Cóncavo y convexo

“Alcalde anuncia que dejará su cargo en agosto, pero se dice víctima de linchamiento. Lo acusan de de tocamientos, besos a la fuerza y comentarios lujuriosos”. No se alegre, no se trata de PercyFernandez, sino de Bob Filner, alcalde de San Diego en California, Estados Unidos. Filner de 70 años, fue acusado de acoso sexual por casi una veintena de mujeres, incluida una bisabuela.

A diferencia del alcalde cruceño, Bob Filner, que duró en su cargo apenas 8 meses, reconoció que su comportamiento no era bueno y pidió disculpas a las mujeres que había ofendido, esto, a tiempo de comunicar que se sometería a terapia conductual intensiva. Sin embargo, el aumento de denuncias en su contra hizo que se inicie una intensa campaña a favor de un referéndum revocatorio. Ante la presión social y política, Filner no tuvo más opción que renunciar. Cuatro meses después, en diciembre de 2013, fue sentenciado a tres meses de arresto domiciliario y a tres años de libertad condicional.

Pero ese no es el único caso en el que una autoridad es destituida por similar comportamiento. El año 2007, el fiscal colombiano Luis Carlos Alfonso García, fue suspendido temporalmente por el Consejo Superior de la Judicatura, por tocarle los glúteos a una colega de trabajo. Similar motivo hizo que Miguel Moreno, designado Subsecretario de Bienes del gobierno de Michelle Bachelet, se vea obligado a renunciar a solo un mes de su nombramiento. Resulta que en 2011, Moreno se atrevió a tocar las nalgas de una mujer al salir del metro, creyendo seguramente, que su actitud pasaría desapercibida en medio de las multitudes. Pues no fue así, fue detenido por “ofensas al pudor”, falta prevista en el Código Penal chileno. Se declaró culpable y pago una multa. Nunca imaginó que tres años después, esto le costaría el cargo.

Ahora bien, volviendo la mirada a nuestro país. No es la primera vez que las manos del cinco veces alcalde electo, Percy Fernández, llegan hasta donde a él le da la gana, todo en complicidad y risas de quienes lo acompañan. Pareciera que la indignación de las ofendidas y la de uno que otro ciudadano que mira las imágenes con rostro despavorido, no son suficientes para ponerle un alto al acosador edil. ¿Por qué? ¿Será que nuestra legislación realmente permite sancionar este tipo de actos? Veamos.

Empecemos por encontrar el tipo penal apropiado. Hay quienes consideran que gracias a la ley 348, aquella aprobada para garantizar a las mujeres “una vida libre de violencia”, el acoso se considera un delito contra la libertad sexual y cuya sanción puede llegar hasta ocho de cárcel, con la agravante de la destitución del cargo para quienes ocupen una función pública. Sin embargo, esta figura no aplica al alcalde Fernández. La citada ley establece que, para que exista acoso sexual debe existir hostigamiento, persecución o amenaza que condicione u obligue a otra persona a mantener una relación o realizar actos sexuales, que de otra forma no serían consentidos. Es decir, debe existir una acción insistente y de chantaje sobre la víctima. En el último caso, el de la agarrada de pierna, no existe, legalmente hablando, ninguno de esos dos elementos.

Descartado el acoso, solamente quedarían, a mi juicio, dos delitos por los cuales Percy podría ser juzgado: actos obscenos o injuria. En el primer caso, el Código Penal establece que quien realice actos obscenos, merece hasta dos años de prisión. Acá, habrá que ver si la justicia (tan cuestionada) considera como tales los actos del alcalde. En el segundo caso, la sanción procede cuando por cualquier medio o forma se ofende a otra persona en su dignidad. En este caso, no existe reclusión y la pena se purga con prestación de trabajo y multa.

