El Pendulo

En la gestión del Defensor del Pueblo, Rolando Villena (2010-2016) y en la Representación de Santa Cruz la problemática carcelaria fue una prioridad, bajo el argumento que en las cárceles es donde más se violan los derechos humanos, debido precisamente a la desatención de los gobiernos y al sentimiento ciudadano, de que en las cárceles están lo peor y la basura humana, y que deben  pagar sus delitos.

Tanto a nivel nacional como en Santa Cruz se realizaron sendos informes sobre la situación de la población carcelaria y el estado de los recintos penitenciarios. En la Representación defensorial de Santa Cruz, se hizo un recorrido por 32 cárceles o carceletas, llegando a constatar los mismos males y tremendas situaciones vulneradoras de derechos humanos en su conjunto: Pésima infraestructura carcelaria, falta de servicios de salud, hacinamiento, retardación de justicia, inseguridad para la población, una mezcla de delitos en un mismo pabellón,  falta de programas de rehabilitación y de terapia ocupacional, corrupción, complicidad, policías insuficientes para controlar, y muchas otras falencias. En los 32 centros penitenciarios la población carcelaria era superior a la capacidad de la infraestructura.

De igual modo, sucede con el Centro de Rehabilitación Santa Cruz o Palmasola, que luego de la masacre de los 36 internos hace cuatro años, se hizo un informe pormenorizado de las dramáticas situaciones que perduran en la cárcel más poblada del país. 

Pero estos informes no solo quedaron en el archivo, sino que se remitieron con todos los detalles, fotografías, testimonios, diagnóstico y las propuestas de solución al Ministerio de Gobierno, de Justicia, a Régimen Penitenciario, Policía, Fiscalía, Tribunal de Justicia, Gobernación, Municipios. 

De ahí que estos actores hayan archivado estos informes es otra cosa, pero la Defensoría del Pueblo cumplió con su labor constitucional. Incluso se alertó que Palmasola y las demás cárceles eran una bomba de tiempo, que podría estallar en cualquier momento y la bombita estalló con el motín y los datos dolorosos de la masacre por el enfrentamiento entre los grupos que controlan los pabellones del centro de Palmasola.

Hace cuatro años se informó al Estado de la grave situación de las cárceles y de cómo vivían los internos. Poco se hizo en estos años: El prediario se incrementó para que los privados de libertad puedan aumentar las raciones de comida. Se ejecutaron los indultos, pero que en muchos casos los jueces fallaron, porque trabajaron a presiones y se liberó a muchos que no merecían ese beneficio. La justicia aumentó las audiencias en Palmasola; pero que tampoco respondieron a la enorme carga procesal que arrastran desde hace muchos años. Hay esfuerzos privados como de universidades y de iglesias evangélica y la Católica, para desarrollar planes de inserción social y terapia ocupacional.

Acaba de presentar un nuevo informe la actual gestión de la Defensoría del Pueblo sobre las cárceles en el país, llegando a las mismas conclusiones ya respaldadas y anunciadas hace cuatro años. Importante y necesario este informe para seguir recordando al Estado en todos sus niveles de gobierno que la problemática carcelaria no admite más demoras ni demagogias en la solución.

Ahora se trata que el Gobierno, gobernaciones, municipios, Policía, operadores de justicia no dejen pasar más tiempo y se concreten en acciones las propuestas y conclusiones sugeridas en los informes defensoriales, de lo contrario, el problema carcelario se agudizará y se convertirá en una bola inmensa que será incontrolable. Es precisamente ahí el valor institucional de la Defensoría del Pueblo, que alerta situaciones conflictivas, como este caso; comunica e informa a las instancias competentes, y exige el cumplimiento de los derechos humanos y la concreción de un plan integral para el sistema carcelario.

El complejo problema de las pandillas hay que abordarlo desde la visión de los derechos humanos y de la sociedad. No hay que reducirlo a un simple hecho delictivo o policial, que al parecer esa es la tendencia que se está imponiendo en esta sociedad cruceña, cuya población es joven. Entre los niños, niñas y adolescentes abarca al 46% de la población total. Es decir son más de un millón de realidades y sueños que están presentes en la sociedad y que quieren salir adelante.

Las pandillas que han venido cometiendo una serie de situaciones irregulares, hasta llegar al asesinato es el reflejo de la crisis de la sociedad en la que estamos insertos. No han nacido de la noche a la mañana o producto de alguna serie de televisión o de una película de rebeldía juvenil.  Tampoco es invento de ciertas personas para poner en jaque a las autoridades. Este fenómeno se ha venido germinando desde las entrañas de la misma familia, de la escuela, de los círculos juveniles, de los problemas sociales, económicos, culturales, de la permanente falta de atención del Estado hacia esta compleja realidad.

