LA CULPA ES DEL OTRO

Tratar de culpar al otro resulta fácil. Tan solo se descarga cualquier responsabilidad sobre los demás, se lava las manos y sigue por la vida sin aceptar los errores. Y es que echar la culpa es el camino más fácil, tanto que para muchos se ha convertido en un mal hábito sin meditar por un momento ¿en qué parte de la historia tuvieron la culpa?

Es un defecto que se hace bastante común en el gobierno cuando de conflictos sociales o políticos se trata. Recurrir a la retórica para acusar y fustigar sin pruebas al “enemigo exterior”, que siempre es la derecha, la oposición y/o el imperialismo como una táctica para desviar la atención interna de sus propios fracasos o errores de gestión.

Uno de estos últimos casos tiene que ver con los hechos de violencia generados a mediados de febrero entre pobladores y comunarios del municipio de Achacachi a raíz de la negativa del alcalde Edgar Ramos, que responde al oficialismo, de brindar informes sobre su gestión. Luego de los hechos, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, acusó a la oposición de activar una vieja lucha clasista existente entre vecinos y los Ponchos Rojos para generar violencia y desestabilizar al alcalde.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su parte, acusó a al partido Soberanía y Libertad (SOL.bo) de estar involucrado puesto que el presidente de la Fejuve, Esnor Condori, “tiene un hermano trabajando en la gobernación que dirige dicho partido político”. Más tarde, enfatizó que los hechos tuvieron una connotación golpista para derrocar al burgomaestre.

Más allá de que el gobierno observe de que un dirigente tenga parientes trabajando para un partido opositor, como si se tratase de un delito; cabe preguntarse por qué las autoridades gubernamentales no cuestionaron en ningún momento el origen del conflicto, es decir, el hecho de que Ramos se haya rehusado consecutivamente a rendir cuentas ante el pueblo de sus actos como alcalde y el manejo de más de 47.723 millones de bolivianos en la gestión 2016. 

Según la Fejuve, Achacachi carece de obras y era la segunda vez que Ramos había rehuido su responsabilidad por lo que los vecinos en represalia asumieron medidas extremas contra los bienes del alcalde quemando y destrozando su vivienda y vehículo. No se trata de justificar ningún acto de violencia que es condenable desde cualquier punto de vista, pero es necesario interrogarse ¿por qué Ramos no se presentó ante un ampliado convocado por los vecinos a brindar explicaciones sobre el POA y el manejo de los recursos económicos que, además, es su obligación como autoridad pública? ¿acaso oculta algo? 

Aunque, luego de los incidentes, el burgomaestre aseguró ante los periodistas en la ciudad de La Paz que sí lo hizo y que los disturbios en esa población buscaban acabar con su vida. Un argumento cuestionable como lo es el del intento de derrocar a dicha autoridad como aseguró el ministro Romero. ¿No será acaso que la población al no estar satisfecha con la explicación de Ramos, lo convocara nuevamente para que absuelva las dudas legítimas sobre su gestión?

Y es que existe susceptibilidad de los vecinos de Achacachi por posibles malos manejos de los recursos públicos. Una apreciación que no está alejada de la realidad ya que, según una encuesta hecha por Página Siete en septiembre pasado, el 44% de la población boliviana considera a la corrupción y al tráfico de influencias como los mayores problemas que enfrenta el gobierno.

Pero volviendo al tema del presente análisis, ¿cómo es posible que luego de que el Ministerio de Gobierno envió 200 efectivos policiales para que restablezcan la calma en el pueblo, al día siguiente los Ponchos Rojos, en respaldo de Ramos, hayan tomado venganza ocasionando terror en la población con hechos vandálicos? ¿por qué el gobierno no insta a Ramos a que dé la cara y explique sus actos como alcalde y se salga de dudas respecto a los malos manejos económicos? 

¿Por qué el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción cuyo objetivo es investigar y perseguir a los malos funcionarios que quieren beneficiarse a partir de los cargos públicos no tomó cartas en el asunto?

Y es que acusar a la oposición, a la derecha de todos los conflictos es más fácil porque así se distrae la atención del público de los verdaderos problemas del país: la corrupción, la ineficiencia, incompetencia, negligencia, la falta de institucionalidad, entre otros. 

Sucedió con la crisis del agua cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a cargo de la ex ministra Alexandra Moreira, no asumió su responsabilidad como cabeza del sector acusando a funcionarios subalternos de la escasez y el racionamiento y que prefirió renunciar horas antes de ser interpelada por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Sucedió con la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional del 2016 y que machaconamente insisten en que fue por culpa de la derecha y la “mentira en torno al caso Zapata”. Sin hacer una autocrítica de que el resultado de la votación se debió a varias razones como la corrupción, la decadencia del gobierno, la molestia de la población frente a la arbitrariedad de abrir la Constitución con fines políticos, el autoritarismo, el abuso de poder y la soberbia. 

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470