Es cierto que la Ley 348, ha tenido un alto impacto, pero, por lo expuesto, parece ser que aún requiere precisiones respecto de lo que se entiendepor acoso. Por ejemplo en México, el acoso sexual no requiere de la existencia de una relación de subordinación. Es suficiente con se ponga a la víctima en estado de indefensión, independientemente de que ello suceda una o reiteradas veces.

Otro elemento que debe considerarse, es que una persona puede sentirse hostigada por las palabras o gestos de ilustres desconocidos que se atraviesan en su camino. Algunas legislaciones, como la española y la peruana, consideran al acoso callejero como un delito. Así, los “piropeadores” empedernidos y malintencionados pueden ir incluso a la cárcel.

Ahora bien, es cierto que hasta que estas cuestiones entren en análisis y se promueva alguna reforma legal, el alcalde manos largas continuará haciendo de las suyas. Mi optimismo por las sanciones legales es notoriamente bajo, tanto como pensar que el repudio social lo cuestione y creer que políticamente pueda ser presionado para que renuncie. Esperar todo ello me resulta hasta ingenuo. Ojalá que la siguiente víctima tenga la valentía suficiente de darle públicamente “pa’sumanazo” y le demuestre así, que las mujeres tenemos el derecho a trabajar, caminar y vivir sin que nos jodan.   

¿Alguna vez pensó usted que las declaraciones de un canciller noruego y de un presidente francés podían ser favorables a la demanda marítima boliviana? Pues parece que sí. Le cuento.

En el año 1931, el gobierno noruego hacía pública su intención de ocupar la parte oriental de Groenlandia, motivando a que Dinamarca presente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que pedía que se declare ilegal e inválida cualquier intención de afectar su ejercicio soberano y pacífico sobre ese territorio.

La Corte decidió fallar en favor del gobierno danés y Noruega tuvo que renunciar a su propósito. El argumento jurídico esencial para esta decisión se remonta al 22 de julio de 1919, cuando Nils Claus Ihlen, Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega afirmó, en conversación con un ministro danés, que “los planes del Gobierno Real (de Dinamarca) respecto de la soberanía danesa sobre Groenlandia (…) No encontrarían dificultades de parte de Noruega”. El ministro murió seis años más tarde sin saber que sus palabras, conocidas como la “Declaración Ihlen”, llevarían el reconocimiento de la soberanía de Dinamarca sobre la totalidad de Groenlandía y la renuncia de Noruega a disputar ese territorio.

Los ensayos nucleares realizados por Francia en el atolón de Mururoa, fueron la causa para queen 1973, Australia y Nueva Zelanda denuncien la presencia de sustancias radioactivas en sus territorios producto de las pruebas atmosféricas y lleven el caso ante la Corte, para que se pronuncie y ordene al gobierno francés, el cese de los ensayos nucleares. Si bien en esta cuestión, la Corte determinó que no existía objeto de controversia, el argumento que sustenta el fallo es de nuestra incumbencia.

La decisión de la Corte se basó en diferentes declaraciones realizadas por  autoridades del gobierno francés. La más importante, la del 25 de julio de 1974. “En esta cuestión de los ensayos nucleares (…) Yo mismo he precisado que esta serie de pruebas atmosféricas serán las últimas” afirmaba el presidente de Francia en una conferencia de prensa. Para la Corte, estas palabras se constituían en una promesa pública dirigida no solamente a los países afectados, sino a toda la comunidad internacional. Es decir, un compromiso unilateral por el cual el gobierno francés se obligaba al cese de los ensayos nucleares, cumpliendo así con el pedido de Australia y Nueva Zelanda, sin necesidad de intervención de la Corte.

Estos dos ejemplos son importantes referentes de la valor que tienen las declaraciones que hacen autoridades gubernamentales a nombre de sus países, en la medida en que pueden constituirse en actos unilaterales capaces de generar obligaciones jurídicas (o crear derechos expectaticios a los bolivianos). Los menciono, porque si bien el fallo de la Corte sobre la disputa marítima entre Perú y Chile nos atinge, más atención (creo) debiéramos darle al análisis de los antecedentes que pueden llevar a que la Corte dictamine a nuestro favor. Veamos por qué.

