El Pendulo

EL ABORTO, UN DERECHO…

Hernan Cabrera

Cifras vergonzosas el 2016: Más de 10.000 casos de violencia contra la mujer, 17 feminicidios,  casi 700 delitos sexuales a niñas y adolescentes. Un año difícil de digerirlo y de hacer balances, mucho más cuando estamos hablando de derechos humanos y de sistemas de protección a los derechos de las niñas, adolescentes y las mujeres.

¿Acaso en el país no hay instituciones que deben impulsar programas, actividades, planes que fortalezcan esta lucha, no hay una estructura jurídica que protege a la mujer, a las niñas, a las adolescentes, o acaso, esas estructuras institucionales y legales no están funcionando? Preguntas que seguramente se hará usted, y en su situación cómoda le echará la culpa a las instituciones, a las autoridades, a las leyes. Pues bien, es parte de las responsabilidades, porque las leyes se hacen a granel, sin tener la suficiente institucionalidad ni los recursos económicos. Pero no solo con leyes vamos a cambiar el país o pretender acabar con la violencia de género y con los delitos sexuales. Es una responsabilidad de usted, de ellos, de ellas, de nosotros, de mi, de vos.

Las cifras son calientes, no solo son datos fríos o para los informes oficiales. Sino que nos indica que algo está fallando en la sociedad cruceña, de esta sociedad en la que abundan los concursos de belleza, los festivales de bikinis, las fiestas carnavaleras, los encuentros juveniles a full trago, en esta sociedad de doble moral que disfruta que a la mujer se cosifique, se la muestre como objeto de consumo al lado de una bebida alcohólica, y que lanza un grito al cielo cuando una niña violada que quedó embarazada decide no tener ese bebé, y se rasga las vestiduras, al lado de algún sacerdote u obispo. O un evangélico.

Esos datos, esa realidad nos debe hacer saltar de nuestros cómodos asientos, nos debe provocar hasta la última célula de nuestros organismos, nos debe interpelar hasta el fondo de la conciencia nuestra y sin duda, cuestionarnos y lanzarnos a hacer parte de mecanismos y de acciones que logren contener esta espiral de violencia contra la mujer y de delitos sexuales contra niñas y adolescentes.

El Estado boliviano ha asumido una serie de compromisos nacionales e internacionales, a través de leyes, tratados de derechos humanos, recomendaciones de la ONU, que ya hace algunos años señalaron que el país debería contar con instrumentos legales de protección a la mujer, y uno de ellas es la Sentencia Constitucional 0206/2014, que establece la interrupción legal del embarazo, o en su caso el “aborto impune”, que a dos años de su vigencia, hay resistencias o falta de conocimiento de la población. Esta sentencia protege la integridad, la dignidad, la vida, la salud de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación, en el sentido de que si ellas quedaran embarazadas, con el solo consentimiento personal y ha pedido en algún centro médico, se le debe practicar el aborto. Pero hay todavía sesgos o frenos para que esta sentencia se cumpla en gran escala.

Se lo viene practicando, pero como si fuera clandestino o prohibido, lo que no debe suceder. El aborto es posible hacerlo en Santa Cruz, y en Bolivia, pero en el marco de lo que establece la Sentencia Constitucional 206. El Papa Francisco dijo en Santa Cruz: “Dejen que los niños y niñas vivan felices su infancia”, de eso se trata, de que ellas no lleven el peso de ser madres a sus 10, 12, 13 años, sino que sean niñas plenamente.

icono-noticia: 

CADENA PERPETUA VA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Hernan Cabrera

La polémica de la propuesta de la cadena perpetua va en contra ruta de los tratados internacionales de derechos humanos y de la misma Constitución Política del Estado, es más, viola los preceptos constitucionales en los que asientan los derechos humanos, que son la dignidad, la igualdad, y la no discriminación.

Otro elemento central es que con este tipo de penas no pensemos que se acabarán los delitos o las personas que cometen ciertos delitos, ya se ha demostrado por todos los medios, que la persona siempre necesita una segunda oportunidad y para eso el Estado debe generar políticas claras de rehabilitación y de recuperación. Nuestra constitución es garantista de derechos, rechaza los extremos, como la pena de muerte, la cadena perpetua, o la guerra, o la traición a la Patria.

Los sectores sociales, profesionales, universidades, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales y otros no pueden quedarse callados ya aceptar esta propuesta. De lo que se trata ahora es de mejorar y aplicar todas las disposiciones legales que tenemos en materia de seguridad ciudadana, de derechos humanos, de controles, de sanciones. Ya no necesitamos más leyes, con las que existen, que ya van más de 700 nuevas leyes desde febrero de 2009, que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia,.

Recordemos también que las cárceles no son solo recintos para depositar personas, o basureros para que se pudran allí quienes han cometido algún delito. Las cárceles deben ser centros de rehabilitación, de terapia ocupacional y de disciplina, si desde el Estado se asumiera una verdadera e integral política carcelaria, sin duda, alguna la incidencia de los delitos sería menor.

En estos tiempos, el Estado y la sociedad civil deberían asumir que mientras más se amplían más derechos, se empodera a la gente de sus derechos y se consoliden nuevos paradigmas en derechos humanos, estamos contribuyendo a construir una mejor sociedad con mejores personas.

icono-noticia: 

LOS RETOS PARA EL 2016 EN DERECHOS HUMANOS

Hernan Cabrera M.

