Ser Crítico

¿Qué hubiese pasado si Eva Quino, la niña de 12 años que murió de hambre a mediados de marzo en la ciudad de El Alto, no hubiese nacido? Lourdes, su madre, hubiese tenido una boca menos que “alimentar”, un hijo menos de quién preocuparse. Sin embargo, ¿un niño menos en la vida de Lourdes hubiese mejorado sus condiciones de vida?

Según el artículo 157 del proyecto de ley del Código Penal, que despenaliza el aborto en situaciones de pobreza extrema, entre otras causas, Lourdes Quino, por su condición de clase, es la candidata “perfecta” para acceder a una interrupción voluntaria amparada por el Estado, ya que cumple con todos los parámetros requeridos.

Es decir, Lourdes y su familia viven en pobreza extrema que es el estado más grave de pobreza, ya que no pueden satisfacer su necesidades básicas para vivir como: disponibilidad de alimentos necesarios para nutrirse, una vivienda digna o acceso a los servicios de salud.

Es inquilina, al mes debía pagar 200 bolivianos por un habitación 4x4 en el que caben dos camas y algunas otras pertenencias, y tiene bastantes hijos, cinco –sin contar a Eva.

De despenalizarse el aborto bajo el argumento de pobreza extrema, Lourdes Quino, si así lo hubiese deseado, hubiera acudido a un centro médico autorizado para interrumpir su embarazo en condiciones seguras, claro, y no formaría parte de las 480 mujeres que anualmente mueren en Bolivia a consecuencia de abortos mal practicados, ni sería parte de las 115 mujeres que diariamente acuden a hospitales del país por complicaciones relacionadas con abortos clandestinos, cifra que convierte a Bolivia en uno de los países con la más alta tasa de aborto del continente después de Haití: entre 40.000 y 60.000 por año, en su gran mayoría, mujeres pobres.

De haberse practicado un aborto, su hija Eva, que además sufría de epilepsia, no hubiese vivido en las condiciones inhumanas en las que vivió, ni habría padecido de desnutrición crónica por falta de alimentos que finalmente acabó con su vida.

¿Y qué de sus cinco hermanos? Alan, el mayor de 19 años, Antonio de 13, Serafina de 7, Andrés de 8 y Paola de 3 años, o los miles de niñas y niños que a diario como Eva no tienen qué comer.

Lamentablemente, el caso de Eva no es excepcional. De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 17% de la población en Bolivia vive bajo condiciones de pobreza extrema. Un millón 700 mil habitantes pasan hambre todos los días, es decir, 33 de cada 100 bolivianos viven en las mismas condiciones que Eva Quino y su familia.

La situación es peor en el área rural donde, según la CEPAL, el 54%, es decir, 54 de cada 100 habitantes son pobres y los que viven en pobreza extrema llegan al 36%, lo que equivale a una tercera parte de la población.

De autorizarse el aborto por razones de pobreza extrema establecida en el nuevo Código Penal, esos niños y niñas no vendrían a este mundo. Se reducirían seguramente las cifras espeluznantes de muertes maternas por complicaciones del aborto, pero, ¿es ésa la solución a la problemática estructural del país que es la pobreza ligada estrechamente al aborto?

Lourdes Quino habría tenido una hija menos. En teoría, de acuerdo a la propuesta del gobierno, se habría sometido por única vez a una interrupción voluntaria de su embarazo por medios cualificados, en condiciones sanitarias idóneas y siempre en centros de salud autorizados o públicos. ¿Cambiaría eso su crítica situación de vida como la de su familia?

¿Qué hay detrás de la política de aborto del gobierno de Evo Morales dirigida a mujeres en condiciones de precariedad y pobreza?

Eliminar la pobreza eliminando a los pobres

Se trata de una filosofía que no es nueva en el mundo, pero, a diferencia de este gobierno que se dice de izquierda, fue practicada por gobiernos de derecha, por neoliberales. Por un sistema de capitalismo salvaje que ve en la eliminación de los pobres la solución a los problemas sociales y económicos del mundo.

Basta recordar las palabras del ex presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1968 cuando afirmó que cinco dólares por cada pobre en anticonceptivos representaban 100 dólares por cada pobre en proyectos de desarrollo.

