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El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó sobre los resultados de un sondeo de opinión “relámpago” realizado por dicha entidad vía Internet este 10 de septiembre de 2014, de forma coincidente con la demostración de fuerza llevada a cabo con bloqueos por propietarios de autos “chutos” en varias rutas de Santa Cruz y Cochabamba.
Para el IBCE, la consulta abierta fue exitosa pues en tan sólo 8 horas se obtuvo 1.000 respuestas de la ciudanía con resultados más que contundentes: 96% rechaza el bloqueo como elemento de presión; 85% apoya al gobierno en no avanzar en otra “nacionalización” de vehículos contrabandeados; 90% aconseja al gobierno continuar con el comiso de autos contrabandeados y el 92% no aprueba el concepto de “herramienta de trabajo” para los autos “chutos”, señaló la entidad a través de un comunicado
Las preguntas planteadas
Las interrogantes planteadas abiertamente a la población fueron las siguientes:
¿Está Ud. de acuerdo con el bloqueo de propietarios de autos “chutos”?
¿El gobierno boliviano anunció que no habrá una nueva “nacionalización” de autos “chutos”…¿apoya esta decisión del gobierno?
¿Está de acuerdo que el gobierno siga decomisando “autos” chutos?
¿Puede considerarse un auto “chuto” una “herramienta de trabajo” legal?
Respuesta rápida, profusa y contundente
El IBCE informó que en tan solo 8 horas de consulta vía Internet un total de 1.000 personas contestaron las preguntas con resultados supremamente contundentes:
Un 96% expresó que no aprueba el bloqueo como elemento de presión.
El 85% respalda al gobierno en que no encare otra “nacionalización” de “chutos”.
Un 90% aconseja al gobierno continuar con el comiso de los vehículos “chutos”.
El 92% no acepta considerar como “herramienta de trabajo” a los autos “chutos”.
La conclusión final -a la luz de las respuestas- es que la percepción y expectativa general de la ciudadanía es que el gobierno no debe ceder a la presión de los propietarios de vehículos “chutos” -un eufemismo de “contrabandeados”- pero además, debe hacer cumplir la ley para garantizar el libre tránsito y castigar el delito.
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