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No es una novedad y no debería sorprender a nadie. Incluso puede decirse que esto ya se veía venir; un órgano electoral funcional al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), encargado de organizar un proceso electoral de acuerdo al gusto y a la medida del partido oficialista. Así las cosas, está claro que en estas elecciones la ciudadanía deberá enfrentarse no únicamente al actual gobierno neo-melgarejista, sino incluso a los supuestamente imparciales funcionarios públicos, responsables de organizar el acto electoral. Las demás instituciones (como el Poder Judicial, por ejemplo) ya fueron puestas también al servicio de la tarea masista, una veces por medio del favor político y otras, a través de la corrupción de dirigentes sindicales.
Para el caso específico del órgano electoral, importa ver su comportamiento, ya que con los acatos revela esta institución, su esfuerzo en procura de cumplir el mandato del MAS. Primero fue la resolución prohibiendo la realización de propaganda política, luego la desestimación de las denuncias respecto a la realización de propaganda política electoral, por parte del MAS y finalmente, la validación, en los hechos, de los actos proselitistas por parte del oficialismo. La coartada que para este propósito idearon los principales responsables del órgano electoral, es que no es el partido político MAS el que realiza aquellos actos, sino las organizaciones sociales.
La primera vez que semejante “argumento” en defensa del MAS y de sus candidatos (Evo Morales y AlvaroGarcia Linera) expuso un personero del órgano electoral, fue ante una denuncia de un partido de oposición en relación a un acto proselitista organizado por la Federación de mujeres campesinas; el mismo argumento volvió a repetirse en ocasión de un evento minero, realizado en Huanuni. En ambos casos el argumento del órgano electoral, para permitir la realización de proclamaciones del oficialismo, fue el mismo: no se podría sancionar al MAS, porque este partido no habría realizado ningún acto proselitista, sino las consabidas organizaciones sociales, que no constituyen partido político.
Al menos en relación a las organizaciones campesinas -ya sea de hombres o de mujeres- la coartada del órgano electoral no es válida. No lo es, porque tanto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, son instituciones fundadoras del Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo (IPSP)-MAS. Son, junto a otras organizaciones sindicales, como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (hoy eufemísticamente denominada Confederación de Comunidades Interculturales), no únicamente instituciones fundadoras del IPSP-MAS, sino a la vez y por ello mismo, instituciones constitutivas de esa organización política. Ello es algo que sabe en Bolivia todo aquél que se interese mínimamente por la actividad política contemporánea; aunque al parecer “ignoran” (para llamar de alguna manera a este “olvido”) los personeros de órgano electoral. Vale decir que estas organizaciones son, para efectos de toda actividad electoral y partidaria del MAS no únicamente parte interesada, sino militantes de tal partido.
Constan, en los documentos oficiales de la fundación del IPSP-MAS, estos extremos, dirían los abogados. Con ello queremos significar que formalmente, hasta mientras las organizaciones mencionadas no señalen lo contrario, al proclamar a sus candidatos para las próximas elecciones, realizan actividad partidaria, aunque escudadas eventualmente, en el membrete de la organización sindical. Aquí, importan las formas, importa la formalidad; que es algo que deberían al menos considerar los responsables del supuestamente imparcial órgano electoral. Y la formalidad, en este caso, nos dice pues que aquellas organizaciones sindicales son parte constitutiva del IPSP-MAS. La supuesta distinción entre organizaciones sindicales y partido político que tanto se esfuerza en demostrar el órgano electoral, por tanto, formalmente no existe.
Poco importa, para fines de una administración verdaderamente imparcial del proceso pre-electoral, que en realidad sean las direcciones sindicales cooptadas y corrompidas por el gobierno, las que organicen aquellos actos proselitistas, aún a despecho de muchísimas de sus propias bases. Importa poco, porque este segundo elemento en todo caso pertenece a lo que podría llamarse, el análisis desde la sociología política. En todo caso, los personeros del órgano electoral no están, claro, para intentar ningún análisis sociológico, sino para observar la formalidad y aplicar en consecuencia, sus propias normativas. Pero en fin…
Resumiendo, diremos que en toda esta maquinaria masista, destinada a torcer la voluntad del electorado boliviano, el órgano electoral es apenas una más de las ruedas. Sus personeros salen en defensa del MAS al compás de una “estrategia” mayor que incluye a parlamentarios del oficialismo (es decir a levanta-manos de la Plaza Murillo), ministros, miembros del Poder Judical y otros. Por ello, los partidos de oposición perderán su tiempo acudiendo con denuncias al órgano electoral boliviano, ya que éstas serán desestimadas sin mayor trámite que el de sacar a flote una coartada, como vimos en estas líneas.
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