O los casos de esterilización forzosa a las que fueron sometidas cientos de mujeres campesinas en Bolivia y Perú, por mencionar algunos países, en las décadas de 1960 y 1990.

Crear mejores condiciones médicas para el aborto es una solución parcial al problema. El Estado está obligado principalmente a crear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con educación, información, acceso gratuito a la salud, con mejores empleos que, efectivamente, saquen de la pobreza y pobreza extrema a familias como la de Lourdes Quino que tiraron por la borda los datos manejados por el gobierno en sentido de que entre el 2006 y el 2015 más de 2 millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema.    

Se trata de procesos de desarrollo social y económico que vayan a la par de políticas públicas de educación e información integral dirigida a hombres y mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, acceso gratuito a servicios de salud reproductiva, métodos anticonceptivos, atención posaborto y apoyo psicológico.

Sólo así las mujeres podrán ser dueñas y soberanas de sus cuerpos, cuando hayan tomado conciencia de sus derechos y obligaciones que las llevarán a tomar decisiones autónomas sin que importen las críticas patriarcales y moralistas.

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470

Tratar de culpar al otro resulta fácil. Tan solo se descarga cualquier responsabilidad sobre los demás, se lava las manos y sigue por la vida sin aceptar los errores. Y es que echar la culpa es el camino más fácil, tanto que para muchos se ha convertido en un mal hábito sin meditar por un momento ¿en qué parte de la historia tuvieron la culpa?

Es un defecto que se hace bastante común en el gobierno cuando de conflictos sociales o políticos se trata. Recurrir a la retórica para acusar y fustigar sin pruebas al “enemigo exterior”, que siempre es la derecha, la oposición y/o el imperialismo como una táctica para desviar la atención interna de sus propios fracasos o errores de gestión.

Uno de estos últimos casos tiene que ver con los hechos de violencia generados a mediados de febrero entre pobladores y comunarios del municipio de Achacachi a raíz de la negativa del alcalde Edgar Ramos, que responde al oficialismo, de brindar informes sobre su gestión. Luego de los hechos, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, acusó a la oposición de activar una vieja lucha clasista existente entre vecinos y los Ponchos Rojos para generar violencia y desestabilizar al alcalde.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su parte, acusó a al partido Soberanía y Libertad (SOL.bo) de estar involucrado puesto que el presidente de la Fejuve, Esnor Condori, “tiene un hermano trabajando en la gobernación que dirige dicho partido político”. Más tarde, enfatizó que los hechos tuvieron una connotación golpista para derrocar al burgomaestre.

Más allá de que el gobierno observe de que un dirigente tenga parientes trabajando para un partido opositor, como si se tratase de un delito; cabe preguntarse por qué las autoridades gubernamentales no cuestionaron en ningún momento el origen del conflicto, es decir, el hecho de que Ramos se haya rehusado consecutivamente a rendir cuentas ante el pueblo de sus actos como alcalde y el manejo de más de 47.723 millones de bolivianos en la gestión 2016. 

Según la Fejuve, Achacachi carece de obras y era la segunda vez que Ramos había rehuido su responsabilidad por lo que los vecinos en represalia asumieron medidas extremas contra los bienes del alcalde quemando y destrozando su vivienda y vehículo. No se trata de justificar ningún acto de violencia que es condenable desde cualquier punto de vista, pero es necesario interrogarse ¿por qué Ramos no se presentó ante un ampliado convocado por los vecinos a brindar explicaciones sobre el POA y el manejo de los recursos económicos que, además, es su obligación como autoridad pública? ¿acaso oculta algo? 

Aunque, luego de los incidentes, el burgomaestre aseguró ante los periodistas en la ciudad de La Paz que sí lo hizo y que los disturbios en esa población buscaban acabar con su vida. Un argumento cuestionable como lo es el del intento de derrocar a dicha autoridad como aseguró el ministro Romero. ¿No será acaso que la población al no estar satisfecha con la explicación de Ramos, lo convocara nuevamente para que absuelva las dudas legítimas sobre su gestión?