Hay que afrontar este hecho de la emergencia, crecimiento y fortalecimiento de las pandillas en los barrios, pero no en la magnitud como los organismos policiales y judiciales lo pretenden hacer, apoyados por las instancias municipales y departamentales. Ese no es el camino, porque si hoy reprimen o empiezan a llenar las cárceles con jóvenes pandilleros, la rebeldía será mayor y el deseo de revancha aumentará en quienes se vean perseguidos, enjuiciados o encarcelados, ya que detrás de un líder pandillero o de un jefe juvenil, habrán otros que tomarán la posta y seguirán adelante con sus postulados o sus juramentos de rigor.

Domingo Abrego, un ciudadano comprometido, que arriesgó su vida y sin apoyo del Estado, ha logrado recuperar a un grupo de jóvenes en base a la comprensión, al amor, al apoyo, teniendo como base el contacto directo y las expresiones artísticas. ¿Por qué no replicar lo que Domingo ha hecho? ¿Por qué Domingo Abrego no lidera un movimiento o una cruzada masiva, con un fuerte apoyo público y privado para afrontar este delicado y complejo problema de la juventud, que encuentra en los grupos pandilleros una respuesta a sus ambiciones, sus sueños frustrados y sus inquietudes?

“Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”, se lee en las paredes de las ciudades, como clara manifestación del descontento que pueda existir en grupos de jóvenes y señoritas, que por la desintegración familiar, por la frustración de no seguir en la escuela o en la universidad, por el fetichismo y el consumismo que impulsan los medios masivos de comunicación, y por el chip que tiene la sociedad adulta que considera que los jóvenes son maleantes, vagos, borrachos, flojos, es que las pandillas nacen, crecen, se expanden y cometen sus fechorías.

Por tanto, es un problema social y de derechos humanos. Esto no quita que la Policía, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Programas sociales de la Gobernación, jueces, fiscales cumplan con su labor, pero lo hagan bien, no lo reduzcan a los meros operativos donde hay cámaras de Tv y periodistas.

Frente a las actuales circunstancias de cambios, de retos, de conflictos, de innovaciones, de avance de la tecnología y de miedos, se torna sumamente importante ir repensando el rol y la responsabilidad del sistema universitario, tanto el público como el privado, como espacios de gravitación, de incidencia, de orientación y de referencia para las instituciones del Estado, de las empresas, de la sociedad en sus diferentes expresiones.

Probablemente algunos dirán pero si ese rol lo tienen que hacer las universidades públicas, porque tienen más recursos económicos, más gente y es su obligación. Lo han hecho, pero en los últimos tiempos, por lo menos la Universidad Gabriel René Moreno, ha bajado la guardia, y se ha enfrascado en conflictos internos, o ir apagando focos de descontentos de los docentes y de los universitarios. Así lo reflejan los medios de forma permanente.

Pero en el ámbito de las universidades privadas, nos preguntaríamos, qué rol deben desempeñar o qué deben hacer frente a su sociedad en donde se desenvuelven, donde se registran toda clase de hechos sociales, políticos, culturales, económicos, científicos, medioambientales. Esa sociedad que está cambiente cada vez y más empoderada de sus derechos. En Santa Cruz el conjunto de universidades privadas tiene un amplio camino que recorrer, pero trascendiendo sus propias fronteras, las académicas y las meras acciones institucionales.

Claudio Rama, señala en su libro “La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias”, de que “estamos frente a un complejo y enorme proceso de transformaciones de la educación superior. Son cambios en sus tendencias históricas, un cierto y creciente quiebre que prefiguran cambios sociales de una más amplia dimensión”. Precisamente ese es el reto.

Las universidades públicas y privadas no pueden seguir viviendo en sus palacios, casi al margen de la sociedad y de sus problemas, de sus sueños, de sus incertidumbres y de sus proyectos de desarrollo. Sin duda, deben inmiscuirse, ser parte de los mismos. Además porque tienen todo el potencial para hacerlo: recursos humanos capacitados, relaciones institucionales, prestigio, conocimientos, investigación, programas educativos y formativos, tecnología e infraestructura. La sociedad y sus instituciones convocan que las universidades se animen a profundizar ese papel, de ser protagonistas de los cambios y de apoyar iniciativas para favorecer el bien colectivo, el bien común.

En ese escenario, es que la Universidad Nacional Ecológica se ha ubicado y se ha posesionado, porque entiende de la necesidad de ir más allá de las aulas y de la formación académica hasta lograr que el estudiante se titule. Ese rol ha estado presente en la defensa del cordón ecológico del Piraí, por cuanto ha logrado movilizar a toda una comunidad de vecinos y de instituciones, alertando sobre los riesgos que hay de perforar o dañar este importante cordón que ha cumplido y cumple su rol de proteger a la ciudad y sus habitantes. La participación de la Ecológica en estos procesos de relaciones institucionales y de alianzas, ha permitido juntar sueños y demandas con la Plataforma del Medio Ambiente y la Vida, instancias que desde hace tres años se viene incidiendo y aportando a Santa Cruz en este tema tan sensible y vital para el presente y el futuro de Santa cruz y Bolivia, como es el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra. En los foros que organizaron el Comité pro Santa Cruz, el Municipio, la Gobernación la Ecológica fue referencia institucional, por sus aportes y su trayectoria profesional y social.

