Indígenas no pueden retornar a sus hogares

Las viudas de los cuatro líderes indígenas de etnia asháninka asesinados en septiembre en la selva de Perú por presuntos madereros ilegales llevan tres meses a la espera de recuperar los restos de sus maridos, y se ven impedidas de regresar a sus casas por la falta de recursos y las amenazas de muerte.

En una entrevista con Efe, Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, se mostró orgullosa de que su hija, Diana Ríos, haya sido premiada hoy en Nueva York por el activismo de su padre, pero reconoció tener miedo de las represalias de los taladores ilegales porque se siente "indefensa y engañada" por el Gobierno.

Rengifo estuvo acompañada por Lita Rojas, viuda de Leoncio Quiquisimo; Avelina Vargas, viuda de Francisco Pinedo; y Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, presidente de la comunidad nativa del Alto Tamaya-Saweto, en la región selvática de Ucayali, y reconocido activista que había denunciado previamente a los presuntos autores de su muerte.

"¿Cómo voy a regresar (a casa) si estamos amenazadas? No tenemos seguridad y tengo miedo. Quiero regresar con la Policía porque allí nos pueden hacer algo cuando volvamos", afirmó Rengifo.

La portavoz de las viudas aseguró recibir amenazas de los parientes de los dos detenidos por el crimen, el brasileño Adeuzo Mapes y su hijo Eurico, actualmente en prisión preventiva ambos.

"Los madereros brasileños están vigilando y se quieren vengar más de nosotros. Los que están detenidos todavía quieren vengarse más y no entienden que, cuando cortan un árbol, matan nuestra vida", lamentó.

Desde que las viudas salieron de su comunidad nativa para denunciar el asesinato de sus maridos en Pucallpa, la capital de Ucayali, todavía están a la espera de recuperar los cuerpos de sus maridos, sin lo cual no están dispuestas a regresar a su poblado.

Ergilia Rengifo reclamó que se retome la búsqueda para hallar los restos de los cuatro fallecidos porque, según dijo, los integrantes del operativo que los rastreaba "regresaron muy rápido" y hasta el momento no se halló ninguna evidencia de su marido.

"Dicen que no hay plata ni presupuesto para que trabajen los peritos y yo quiero que me entreguen el cuerpo de mi marido en un ataúd para llevarlo a Saweto", señaló.

La asháninka también culpó al Gobierno de su situación porque Edwin Chota llevaba doce años tramitando la titulación de 80.000 hectáreas en favor de la comunidad del Alto Tamaya-Saweto, el único documento legal con el que pueden combatir la tala ilegal.

"La pura verdad es que me siento engañada por el Gobierno. Me apena. Hay más comunidades indígenas que no están tituladas. Tenemos el mismo problema. No somos animales. Somos seres humanos que queremos educación y salud para nuestros hijos, y la titulación del territorio es nuestra forma de conseguirla", explicó.

Las viudas asháninkas asistieron a Lima a la presentación de un informe de la organización Global Witness que enmarca a Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, con la muerte de 57 activistas en la última década entre los que se incluyen a los maridos de las cuatro indígenas.

Edwin Chota y sus tres compañeros de comunidad fueron asesinados supuestamente el 1 de septiembre por arma de fuego cuando se dirigían a una comunidad vecina de Brasil para vigilar sus territorios de los madereros ilegales, y sus cuerpos fueron abandonados en una quebrada cercana al río Putaya. (EFE)