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En la gestión del Defensor del Pueblo, Rolando Villena (2010-2016) y en la Representación de Santa Cruz la problemática carcelaria fue una prioridad, bajo el argumento que en las cárceles es donde más se violan los derechos humanos, debido precisamente a la desatención de los gobiernos y al sentimiento ciudadano, de que en las cárceles están lo peor y la basura humana, y que deben pagar sus delitos.
Tanto a nivel nacional como en Santa Cruz se realizaron sendos informes sobre la situación de la población carcelaria y el estado de los recintos penitenciarios. En la Representación defensorial de Santa Cruz, se hizo un recorrido por 32 cárceles o carceletas, llegando a constatar los mismos males y tremendas situaciones vulneradoras de derechos humanos en su conjunto: Pésima infraestructura carcelaria, falta de servicios de salud, hacinamiento, retardación de justicia, inseguridad para la población, una mezcla de delitos en un mismo pabellón, falta de programas de rehabilitación y de terapia ocupacional, corrupción, complicidad, policías insuficientes para controlar, y muchas otras falencias. En los 32 centros penitenciarios la población carcelaria era superior a la capacidad de la infraestructura.
De igual modo, sucede con el Centro de Rehabilitación Santa Cruz o Palmasola, que luego de la masacre de los 36 internos hace cuatro años, se hizo un informe pormenorizado de las dramáticas situaciones que perduran en la cárcel más poblada del país.
Pero estos informes no solo quedaron en el archivo, sino que se remitieron con todos los detalles, fotografías, testimonios, diagnóstico y las propuestas de solución al Ministerio de Gobierno, de Justicia, a Régimen Penitenciario, Policía, Fiscalía, Tribunal de Justicia, Gobernación, Municipios.
De ahí que estos actores hayan archivado estos informes es otra cosa, pero la Defensoría del Pueblo cumplió con su labor constitucional. Incluso se alertó que Palmasola y las demás cárceles eran una bomba de tiempo, que podría estallar en cualquier momento y la bombita estalló con el motín y los datos dolorosos de la masacre por el enfrentamiento entre los grupos que controlan los pabellones del centro de Palmasola.
Hace cuatro años se informó al Estado de la grave situación de las cárceles y de cómo vivían los internos. Poco se hizo en estos años: El prediario se incrementó para que los privados de libertad puedan aumentar las raciones de comida. Se ejecutaron los indultos, pero que en muchos casos los jueces fallaron, porque trabajaron a presiones y se liberó a muchos que no merecían ese beneficio. La justicia aumentó las audiencias en Palmasola; pero que tampoco respondieron a la enorme carga procesal que arrastran desde hace muchos años. Hay esfuerzos privados como de universidades y de iglesias evangélica y la Católica, para desarrollar planes de inserción social y terapia ocupacional.
Acaba de presentar un nuevo informe la actual gestión de la Defensoría del Pueblo sobre las cárceles en el país, llegando a las mismas conclusiones ya respaldadas y anunciadas hace cuatro años. Importante y necesario este informe para seguir recordando al Estado en todos sus niveles de gobierno que la problemática carcelaria no admite más demoras ni demagogias en la solución.
Ahora se trata que el Gobierno, gobernaciones, municipios, Policía, operadores de justicia no dejen pasar más tiempo y se concreten en acciones las propuestas y conclusiones sugeridas en los informes defensoriales, de lo contrario, el problema carcelario se agudizará y se convertirá en una bola inmensa que será incontrolable. Es precisamente ahí el valor institucional de la Defensoría del Pueblo, que alerta situaciones conflictivas, como este caso; comunica e informa a las instancias competentes, y exige el cumplimiento de los derechos humanos y la concreción de un plan integral para el sistema carcelario.
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