TSE prohíbe toda campaña electoral antes de febrero

La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilma Velasco, recordó en ERBOL que todo acto de campaña electoral en el que se promocione a un candidato o a una sigla política, se explique el contenido de un programa de gobierno o se pida el voto a los ciudadanos, está prohibido si se realiza antes de la publicación de la convocatoria a las elecciones generales de 2014. Velasco anunció además que dicha convocatoria será dada a conocer en febrero.

Sin embargo, la principal autoridad electoral del país también recordó que las campañas electorales solo se pueden desplegar dentro de los 90 días previos a la elección, y deberán ser suspendidas tres días antes de la realización de los comicios. Ello implica que si las elecciones generales son en octubre, dichas labores proselitistas solo podrían tener lugar en los meses de julio, agosto y septiembre.

Esta prohibición ha generado controversias entre los partidos políticos, porque no se tiene claridad suficiente para diferenciar la actividad política y partidaria habitual, de las campañas propiamente electorales. Velasco afirmó al respecto que ya no existen diferencias entre campaña electoral y propaganda en la medida en que ambas están prohibidas en los periodos de tiempo citados.

El 2 de enero pasado, el TSE ha emitido una resolución en la que se establecen las sanciones y multas para jurados, notarios electorales, servidores públicos, organizaciones políticas y particulares. La norma no describe ni tipifica las faltas, que están consignadas en la ley, solo se limita a fijar las diversas multas. Por ejemplo, señaló Velasco, los servidores públicos que no exijan el certificado de sufragio a los ciudadanos en los 90 días posteriores a los comicios, serán sancionados con el pago de 600 Bs.  Una vez que los jueces electorales empiecen a trabajar, en el momento en que se publique la convocatoria de febrero, serán dichas autoridades las que apliquen las sanciones señaladas en la resolución del 2 de enero.

El uso de aviones estatales para realizar campañas electorales, dijo Velasco, será reglamentado más adelante. Lo que ya está expresamente prohibido es circular con vehículos oficiales el día de la elección.  Por otra parte, Velasco informó que el uso de medios de comunicación para difundir publicidad electoral solo estará permitido 30 días antes de los comicios.

La máxima autoridad electoral del país remarcó que dicha prohibición para los partidos políticos ha sido establecida en el artículo 231 de la Ley del Régimen Electoral. El TSE solo se limita a hacer cumplir dicha normativa y fija el monto de las sanciones.

¿Están permitidas las caminatas antes de la convocatoria?  Al respecto, Velasco dijo: “Sobre un caso específico no me puedo pronunciar, hay que analizar cada caso y aplicar la ley”.  ¿Están permitidas las entregas de obras?  Velasco respondió diciendo que la entrega de obras es parte del trabajo de los funcionarios públicos. Lo que está prohibido es usarla para pedir el voto de los ciudadanos.

El presupuesto solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por el TSE para la gestión 2014 es de 210 millones 450 mil Bolivianos. Ya se ha decidido un desembolso de 15 millones para financiar el registro de votantes bolivianos que viven en el exterior del país. Dicho proceso ya comenzó en siete países, pero se ampliará a 33. La presidenta del TSE recordó que en ciudades donde no hay tantos inmigrantes bolivianos como en Montevideo (250) o Bogotá (450), se analizará si vale la pena prolongar hasta tres meses el empadronamiento como se hace en capitales como Buenos Aires o Sao Paulo, imanes de la migración boliviana.

El principal problema en estos casos es que muchos bolivianos en el exterior no tienen un carnet de identidad vigente, sin el cual no pueden habilitarse como electores. Por ello, informó Velasco, se ha pedido al Servicio de Identificación (SEGIP) que desplace personal a distintos países para otorgar cédulas a los ciudadanos que allí lo requieran. La presidenta del TSE recordó que en Mendoza, Argentina, de los 800 posibles electores que estaban en la fila, 330 tuvieron que renunciar a su derecho al voto por no tener carnet vigente. El mayor esfuerzo del SEGIP tendrá que llegar a Argentina y Brasil, porque en los otros países el documento más usado es el pasaporte.