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El pasado jueves 13 de febrero, se presentó, en el Palacio de Comunicaciones (La Paz), el libro titulado El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia, de Salvador Schavelzon. El evento estuvo organizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contó con la presencia de comentaristas y autoridades del órgano electoral. Se trata de una versión abreviada, de un trabajo de más largo aliento pensado para el cumplimiento de un requisito académico. Salvador Schavelzon, del Brasil, realizó la investigación para obtener el grado de Doctor (PhD), en su país. Como veremos, tanto el tema, como las instituciones auspiciantes e incluso la investigación doctoral, no deben impresionarnos a tiempo de reflexionar sobre el evento y el contenido del libro.
Antes digamos que la oportunidad nos servirá para ensayar, nuevamente, una lectura estructural del proceso boliviano y doctrinal de los principales sustentos de la actual Constitución Política del Estado (CPE). Como sabemos, fue una crisis estructural (una crisis nacional general, en lenguaje marxista) la que vivió Bolivia, notoriamente entre los años 2000 al 2005. Las estructuras, tanto políticas, instituciones como mentales de esta sociedad, se movieron al punto tal de cuestionar, no únicamente el sistema de libre mercado (popularmente conocido como “neoliberalismo”), sino incluso un principio histórico, de la organización estatal en Bolivia, cual es el de organizar un sistema político y administrativo a espaldas de la lógica asambleística, mayoritaria en la cultura política de la sociedad boliviana. La resolución dada a la crisis nacional-estatal, se asentó precisamente por ello, en bases doctrinarias no comunitarias, es decir, individualistas.
Tanto para el autor, como para las instituciones auspiciantes y para los comentaristas (entre los cuales destacaremos a Xavier Albó), el dato de mayor importancia de la resolución fue la creación del Estado plurinacional. Principalmente, el reconocimiento constitucional de diversas prácticas y formas del ejercicio de la democracia; en particular, la que practican los pueblos indígenas. En realidad, sin embargo, la reforma constitucional de 1994 modificó el texto constitucional vigente hasta entonces -el de 1967- de forma substancial, en lo que a la temática que seguimos se refiere. En efecto, la reforma de 1994, en su artículo 1 caracterizaba a Bolivia, entre otras, como una república “multiétnica y pluricultural”. Más adelante, en el artículo 171, aquél texto reconocía “la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas”, además a las “autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas”. La actual CPE (aprobada entre cuatro paredes, por acuerdo entre los partidos con representación parlamentarias, en el 2008), en lo principal, pues, no añade nada nuevo. Lo interesante es que ambos textos constitucionales reconocen a las autoridades indígenas y a los derechos indígenas, en todo aquello que no sea contrario al texto constitucional y a las leyes. Es decir, tanto la CPE reformada durante el “neoliberalismo”, como el texto constitucional vigente, aprobado en contubernio entre masistas y neoliberales el 2008, en el fondo no reconocen el ejercicio pleno de los derechos y las formas de organización indígenas, sino a condición que el ejercicio de tales derechos como las formas de organización, se subordinen a las bases doctrinales individualistas y liberal-representativos; pilares de ambos textos constitucionales.
Para que el gobierno de Evo Morales y su partido pudieran imponer tal fraude a las expectativas populares por medio de una turbia reforma constitucional, contaron con el incondicional apoya de muchísimas Organizaciones no Gubernamentales (ONG’ s) e investigadores particulares, como Xavier Albó, entre otros. Para que todos ellos pudieran hacer pasar la patraña como novedosa, incluso fueron más lejos que la CPE de 1994. Como vimos, en aquél texto constitucional se habla de “comunidades indígenas y campesinas”, mientras que en el texto constitucional resultado del trabajo de embusteros y traidores, se habla de comunidades indígenas campesinas, como si fueran un solo sujeto social ambas. Hoy queda claro que indígenas y campesinos no son un mismo sujeto e incluso puede decirse que el campesinado constituye la punta de lanza del capital, para desestructurar al mundo indígena. Por el ello el gobierno de Evo Morales es tan anti-indígena; él simplemente representa la perspectiva campesina, a la que, como tapa-rabos según indicamos en una anterior columna, se ve en la necesidad de recurrir el sistema anti-indígena estatal boliviana, para reproducirse.
En la presentación del libro que comentamos, fue Albó quien reconoció la artimaña, al señalar que por razones de “formato” se había quitado en el texto constitucional, la coma que separaba a indígenas de campesinos, quedando en consecuencia la redacción actual. Obviamente las cosas, como ahora puede entenderse, no eran tan simples como para remitir todo al “formato”; el efecto último buscado, era precisamente el de facilitar la arremetida del sistema, campesinos por delante, en contra de las sociedades indígenas. La trampa masista tuvo en su constitución, pues, además de levanta-manos de ese partido como constituyentes, la ferviente participación de ONG’s y demás. El resultado es un texto que a lo sumo puede engañar a incautos observadores extranjeros, pero ya no a los pueblos indígenas del país. Pero lo que llama la atención, en este caso, es que el texto presentado el jueves 13, sea el de una tesis doctoral. Es una larga discusión, en el ámbito académico, la referida a ¿qué es lo que se califica, en una tesis, digamos, de licenciatura, de maestría o de doctorado? Para sintetizar las cosas, digamos que una tesis doctoral debería aportar a las ciencias, alguna novedad. No se entiende cómo, Salvador Schavelzon pretende aportar algo basado en patrañas, según vimos. Ello habla mal, claro, de hoy “doctor”, pero deja una pésima imagen de la universidad del Brasil que admite aquello.
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