Y es que existe susceptibilidad de los vecinos de Achacachi por posibles malos manejos de los recursos públicos. Una apreciación que no está alejada de la realidad ya que, según una encuesta hecha por Página Siete en septiembre pasado, el 44% de la población boliviana considera a la corrupción y al tráfico de influencias como los mayores problemas que enfrenta el gobierno.

Pero volviendo al tema del presente análisis, ¿cómo es posible que luego de que el Ministerio de Gobierno envió 200 efectivos policiales para que restablezcan la calma en el pueblo, al día siguiente los Ponchos Rojos, en respaldo de Ramos, hayan tomado venganza ocasionando terror en la población con hechos vandálicos? ¿por qué el gobierno no insta a Ramos a que dé la cara y explique sus actos como alcalde y se salga de dudas respecto a los malos manejos económicos? 

¿Por qué el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción cuyo objetivo es investigar y perseguir a los malos funcionarios que quieren beneficiarse a partir de los cargos públicos no tomó cartas en el asunto?

Y es que acusar a la oposición, a la derecha de todos los conflictos es más fácil porque así se distrae la atención del público de los verdaderos problemas del país: la corrupción, la ineficiencia, incompetencia, negligencia, la falta de institucionalidad, entre otros. 

Sucedió con la crisis del agua cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a cargo de la ex ministra Alexandra Moreira, no asumió su responsabilidad como cabeza del sector acusando a funcionarios subalternos de la escasez y el racionamiento y que prefirió renunciar horas antes de ser interpelada por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Sucedió con la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional del 2016 y que machaconamente insisten en que fue por culpa de la derecha y la “mentira en torno al caso Zapata”. Sin hacer una autocrítica de que el resultado de la votación se debió a varias razones como la corrupción, la decadencia del gobierno, la molestia de la población frente a la arbitrariedad de abrir la Constitución con fines políticos, el autoritarismo, el abuso de poder y la soberbia. 

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470

El 14 de diciembre el gobierno estrenó en varios cines y auditorios del país su anunciado documental “El Cártel de la Mentira” con el que supuestamente busca “proteger” al ciudadano de la manipulación mediática contra el gobierno del presidente Evo Morales, de acuerdo a lo expresado por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Resulta paradójico que quienes intentaron ocultar la verdad sobre el caso Zapata se esfuercen por tratar de convencer al público del peligro que constituyen tanto para el proceso de cambio como para la democracia un grupo de periodistas y medios de comunicación a quienes con insistencia califican del “Cártel de la Mentira” y propalan un audiovisual en el que se los desprestigia mientras se reflejan así mismos como víctimas de un “golpe mediático opositor”.

En el video se evalúa el trabajo realizado por Página Siete, Agencia de Noticias Fides, Erbol, el Deber, Los Tiempos, entre otros medios, sobre el caso de Gabriela Zapata, la ex pareja del presidente Evo Morales, y el hijo sobre el que en principio reconocieron su existencia, para luego señalar que había muerto y, finalmente, asegurar que no existió.

Con su peculiar característica vertical y autoritaria, el ministro Juan Ramón Quintana, que es quien dirige la información y propaganda gubernamentales como parte indispensable del control y mantenimiento del poder político, anunció que se elaborarán más documentales de similares características. “Así como se han quejado por el documental del Cártel de la Mentira, les vamos a seguir dedicando otros para que el pueblo boliviano los vaya conociendo”, declaró.

Y es que el documental en cuestión no es más que propaganda tendiente a crear un pensamiento único, convirtiendo la individualidad de las personas en una masa maleable que acepta de forma acrítica el modo de pensar y de actuar de quienes son los encargados de su elaboración.

Para el ministro Quintana la propaganda se ha convertido en un arma indispensable de dominio de las masas y contra-información que viene desarrollando para beneficio propio y del gobierno del MAS.

Es así que este ex militar recurrió a diferentes técnicas y principios para la producción deliberada de mensajes propagandísticos empezando por la simplificación del enemigo único, es decir, reunir diversos adversarios o enemigos en una sola categoría usando calificativos para herir su reputación. En este caso agrupando a periodistas y medios de comunicación a quienes considera hostiles al gobierno en el “Cártel de la Mentira”.