En 1950, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile comunicaba, por escrito, al embajador boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, lo siguiente: “(…) Mi gobierno (…) dentro de un espíritu de amistad fraterna hacia Bolivia, está dispuesto a ingresar formalmente en una negociación directa con el objetivo de hacer posible la fórmula que permita otorgar a Bolivia un acceso propio y soberano al océano Pacífico y para Chile obtener compensaciones que no son de carácter territorial y que toman efectivamente en cuenta sus intereses”. Si aplicamos los criterios de interpretación utilizados en los casos de Groenlandia y de las pruebas nucleares, no hay cómo perderse. Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar. La particularidad del caso radica en la pretensión chilena: obtener compensaciones. Así, en plural. Con estos apuntes me imagino una sentencia “salomónica”: Chile, negocie. Bolivia, compense”.  

Faltan unos cuantos años para conocer si Chile pasa a la lista de estados farsantes. De momento, una cosa queda clara: en derecho internacional, no solo lo pactado, sino también lo hablado, obliga. 

1957 fue declarado “Año Geofísico Internacional”. Uno de sus principales logros fue el inicio de la era satelital. La Casa Blanca había iniciado el proyecto Vanguard, anunciando que serían los primeros en poner un satélite artificial en órbita. Esa fue razón suficiente para que los soviéticos aceleren el lanzamiento del “Camarada viajero” (Sputnik), dejando así el segundo lugar para los Estados Unidos.

Si en los cincuentas, la situación política marcada por la guerra fría fue el incentivo principal para la incursión en el espacio, para Latinoamérica, el futbol fue la inspiración. Como la televisión brasilera no logró conseguir un espacio de transmisión satelital, los brasileños tuvieron que conformarse con solo escuchar el relato de la clasificación de su selección al mundial España 82. Entonces Brasil decide que era tiempo de contar con un satélite: el “Brasilsat A1”, lanzado en febrero de 1985.

Poco después, en el mismo año, el “Morelos I” y el “Morelos II” son puestos en órbita por los mexicanos con el propósito de mejorar su sistema de comunicaciones. Con el mismo interés, en 1990, radioaficionados argentinos impulsan el lanzamiento al espacio del “Lusat 1”. El cuarto país de la región en contar con un satélite propio es Chile. A pesar de un intento fallido, logra lanzar con éxito el “FASat-Bravo” en el año 1998. Ya en el siglo XXI, Colombia crea y logra enviar exitosamente el “Libertad 1” al espacio y Venezuela pone en órbita el “Simón Bolívar”. Este año, fue el turno de Ecuador y Bolivia. Lamentablemente el “Pegaso”ecuatoriano dejó de enviar señales en mayo, un mes después de su lanzamiento. Y, desde el 20 de diciembre pasado, el satélite boliviano Túpac Katari se encuentra ya en el espacio.

Hasta ahora un total de 73 satélites latinoamericanos orbitan el espacio. Los servicios que principalmente ofrecen están relacionados con las comunicaciones. Se estima que, solo en la región, durante los siguientes cinco años, 25 nuevos artefactos serán lanzados. Sin embargo, ¿es el espacio tan infinito?  Existen en órbita cerca de 13 mil satélites, de los cuales solo 3.500 están operativos ¿Qué pasa con el resto? Son basura espacial. Los satélites, una vez que cumplen su misión o su tiempo de vida quedan orbitando como deshecho, compartiendo espacio con los artefactos que se encuentran aún en operación y con los nuevos lanzamientos. Quien no conoce mucho del tema, como yo, podría pensar que en el ilimitado cosmos lo que sirve y lo que no, tiene amplia cabida. Pues no. Resulta que la mayoría de los satélites son colocados en la denominada “órbita terrestre baja”, a 2 mil kilómetros de altura. Es en esta franja, en la que el aumento de residuos se constituye en una peligrosa amenaza.