El compromiso por los derechos humandebe ser integral y abarcar a toda la sociedad. Todos y todas somos sujetos activos de los derechos humanos, contemplados de forma amplia, clara, contundente y exigible en la Constitución Política del Estado, aprobada en Referéndum de agosto de 2009. Junto a esta Constitución vinieron una serie de leyes para seguir ampliando y consolidando esta ruta de los derechos humanos, la cual está siendo transitada por los más de 10 millones de habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.
Todos los días y a cada hora es la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos. De igual modo todos los días se producen vulneraciones y violaciones a esos derechos, que vienen desde esferas privadas, públicas, sociales, familiares, comunitarias, sindicales y otros. Así como que cada día se restituyen derechos, se avanza; así también todos los días hay una mujer agredida, un niño maltratado, una niña violada, un indígena discriminado, una vecina que no recibe respuestas, un enfermo que no es atendido, una persona con discapacidad que es rechazada, un adulto mayor que es abandonado, un niño que pide limosna, una persona con VIH que no recibe su tratamiento, una estudiante que es acosada, una trabajadora que es despedida, un joven que ingresa a las pandillas, construcciones que vulneran a la Madre Tierra, falta de acceso a los sistemas de salud, un medio de comunicación que difunde imágenes de niñas ultrajadas sexualmente, una joven desaparecida, y el rosario de atropellos a los derechos continúa.
Sin duda la pregunta obvia: ¿el 2015 se avanzó o se retrocedió en la materia de derechos humanos? Siempre hay avances importantes, en derechos humanos no se debe ni se puede retroceder. El horizonte es ir construyendo una cultura de respeto de los derechos humanos, la cual la tenemos que hacer entre todos y todas los que formamos parte de este departamento. Y no sólo se mide con cifras las vulneraciones a los derechos, aunque sí dan pautas de algunos temas que son fundamentales para tener una sensación de cómo esa sociedad y sus autoridades han asumido o no la imperiosa, obligatoria y urgente necesidad de cumplir y hacer cumplir los artículos de la Carta Magna, considerada a nivel de América Latina como la más completa en legislación sobre los derechos humanos.
Así como se avanzó en normas, leyes, en resoluciones, en directrices o recomendaciones en varias instituciones estatales que fueron impulsadas por la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo; de igual manera, hay avances en el crecimiento de una red de organizaciones de la sociedad civil aliadas con otras instancias del Estado, las cuales han ido aportando al funcionamiento de las leyes y de la institucionalidad que demandan esos instrumentos jurídicos, como el Consejo contra la Trata y tráfico de Personas, el Comité contra la Discriminación y el Racismo, y otras. De leyes o normativas no podemos quejarnos: las hay, pero el dilema es su total cumplimiento y la designación de recursos económicos para tales fines, tal como lo expresó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, hace algunas semanas.
Hay avances en la proyección de una Defensoría del Pueblo que ha cumplido con su rol al estilo de Pepe Grillo, exigiendo, denunciando, interpelando y exhortando para que las instituciones del Estado y sus autoridades cumplan con sus deberes y responsabilidades. Acompañado a ello, el liderazgo del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que de acuerdo a la agencia de Noticias ANF, “ha sido el personaje La piedra en el zapato del gobierno de Evo Morales”. Urge preservar el carácter autónomo, de independencia y de credibilidad de la Defensoría del Pueblo.
Avances en el empoderamiento de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, que han venido exigiendo con movilizaciones, con reuniones, presiones y con convicción el cumplimiento de las leyes y por ende de sus derechos, que sin duda, no son negociables ni puestas en tapete de las discusiones.
Pero la realidad cotidiana nos indica que a las poblaciones adultas mayores, con discapacidad se siguen vulnerando sus derechos cuando no se cumple la normativa de rebaja en los pasajes del transporte público, o los edificios no tienen sistemas de acceso, o se mantiene alguna mentalidad de marginamiento hacia una persona que padece alguna discapacidad.
Golpes a la sociedad cruceña en el 2015: 19 feminicidios, 11 infanticidios, 9.000 hechos de violencia contra la mujer, 420 violaciones a mujeres mayores de 18 años, 520 violaciones a niñas y adolescentes, y muchas otras cifras negras, que ya han sido difundidas, y que rebelan, y nos dan algunas señales de cómo está nuestra sociedad y nos alertan para establecer una agenda de trabajo, la cual debe contar con el compromiso de la sociedad y de sus autoridades. Porque el tema de los derechos humanos es una tarea compartida y colectiva, es una responsabilidad que nos involucra cada uno y una de los que somos parte de Santa Cruz.
Si bien, se han dado condiciones y hechos de aportar a la construcción de un pilar fuerte y amplio como soporte de la democracia y de la convivencia, que vienen a ser los derechos humanos, no cabe duda, que el camino a recorrer y los retos a asumir son muchos para el próximo año, tareas pendientes que probablemente en el año que concluye han generado incertidumbre, malestar, enojo y exigencias de grueso calibre para asumirlas como tal y se encaren decisiones, políticas, planes y acciones en el 2016.
Esos temas pendientes son indudablemente: la violencia contra la mujer, la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, cuyas estadísticas dan escalofríos al momento de la evaluación. El sistema público de salud es otro tema irresuelto, a pesar de las decisiones tomadas desde el Ministerio de Salud, como ente rector, con la obligación de coordinar entre las gobernaciones y los gobiernos municipales. Los pueblos indígenas, el derecho a la consulta y a tener una vida más digna, es otro espacio de reflexión y de poco avance. En ese marco, la situación del pueblo ayoreo es dramáticamente delicada, expuesto a ser usado para loteamientos, para avasallamientos e incluso para marchas de apoyo o contra de alguna situación, además de ello, el alto consumo de alcohol, el trabajo sexual y la droga ya forman parte de sus realidades.
La cultura de los derechos humanos la debemos construir en cada espacio, en cada rincón, en cada gesto, en cada medida, en cada decisión, en cada voluntad de todo hombre y mujer.  Porque el tema de los derechos humanos es una tarea compartida y colectiva, es una responsabilidad que nos involucra cada uno y  una de los que somos parte de Santa Cruz.

