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Dos de cada 10 personas tuvieron que cambiar de hospital o servicio de salud por su condición de trabajadora sexual, según el último “Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe”.
Más de la tercera parte tuvo dificultades para ir al hospital o servicio de salud porque los horarios se superponían con su trabajo. El 61 por ciento no quiso ir al hospital o servicio médico para no tener que dar explicaciones sobre su actividad, señala.
La mitad de las mujeres entrevistadas prefirieron recibir atención de salud lejos de la zona donde se desempeñan como trabajadoras sexuales para evitar ser identificadas por los habitantes del barrio o la misma familia.
Más de la mitad de las mujeres también sintieron hostilidad por parte del personal administrativo del servicio de salud por su condición de trabajadora sexual. Al 12 por ciento le negaron la atención de salud y la cuarta parte sufrió la vulneración al derecho de la confidencialidad, según los datos.
Proyecto normativo
Por tanto, la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) plantea evitar la discriminación y se respete la confidencialidad de las y los trabajadores sexuales mediante el Proyecto de Ley de Regulación del Trabajo Sexual, que se encuentra en el Órgano Legislativo.
En el artículo 5, señala que el Estado debe garantizar la protección de la identidad de las trabajadoras sexuales sin distinción de edad, sexo, cultura, identidad, orientación sexual y cualquier otra condición.
El proyecto normativo tiene el fin de regular las condiciones para el desenvolvimiento del trabajo sexual para evitar la discriminación y el trato arbitrario, estableciendo los derechos y garantías en el marco de la salud pública y la seguridad ciudadana, señala.
En el artículo 15, del proyecto normativo, indica que no podrán habilitarse espacios de servicios sexuales en las zonas donde existan las unidades educativas y otros centros de estudio.
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