Además se tuvo la virtud de unir dos elementos centrales para viabilizar una demanda central: la movilización ciudadana-social y la academia se unieron, y arrancaron resultados a los actores que deciden. La universidad puede ser y debe ser parte de las acciones toda sociedad.

También en el área de salud, la Ecológica tiene un espacio que se lo ha construido hace 17 años, y a partir de esta gestión, esta universidad privada tiene por objetivo generar propuestas a las políticas públicas a través de la investigación, como pilar en la formación universitaria.

Es ese uno de los roles de la universidad privada, por cuanto los tiempos de cambio y de innovaciones, y de permanentes conflictos así lo requieren. Porque la Universidad no puede estar viviendo en un palacio de cristal si en su sociedad hay una epidemia determinada; si existen contingencias de la naturaleza y se necesita explicar el porqué de las mismas; si fallan las políticas públicas en atención a las personas en situación de vulnerabilidad; si no se respetan los derechos humanos. Tienen algo que decir, que investigar, que aportar, que orientar, con cuyos elementos académicos y científicos, se busquen cambios y rectificaciones en las políticas y en las decisiones de los niveles de gobiernos.

Claro que sí, tienen un rol fundamental que cumplir y lo demostrado por la Ecológica que sea un motivo para repensar ese papel y decidir que toda universidad debe acompañar y orientar a su comunidad a la que se debe.

Cifras vergonzosas el 2016: Más de 10.000 casos de violencia contra la mujer, 17 feminicidios,  casi 700 delitos sexuales a niñas y adolescentes. Un año difícil de digerirlo y de hacer balances, mucho más cuando estamos hablando de derechos humanos y de sistemas de protección a los derechos de las niñas, adolescentes y las mujeres.

¿Acaso en el país no hay instituciones que deben impulsar programas, actividades, planes que fortalezcan esta lucha, no hay una estructura jurídica que protege a la mujer, a las niñas, a las adolescentes, o acaso, esas estructuras institucionales y legales no están funcionando? Preguntas que seguramente se hará usted, y en su situación cómoda le echará la culpa a las instituciones, a las autoridades, a las leyes. Pues bien, es parte de las responsabilidades, porque las leyes se hacen a granel, sin tener la suficiente institucionalidad ni los recursos económicos. Pero no solo con leyes vamos a cambiar el país o pretender acabar con la violencia de género y con los delitos sexuales. Es una responsabilidad de usted, de ellos, de ellas, de nosotros, de mi, de vos.

Las cifras son calientes, no solo son datos fríos o para los informes oficiales. Sino que nos indica que algo está fallando en la sociedad cruceña, de esta sociedad en la que abundan los concursos de belleza, los festivales de bikinis, las fiestas carnavaleras, los encuentros juveniles a full trago, en esta sociedad de doble moral que disfruta que a la mujer se cosifique, se la muestre como objeto de consumo al lado de una bebida alcohólica, y que lanza un grito al cielo cuando una niña violada que quedó embarazada decide no tener ese bebé, y se rasga las vestiduras, al lado de algún sacerdote u obispo. O un evangélico.

Esos datos, esa realidad nos debe hacer saltar de nuestros cómodos asientos, nos debe provocar hasta la última célula de nuestros organismos, nos debe interpelar hasta el fondo de la conciencia nuestra y sin duda, cuestionarnos y lanzarnos a hacer parte de mecanismos y de acciones que logren contener esta espiral de violencia contra la mujer y de delitos sexuales contra niñas y adolescentes.

El Estado boliviano ha asumido una serie de compromisos nacionales e internacionales, a través de leyes, tratados de derechos humanos, recomendaciones de la ONU, que ya hace algunos años señalaron que el país debería contar con instrumentos legales de protección a la mujer, y uno de ellas es la Sentencia Constitucional 0206/2014, que establece la interrupción legal del embarazo, o en su caso el “aborto impune”, que a dos años de su vigencia, hay resistencias o falta de conocimiento de la población. Esta sentencia protege la integridad, la dignidad, la vida, la salud de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación, en el sentido de que si ellas quedaran embarazadas, con el solo consentimiento personal y ha pedido en algún centro médico, se le debe practicar el aborto. Pero hay todavía sesgos o frenos para que esta sentencia se cumpla en gran escala.

Se lo viene practicando, pero como si fuera clandestino o prohibido, lo que no debe suceder. El aborto es posible hacerlo en Santa Cruz, y en Bolivia, pero en el marco de lo que establece la Sentencia Constitucional 206. El Papa Francisco dijo en Santa Cruz: “Dejen que los niños y niñas vivan felices su infancia”, de eso se trata, de que ellas no lleven el peso de ser madres a sus 10, 12, 13 años, sino que sean niñas plenamente.