icono-noticia: 

UNA CIUDAD SIN ROSTRO HUMANO

Hernan Cabrera M.

Edgar Llanos, todos los días tiene que trasladarse del Plan 3.000 hasta el primer y segundo anillo a buscarse el pan de cada día. El se traslada en su silla de ruedas, que es prestada o alquilada. Es una persona con discapacidad, sus piernas ya no le responden, pero tiene que sobrevivir en esta ciudad del desorden, de la intolerancia, del caos, del cemento. No es el único caso, hay muchos de ellos y ellas que sufren lo que los planificadores y las autoridades no lo pensaron: idear y construir una ciudad con igualdad de derechos. Pensaron solo en los que tienen autos, motos, cuadratacks o camiones. Ni siquiera el peatón ha sido considerado, y eso se lo puede ver con claridad en el sistema del transporte, el mismo que ya está caduco, obsoleto y con muchos riesgos para la integridad y la vida de las personas.

Precisamente el tema es de importancia para la gente, y es tan sensible que en mi muro personal, coloqué un par de fotos de Edgar trasladándose por plena avenida La Barranca, exponiendo su vida y su integridad, y las reacciones no se hicieron esperar. Màs de 150 personas compartieron la publicación, y si ponemos un promedio de amistades de los que compartieron, de 3.000 amigos, sin duda, fácilmente más de 400.000 personas han podido leer u observar esta realidad, y que seguramente ellos y ellas quieren un cambio en el desarrollo de Santa Cruz de la Sierra, un desarrollo con rostro humano.

Pero fíjense ustedes la magnitud del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, para el 2016 manejarà esta fabulosa cantidad de dinero: Bs 3.064.861.426. Seràn los expertos que deben desmenuzar el destino de esos recursos económicos, y qué prioridades se les está asignando. En el marco de los derechos humanos le haremos recuerdo a este rico y poderoso Gobierno Municipal de la realidad cotidiana de las poblaciones en situación de vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes; mujeres; personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Sin duda, hay avances importantes, que se desprenden de la obligación que tienen los municipios de asumir acciones en pro de la niñez y adolescencia, como el desayuno escolar, las Defensorías de la Niñez, los SLIM, el seguro de salud contemplado en la Ley 475, el programa abuelito sano, y muchos otros. Pero esos avances se quedan cortos ante una serie de incumplimientos de las leyes y de negligencia de las autoridades municipales. Por ejemplo: la no reglamentación y el no cumplimiento de las rebajas en el sistema de transporte público para los ancianitos y para las personas con discapacidad, que además en muchas de las líneas de micros, trufis y colectivos hay una actitud discriminatoria porque no se les quiere levantar para llevarlos a su destino. No obstante que existe una ley municipal que establece la rebaja del 20%, los transportistas se resisten a cumplir y el Municipio poco o nada hace para ese cumplimiento.

Luego la otra realidad lacerante, que te golpea hasta el alma: la violencia sexual a niñas y adolescentes cuyas estadísticas oficiales se constituyen ya en una pandemia que nos debe provocar màs acciones y màs compromisos: cada día se cometen entre 4 a 6 hechos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y de la casi totalidad de estos  hechos, es el entorno familiar el responsable. Agregando a ello, la violencia contra la mujer. Cada año en Santa Cruz y sus provincias los hechos de violencia contra la mujer sobrepasan los 10.000 casos registrados en la FELCV y en las Defensorías de la Niñez, pero hay miles de otros casos que no se registran o no se denuncian. Estos dos temas son centrales para la ciudad del futuro o para los próximos años, porque una sociedad que es violenta, que transpira violencia no es sostenible.

Edgar es una de las víctimas de este Municipio que el 2016 tiene como presupuesto total màs de $us 437 millones al año, pero que el mismo es incapaz de construir aceras especiales para las personas con discapacidad, semáforos para los ciegos o adecuar sus edificios con ramplas o sistemas de acceso, tal como se pueden observar en edificios como en la Casa de la Cultura, en el la Secretaria de Planificación y Desarrollo, en el edificio central de la alcaldìa. En Santa Cruz de la Sierra el desarrollo no tiene rostro humano, no tiene rostro de las personas con discapacidad, no tiene rostro de niños, niñas, adolescentes violadas, ultrajadas, de mujeres violadas, de adultos mayores discriminados.

