Hallan pistas de blanqueo de dólares en Papeles de Panamá

La investigación legislativa sobre el caso de Papales de Panamá, encontró indicios de evasión tributaria y lavado de dinero, que vincularían a empresas y algunos particulares, anticipó este lunes el diputado e integrante de la comisión investigadora, Víctor Gutiérrez en declaraciones a la prensa.

“Hay evasión y en algunos casos hay blanqueo de dólares”, manifestó a tiempo de asegurar que bastantes empresas fueron identificadas como sospechosas de evasión, que era uno de los principales objetivos, cuando se conformó la comisión mixta en la Asamblea a instrucción del vicepresidente Álvaro García Linera.

En torno a las personas a las que hizo referencia de manera general, dijo que están relacionadas “a  las gobernaciones y en algún caso sí, gente que está en el otro lado (oposición)”. Gutiérrez anunció que la comisión retomará su trabajo la próxima semana y presentar su informe indefectiblemente en marzo.

“Hay mucha gente que está vinculada que es parte de gobiernos incluso departamentales y en ese sentido hablo de sorpresas, pero por responsabilidad en la investigación no puedo decir más nada. Cuando concluya nuestro trabajo y el  informe consiguiente que elaboraremos, vamos a hacer conocer al país esta circunstancia”, manifestó. 

Gutiérrez no  precisó la cantidad de personas y empresas pero habló de 559 casos en el que también está la denuncia del vicepresidente García Linera en contra de Samuel Doria Medina que el 16 de diciembre de 2014, vendió el 51,35% de su paquete accionario en Soboce al Consorcio Cementero del Sur por $us 300 millones.

En octubre pasado, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, durante su informe ante la comisión legislativa, habló de 122 personas naturales y 108 empresas bajo sospecha de blanqueo de dinero y evasión fiscal.

El gobierno asumió el caso cuando en mayo de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) difundiera una lista de empresas vinculadas a las cuentas “offshore” en paraísos fiscales de Centro América.

Tanto el Ejecutivo como la Asamblea fijaron líneas de investigación a partir de los criterios de riesgo como  condición de servidor público, procesos administrativos, antecedentes penales por delitos de corrupción, participaron en operaciones de comercio exterior y si realizaron trámites consulares ante la Cancillería de Bolivia en Panamá.