Otro principio al que recurre la propaganda gubernamental es el de la orquestación, es decir, que ésta se limita a un número pequeño de ideas las que son incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. “Sin fisuras ni dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

“El documental del Cártel de la Mentira se basa en el hecho de que algunos medios de comunicación, entre febrero y mayo de este año (2016), se articularon con partidos políticos de la oposición en torno a la mentira con el objetivo de generar un golpe mediático opositor contra el gobierno del presidente Evo Morales”.

Este concepto viene siendo repetido sistemáticamente por el ministro Quintana desde que fue interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional a mediados de mayo del pasado año por un presunto tráfico de influencias que habría beneficiado a la empresa china CAMC con millonarios contratos estatales, empresa de la cual Gabriela Zapata, ex novia del presidente Morales, era Gerente Comercial.

Desde entonces, la autoridad no ha cesado de repetir y atacar al “Cártel de la Mentira” como lo ha denominado por ser el autor de la derrota del oficialismo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que ganó el No a la re postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Pero estas técnicas propagandísticas utilizadas por Quintana no son para nada desconocidas. Se trata de once principios elaborados por el padre de la propaganda nazi Joseph Goebbels, responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda creado por Adolf Hitler a su llegada al poder en 1933.

Goebbels fue el gran arquitecto del ascenso al poder de Hitler. Una vez en el gobierno y con las manos libres para monopolizar el aparato mediático estatal, prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno.

Otra de las estrategias utilizadas por la maquinaria propagandística de Quintana en el mencionado documental es el uso del aspecto emocional al hacer ver al presidente Evo Morales como una víctima del “interés político de un grupo de medios de comunicación y algunos periodistas mentirosos”, técnica mediante la cual se intenta ingresar al inconsciente del público para implantar idea de que el MAS perdió el referéndum por culpa del “Cártel de la Mentira” y no racionalice en el hecho de que su derrota se debe a la decadencia y corrupción gubernamentales.

La finalidad de este análisis es preventiva para que usted como lector o lectora observe con su propio criterio los mensajes que recibe, que distinga la realidad de la propaganda y sus mecanismos de influencia para evitar estar a merced de la manipulación y la desinformación y no asuma como propios los criterios expuestos por el documental “Cártel de la Mentira” o por cualquier medio de comunicación que habitúa a consumir o leer.   

La autora es periodista y politóloga

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"El abogado León se está jugando la vida en este proceso y me temo que termine como una ovejita”, advirtió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a Eduardo León, ex defensor de Gabriela Zapata.

Y es que a partir de la amenaza lanzada por uno de los hombres más poderosos del gobierno, la situación del jurista fue tornándose en una pesadilla.

Desde hace seis meses, León permanece detenido en el penal de San Pedro acusado de una retahíla de delitos entre los que se encuentran la trata de personas por la suplantación del presunto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, ex ejecutiva de la empresa china CAMC.

Este caso quizá evidencie una de las persecuciones políticas más flagrantes del gobierno contra un profesional del derecho, que anteriormente había atendido asuntos polémicos como el de Hanaly Huaycho y Fondioc, considerado el caso de corrupción más grande y millonario en el que se vieron involucradas altas esferas políticas y sociales del actual gobierno.

Desde entonces, León había denunciado ante los medios de comunicación que era objeto persecusión y amedrentamiento por parte de agentes de inteligencia. Pero no fue hasta que asumió la defensa de Zapata que el jurista se vio en medio de un proceso judicial escandaloso por el supuesto tráfico de influencias a favor de Zapata, ex novia y madre de un hijo del presidente que, luego se supo, nunca existió.

Y es que a causa de este proceso, al que calificó como su peor error por haber confiado en su ex defendida, León mostró públicamente el 29 de marzo una carta y mensajes de whatsapp intercambiados supuestamente entre el ministro Quintana y su ex clienta que revelaban una relación íntima, hecho que provocó la furia de la autoridad que negó cualquier vínculo con Zapata, quien, posteriormente, ante el Ministerio Público, también negó conocerlo.

Pero la suerte de León ya estaba hechada. Luego de la advertencia que le hiciera Quintana el 2 de abril, más de un mes después, el 17 de mayo, por orden de la comisión de fiscales que investiga el caso Zapata, agentes de la policía lo aprehendieron acusado de ocho presuntos delitos: alteración y sustitución de estado civil, trata y tráfico de personas, sustracción de menor, falsedad material y falsedad ideológica, además de uso de instrumento falsificado, denuncias que fueron hechas por el abogado del presidente Morales, Gastón Velásquez.