Y nos despedimos con algunas interrogantes: ¿Por qué es tan difícil priorizar el desarrollo humano de esta ciudad? ¿Qué otros intereses priman frente a la persona y sus problemas? ¿Cuánto de recursos económicos se destinarán para programas de prevención contra los delitos y prevención contra la violencia? ¿Qué prioridad tendrán los niños, niñas y adolescentes en el Municipio cruceño? ¿Tendrán voz, voto, presencia? ¿Qué cantidad de planes y medidas tienen pensado las autoridades municipales para combatir la violencia sexual, comercial, la trata y tráfico de personas? ¿Hay voluntad política y honesta de las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos?

¿Qué porcentaje de esa fabulosa cantidad del POA Municipal se destinarán para darle un rostro humano al desarrollo cruceño? ¿Es posible que con esos $us 437 millones se pueda construir y fortalecer una cultura de respeto de los derechos humanos en el cielo màs puro de Amèrica?

icono-noticia: 

EMBANDEREMOS SANTA CRUZ CON NUESTROS DERECHOS

Hernán Cabrera M.

En el mes de agosto de 2015 en Santa Cruz se han producido más de 25 hechos de violencia sexual, en los que las víctimas han sido niñas y adolescentes, y los agresores han sido los padres, padrastros o algún conocido. Es preocupante el incremento de los delitos sexuales que se están dando en Santa Cruz. Agosto ha registrado el mayor índice en lo que va del año. Ante ello, la sociedad cruceña ya no puede seguir mirando de palco o de forma pasiva el desarrollo de los acontecimientos.

En tal sentido, en el mes de Santa Cruz tenemos que recordarles a las autoridades municipales y departamentales esta realidad dramática: Santa Cruz la primera ciudad más violenta del país, donde se están cometiendo los mayores y más graves delitos contra la niñez, adolescencia y contra las mujeres. En Santa Cruz se cometen entre 4 a 5 hechos de violencia sexual cada día. En Santa Cruz cada día entre 25 a 30 mujeres sufren algún tipo de agresión. Cada día entre 8 a 10 adolescentes embarazadas llegan a la Maternidad con algún problema. La mayoría de los hechos de violaciones los agresores son los padres o padrastros. Cada día se cometen entre 20 a 25 hechos delictivos de robos, asaltos, asesinatos, peleas. En el mes de agosto se cometieron 25 violaciones, y cuatro niñas y adolescentes fueron embarazadas por sus progenitores, y otras dos tuvieron sus hijos…

Ante esta realidad la Defensoría del Pueblo una vez más se dirige a la sociedad y sus autoridades para que nos movilicemos y generemos un acuerdo departamental, porque estos temas son fundamentales para tener una sociedad democrática, sin violencia. En ese marco, lanzamos la campaña: Embanderemos Santa Cruz con nuestros derechos, la misma que la llevarán adelante niños, niñas y adolescentes interpelando a la sociedad y a sus autoridades para asumir las acciones correspondientes.

“Así como las autoridades ordenarán embanderar las casas, los edificios públicos y privados, nosotros con estos niños les estamos pidiendo a cada habitante de Santa Cruz que embanderen sus corazones, sus acciones con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que toda Santa Cruz se cubra de las banderas de los derechos humanos y luchemos todos juntos contra la violencia sexual, maltrato infantil, los abusos sexuales, los infanticidios, los feminicidios”, sostuvo Hernán Cabrera, representante departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz.

Entre las acciones que se plantearán estarán la exigencia de la elaboración del Plan departamental de los derechos de la Niñez y adolescencia; la conformación de los comités municipales y departamentales; que existan más recursos económicos para prevención y educación; trabajar de cerca con las juntas vecinales y sean conscientes de su participación en estos temas delicados. De igual modo, ya se sostuvo contacto con la Asociación Boliviana de Radios que está dispuesta a colaborar con emisión de mensajes en derechos humanos, en cumplimiento de las leyes. Entre las acciones està el repartir banderas de Santa Cruz con el lema NO A LA VIOLENCIA, que se hará con los voluntarios y niños y niñas en los mercados, plazas, en zonas populosas como Plan 3.000, Los Lotes, y otros.

icono-noticia: 

ACERCA LA NIÑEZ EN PALMASOLA

Hernán Cabrera M.

El 17 de julio se cumple un año de la aprobación de la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), norma que prohíbe la permanencia de niñas, niños y adolescentes en establecimiento penitenciario para hombres. Sólo se permite, en forma excepcional, “que la niña o niño que no alcanzó 6 años de edad” permanezca con su madre privada de libertad (Art.106, inc.c). Empero, aún viven niños y niñas en el recinto de varones (PC-4) del penal de Palmasola y en la sección mujeres (PC-2) se conoce que también habrían niñas, niños y adolescentes mayores de 6 años.

Recordemos las varias oportunidades en las que las autoridades, hicieron conocer del éxito del cumplimento de la norma, del funcionamiento de una escuela de padres, convenios con los internos e internas, y otras novedades. “Debemos ser conscientes y responsables que los niños y niñas no pueden ni deben estar viviendo en el pabellón de hombres, la ley lo prohíbe, pero ante todo, su integridad, sus vidas, su alegría, porque siempre correrán riesgos. Es hora de que todos apostemos a ello y que los niños y niñas solo vayan de visita y se refuercen los controles”, dijo  Hernán Cabrera, representante defensorial.

Sin embargo la realidad es otra. Con un montón de artimañas y complicidades se vienen ingresando a niños y niñas al penal, a vista y paciencia de los guardias y administradores, esto demuestra lo deficiente labor de control por parte de la Policía, puesto que debemos observar que los niños y niñas no entran ocultos en los bolsillos de nadie.

