Resistencia indígena a una hidroeléctrica española

El miércoles 29 de abril, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, comparecieron ante la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones en Huehuetenango, Guatemala. Sus abogados intentaban probar los numerosos errores, tanto de forma como de fondo, de un proceso que trata de desmovilizar la resistencia indígena a los megaproyectos de la compañía española Hidralia y sus filiales.

La hidroeléctrica es parte del entramado del empresario gallego Luis Castro Valdivia, que inició su expansión hacia Latinoamérica hace casi una década, acuciado por las constantes denuncias de corrupción y delitos medioambientales. “De 48 empresas que figuran en el Registro Mercantil a nombre de Luis Castro Valdivia, 36 disponen de apenas tres domicilios sociales. El valor total de las empresas es de 61 millones de euros, y sin embargo solamente consta un trabajador como único asalariado afiliado a la seguridad social”, informa la Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos (Cogader).

En la expansión de la compañía Gallega hacia Latinoamérica, la elección del Guatemala, no ha sido casual. Guatemala ha dado pruebas de tener una de las legislaciones más permisivas con las multinacionales que se instalan en el país y un largo historial de represión de los movimientos indígenas de resistencia frente a los megaproyectos.

El caso de Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez

Entre los casos más graves de represión se encuentran los de Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez. Ambos fueron detenidos junto con otros siete compañeros en Barillas el 2 de mayo de 2012. En esta primera detención fueron acusados de los desórdenes que se produjeron por el asesinato de un campesino a manos de trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la gallega Hidralia. Todas las detenciones las realizaron civiles armados y sin orden judicial.

Saúl y Rogelio permanecieron en prisión preventiva más de ocho meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Siete meses más tarde, el mismo día que Saúl y Rogelio asistían a la Audiencia, en teoría a un mero trámite, la firma de papeles relacionados con su puesta en libertad, eran de nuevo detenidos por agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) en las puertas de tribunales.

Esta vez, se les acusaba del linchamiento y ahorcamiento a un matrimonio relacionado de diversos robos, en el que habían participado más de 500 personas. A pesar que los hechos ocurrieron en 2010, la hija de los fallecidos no puso la denuncia hasta mediados del 2013 coincidiendo con la puesta en libertad de Saúl y Rogelio. Los testigos de la acusación eran cuatro niños que se encontraban en la casa el día de los hechos de edades comprendidas entre los 3 y 9 años.

El caso, pese a todo, continuó su curso plagado de irregularidades. Los hechos habían prescrito, el Juez de Paz de Barillas asegura que en esa fecha los detenidos no estaban en el lugar de los hechos, los hermanos de la mujer asesinada movieron el cuerpo de la escena del crimen cuando aún estaba viva, lo cual impide saber la causa de la muerte y la enterraron sin permisos.

Ya durante el juicio, la soga con la que ahorcaron a las dos personas cambio de color y de tamaño al menos en una ocasión, y los testimonios de los policías y testigos de la acusación se contradicen a propósito de la participación de Saúl y Rogelio en el linchamiento.

Acusados de feminicidio

El hecho de que eligieran este caso para encerrar de nuevo a Saúl y a Rogelio no es casual ya que en Guatemala, después del genocidio perpretado contra los pueblos indígenas de los años 80, existe una legislación muy dura en el tema del feminicidio. La ley impide que los acusados por estos delitos tengan opción a solicitar libertad provisional mientras se instruye la causa. Es por ello, que el desenterrar un caso ya prescrito, en el cual había una mujer asesinada, permitía a las autoridades guatemaltecas mantener a los activistas en prisión. Tanto Saúl como Rogelio permanecen en prisión incomunicados desde agosto del 2013.

El próximo 15 de mayo es la fecha fijada para que se resuelvan las apelaciones presentadas el 29 de abril. Hay muchas posibilidades de que Saúl y Rogelio salgan en libertad, pero como explica Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, “desde el año 2012 se contabilizan cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos. Poco importa la endeblez de las acusaciones y que los dirigentes sean liberados meses después: el daño ya está hecho, tanto a las personas como a la cohesión, organización y resistencia comunitarias”

Además de Saúl y Rogelio, sobre los que pesa una condena de 33 años, se encuentran, en prisión preventiva, Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, por pertenecer a movimientos de resistencia a los megaproyectos de la empresa española Hidralia en Barillas.

En todos estos casos es fundamental el apoyo internacional que reciban, por lo que la Plataforma de apoyo a Chiapas y Guatemala está recogiendo firmas de apoyo en su página www.madridconchiapasyguatemala.org, donde informan de las acciones que se están organizando durante el mes de mayo para denunciar el caso. (Diagonal)