nadie se había inscrito porque nadie cumplía con el requisito de ser Bachiller. Entonces la idea del Instituto se postergó y a cambio se creó el Colegio Nocturno Víctor Paz Estenssoro (hoy Abel Iturralde) que preparó a los trabajadores petroleros como primeros bachilleres para el Instituto.

Formados los primeros bachilleres; el 1 de mayo de 1967 bajo la dependencia del Instituto Comercial Arrieta de la ciudad de La Paz, nace el IPC, con la finalidad de formar técnicos calificados para la industria petrolera; Instituto al que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), el 19 de abril de 1971 incorporóprimero a su estructura académica, para posteriormente  mediante Resolución del Ilustre Consejo Universitario (ICU), el 29 de abril de 1983 incorporarlodefinitivamente a su régimen Académico, Económico, Financiero y Administrativo, bajo la denominación de Instituto Politécnico Universitario Camiri (IPUC).

El 22 de marzo de 1989, ante gestiones de autoridades y dirigentes estudiantiles del IPUC el Ilustre Consejo Universitario nuevamente emite Resoluciónelevándoloal rango de Facultad, Facultad Politécnica Camiri (F.P.C).

Teniendo en cuenta que la FPC contaba con carreras de distintas áreas de la ciencia, nació la idea de Facultad Integralpor lo que el ICU mediante Resolución 022/2000 de 17 de agosto de 2000, autoriza el cambio de nombre de Facultad Politécnica Camiri por la de Facultad Integral del Chaco (FICH), su nombre actual.

Ahora la FICH cuenta con alrededor de 4 mil estudiantes de todas partes de Bolivia, con 101 docentes, 28 administrativosy con 9 carreras a nivel de licenciatura con titulación intermedia: Ingeniería del Petróleo y gas natural, Contaduría Pública, Ingeniería Agropecuaria, Ciencias de la Educación,Ingeniería Informática, Derecho, Enfermería, Administración de Empresas y Odontología; aporta a la economía de Camiri con aproximadamente 2 millones de bolivianos/mes y es la responsable de que Camiri no haya desaparecido luego de la Capitalización de YPFB, cuando más de 1.200 empleos directos y el doble de indirectos desaparecieron de la mañana a la noche.

La FICH, fue la primera experiencia en Bolivia de descentralización de la Universidad de la capital a la provincia y  es la primera posibilidad real de profesionalización de jóvenes y señoritas de escasos y medianos recursos de los 16 municipios del Chaco; en sus casi 50 años de vida, la FICH ha profesionalizado a cientos de indígenas, campesinos y citadinos que no habrían podido ir a estudiar a la capital por su condición de clase y especialmente los Técnicos en Petróleo formados en sus aulas, son los más cotizados; tanto así que la mayoría de ellos prestan servicios en compañías petroleras de todos los continentes y todo, gracias a aquellos visionarios ejecutivos de YPFB de 1963, que no se rindieron cuando  esa mañana de enero les dijeron, no hay bachilleres señor.

Camiri, 14 de noviembre de 2013