Simplemente es el mismo sistema que hace las normas; el que, a través del mal trabajo de sus operadores, las transgrede; y solamente cuando hay un hecho trágico o escandaloso hace mea culpa.

Este tema también debe llamar la atención y ser motivo de reflexión de los padres y madres privados de libertad, de las autoridades y de toda la sociedad, por los riesgos que se asumen cuando se permite que niños y niñas estén en el centro penitenciario. Puesto que los números de casos que ocurren en torno a la violencia sexual tienen un gran porcentaje entre los delitos de quienes son ingresados en la cárcel. Tenemos por ejemplo que, en el mes de mayo a Palmasola del 100% de personas que ha  ingresado, aproximadamente un 30% de los mismos corresponden a procesos por delitos relacionados con la violencia sexual.

Las sentencias en este tipo de casos, tardan más si comparamos con otros en los que es más fácil comprobar el hecho; ya que en este tipo de delitos desde la recolección de pruebas hasta el último eslabón del proceso se hace rudimentariamente y casi sin recursos necesarios.

El hecho al que nos referimos, sin duda una vez más, nos llama a la reflexión y a buscar soluciones, no parches, ni simples documentos de cómo debería ser; sino de reales compromisos.

Las cárceles en el departamento son una bomba de tiempo que exige políticas y recursos; lastimosamente sólo cuando esta bomba detona con alerta de violaciones, con motines por identidad, con masacres, con reclamos; la sociedad le hace caso y  sus autoridades salen apresuradamente a dar explicaciones.

Ante esto la Representación Departamental está convocando para este miércoles, a una reunión a las autoridades pertinentes para nuevamente impulsar un real trabajo en esta área, para empezar a cumplir  compromisos anteriores, entre las instituciones que son parte de esta red son Dirección de Régimen Penitenciario, SEDEPOS de la Gobernación, Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal, Juezas del Menor, centros de acogida, Ministerio Público, Policía, además se invitará a los regentes de mujeres y de hombres del centro penitenciario de Palmasola.

DATOS

  • Poblacion penitenciaria en Palmasola
  • Pabellón Mujeres:  339 internas.
  • Existen 50 niños y niñas, mejores de 6 años en el pabellón de mujeres
  • Pabellón Varones : Régimen abierto – 3.808
  • Chonchocorito 625
  • Existen 127 niños y niñas, menores de 6 años
  • En total todavía viven en Palmasola  con sus padres y  madres, 127 niños y niñas menores de seis años.
  • Palmasola tiene una guardería para capacidad de 100 niños y niñas; pero sólo alberga a 50.
  • Centros de acogida para niños de privados de libertad: 7
  • Niños y niñas  (hijos/as de privados de libertad) en centros de acogida: 73
icono-noticia: 

UNA SENTENCIA CONSTITUCIONAL QUE CAUSÓ REMEZÓN

Hernán Cabrera M.

La legislación boliviana en derechos humanos es bastante sólida, amplia, inclusiva y que se constituye en un pilar fundamental en la construcción democrática del Estado plurinacional. Desde la Constitución Política del Estado que tiene más de cien artículos de derechos humanos hasta la aprobación de una serie de leyes, códigos, ordenanzas municipales, leyes departamentales, resoluciones ministeriales configuran el andamiaje jurídico y político para fortalecer el sistema de protección, exigibilidad de los derechos humanos de cada uno y una de las personas que somos parte de este Estado. Además de ello, los convenios y los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los cuales Bolivia se adhirió en su totalidad.

Pues bien, en ese marco del mandato constitucional y de las leyes, se dan algunas debilidades en el camino, como ser la falta de aplicabilidad total de los instrumentos legales, como la Ley contra la violencia hacia la Mujer, Contra la Trata y Tráfico de Personas, contra la Discriminación, el Código d Niño, Niña y Adolescente, la ley de control de bebidas alcohólicas, la Ley de Seguridad Ciudadana y muchos otros, que adolecen de ese detalle fundamental: su aplicación, la falta de recursos económicos, la falta de conocimiento y socialización, y la institucionalidad que establecen esos mecanismos legales. Por ejemplo, la mayoría de esas leyes señalan la puesta en funcionamiento de consejos o comités, pero los cuales no se han conformado. Solo una muestra: la ley 045 aprobada en el 2010, indica que se deben contar con Comité contra la Discriminación y contra el Racismo, además que la Gobernación debe tener una Unidad o Dirección contra la Discriminación. Ambos requisitos no se han cumplido todavía en Santa Cruz.

El otro grave problema es la poca socialización o difusión del conjunto de las leyes que se vienen aprobando. Salen leyes, pero la ciudadanía como tal no las conoce, ni tampoco las instancias competentes. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni los ministerios, ni los gobiernos municipales, ni las gobernaciones,  ni los organismos de justicia cuentan con estrategias o recursos económicos para que la gente conozca de qué se tratan estas leyes. Recuerde que derecho humano o ley que no se conozca, hay más posibilidades de vulneraciones o atropellos.

