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Autoridades de los pueblos indígenas mayas Ixil, Achi, Q''eqchi y Poqomam, condenaron hoy el desalojo de los pobladores originarios de los predios del parque natural Semuc Champey, en el departamento norteño de Alta Verapaz, en Guatemala.
Los líderes de esas naciones autóctonas expresaron su solidaridad con las comunidades de Chicanus, Semil, Sesubin y Santa María Semuc, del municipio de Lanquín, por la violencia desatada contra ellas por fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército durante el operativo del 5 de julio de 2016.
Según un audiovisual realizado por el grupo de Comunicadores comunitarios Hutan Saqen, al menos un centenar de autoridades ancestrales, de diferentes municipios de Alta Verapaz, evaluaron los acontecimientos en Lanquín y reafirmaron su disposición a respaldar a los afectados de muchas maneras.
"Sepan que no están solos", señaló una de las liderezas en la cita y recordó que en este país siempre los pueblos indígenas fueron desalojados de forma violenta, mientras las autoridades dejaron de lado el diálogo.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió paz, tranquilidad, armonía, y equilibrio entre los pueblos, y estamos viendo que nuevamente la gente ha sido violentada en sus derechos, denunció.
Instó a dialogar para que hechos como estos no se repitan y adelantó que ellos, como autoridades ancestrales, van a reclamar al Gobierno participar en esa mesa de conversaciones "porque no es justo que las cosas se hagan aisladamente, sin consultar a los pueblos indígenas y sus representantes".
Otros participantes en el encuentro rememoraron los acuerdos iniciales con la Municipalidad de Lanquín, de limitar el espacio para la explotación turística dentro de la reserva natural, sin afectar a las comunidades radicadas en la zona.
Los medios de prensa hablan de que las comunidades invadieron una belleza natural, una reserva, sin considerar la verdad: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) invadió las tierras que legítimamente pertenecen a las comunidades, señaló uno de los líderes.
Relató que el Conap usurpó las tierras que antes la Municipalidad había declarado a su nombre y luego la declaró área protegida, acorde con lo cual expulsó a sus habitantes y comenzó a sentar las bases para administrarlas en contubernio con otras personas.
Si antes al menos 100 originarios de las cuatro comunidades estaban empleados en esa área, ahora sólo son aceptados 16 por el Conap, precisó y reveló que la entidad estatal busca expandirse a las montañas de la región para convertirlas en zonas de amortiguamiento.
Estas partes montañosas son las reservas forestales de las comunidades, que no rechazan la propuesta estatal y sólo piden administrar las tierras que por derecho ancestral les pertenecen y participar de los beneficios económicos que reporte la explotación con fines turísticos de Semuc Champey, explicó. (PL)
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