Suponiendo el argumento de la Fiscalía de que León ayudó a exhibir un niño que no era hijo de Morales, ¿no era lógico que primero sea acusado en lugar de ser detenido para que pueda asumir su defensa en libertad y no al revés? Pero los argumentos que esgrimió el Ministerio Público fueron que existían riesgos procesales de fuga y obstaculización, no obstante de haber  presentado un documento notariado que certificaba su estabilidad laboral.

Sin embargo, la pesadilla de León recién empezaba. A pesar de que la normativa establece un plazo máximo de veinticuatro horas para que un juez resuelva la situación de un aprehendido, durante más de dos semanas, estuvo arrestado en celdas judiciales, porque varios magistrados se excusaron de atender su caso y una comisión de fiscales corrigió en reiteradas ocasiones la imputación que pesa en su contra.

Luego, a pesar de que una juez dispuso su detención domiciliaria y la familia del afectado pagó una fianza de Bs. 80.000, cumpliendo, además, con el trámite de arraigo, éste no pudo salir porque la Dirección de Régimen Penitenciario no agilizó la asignación de un custodio policial.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia expresó su preocupación por cómo se desarrolló el caso. Calificando de “excesivo” y “arbitrario” el tiempo que estuvo detenido y observó varias situaciones que vulneraron su derecho al debido proceso. Recordó a los órganos encargados “cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia de poderes”.

Entretanto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz solicitó para León medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Defensor del Pueblo, por su parte, cuestionó la actitud de los magistrados que suspendieron en reiteradas oportunidades las audiencias de medidas cautelares y de Acción de Libertad del abogado, además de la falta de pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales sobre la ilegalidad o no de la aprehensión.

Pero, aunque parezca increíble, la situación de León empeoró aún más cuando dos semanas después de su detención, el 31 de mayo y sin que exista un proceso ni sentencia penal previa, los ministerios de Educación y Justicia le anularon su título en provisión nacional y la matrícula del Registro Público de Abogacía (RPA).

Además, casi de manera paralela el Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Esta nueva querella fue presentada por el Ministerio de Transparencia a denuncia del Ministerio de Defensa porque supuestamente la libreta de servicio militar que usaba el abogado era falsa.

"Solo pido al pueblo boliviano que vea que no existe la democracia, que estamos en un Estado totalitario y que realmente estamos sumidos en un estado de vergüenza", se lamentó León.

Ante la ola de indignación que generó este caso, los internautas se movilizaron en las redes sociales con el hashtag #EstamosEmputados para convocar a una vigilia "por la violación de los derechos fundamentales y humanos de los bolivianos por parte del gobierno de Evo Morales".

Por otra parte, cientos de juristas de La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro salieron a las calles en apoyo a su colega rechazando su detención que transgrede la Ley de la Abogacía.

"¡Los abogados somos libres. Independencia judicial. Tiranía sí, dictadura no!" "¡No a la violación del artículo 23 de la CPE! ¡Respeto!”, “Contra el abuso y atropello” y  “Por el derecho a la legítima defensa”, fueron algunos de los estribillos que corearon los juristas.

El Colegio de Abogados de La Paz presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Washington en el que denunció que las autoridades de Bolivia no respetaron el debido proceso al anular el título profesional de Eduardo León.

En una de sus últimas intervenciones ante los medios de comunicación, León, quien se encuentra en la sección La Posta del penal de San Pedro, denunció que existe la intención de usar chicanas legales para mantenerlo tras las rejas y acallarlo para siempre.

Toda esta relación de hechos nos pone de manifiesto que en nuestro país existe una arbitrariedad del poder que afecta indudablemente la democracia. La situación de León nos muestra hasta qué punto están deterioradas las garantías constitucionales con una justicia sometida al poder Ejecutivo.

La acumulación del poder le han permitido al gobierno intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores.

Si un Estado no protege los derechos humanos básicos de las personas, entonces, no puede llamarse democrático.

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470