Precisamente hemos asistido a un escenario de esta naturaleza: el poco conocimiento o ignorancia de la Sentencia Constitucional 0206/2014 que elimina el permiso judicial para que las mujeres que son víctimas de violación y quedan embarazadas a consecuencia de ello, puedan acceder a un aborto con sólo denunciar el hecho, lo que evita el prolongado tiempo que se tomaban los jueces para otorgar la autorización judicial. Esto hace que las víctimas pueden ejercer su derecho de forma más fácil, aunque todavía deben enfrentarse a la objeción de conciencia del personal médico. Esta Sentencia además de ser desconocida es mal interpretada por los administradores de justicia, servidores de la Defensoría de la Niñez, centros médicos, que se resisten a su cumplimiento, hecho que comprobamos luego que los familiares de una niña pidieran el aborto de la misma que fue víctima de violación.

Hay que recordar que Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más violenta del país. Por día se dan entre dos a cuatro hechos de violación, de los cuales las víctimas son niñas y adolescentes, siendo la mayoría que quedan embarazadas, por lo que la Sentencia Constitucional pretende leer la realidad con lo que establecen las leyes, de ahí que se instituye el aborto impune para casos de violación, estupro y cuando corre riesgo la vida de la madre. Esto ha provocado un remezón en la sociedad cruceña, y se alzaron voces contrarias a la interrupción legal del embarazo, bajo el argumento que la vida es un regalo de Dios y que hay que protegerla, y que el aborto es un crimen. Pero desde la parte médica se señaló que una adolescente no está preparada para tener un hijo en sus entrañas, y que por tanto corren riesgo la madre y el feto. La vida de ellos también en peligro.

Este caso que se lo conoce oficialmente y por los medios de comunicación es uno de muchos otros que se dan en la realidad. La Sentencia Constitucional 0206 ya se ha aplicado en varios otros en Santa Cruz de la Sierra, pero se lo hizo de forma silenciosa y discreta para evitar la estigmatización de las víctimas y la mediatización, lo que afecta a la integridad y dignidad de las familias de la víctima.

No se trata de practicar el aborto, o de atentar contra la vida de quien está por nacer. Se trata de proteger a las niñas y adolescentes, que vienen siendo objeto de una fuerte violencia sexual, lo que interrumpe su normal desarrollo de tener una mejor vida y futuro. Y esto debemos entenderlo en su real dimensión desde la sociedad y el Estado, que se ha encargado de entregarnos leyes bastante protectivas en materia de derechos humanos, pero que ahora se trata de cumplir, hacerlas cumplir y exigir su plena vigencia.

icono-noticia: 

AUTONOMÍAS Y DERECHOS HUMANOS PARA TRANSVERSALIZAR EL ESTADO PLURINACIONAL

Hernán Cabrera M.

A seis años de vigencia de la Constitución Política, aprobada en referéndum nacional, los paradigmas del desarrollo social y humano, como son las autonomías y los derechos humanos, toman fuerza y exigen a los niveles de gobierno y a la sociedad, impulsarlos, debatirlos, concretarlos y cumplirlos. Ambos son los pilares democráticos en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Constitución Política manda al país tener cuatro niveles de autonomías: departamental, municipal, regional e indígena originaria campesina. El texto constitucional es uno de los más completos en derechos humanos en relación a las constituciones de Latinoamérica: más de 100 artículos que son mandatos claros para el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos. Ambos paradigmas se enfrentan ahora a un reto mayor de ir consolidándose, y generando resultados de su concreción en la realidad.

En materia de derechos humanos, desde el Estado se han encarado varias acciones, como ser la aprobación de alrededor de 60 leyes: contra la violencia hacia la mujer, contra la discriminación, contra la trata y tráfico de personas, de seguridad ciudadana, códigos de familias, código de niñez y adolescencia, control de bebidas alcohólicas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, la renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, y muchas otras que tienen que ver directamente con el respeto y la exigibilidad de los derechos humanos. Además el país es parte o firmó una serie de tratados e instrumentos internacionales. Todo ello, enmarcado en la institucionalidad que le da vigor, presencia, y fortaleza al Estado plurinacional, como ser el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, institución que es muy joven, con 15 años de vida, de historia y de esfuerzos, pero que ya transitó bastante trecho y que es hoy referencia imprescindible de esta cruzada por los derechos humanos, que no solo es responsabilidad del Estado su protección, cumplimiento, promoción, sino también de la sociedad en su conjunto, que abarca el ámbito privado, de los medios de comunicación, porque éstos se han constituido últimamente en el puente de la denuncia de las vulneración de los derechos humanos, y en el alerta para las instituciones competentes. “En estos cinco años en que he desempeñado mi responsabilidad de Defensor del Pueblo, he llegado a la conclusión que en las actuales circunstancias en que vive el país, la defensa, la promoción  y el cumplimiento de los derechos humanos, pasa por una relación dinámica, constante y efectiva entre el periodismo y las instituciones de derechos humanos”, señala el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

¿Se avanzó en autonomías en Santa Cruz? Dos datos relevantes de esta paralización del proceso autonómico en Santa Cruz: el 4 de mayo pasò desapercibido, casi nadie se quiso acordar de esa fecha, que hace poco era recordada con bombos y platillos. Esa fecha el 2008 se convocó a un Referéndum por la aprobación del Estatuto Autonómico Departamental, el mismo que fue un instrumento político para proteger ciertos intereses y cierta visión de país que se quería imponer. Precisamente por eso, hoy ni los círculos cívicos, ni políticos, empresariales, ni los medios de comunicación quisieron decir palabra alguna. El otro dato, es el Estatuto Autonómico, el mismo que durante estos cuatro años pasados durmió en  los archivos, sin que la Asamblea Legislativa Departamental, dominada por VERDES pudiera encarar el proceso de compatibilización con la Constitución Política del Estado. A escasos días de culminar el mandato constitucional de este periodo, recién se acuerdan los asambleístas de la oposición y del oficialismo, la importancia de contar con este instrumento autonómico. Esta asamblea se aplazó, y sin duda, debe ser una de las prioridades de los próximos legisladores. Quizás la primera agenda que deben consensuar.

