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Otra vez surgieron problemas por la representatividad de las trabajadoras sexuales. En esta oportunidad, María Galindo denunció cobros ilícitos de la dirigente Lily Cortez, quien a su vez anunció una querella penal contra la activista por difamación.
El jueves, Galindo junto a un grupo de trabajadoras sexuales, reclamaron al Concejo Municipal de El Alto que se apruebe su proyecto de ley para dar licencias de funcionamiento a los lenocinios autogestionados, que sean separados de las cantinas y proxenetas.
La activista reclamó también que instituciones hayan avalado un operativo realizado el pasado viernes en lenocinios, donde a su criterio se vulneraron los derechos de las trabajadoras sexuales, a quienes además se mostraron en televisión.
Las afectadas acusaron a la presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN-B), Lily Cortez, de estar detrás del operativo, como represalia por separarse de esta entidad.
Galindo agregó que “Lily Cortez cobra mil dólares por extorsionar, por dar una credencial a los locales que no tiene ningún sustento institucional”.
Es acusación provocó la molestia de Cortez, cuyo abogado Alejandro Castro anunció que se presentará contra Galindo una denuncia penal por difamación, puesto que a su criterio no tiene sustento para decir que la presidenta de la OTN-B hace esos cobros.
Además, la vicepresidenta de la OTN-B, Paulina Mendoza, descalificó el proyecto de ley de Galindo y aseguró que su organización trabaja en una norma por su cuenta.
Mendoza aseveró que la OTN-B tiene representación a nivel nacional y acusó a Galindo de estar acompañada de sólo unas 5 a 8 “compradas”.
COBERTURA EL ALTO: EDWIN APAZA
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