Democracia

El poderoso es aquel cuya palabra pesa más que la ley o su palabra es convertida en ley. Justamente para evitar esta peligrosa disfunción en democracia, las sociedades sabias ponen un límite a ese poder en la Constitución, donde establecen la vigencia del Estado de Derecho asentado en el equilibrio de poderes. 

A saber, la democracia no sólo se resume a una redistribución justa de los ingresos, sino se amplía a una redistribución equilibrada del poder. En última instancia, la democracia es resultado del poder negociado entre sectores y personas con intereses contradictorios, que pueden estar enfrentados en todo menos en las reglas que fijaron para convivir. 

Una de las formas de desequilibrar la democracia es otorgando excesivo poder a una persona. Y aunque usted no lo crea, la acumulación comienza cuando por las manos de un gobernante pasa todo, desde la nominación de candidatos hasta el nombramiento de la jefa de gabinete de un prefecto.

Algunos como Rafael Puente no comparten esa acumulación y prefieren renunciar a un alto cargo a aceptar la imposición desde Palacio de una colaboradora. Sucedió a principios de 2009, cuando Morales quiso que una persona de su confianza, Nelly Pinto, fuera jefa de Gabinete del entonces Prefecto Puente, quien no aceptó el nombramiento porque no tenía la  experiencia suficiente para desempeñar ese cargo. La decisión de Rafo fue muy sana para la democracia, pero muy mala para el nominador. 

Pero no todos reaccionan  así. Algunos ostentan la concentración. En noviembre de 2014, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, declaró que allí  donde “las organizaciones sociales” no puedan ponerse de acuerdo, el Presidente Morales nombrará a los candidatos para las  elecciones subnacionales. El hecho demuestra que en ese partido pesó la decisión de una persona antes que las reglas. Y así fue.

En este último caso usted puede decir con razón que no hay nada que objetar porque es un problema interno de un partido. Pero, el efecto vendrá después, porque ese candidato nombrado a dedo puede convertirse en representante nacional, es decir, en tu representante, siendo en realidad delegado de la persona que lo nominó.

Morales, además de nominar candidatos y jefe de gabinete, ya tiene la atribución constitucional de nombrar  al Contralor, al Presidente del Banco Central, al Procurador, a la máxima autoridad del Órgano de Regulación  de Bancos y Entidades Financieras y a los presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado.

Obviamente, tiene la facultad de nombrar a los comandantes de las FFAA y de la Policía, además de proponer la lista de candidatos a generales. 

¡Ah! También designa a sus representantes ante el Órgano Electoral. En esa lista figuran los cuestionados vocales Wilfredo Ovando (TSE), Zenaida Navarro (TED Chuquisaca) y Betzabé Zegarra (TED Tarija). 

De los ministros no vamos a decir nada porque el Presidente debe tener un equipo de confianza. 

Recientemente, el pasado Primero de Mayo, Morales acaba de incluir otro poder de nominación en su ya larga lista. Aprobó un decreto en el que establece que sólo su firma dará existencia a un sindicato. En otras palabras, nomina a autoridades y legisladores y dará vida a los que se supone cuestionarán a esas autoridades para equilibrar poder y exigir mejor representación. 

A saber, el nombramiento da poder a quien da existencia a una persona en un cargo, de tal modo, que luego éste casi siempre está convencido que el que lo nombró le hizo un favor, entonces, debe lealtad a su progenitor político y no a la sociedad para quien, en última instancia, trabaja.   

La última prueba de la disfunción que provoca la acumulación de poder se produjo en el TED Chuquisaca y en el TSE, donde pesó la palabra del poderoso y no de los electores, ni de ley ni de la Constitución.

Hace treinta y dos años que en el país ya no tenemos exiliados, residenciados, perseguidos ni tenemos que andar con el testamento bajo el brazo por luchar contra las dictaduras y los regímenes de facto que hicieron gemir al pueblo durante décadas; vivimos en una democracia que es perfectible.

La generación que luchó por la libertad ciudadana, por la no injerencia del imperio, por la autodeterminación del pueblo, ya pasa a la historia, concluye su participación directa en las cosas de Estado, ellos ya cargan en la espalda sesenta cinco años o más; para las elecciones de 2020 muchos ya no estarán entre nosotros.

Consolidada este sistema democrático son nuevas generaciones que asumen el reto de seguir el camino de profundizar la participación real de todos en la conducción de los destinos del país, hay mucho por hacer por quiénes se sienten excluidos.

Hasta hace poco sólo a través de los partidos políticos se podía participar en la vida pública, éstos se unían en coaliciones, alianzas, pactos y otras formas de unión para repartirse los poderes del Estado para acomodar a su militancia en los cargos. Obvio que había “dueños” del partido que decidían quién entraba aquí o allá como funcionario, obrero o cualquier otra posibilidad de trabajo.

Hoy se da paso a las agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales, grupos heterogéneos y también los partidos que deben lograr su personería jurídica y participar en los actos eleccionarios con sus propios candidatos o invitados; así aparecen los “líderes” que en definitiva son los “dueños” de la agrupación, la sigla o el grupo que una vez llegado al poder son los que determinan la suerte de sus seguidores para llevar el pan a casa.

En muchos municipios y gobernaciones tienen su presencia en acuerdos para controlar un determinado cupo o número de puestos, así existe la repartija de cargos a gusto y sabor del “dueño” quien se convierte en el “rey chiquito”, decide, a veces tienen más suerte otros que no hicieron campaña, ni pintaron paredes ni nada; pero aparece favorecidos. Esos “lideres” son avezados en la politiquería: ayer estuvieron allá, hoy están aquí.

Así se habla de la agrupación de fulano o perengano. Cuando existe ruptura en la “alianza”, se despide masivamente a los militantes o adherentes de un grupo; es decir, la base, el pueblo, la gente que necesita ganar el pan del día está sujeta a estos avatares: no valen sus derechos, ni su formación, su capacidad ni sus méritos propios, sino la suerte depende del “dueño”.

En la historia del país tenemos páginas escritas con el cambio de timón de las alcaldías, prefecturas y otras instituciones  y el despido masivo de sus trabajadores para dar paso a otros que llegaban tirando el saco del líder, el amo o dueño del partido o la agrupación. Si no eres adulador del “rey chiquito” de turno no puedes ni soñar con acceder a un puesto público.

Nuestros mayores que lucharon por la conquista de la democracia no pudieron erradicar esta forma de distribución de pegas en el Estado, algunos también se convirtieron en esos amos; pero hay necesidad de discutir este asunto en la corresponsabilidad ciudadana de la conducción del país.

Llevar el pan a casa no puede estar sujeto a los caprichos del “dueño”, hay que expresar la voz en alto para que se respeten los méritos, la capacidad, la formación en años de estudio, de hombres y mujeres que no tienen el alma de adular al “jefe”; pero que pueden aportar al país con sus ideas, su trabajo y esfuerzo; pero que no siempre aparecen en los escenarios de proclamaciones o llevar en hombres al caudillo de la oportunidad.

Con el resultado de las últimas elecciones nacionales, está demostrado que en Bolivia seis de cada diez personas votaron por la propuesta del Cambio, “el Instrumento”, entonces esta mayoría exige la democratización en la distribución de las fuentes de trabajo, no por la “dedocracia” sino según su capacidad, formación, méritos profesionales y aporte al país. Se trata de la generación que son hijos de quienes lucharon por la Democracia.