Oposición venezolana exhibe músculo y presiona a Maduro

El propósito explícito de la Toma de Caracas que la oposición, congregada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha convocado para este jueves en la capital venezolana es presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) —dominado por el oficialismo— y conseguir que anuncie una fecha para la recolección de las 3,5 millones de firmas necesarias para convocar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La ocasión sirve, sobre todo, para exhibir el renovado músculo electoral opositores.

Después de la victoria en los comicios parlamentarios del pasado diciembre, y en medio de una debacle económica y de abastecimiento que bordea la crisis humanitaria, los estudios de opinión son elocuentes: nueve de cada 10 venezolanos califican como "mala" la situación del país y alrededor del 80% está a favor de un cambio en la presidencia. Casi todos apuestan contra Maduro.

La rectora oficialista del CNE, Socorro Hernández, se adelantó a los posibles efectos que la concentración opositora tenga en el escenario político y declaró hace unos días que el organismo no se dejará presionar. "Nosotros sencillamente no podemos estarnos moviendo porque este quiere esto y aquel quiere lo otro. Gracias a Dios tenemos una norma (...) y de ahí no nos vamos a salir, porque salirnos de eso sería abonar un camino no deseado".

El ente electoral ha hecho saber que la recolección de firmas podría realizarse a finales de octubre, lo que casi inevitablemente llevaría el referendo al año que viene. De acuerdo con la disposición constitucional, si la consulta se efectuara antes del próximo 9 de enero —que marca la mitad del actual periodo presidencial— y el Gobierno lo perdiera, como lo sugieren todas las encuestas, se deberían convocar elecciones generales para escoger a un nuevo presidente que completase el mandato hasta 2019. Por eso el Gobierno desea que el referendo, de ser ineludible, se retrase y celebre después de esa fecha, en cuyo caso al presidente destituido lo reemplazaría el vicepresidente en funciones, un militante chavista.

Sin embargo, no está dicha la última palabra al respecto. La oposición ha diseñado una demostración de fuerza para la foto. Concentrará a sus partidarios desde primera hora de la mañana en siete puntos de la ciudad y luego trasvasará la multitud a tres de sus principales avenidas, que espera llenar.

Para evitar desórdenes, los opositores han optado por evitar el centro de Caracas, que el oficialismo considera su coto privado. No habrá discursos de líderes individuales, sino la lectura de un Acuerdo de Compromiso Ciudadano que detallará las próximas acciones en la calle. El objetivo es desplegar de manera visible la nueva mayoría que la oposición ha conseguido crear.

El Ejecutivo de Maduro ha aceptado el escenario de medición de fuerzas y ha convocado a la misma hora una concentración en la céntrica avenida Bolívar, tradicional coso de las campañas electorales.

La movilización opositora, vulnerable todavía a las coacciones y obstáculos que el Gobierno pone para socavarla, ha recibido un importante respaldo desde el exterior. El espaldarazo más significativo proviene, quizás, del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, que ha llamado a las autoridades venezolanas a permitir "las manifestaciones de la expresión popular" y a evitar "medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación".

En el comunicado, Almagro revela que Caracas ignoró una petición de la OEA para observar in situ los acontecimientos de hoy y, tras pasar revista a los arrestos de dirigentes opositores durante las últimas horas, condena los actos de intimidación que, dice, "resultan propios de los más connotados regímenes autoritarios a lo largo de la historia". La actitud del Gobierno de Maduro, expresa, "demuestra claramente una negativa de asegurar al propio pueblo condiciones de paz y tranquilidad en el contexto de las manifestaciones" convocadas para hoy. Además, el dirigente de la organización acusa al Ejecutivo venezolano de intentar "criminalizar la protesta" y a la oposición. Y le responsabiliza de cualquier incidente que pueda tener lugar durante la protesta.