Las comunidades indígenas en Perú protestan contra la minería

Desde hace tiempo, las tierras altas de los Andes peruanos han atraído a muchos interesados en hacer fortuna. Hace siglos, los conquistadores españoles explotaron el oro y la plata, terminando con el Imperio Inca. Actualmente, son las grandes empresas mineras las que explotan los abundantes recursos en las entrañas de la tierra.

Durante los últimos 20 años, Yanacocha, la segunda mayor mina de oro del mundo, ha estado operando en las alturas vertiginosas de la región montañosa. La maquinaria pesada corta la tierra, dejando atrás cicatrices inconfundibles. Desde la mina, los camiones cargados con el mineral descienden las carreteras serpenteantes.

Los operadores: la empresa Newmont Mining Corporation, basada en Estados Unidos, y la empresa peruana Minas Buenaventura, dicen que han impulsado la economía de una de las provincias más pobres deñ Perú, pero algunos habitantes de esta región de Cajamarca no están de acuerdo.

Dicen que no han tenido una parte justa del botín y que el crecimiento de la mina a cielo abierto contamina sus ríos y los canales de irrigación a través de los nitratos usados en los explosivos, los químicos usados para el procesamiento del mineral y los residuos de los combustibles. Peor aún, algunos dicen que fueron amenazados reiteradamente y cuando se manifestaron para llamar la atención sobre su causa, se enfrentaron con la brutalidad policial.

“Fui golpeado dos veces solo por una protesta pacífica contra un proyecto que quería drenar nuestra laguna”, dice Eduardo Ramírez (nombre ficticio), un activista local que dice que los vertidos de la mina ya han contaminado el agua que utiliza para la agricultura. “No sabemos en quien confiar, ya que Yanacocha tiene contratos con la policía”.

Agua valiosa

En los alrededores del área de Cajamarca, el agua es un recurso particularmente crítico. Esto es porque la minería es un negocio sediento que consume cantidades masivas de este líquido de la vida, eliminando el suelo y la vegetación que ayudan a rellenar los acuíferos subterráneos.

La población en la región está creciendo y en su ciudad capital del mismo nombre, el suministro de agua ya es insuficiente para atender las necesidades, dice Robert Moran, un consultor hidrogeológico basado en Colorado que hizo un análisis independiente del agua en la región en 2012.

En el momento de su visita, el agua municipal solo estaba disponible unas pocas veces al día en muchas partes de Cajamarca. El otro problema, dice, es el peligro de contaminación por las sustancias químicas de la minería y el procesamiento de los minerales.

“Aproximadamente el 70 por ciento del agua de la ciudad está suministrada por los servicios de El Milagro, que toma el agua del Rio Grande bajo la operación de Yanacocha”, escribió Moran.

Esta agua está en riesgo de contaminación por las operaciones mineras, aunque algunos insisten que las actividades mineras ya la han contaminado. Moran dice que “la ciudad tiene recursos inadecuados (analíticos, financieros, etc.) para apoyar firmemente esas alegaciones”.

Newmont: “Estamos intentando ayudar”

Por su parte, Newmont dice que hace lo que puede para mitigar el impacto medioambiental de la mina de Yanacocha. Apunta que invirtió más de 1.000 millones de dólares en proyectos de responsabilidad ambiental y social en la región entre 1993 y 2012, tales como el cuidado de la salud, infraestructuras comunitarias y servicios, apoyo a la agricultura y la educación.

La comunidad local también tiene un mejor acceso al agua, gracias a los esfuerzos de la empresa, según el portavoz Omar Jabara.

Un depósito de agua construido recientemente proporciona agua durante un año a un puñado de pequeñas comunidades cerca de la ciudad de Cajamarca, incluso durante los seis meses de temporada de sequía.

“El gobierno regional de Cajamarca no tiene ninguna capacidad para almacenar el agua, y es por eso que estamos intentando ayudar”, dice Jabara.

La región recibió más de 418 millones de soles (111,2 millones de euros) en royalties de la minería de 1996 a 2011, según un informe de 2014, cuyos coautores son la Columbia University Law School Human Rights Clinic y organizaciones sin ánimo de lucro locales. Sin embargo, el mismo informe también anota que más de la mitad de los habitantes de Cajamarca todavía viven en la pobreza. “La minería no sacó de la pobreza a la región, y en su lugar produjo conflictos sociales y medioambientales en nuestras comunidades”, dice el informe.

Protestas peligrosas

Este conflicto a menudo se presenta en forma de protestas contra las operaciones, particularmente cerca de los lagos que afrontan el drenaje para finalidades mineras. Una de ella está siendo liderada por la agricultora de subsistencia Máxima Acuña, quien ha estado resistiendo, durante años, supuestos intentos de forzarla a dejar su tierra. Acuña y su familia dicen que han aguantado intentos de desalojos violentos, incluso palizas que le dejaron a ella y a su hija inconscientes. La compañía minera niega cualquier implicación.

Yanacocha asegura que compró el terreno de la comunidad local en 1997, y que Acuña, quien ganó este año el Premio Medioambiental Goldman, está ocupándola ilegalmente. Todavía está pendiente un fallo judicial sobre su propiedad. La alianza estratégica que posee la mina de Yanacocha quiere instalar un nuevo proyecto en la región: la mina de oro Conga, pero según Newmont el proyecto está suspendido desde 2011.

Es un momento peligroso para los activistas medioambientales en la región. En 2012, cuatro muertes cerca de la ciudad de Celedin fueron relacionadas con las protestas contra el proyecto Conga, dice Maryum Jordan, una abogada de la ONG Earthrights International en Lima.

Un agricultor, Elmer Campos, todavía está pidiendo una compensación para los costes médicos al ser disparado en la espalda cuando estaba protestando contra la expansión de la mina de Yanacocha en 2011, según Jordan.

Sin embargo, en 2014 se aprobó una ley que libera a la policía de cualquier responsabilidad penal si matan o lesionan a alguien en cumplimiento de su deber lo que significa que, en el futuro, los manifestantes no tendrían una vía legal para cuestionar la brutalidad policial.

Jordan añadió que también recibió informes sobre activistas que se enfrentan a cargos criminales cuando no han hecho nada, como represalia de su activismo. Algunos de ellos se enfrentan hasta 65 cargos cada uno, incluyendo cosas como secuestro y obstrucción pública de las vías públicas, dice.

Aunque como las protestas continúan, la empresa minera está complaciendo algunas de las demandas de los habitantes de Cajamarca. Recientemente anunció que no seguiría adelante con el proyecto Conga “en el futuro próximo”. Es una pequeña victoria para las comunidades allí”.

“Cuando luchas contra los intereses mineros, te sientes como David contra Goliath”, dice Ramírez. “Pero Máxima [Acuña] nos muestra que la lucha no es desesperada”.

*Por temor a represalias, el entrevistado solicitó que no se usara su nombre real. (Deutsche Welle)