Frente a estos hechos, los guaraníes han avanzando, con muchos obstáculos en este proceso de la autodeterminación de los pueblos indígenas. El 12 de julio el municipio de Charagua irá a referéndum por el Estatuto de la Autonomía Guaranì Charagua Iyambae, concebido desde las entrañas mismas de la nación guaraní, el mismo que fue construido desde abajo hacia arriba y con la participación de todos los sectores sociales del municipio más grande –en extensión geográfica- que tiene el país: “En homenaje a la lucha del pueblo y la memoria de los ancestros y líderes que la forjaron, para ofrecer a nuestras hijas e hijos, los caminos que nos llevan hacia el IVI MARAEI (Tierra sin mal) para el YAIKO KAVI PAVE (para vivir bien). Hacia una autonomía inclusiva, participativa y liberadora de todas y todos”, señala el texto de presentación de esta carta fundamental del pueblo guaraní.

Pues bien, esto es un avance importante, y será una muestra de que ambos procesos y paradigmas del desarrollo nacional, como son las autonomías y los derechos humanos, van indisolublemente ligados y se complementan. Ambos, tienen que fortalecer y ampliar los horizontes del Estado Plurinacional que está en constante construcción y renovación. “Vivimos un tiempo de profundas transformaciones, que nos han desafiado a replantear nuestro destino como sociedades y como individuos.  Cambios que nos señalan otros caminos por transitar, caminos donde se reconoce el valor de la diversidad y la integración y donde el respeto por nuestros derechos, solo alcanza sentido en el respeto y la defensa de los derechos de los demás”, reflexiona el Defensor del Pueblo, sintetizando así que estos procesos hay que profundizarlo.

icono-noticia: 

VOCALES, ENTRE MANOSEOS Y CÁLCULOS

Hernán Cabrera

Estaban convocados a ser los hombres y mujeres que pasaran a la historia como los asambleístas que respondieran a los grandes desafíos que demandaba la agenda política del departamento de Santa Cruz. Eran y son los 28 primeros asambleístas departamentales, elegidos por el voto popular y por usos y costumbres de los cinco pueblos indígenas.

Esos retos que sólo necesitaban del sentido común y de la responsabilidad están enmarcados en construir una Asamblea Legislativa Departamental como el primer poder político de Santa Cruz, el ente que fiscalice, regule, legisle y tenga la capacidad de generar todos los espacios del debate político donde se formulen y se concreten las grandes decisiones regionales. En ese contexto, el camino estaba tendido, y que tenían en el Estatuto Autonómico Departamental y en la elección de los vocales para el Tribunal Electoral Departamental, dos expresiones fundamentales para poner a prueba a estos 28 asambleístas de Verdes, del MAS, del MNR, del Frente Amplio y de los pueblos indígenas.

¿Acaso no constituye un fracaso o la falta de capacidad política no haber consensuado un pacto o acuerdo para construir un Estatuto Autonómico Departamental en el marco de la voluntad popular del mandato del pueblo cruceño y de la Constitución Política del Estado? ¿Qué otra cosa significa que durante cuatro años se dedicaron a generar espacios de pugnas, de peleas y de juicios y de cálculos por afianzar una hegemonía, olvidándose de los procesos más importantes y estructurales que se tienen que llevar adelante? ¿No constituye acaso un rotundo fracaso legislativo y de gestión política la mínima capacidad de consenso para fortalecer una institución fundamental de toda democracia, como ser los tribunales o cortes electorales? ¿No les remueve la conciencia cuando se constata que el departamento de Santa Cruz es el único en el país que no ha elegido a sus vocales electorales? ¿Por qué durante estos cuatro años y un poquito más no existe una sola ley departamental que haya marcado la pauta en las políticas públicas y favorezca a las poblaciones? ¿Por qué han fracasado todas las convocatorias para la elección de los vocales electorales? ¿O acaso están haciendo cálculos para que quienes sean elegidos como vocales electorales obedezcan mandatos políticos?

Lo que los 28 asambleístas vienen haciendo es manosear nombres y dignidades de quienes se presentan, a raíz de una convocatoria pública para ocupar cargos importantes en esta institución electoral, que demanda de quienes sean sus integrantes vocación de servicio, compromiso social, honestidad, capacidad e integridad para no ser marionetas ni títeres de quienes después se crean con derecho a exigir devolución de favores.

En el 2010, la primera convocatoria fuimos objeto de este vil manoseo, junto a otras personas, figura que se repitió en los otros tres intentos por definir esta situación. Hoy estos 28 asambleístas tienen la obligación moral e histórica de no seguir manoseando ni manipulando estos procesos, y si de verdad tienen vocación democrática, así como se los escucha en la televisión, lo mínimo que deben hacer es sentarse a dialogar, debatir, consensuar y dar otras señales.

icono-noticia: 

LA LEY DE IMPRENTA

Hernán Cabrera M.

