Otros casos de personas retenidas por indígenas

Los indígenas de las comunidades nativas Belén de Plantanoyacu y Belén de Sión, en Loreto, han dado un ultimátum: si los representantes de la empresa petrolera Talisman no atienden sus demandas, tomarán medidas radicales.

Ellos mantienen capturados desde hace tres días a ocho trabajadores de la empresa Talisman (que fue absorbida por Repsol en el 2014). Dicen que las vías de diálogo, tanto con la empresa como con las autoridades, se han agotado, ya que sus reclamos tienen cuatro años sin ser resueltos. Alegan que luego de la perforación del lote 101, en el 2012, Talisman “no ha cumplido con recuperar y regenerar las áreas afectadas por la perforación exploratoria en la zona”.

En un comunicado, los representantes de las comunidades aseguran que la captura de los trabajadores “ha sido pacífica”.

Situaciones como esta se repiten con frecuencia. ¿Qué dice la ley ante estos casos? ¿Podrían aplicarse sanciones penales? ¿Califica como secuestro? ¿Influye el contexto cultural?  

Contra su voluntad

Es la sexta vez en poco más de un año que comunidades indígenas apelan a medidas de este tipo.

En marzo de este año, pobladores de la comunidad de Mayuriaga (Loreto) impidieron que despegara un helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaban funcionarios de Petro-Perú y otras entidades del Estado, además de cuatro tripulantes. Ellos exigían ser incluidos en la declaración de estado de emergencia para que se tomaran acciones tras el derrame de petróleo en la zona. Un día después, se negoció una solución y la aeronave pudo despegar. Como en la mayoría de situaciones como esta, no se tomaron acciones legales porque la parte afectada prefirió no interponer una denuncia.

Casos como este se configuran dentro del delito de coacción. Según refiere el penalista Luis Lamas Puccio, al impedir el tránsito del vehículo se estaba amenazando a las autoridades para que estas hicieran lo que se les ordenaba.

¿Lo ocurrido esta semana en Loreto también es coacción? Según los especialistas, se trataría de un caso de secuestro. El abogado penalista Carlos Caro precisa que en este caso a los trabajadores de la empresa petrolera se les priva de su libertad, sin necesidad de violencia. Lamas Puccio considera que se trata de un secuestro extorsivo, porque se exige algo a cambio de su liberación (una indemnización). El atenuante es que los secuestradores son personas que rigen sus actos de justicia de acuerdo a su cultura y costumbres.

Un hecho similar ocurrió en setiembre del 2015, cuando un grupo de turistas fue detenido por indígenas del sector Boca Manu, en Madre de Dios. Ellos exigían que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) levante la demanda presentada contra el Gobierno Regional de Madre de Dios por supuestas irregularidades en la construcción de una carretera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri. Fueron liberados tras la mediación de otras autoridades. Tampoco hubo sanciones legales.

Distinta fue la situación que se vivió en abril en Tayacaja (Huancavelica). Durante un paro, y tras un enfrentamiento, un policía fue apedreado y otros cuatro –que estaban heridos– fueron secuestrados a un lado de la carretera durante varias horas. Al día siguiente fueron liberados; sus captores están libres.

Estados alterados

Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad, opina que este tipo de protestas se repite debido a que el Estado no resuelve las demandas a corto plazo, y sostiene que la solución pasa por priorizar acciones de prevención en las zonas alejadas y disponer recursos para las oficinas encargadas de resolver los conflictos sociales.

Este Diario buscó la opinión de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. El jefe de esta entidad, José Ávila, se ofreció a dar una respuesta, pero no atendió las llamadas. (El Comercio)