Se advierte que en los próximos 200 años puede producirse una avalancha de colisiones poniendo en riesgo la operación de los satélites existentes o el lanzamiento de otros nuevos, generando graves costos. De hecho, el Pegaso de Ecuador dejó de transmitir luego de colisionar con los residuos de un cohete soviético enviado en 1967. El inicio de un proceso de limpieza espacial y de responsabilidad en la construcción y lanzamiento de satélites, se hace necesario.

Expertos reunidos en la 6ª conferencia europea sobre basura espacial realizada en abril de este año, manifestaron que: “el grado de conocimiento que tenemos ahora sobre el problema de la basura espacial es equiparable al que teníamos hace veinte años sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático”. Siguiendo la analogía, me pregunto: ¿Será que de aquí a veinte años estaremos exigiendo que se respeten los derechos del Padre Cosmos?

La erradicación de la hoja de coca en Bolivia tuvo como resultado, además de la reducción de cultivos excedentarios, 33 muertes y 500 heridos. Incluidos están en estas cifras, aquellos producto del enfrentamiento ocurrido el pasado octubre, en Apolo.

Evo Morales Ayma, máximo dirigente cocalero, liderizó en los noventa la resistencia del sector a las estrategias gubernamentales de erradicación forzosa y a la militarización de la lucha contra las drogas. Electo presidente el 2006, resultaba lógico que una de las primeras medidas de su gobierno fuese la modificación de la Ley 1008. Pero no. Se nacionalizaron una veintena de empresas, se cambiaron las denominadas leyes neoliberales (pensiones y educación, por ejemplo), se derogó el Decreto Supremo 21060 y hasta se aprobó una nueva constitución política. La ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en cambio, sigue vigente.

Promulgada hace 25 años, en 1988, por Víctor Paz Estenssoro, 51 de sus 149 artículos, fueron eliminados como mera consecuencia de las reformas a la legislación penal implementadas a fines de los noventa. Los restantes dos tercios continúan intactos. Calificada, en su momento, como leonina, impuesta (y redactada) por el gobierno de los Estados Unidos, violadora de derechos humanos y transgresora de la constitución política, la “1008” continúa siendo la base legal de las políticas antidrogas implementadas en el país por los diferentes gobiernos, incluido el actual.

El proceso de aprobación de esta norma estuvo marcado por diferentes protestas y movilizaciones de los productores de coca. Tres acuerdos fueron suscritos antes de su promulgación. El primero, en junio de 1987, establecía la sustitución voluntaria y compensada económicamente de los cultivos de hoja de coca así como el no uso de agentes químicos, y el compromiso de eliminar la hoja de coca como estupefaciente del proyecto de Ley de Sustancias Controladas. Luego, en febrero de 1988, se acordó la constitución de una comisión tripartita conjunta entre miembros del poder ejecutivo, legislativo y productores de coca para el estudio de la Ley de Sustancias Controladas y del Régimen General de Coca. Finalmente, en mayo del mismo año, la comisión tripartita logró un tercer acuerdo conviniendo que el régimen legal de la coca debía tener un tratamiento diferente al de sustancias controladas y que no se ingresaría a la fase final del tratamiento legislativo de la Ley hasta no llegar a una propuesta consensuada. La ley, sin embargo, fue aprobada por el congreso.

La legalidad de la 1008 no es discutible. En todo este tiempo no se ha presentado un sólo recurso de inconstitucionalidad contra ninguno de sus artículos. Entonces ¿Puede decirse que carece de legitimidad? Pues no. Los distintos acuerdos entre el gobierno y los productores de coca fueron incorporados en el texto final de la ley. A inicios de este año leí que sus días estaban contados. El tratamiento de la nueva normativa depende de los resultados del Estudio Integral de la Hoja de Coca. El estudio no tiene fecha definida de entrega. Ergo, parece que vamos rumbo a las “bodas de rosas” de la 1008.