La Ley de Imprenta es quizás la única ley en el país vigente desde 1925, es decir hace 88 años, instrumento que ha orientado y ha servido de soporte y de protección al periodismo boliviano. Su vigencia se debe a tres principios fundamentales que hacen y son la esencia y motor del oficio periodístico y aportan a consolidar a todo  sistema democrático:

a) Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho que tienen los periodistas para informar y ser los vehículos de la información y de ese otro derecho que tiene cualquier otro ciudadano, como la libertad de expresión.

b) Se instituye el secreto profesional, que de acuerdo a la Ley de Imprenta en su artículo 8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país.

c) Se crean los tribunales de imprenta, para el procesamiento de los periodistas. Porque el periodista cuando hace su trabajo se puede equivocar, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de la personas, y para ello se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos judiciales por la justicia ordinaria a directores de medios de comunicación.

Sin duda, el debate debe abrirse y encarar un nuevo instrumento legal sobre la comunicación y la información, pero  bajo el paraguas de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y del espíritu de la Ley de Imprenta. En mi paso por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz intentamos generar los espacios del debate democrático para que los periodistas hayan sido protagonistas de los cambios en una nueva legislación de la prensa, pero ciertos grupos radicales representados en algunos comentaristas de radio y de televisión, nos tildaban de enemigo de la prensa, de estar al servicio del gobierno de turno y de atentar contra el periodismo boliviano. Pues bien, hoy el tiempo nos dio la razón, porque los cambios son impostergables y una nueva ley sobre el trabajo de los medios de comunicación es más imperiosa y necesaria, no solo por los errores que cometen a diario los periodistas, sino porque en este nuevo Estado plurinacional, que ya lleva más de 250 nuevas leyes, se impone nuevas miradas, nuevas visiones, nuevos paradigmas y sin duda el rol de la prensa es fundamental, porque más que nunca se necesita de una mejor información, de más calidad en la información, de fiscalización al poder,

 

Con todo y con las críticas que surgen cada vez hay un nuevo gobierno, urge plantearse un debate abierto, sincero y responsable sobre este instrumento jurídico de enorme importancia para la sociedad en su conjunto. Hay que actualizar la Ley de Imprenta bajo esos principios que regulan y norman al periodismo boliviano. Pero hacerlo con los directos protagonistas, y no entre cuatro paredes y que sólo sea potestad de los políticos de turno, que siempre buscarán acallar a la prensa o pretender tener cierto control. Los organismos de la prensa deben proponer y participar de todos los espacios que se deben, y no actuar como el avestruz.

En la mayoría de los gobiernos, en dictadura y en democracia, siempre se pretendió atentar contra el secreto en materia de imprenta, porque esto inquieta, molesta y no deja dormir tranquilos a los gobernantes. Definitivamente levantar el secreto en materia de imprenta afectará en gran medida al periodismo boliviano, y lo hará en diferentes niveles: no se podrá investigar o denunciar los actos de corrupción y a los corruptos, ya que casi siempre estos hechos, tienen como hilo conductor algunos datos proporcionados por una fuente anónima, que es alguien cercano o enemigo del denunciado. El poder político saldrá el más beneficiado de esta figura, como también los otros espacios de poder: justicia, militares, policías.  Que los periodistas tendrán que vivir o trabajar con miedo, ya que podrían ser objetos de juicio, seguimiento, encarcelamientos o asesinados. Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.

Los medios nos interpelan, pero también nos incomunican. Qué paradoja, porque son medios de comunicación, y paradoja también nos hacen sentirnos presentes en este mundo, pisando tierra, comiendo polvo, desgraciándonos la vida todos los días, exigiéndonos que tu no eres una isla, no vives solito en Santa Cruz, en Cochabamba o en cualquier otra provincia o ciudad. No eres un yo o un superyó, que puedes prescindir del otro, del otro yo, tienes un mandato y una sentencia: vivir en comunidad, en sociedad, en común unión, no en contra ruta, ni aislado ni renegando de tu propio entorno, que son tus familiares, tus amistades, tus colegas de trabajo, de fiesta, de comparsa, o el ciudadano que se cruza en la calle contigo. Hoy más que nunca el accionar de los medios de comunicación se encuentra en el centro de la tormenta y las voces críticas frente al periodismo se hacen escuchar con más fuerza. Es que la prensa es ahora parte indisoluble de toda sociedad, de toda comunidad y de todo país, se ha institucionalizado en las estructuras administrativas y las decisiones que se toman, necesariamente pasan por los medios de comunicación. A lo largo de la historia moderna, la prensa y el periodismo ha adquirido una forma estable, una estructura y un conjunto de funciones y expectativas públicas relacionadas entre si.

En esta democracia nuestra de cada día no podemos prescindir de la acción de los medios de comunicación. Ciudadanía, información, poder, conflictos, sueños están íntimamente relacionados y se necesitan y complementan de forma permanente y continua. Al parecer es como una enfermedad del ciudadano, que el día que no se informa se siente perdido, confuso y “burro”. A la vez esto se convierte en un síntoma negativo para la tranquilidad de ese ciudadano, en una ansiedad que repercutirá en su salud. En su espíritu, en las ganas, en sus decisiones, en sus sueños.

Por todo ello, debe empezar el debate de que el Estado Plurinacional debe contar con una ley integral de medios de comunicación, pero sin atentar los derechos humanos de la libertad de expresión, de opinión, del derecho a la información, a la comunicación, basados en la ética, siempre en la ética y en la dignidad.

icono-noticia: 

Páginas