Acusan a Panamá por violar derechos indígenas

Indígenas panameños afirmaron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, que el Estado ha violado sus derechos desde 1976, cuando se construyó una planta hidroeléctrica que inundó sus tierras ancestrales.

La Corte realiza hoy la audiencia por el caso conocido como "Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros contra Panamá", a la que asistió un grupo de indígenas ataviados con sombreros y ropas tradicionales.

El caso se relaciona con la presunta violación continuada del derecho a la propiedad colectiva de esos pueblos indígenas y a la falta de indemnizaciones adecuadas.

El cacique de la comarca de Madungandí, Benjamín García, dijo en su declaración ante los jueces que el Gobierno panameño no realizó una consulta a los pueblos en su lengua ni avisó sobre el proyecto hidroeléctrico.

"Es muy doloroso. Se nos perdió algo sagrado porque la tierra es nuestra madre y nos da todo para subsistir todos los días. Perdimos nuestros recursos naturales y el valor espiritual de nuestros cementerios", expresó García en lenguaje del pueblo Kuna, con la ayuda de un traductor.

El líder indígena, de 69 años, afirmó que el Estado les dio tierras a cambio de las inundadas, pero que resultaron no ser igual de fértiles para los árboles frutales y las plantas medicinales de los pueblos indígenas.

Además, aseguró que con la inundación aparecieron enfermedades como el cólera, diarreas, vómitos, infecciones en la piel y otras transmitidas por los mosquitos, que antes nunca habían sufrido.

García agregó que el Estado incumplió acuerdos en temas como garantizarle a los pueblos la protección de sus tierras, indemnizaciones adecuadas, servicios de salud, educación y vivienda.

Por su parte, la representante del Estado, Rosario Granda, dijo a Efe que los Gobiernos panameños han cumplido los acuerdos con los indígenas y confió en que los jueces de la CorteIDH "harán Justicia" y absolverán al Estado.

Los pueblos indígenas esperan que la corte emita una sentencia contra el Estado que le obligue a reivindicar las tierras inundadas a una veintena de comunidades, que establezca indemnizaciones y que les garantice la protección de su territorio que está amenazado por la invasión de terceros y la tala ilegal.

Tras la audiencia de hoy, las partes tendrán un mes para entregar sus alegatos finales escritos y, a partir de entonces, los jueces analizarán la posibilidad de dictar una sentencia. (Efe)