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Bolivia y Chile han suscrito y han asumido varios tratados internacionales de derechos humanos, y están conminados y obligados a cumplirlos y crear las condiciones para el ejercicio del conjunto de los derechos humanos. No hay pretexto alguno. Entre esos derechos, están el ejercicio de la libertad de expresión, libertad de prensa, claramente definidos y contemplados en cuatro instrumentos internacionales: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Estos acuerdos son productos de la democracia y de los consensos de los estados del mundo, no son imposiciones ni caprichos de ninguna potencia, peor aún discursos o meros documentos que se encuentran archivos en las gacetas o en las bibliotecas. Son mandatos claros, contundentes y obligados que todo Estado debe cumplir, garantizar su cumplimiento y propiciar su socialización. Pero en la realidad se dan otros hechos contrarios a esos preceptos internacionales y que además cada país lo ha acatado en sus respectivas constituciones, como es el caso de Bolivia, que en los artículos 106 y107 garantiza los derechos a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa.
En Chile recientemente un caso que tensionó aun mas las relaciones bilaterales. Se prohibió el ejercicio del derecho de periodistas de Canal 7 a informar un hecho que atinge a Bolivia. El artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señala que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Leáse bien “sin fronteras”, y es ahí que los gobiernos están convocados a permitir el desarrollo de la actividad periodística. El gobierno chileno incumplió este Pacto Internacional.
Este suceso sin duda nos genera profundas reflexiones sobre el ejercicio periodístico y todos los riesgos que conlleva, y esos riesgos lo afrontan los periodistas, no máquinas ni robots, sino hombres y mujeres que aman, se apasionan con su profesión, que se basa en la búsqueda permanente de la verdad, teniendo como armas vitales la ética, la objetividad, el compromiso y la responsabilidad de hacer bien el trabajo de informar a la ciudadanía. En nuestros países latinoamericanos el periodismo ha sido una piedra bien grande y molestoso en la piedra de los zapatos de los gobernantes de turno, quienes se encargaron de señalar como sus enemigos a los medios de prensa: leyes mordazas, presiones para despedir periodistas, cierres de medios de comunicación, chantajes vía publicidad, agresiones físicas y verbales, e incluso asesinatos y desapariciones como viene ocurriendo en México, país que en el último año más de 100 periodistas han sido asesinados por las mafias y los carteles.
Pero ahora estamos concentrándonos en un hecho y en dos países. Chile violó los tratados internacionales de derechos humanos referidos a la libertad de expresión y el derecho a la información. Actitud cobarde que socaba los cimientos de todo sistema democrático y del sistema internacional de los derechos humanos. Los organismos de prensa de Bolivia se han pronunciado, pero no así ciertas instancias internacionales del periodismo, como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Latinoamericana de Prensa, y otros. Al fin y al cabo, ese hecho puede ocurrir con periodistas de otros países.
Pero el otro dato, o como dirían por ahí el daño colateral, puede concentrarse en el periodismo de ambos países, ya que esta disputa bilateral podría tener en los periodistas el centro de la discordia y generar las enemistades del gremio periodístico, y mucho más aún, la víctima de la controversia podría ser la verdad, y esa búsqueda de la verdad la hacen los periodistas, y estos periodistas en casos extremos viendo siendo asesinados, desaparecidos o silenciados. Claro que entre Bolivia y Chile no ocurre este extremo, pero este impasse es un botón de que la situación podría empeorarse si es que hoy las cancillerías de ambos países no bajan el tenor de las declaraciones y las relaciones vuelvan al cauce de la diplomacia y del respeto, más allá que sigue su curso la disputa del mar, como una demanda justa de Bolivia.
También la ONU y la OEA a través de sus instancias pertinentes, deben convertirse en vigilantes de sus propios instrumentos y exigir su cumplimiento en sus países miembros, e incluso sancionar al gobierno que incumpla o vulnere los preceptos fundamentales y pilares del periodismo, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, y la información para el pueblo.
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