Criminalización de indígenas Kaqchikeles

Las 12 comunidades maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala, desde el año 2006 enfrentan la imposición de megaproyectos de instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en sus tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras, no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quien sea el señalado: si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas, son históricas, ya que son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogenizante, y que con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, y se ha construido una discursiva excluyente y peyorativa sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

 Esta mirada, en la actualidad se expresa en un racismo estructural,  que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción, en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con: (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991). El discurso hegemónico oficial y de los sectores económicamente poderosos, justifica la buena intención de sus proyectos, e imponen estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo que hay que eliminar.

 Los sectores de poder económico y político del país, integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones; de ser criminales porque se organizan y movilizan; de ser enemigos y terroristas porque afectan lo que consideran “su” propiedad privada.

 Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, que es una de las siete familias más ricas del país y herederas de la tradición colonial, criolla y oligárquica, ha venido impulsando el proyecto San Juan  la planta San Gabriel , que incluye la construcción de una fábrica y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas. Tambien la estrategia del gobierno a través del Sistema Nacional de Diálogo las comunidades de San Juan se les ha impuesto un conflicto social que no tenían, y que les ha orillado a defender su bienestar frente a los daños que genera le empresa cementera.  

 Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez, y en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo, es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca justifique la represión y los estados de excepción.

También, a través de instancias estatales y privadas,  provocan la división comunitaria, la descomposición social y un escenario que justifique la criminalización y judicialización. Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos, se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Además usan páginas Web o de facebook como propaganda de ataque con volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas, tanto de la empresa como de los aparatos del Estado.

 El discurso de las comunidades y sus organizaciones, es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican; los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad; y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades, tales como mujeres, juventud, ancianos, entre otros.

 La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera; lo que va conformándose en una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca, con resonancia nacional e internacional, que cuestiona la hegemonía y el discurso homogenizante, y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

La criminalización que vienen sufriendo las 12 comunidades Kaqchikeles en San Juan Sacatepéquez, forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que además de ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república, en donde los poderes políticos o los gobiernos de turno han respondido a sus intereses y profundizado esta hegemonía.

En este conflicto, las comunidades han sufrido asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitito, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro  y la criminalización permanente, ya que cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente con un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror

Este tipo de abusos vividos por la gente de las Doce Comunidades kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron una camioneta con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que supuestamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar, ya que ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad, o se enfrentan con grupos de narcotráfico, emplean esa cantidad de elementos policiacos.

Montando el operativo policíaco, causaron terror no solamente en las personas que mantuvieron  retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto. Esta acción fue totalmente desmedida y desatinada,  ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que además evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico, pues frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han disfrutado y alimentado; va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país, y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas. (Periodismohumano)