LEY 1008

La erradicación de la hoja de coca en Bolivia tuvo como resultado, además de la reducción de cultivos excedentarios, 33 muertes y 500 heridos. Incluidos están en estas cifras, aquellos producto del enfrentamiento ocurrido el pasado octubre, en Apolo.

Evo Morales Ayma, máximo dirigente cocalero, liderizó en los noventa la resistencia del sector a las estrategias gubernamentales de erradicación forzosa y a la militarización de la lucha contra las drogas. Electo presidente el 2006, resultaba lógico que una de las primeras medidas de su gobierno fuese la modificación de la Ley 1008. Pero no. Se nacionalizaron una veintena de empresas, se cambiaron las denominadas leyes neoliberales (pensiones y educación, por ejemplo), se derogó el Decreto Supremo 21060 y hasta se aprobó una nueva constitución política. La ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en cambio, sigue vigente.

Promulgada hace 25 años, en 1988, por Víctor Paz Estenssoro, 51 de sus 149 artículos, fueron eliminados como mera consecuencia de las reformas a la legislación penal implementadas a fines de los noventa. Los restantes dos tercios continúan intactos. Calificada, en su momento, como leonina, impuesta (y redactada) por el gobierno de los Estados Unidos, violadora de derechos humanos y transgresora de la constitución política, la “1008” continúa siendo la base legal de las políticas antidrogas implementadas en el país por los diferentes gobiernos, incluido el actual.

El proceso de aprobación de esta norma estuvo marcado por diferentes protestas y movilizaciones de los productores de coca. Tres acuerdos fueron suscritos antes de su promulgación. El primero, en junio de 1987, establecía la sustitución voluntaria y compensada económicamente de los cultivos de hoja de coca así como el no uso de agentes químicos, y el compromiso de eliminar la hoja de coca como estupefaciente del proyecto de Ley de Sustancias Controladas. Luego, en febrero de 1988, se acordó la constitución de una comisión tripartita conjunta entre miembros del poder ejecutivo, legislativo y productores de coca para el estudio de la Ley de Sustancias Controladas y del Régimen General de Coca. Finalmente, en mayo del mismo año, la comisión tripartita logró un tercer acuerdo conviniendo que el régimen legal de la coca debía tener un tratamiento diferente al de sustancias controladas y que no se ingresaría a la fase final del tratamiento legislativo de la Ley hasta no llegar a una propuesta consensuada. La ley, sin embargo, fue aprobada por el congreso.

La legalidad de la 1008 no es discutible. En todo este tiempo no se ha presentado un sólo recurso de inconstitucionalidad contra ninguno de sus artículos. Entonces ¿Puede decirse que carece de legitimidad? Pues no. Los distintos acuerdos entre el gobierno y los productores de coca fueron incorporados en el texto final de la ley. A inicios de este año leí que sus días estaban contados. El tratamiento de la nueva normativa depende de los resultados del Estudio Integral de la Hoja de Coca. El estudio no tiene fecha definida de entrega. Ergo, parece que vamos rumbo a las “bodas de rosas” de la 1008.