ONU considera arbitraria detención de líderes indígenas

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tildó este miércoles de "arbitraria" la detención de tres líderes indígenas en Guatemala, por lo que recomienda al Estado otorgarles una reparación.

"La privación de libertad de los señores Mauro Vay Gonon y Maríano García, así como de la señora Blanca Julia Ajtun Mejía es arbitraria", señaló el grupo de trabajo en su resolución, aprobada el pasado 27 de abril y entregada hoy a los medios de comunicación a través de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Según el escrito, Gonon, coordinador y fundador del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), junto a García y Ajtun, también miembros de la entidad, fueron detenidos el 26 de junio de 2014 en el departamento de Huehuetenango por cinco personas particulares que "no estaban facultadas por ley" para hacerlo.

Con posterioridad, los tres dirigentes campesinos fueron entregados a una unidad policial del municipio de Chiantla, bajo el argumento de que habían sido sorprendidos "flagrantemente" cuando exigían dinero a los vecinos para reducir los precios de la energía eléctrica.

El juez resolvió procesarlos por "coacción, amenazas, caso especial de estafa, sedición, instigación a delinquir y atentado contra la seguridad interior de la Nación" y decretar prisión preventiva por riesgo de obstaculización.

El escrito recoge que el juez argumentó que el movimiento al que pertenecían "desplegaba sus funciones a nivel nacional, pudiendo influir en otras personas que estaban perseguidas penalmente, para que testigos informaran de manera falsa y desleal".

Ante esta situación, la defensa de los acusados interpuso el 2 de julio un recurso de apelación, pero fue declarado sin lugar al entender que había flagrancia en los hechos, "sin analizar si existían pruebas sobre la veracidad".

Otros recursos de reposición fueron interpuestos y también rechazados, hasta que el 29 de septiembre de 2014, durante la celebración de la etapa intermedia, el juez otorgó medidas sustitutivas a los tres acusados "modificando el delito de caso especial de estafa por tentativa de caso especial de estafa", excluyendo el factor de flagrante en la detención.

"Actualmente, la fuente informa (de) que las tres personas procesadas se encuentran aún detenidas, bajo la modalidad de arresto domiciliario, limitados a la circunscripción departamental de sus respectivos domicilios", arguye la resolución.

Con todo ello, denuncia que no hubo orden de captura, no se fundamentó la flagrancia y que la detención por parte de los agentes de Policía se produjo sin conocimiento de los hechos y que los primeros captores, los particulares, no eran "autoridades competentes".

Por estos hechos, el Grupo de Trabajo de la ONU envió al Gobierno de Guatemala el pasado 11 de febrero en escrito para proporcionar información si así lo deseaba, pero no se emitió ninguna respuesta.

"El Grupo de Trabajo hubiera deseado que el Gobierno (...) respondiera a dicha comunicación", señaló la resolución, en la que considera este silencio como una "ausencia de cooperación".

Con base en todos los hechos, la entidad concluyó que la detención de las tres personas "fue violatoria del derecho a la libertad de pensamiento y expresión", ya que se impidió una reunión para expresar opiniones sobre la entrega de fertilizantes y otros asuntos, y pidió al Gobierno "reparar integralmente" a los tres detenidos. (EFE)